551 resultados para Responsabilidad civil – Colombia


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En este texto reviso algunos de los antecedentes históricos que llevaron a las reformas constitucionales de Colombia en 1991 y de Ecuador en 1998 y 2008, reconociendo el carácter multisocietal de ambos estados. Dado que uno de los ejes de las resistencias y reivindicaciones de los pueblos indígenas ha sido en el régimen de propiedad, en este trabajo identifico la noción de inalienabilidad como una de las zonas de contacto para el trabajo de traducción propuesto por Santos (2009), de modo a construir una integibilidad entre los conocimientos contenidos en los sistemas tradicionales de tenencia de tierras y el régimen liberal de la propiedad privada. Pese a que las asambleas constituyentes de los años noventas hayan sido el lugar más adecuado para empezar los diálogos interculturales en el campo de los conocimientos de lo que se dice “jurídico”, es necesario un tercero marco, un marco inter-universal encarnado que surja del diálogo y de la traducción entre culturas, y que permita imaginar un nuevo pacto social y en cuyo ámbito el derecho sea visto como un sistema amplio de comunicaciones, superando la idea de un pacto civil original, y desviando el enfoque único respecto a la noción de soberanía hacia las distintas demandas de libre determinación.

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En Colombia el reconocimiento de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgenero e Intergenero (LGBTI) encuentra su punto de partida en la Constitución Política de 1991. Durante los primeros años de su vigencia hasta el 2007, la Corte Constitucional como órgano encargado de su interpretación, definió los derechos individuales de las personas LGBTI a partir de principios como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la prohibición de discriminar y el pluralismo. Con la expedición de la sentencia C-075 de 2007 inicia una nueva fase en la movilización de esta comunidad; por primera vez se le reconocen efectos jurídicos a las uniones conformadas por personas del mismo sexo, declarando sus derechos en la esfera de pareja, pero limitándolos al negar su estatus de familia. En el año 2011 el estudio de las parejas de personas de igual sexo dentro del ordenamiento jurídico colombiano cambia radicalmente. Mediante la sentencia C-577 de 2011, el alto tribunal declaró que estas uniones constituyen una forma de familia y por lo tanto tienen derecho a formalizar su vínculo mediante una figura jurídica de orden contractual que les brinde un margen de protección más amplio que el de la unión marital de hecho. El acceso al matrimonio civil igualitario por parte de las parejas integradas por personas del mismo sexo constituye actualmente uno de los temas más debatidos en Colombia. La discusión es significativa porque confronta el modelo tradicional de familia, pareja y matrimonio asociado con la heterosexualidad y la reproducción; adicionalmente evidencia los límites que configuran la noción de lo humano, del sujeto de derechos y de la igualdad como principio condicionado a cualidades de orden mayoritario.

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Este documento fue preparado por Francisco Alberto Galán y Francisco Javier Canal, Colombia, en el marco del Proyecto CEPAL/PNUD 'Financiamiento para el Desarrollo Ambientalmente Sostenible en América Latina y el Caribe', para ser utilizado como insumo en el Panel sobre Financiamiento para el Desarrollo Sostenible dentro de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe preparatoria de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de la exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

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Programa de doctorado: Derecho Privado

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El objetivo de éste trabajo es presentar algunos avances sobre la investigación que se encuentra en curso en el marco de la construcción demi tesis de Maestría, y que consiste en una aproximación sociocultural de la construcción de las identidades que hacen las agrupaciones juveniles delincuenciales urbanas en su heterogeneidad, a partir de sus prácticas internas y en ambientes que recrean relaciones sociales donde predominan intereses y poderes que no encuentran soluciones distintas a la fuerza. Para ello me ubico en un sector marginal de la periferia de Bogotá llamado los Robles, habitado por: población desplazada por la violencia en el campo, grupos armados, población reinsertada o desmovilizada y población civil, espacio que a su vez muestra el mayor índice de homicidios juveniles, y donde algunos grupos de origen incierto ejercen una especie de coerción social que consiste en el amedrentamiento por medio del homicidio de aquel que se presume un delincuente, allí. Durante los años 2010 y 2011 intento dilucidar cuál debe ser la interpretación que se debe entender de las expresiones socioculturales de una agrupación juvenil cuando realizan actos de delincuencia. Para ello inicialmente expondré una introducción del tema propio de ésta ponencia, luego describiré brevemente algunas de las teorías existentes sobre territorio y subjetividades. Luego intento describir de forma condensada la manera en que se han ido construyendo las relaciones espaciales en el barrio Los Robles, que goza de ser un ejemplo representativo por su tipicidad, sus tramas y la marginación a la que están sometidos sus habitantes; interpretando algunas de las experiencias obtenidas con una agrupación de seis jóvenes delincuentes localizados allí

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Este trabajo analiza el vínculo entre los procesos de elaboración de políticas públicas y la dinámica emergente de las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria [RSE] en nuestro país. Para ello toma como caso de estudio el Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Responsabilidad Empresaria, puesto en marcha en el año 2008 por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y se nutre de dos fuentes de datos: información documental -elaborada por el propio Estado y las empresas- y una serie de entrevistas a informantes clave, tanto del sector estatal y del sector privado como de expertos en la materia. En base a un análisis crítico de la bibliografía relevante sobre este cruce de campos [el de las políticas públicas y el de la RSE], el trabajo argumenta que la potencial eficacia de los programas estatales de fortalecimiento de la RSE dependen no sólo de los 'contenidos' específicos sino también de la 'forma' en que se elaboran las políticas públicas. En tal sentido, procesos de elaboración de políticas que respondan a criterios de estabilidad, adaptabilidad, coherencia, calidad de la implementación, orientación hacia el interés público y eficiencia [BID, 2006], tendrán mayores capacidades de superar una serie de obstáculos observados por los actores entrevistados ['recelos', 'desconocimiento' o 'desconfianza'] en la relación entre el Estado y los actores de la sociedad civil. Para ello, será necesario que las políticas incorporen como insumos para su elaboración un preciso análisis de las dimensiones ético-culturales, sociales, gerenciales, económicas y políticas [Lozano, 1999] en el que se desenvuelve el nuevo contexto de la RSE