865 resultados para RECURSOS ENERGÉTICOS - ASIA DEL SUR


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La presente tesis, intitulada "La Ayuda Oficial Externa para el Desarrollo Regional del Ecuador, se enmarca principalmente en las áreas de Relaciones Internacionales y Economía y tiene como objetivos fundamentales establecer el efecto que tienen las políticas de cooperación de los países donantes en el desarrollo regional del Ecuador y como son utilizados los recursos de ayuda oficial destinada al desarrollo regional. Para cumplir con este objetivo, se consideró el estudio de algunos proyectos que son financiados con asistencia oficial no reembolsable proveniente de los gobiernos de España, Suiza y Canadá. La tesis está constituida por tres capítulos. El capítulo uno de introducción versa sobre la historia de los Regímenes Internacionales de Cooperación y realiza un breve análisis de las tendencias de la distribución de la Ayuda Oficial Externa en América del Sur y concluye con una ligera explicación de las políticas de cooperación de los principales países donantes del Ecuador. El capítulo dos dirige su enfoque específicamente al Ecuador, se analiza en primer lugar la evolución reciente de la Ayuda Oficial Externa Bilateral y su relevancia para el desarrollo regional del País, luego se realiza un estudio de la coordinación gubernamental en materia de cooperación no reembolsable, para finalizar con una sistematización de los logros y fracasos obtenidos en los proyectos sujetos de investigación. En el capítulo de conclusiones y recomendaciones, se indica que el éxito de los proyectos responde no solo a la política de los países donantes, responde además, al sistema de planificación establecido, a la honestidad de los administradores del proyecto y la capacidad que tienen los gobiernos locales y los beneficiarios para exigir la rendición de cuentas, supervisar y monitorear la ejecución del proyecto.

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Este trabajo tiene como objetivo presentar al lector una investigación sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el De recho del Mar (CONVEMAR) y, en especial, sobre la frontera marítima que comparte el Ecuador con sus tres vecinos. El texto presenta un análisis cronológico y cualitativo sobre la evolución del Derecho del Mar, su aplicación y límites, teniendo como referentes a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, cuando se cristaliza su consolidación en un cuerpo normativo claro, y la Convención de las Naciones sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR o UNCLOS, en inglés), de 1994, cuando se inicia su vigencia y utilización. También aborda la situación de las islas Galápagos y la incidencia en temas jurisdiccionales, ambientales y de reconocimiento de la membresía del Ecuador en la CONVEMAR. Otro de los pilares de la investigación propuesto en este análisis es la delimitación de la frontera marítima, específicamente con el Perú, vecino país del Sur del Ecuador. Para esto se analizan cuáles son los discursos y visiones de los países en cuestión, realidades cartográficas, aceptaciones tácitas y acciones de reconocimiento de la frontera delimitada por la latitud 3°23”33,96” S.

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Como un aporte del PADH para la investigación sobre derechos humanos y derecho penal se detalla una serie de recursos disponibles para el seguimiento de normativa vigente y proyectos de ley presentados en los países de América del Sur, como herramienta útil para el análisis de la normativa vigente penal y de sus reformas en la región.

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La presente investigación tiene como objetivo central analizar si los Estados miembros del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), han cumplido o no con los compromisos adquiridos en relación a las Medidas de Fomento de la Confianza Mutua y de la Seguridad (MFCMS) y a la adquisición de material bélico. Utilizando como herramienta de análisis la teoría neorrealista, se examina la información que sobre seguridad de la región se dispone. El interés por el tema se desprende al observar el tamaño de recursos que a nivel global y de la región Suramericana se asignan para este efecto, entonces cuantificar y cualificar el nivel de gasto relacionando al Producto Interno Bruto (PIB) que tiene cada Estado, permitió tener una visión más amplia de este rubro, pese a que la información sobre gastos de Defensa es insuficiente, escasa y limitada, lo que generó dificultad para analizar las cifras y los procesos de asignación de recursos y de gastos. El estudio también se dirigió a observar el comportamiento que tienen los Estados de la región, fruto de su proceso histórico matizado por conflictos territoriales y la injerencia de actores extrarregionales, ante posibles amenazas externas.

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Este trabajo es un intento por observar la Historia del Reino de Quito en la América Meridional, escrita por el jesuita Juan de Velasco y culminada en 1789, desde una perspectiva de discusión y comparación con distintos discursos elaborados en la época de la conquista y la Colonia. Concretamente, este estudio se propone entender cuáles fueron las formas de representación sobre el indígena americano durante la conquista y la Colonia y compararlas con la imagen elaborada por Velasco. Para lograr esto, el trabajo se divide en dos partes. El primer capítulo está centrado en la comprensión de varios aspectos del contexto histórico, político e ideológico de América y de Europa entre los siglos XVI y XVIII, en que se escribieron cartas e informes sobre los recursos, la naturaleza y los habitantes del Nuevo Mundo. En este periodo se analizan extractos de cronistas y propuestas teórico-críticas contemporáneas que hablan de una representación del indígena conformes a la colonización y al dominio. El segundo capítulo consiste en analizar la representación de Velasco como una nueva forma de expresión y asimilación del mundo indígena, contraria a la imagen degradada de los cronistas europeos. Aquí se intentará sobre todo ubicar la Historia del Reino de Quito dentro de una corriente estética que es propia de un marco cultural y de un pensamiento específicos: la Ilustración americana. En esta obra conviven una serie de textos que conforman un pasado indígena heroico, desarrollado en una geografía fértil y generosa que demuestra los ideales de la sociedad hispanoamericana de la época de Velasco. Así, estudiar la imagen del indígena permitió, entre otros aspectos, entender cómo la memoria y la representación histórica se pueden traducir en proyectos y en sentidos simbólicos que son trascendentales para una cultura.

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En el contexto global, los países del norte y del sur han implementado diversos modelos de desarrollo para lograr el crecimiento de sus economías, siendo la tendencia de la región latinoamericana, aprovechar su riqueza natural para impulsar modelos extractivistas. La contraposición entre el modelo extractivista y el desarrollo sustentable, se pone de manifiesto en las acciones que han emprendido los Estados, orientadas a la explotación de los recursos naturales sin considerar los límites de la naturaleza y de la sociedad. Los consecuentes impactos ambientales y sociales resultantes de la actividad extractiva minera, han desembocado en conflictos socioambientales, evidenciándose la incapacidad de respuestas asertivas por parte del aparato estatal, a las demandas sociales de la población. Complementariamente, las actividades mineras al estar reguladas por una normativa débil y permisiva, han facilitado a las empresas mineras la ejecución de proyectos mineros. A fin de aportar elementos para el análisis, en la presente investigación se revisa el proyecto minero Llurimagua, ubicado en la cordillera de Toisán; destacándose cómo la institucionalidad estatal relacionada con la actividad minera brinda las facilidades para la gestión de estos proyectos, que mayoritariamente favorecen a los intereses empresariales; así como, la alta conflictividad generada a causa de los impactos ambientales y sociales derivados de la actividad minera. En el proyecto Llurimagua, se describe la problemática de la resistencia minera de la zona de Intag, en los ámbitos institucionales y normativos, considerando para el análisis aspectos ambientales, sociales y económicos; se identifican los actores involucrados y el rol que han jugado en el proyecto, poniendo énfasis en el aparato estatal en sus distintos niveles de gobierno. Adicionalmente, se han identificado los impactos sociales y ambientales que desde el inicio de la actividad minera se han generado en la zona, y se ha efectuado una aproximación de los potenciales impactos ambientales y sociales que pueden resultar de la exploración avanzada, en curso.

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Un criterio comúnmente utilizado para clasificar países -empleado, inclusive, por los países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)- es el que se basa en el ingreso per cápita como el principal factor para definir los grupos. Esta clasificación se relaciona con la idea de que los países deberían asumir la responsabilidad de su propio desarrollo luego de alcanzar un cierto nivel de ingresos (proceso denominado "graduación"). Sin embargo, el uso de límites arbitrarios de ingresos para definir categorías acarrea muchas consecuencias importantes. En primer lugar -sobre todo en el caso de los países que están cerca de la línea divisoria entre un grupo y otro-, la "graduación" se puede alcanzar simplemente debido a modificaciones marginales en las condiciones económicas, pero puede provocar cambios mayores en el área de la asistencia para el desarrollo, como la suma recibida por este concepto y las condiciones -la mayor o menor concesionalidad- en que esta se entrega. En segundo lugar, el proceso de ascender a una categoría de ingresos superior no es lineal, y muchas veces los países retroceden al estado anterior. Esto demuestra una vez más que el cambio de categoría puede no ser el resultado de transformaciones fundamentales en la realidad del desarrollo de los países, sino solo reflejar modificaciones marginales en las condiciones económicas. Finalmente, lo más importante es que el uso de límites de ingresos conduce a agrupar los países de un modo que no captura la compleja naturaleza del desarrollo y la diversidad de situaciones que existen en cada grupo y en cada miembro de esos grupos. En particular, los países de renta media considerados como un grupo constituyen un pilar fundamental de la economía mundial; representan una gran proporción de la actividad económica y el comercio, y son el hogar de la mayoría de la población del mundo y de la mayoría de los pobres del mundo. No obstante, si se observa más detenidamente a este grupo, llama la atención la heterogeneidad existente entre los países que lo componen. Al agrupar a los países según el nivel de ingresos, no se toma en cuenta el amplio rango de capacidades y necesidades diferentes que existen entre los países de renta media. En América Latina y el Caribe, casi el 90% de los países pertenecen a la categoría de renta media. Las diferencias de un país a otro se presentan en un amplio rango de variables, no solo relacionadas con el tamaño y la situación de la economía, sino también con la situación social y las condiciones estructurales vinculadas al potencial de desarrollo y al desempeño productivo. Sin embargo, los países donantes y los organismos multilaterales rara vez toman en cuenta esta amplia diversidad de capacidades y necesidades al establecer prioridades para la asignación de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). La lógica seguida en las últimas décadas fue canalizar la mayor parte de la asistencia hacia los países de más bajos ingresos, incluidos los clasificados como países menos desarrollados, en detrimento de los países de renta media. Se presume que, dado que estos últimos tienen un ingreso medio más elevado, sus necesidades deben de ser menores. Para una región de renta media como América Latina y el Caribe, esto ha implicado que su participación en los flujos de asistencia para el desarrollo cayera desde un monto ya bajo (9%) en 1990 a uno todavía inferior (7%) en 2009, en contraste con África y Asia, que reciben la mayor proporción (un 37% y un 30%, respectivamente). Si bien es esperable que el sistema de cooperación internacional se centre en nivelar el campo de juego de las economías de bajos ingresos y reducir la brecha del desarrollo con respecto a los países más avanzados, su mandato no debería limitarse a este objetivo. El sistema de cooperación internacional debería buscar una respuesta integral y amplia para el problema del desarrollo que no solo se oriente a las necesidades de los países de bajos ingresos, sino que también considere las diversas necesidades y vulnerabilidades presentes en los países de renta media. Para que esto sea posible, es fundamental tener un conocimiento integral, en cada caso, de las áreas que presentan mayor necesidad y son más vulnerables, e identificar las principales brechas entre las necesidades y las posibilidades, de modo que la asistencia para el desarrollo pueda asignarse adecuadamente. Un paso crucial en esta dirección sería la revisión de los métodos utilizados para clasificar países y la sustitución de los criterios actuales (basados en los ingresos) por nuevos indicadores que sean más adecuados para esta clasificación. Estos nuevos indicadores deberían ser capaces de captar la naturaleza multifacética del problema del desarrollo y, por lo tanto, permitir la formación de grupos de países menos heterogéneos entre sí. Más específicamente, los indicadores deberían reflejar los desafíos estructurales y las áreas vulnerables existentes en los países de renta media y que no son captados por el criterio del ingreso per cápita. En el caso de los países de renta media de América Latina y el Caribe, estos desafíos de largo plazo y áreas vulnerables pueden resumirse en lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó como brechas clave que deben cerrarse para evitar caer en la "trampa de la renta media" y avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenible y dinámico que tenga como eje central la equidad (CEPAL, 2010a). Estas son: la brecha del financiamiento, la brecha de la desigualdad y la protección social, la brecha del capital humano y la brecha de la productividad y la inversión. Además de elaborar mejores criterios para la asignación de AOD, la comunidad internacional debe persistir en la tarea de aumentar los recursos disponibles para el financiamiento para el desarrollo. El nivel actual de financiamiento otorgado a los países en desarrollo por medio de la AOD es claramente insuficiente y, por lo tanto, en ocasiones se aumenta la asistencia a ciertos países o regiones a expensas de otros -como los países de renta media- que también tienen importantes necesidades. A pesar de los esfuerzos por parte de los países donantes para elevar el monto de AOD, los niveles de asistencia en 2010 alcanzaron un promedio de apenas un 0,32% de su ingreso nacional bruto (INB), muy por debajo de la meta del 0,7% acordada internacionalmente. Asimismo, las finanzas públicas de muchos donantes se deterioraron sustancialmente como consecuencia de la crisis mundial, lo que hace menos probable el incremento de los niveles de asistencia. Dado que el escenario posterior a la crisis ha agregado nuevas áreas de vulnerabilidad a las que tradicionalmente enfrentan ciertos países en desarrollo, persistirá la tensión entre la escasez de recursos y las grandes necesidades. Por estos motivos, es de vital importancia que la comunidad internacional aúne sus fuerzas para encontrar formas innovadoras de movilizar recursos para el desarrollo que sean adicionales, y no sustitutos, de los flujos de AOD. Los países del norte y del sur se han unido en diferentes ocasiones para elaborar mecanismos de financiación innovadora para el desarrollo. Las propuestas abarcan desde impuestos globales específicos hasta mecanismos para facilitar las donaciones voluntarias privadas de un individuo a otro. Algunas de las propuestas ya se están llevando a cabo, y los resultados son alentadores. No obstante, aún queda mucho por hacer, por lo que la comunidad internacional debería emprender una seria labor en este sentido.

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