1000 resultados para POLITICA PUBLICA - BOGOTA (COLOMBIA) - 1992-2008


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En la búsqueda de políticas que permitan incrementar los niveles de competitividad de la ciudad de Pereira, la Alcaldía de Pereira en alianza con el sector educativo, en particular con la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, realizó el proyecto titulado “Estudio de impacto del Tratado de Libre Comercio en la ciudad de Pereira en el sector estratégico operadores turísticos”. El análisis sectorial presentado se desarrolló utilizando como base la propuesta metodológica desarrollada por el grupo de investigación en perdurabilidad empresarial de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. Su estudio se fundamenta en el análisis de los sectores, utilizando como base lo denominado como “la nueva microeconomía de la firma”, en la cual la comprensión de la estrategia de los sectores estratégicos constituye un elemento de primer nivel para la toma de decisiones que afecten su comportamiento y les permitan lograr la perdurabilidad con crecimiento rentable. Generalmente, al efectuar un análisis sectorial, se recurre a cifras macroeconómicas, con las cuales los diferentes actores, como el gobierno, gremios y empresarios, establecen directrices y se preparan para negociaciones comerciales con otros países y/o regiones. Sin embargo, surge una pregunta: ¿conocemos realmente los sectores económicos? Muchos no dudarían un segundo y dirían que sí, pero el conocimiento se hace insuficiente si se encuentra soportado únicamente en cifras económicas como el producto interno bruto (PIB), inflación, nivel de exportaciones, tasa de desempleo, devaluación, índice de precios al productor. Aun cuando la información económica es importante y necesaria para tomar decisiones, el análisis estructural es diferente por la construcción de pruebas a partir de la información estratégica. El modelo no descarta la información macroeconómica; es más, en su primera etapa se requiere contar con ella para contextualizar la industria, pero se enfoca en la estrategia como elemento que permitirá a las empresas hacer frente a situaciones como lo son los tratados de libre comercio con otros países. ¿Qué tan preparados se encuentran los sectores económicos de la ciudad de Pereira, en especial el de fabricación de prendas de vestir y el de operadores turísticos frente al Tratado de Libre Comercio (TLC)?, ¿cuál es el grado de hacinamiento que los sectores presentan?, ¿cuál es el crecimiento interno y externo presente en los sectores estratégicos en los últimos cuatro años?, ¿qué escenarios de futuro pueden esperar los sectores objeto de estudio frente al TLC? Estos y otros interrogantes son abordados en el presente documento, resultante de la investigación realizada por la Universidad del Rosario, que se ha estructurado de tal forma que en una primera parte se dan a conocer algunas generalidades del proyecto y las razones para seleccionar los sectores estudiados. Posteriormente se hace una presentación de los elementos abordados en las negociaciones del TLC en los sectores estudiados, para luego interpretar la información de las empresas del sector a la luz de las cuatro pruebas. Finalmente encuentra el lector un capítulo de conclusiones finales del estudio. La estructura del documento es la siguiente: al comienzo se incluye un glosario con algunos términos propios de la metodología, que son utilizados a lo largo del texto; después viene la introducción. Tras esta se realizan unas consideraciones generales sobre la metodología utilizada en el proyecto. A continuación se presenta el estudio para el sector operadores turísticos; y finalmente se presentan algunas conclusiones del estudio, en las que se resalta que la integración entre el sector público y la academia permite avanzar en la consolidación de una ciudad más competitiva.

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El documento de investigación número 31 de la Facultad de Administración, titulado “Reglamentación para la administración y supervisión del riesgo operativo en Colombia”, presentó la investigación relacionada con los avances sobre la reglamentación y supervisión de este riesgo hasta febrero del 2006, no sin antes contextualizar al lector respecto al marco teórico, y los avances realizados en países como México y España. Esta segunda entrega se realiza debido a la pertinencia del tema y a la falta de conocimiento por parte de la academia de lo que en el presente ocurre en las empresas. Este documento de investigación, además de presentar la indagación realizada respecto a la reglamentación para la administración y supervisión del riesgo operativo en Chile, Perú y Ecuador, pretende resaltar el trabajo realizado por Andrei Mosquera Torres respecto al sistema administrativo de riesgo operacional para una sociedad comisionista de bolsa. El mencionado trabajo, desarrollado por Andrei Mosquera para optar por el título como Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad del Rosario, recoge su experiencia respecto a la administración del riesgo operativo (operacional) en una firma comisionista de bolsa.

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En este documento se expone en términos políticos, económicos y educativos la situación que se dio en Colombia desde la segunda mitad de la centuria pasada con el fi n de entender las relaciones políticas y económicas que se presentaron, y las que contribuyeron en la creación y consolidación de empresas, en especial la forma como se dieron las relaciones entre los actores, en la cual se incluyeron las instituciones de educación que incidieron en la conformación de programas de administración en Colombia, como fruto de la creciente formación de empresas tanto del sector público como del privado. El desarrollo comprende la consolidación de la violencia política partidista del periodo, previo al régimen de facto que ocurrió bajo la dictadura militar. El punto de partida fueron los aspectos políticos, para luego adentrarse en los económicos, empresariales y educativos y considerar las relaciones del Estado con los particulares. Desde el punto de vista político se dio una constante pugna entre dirigentes del Estado colombiano quienes estuvieron en forma permanente enfrascados en luchas partidistas lo cual generó faccionalismos regionales que se refl ejaron en aspectos económicos, empresariales y educativos; tal accionar condujo a consolidar la violencia partidista que dio como resultado la muerte de Jorge Eliécer Gaitán1 en 1948. Sin embargo, se dieron procesos de conformación y consolidación de empresas que fueron óbice para tipifi car el comienzo del desarrollo industrial, y la oferta universitaria de programas de formación en administración en Colombia, con el fi n de contribuir con la dirección de las organizaciones empresariales que se gestaron. En lo educativo, fue la religión católica quien señaló la manera de educar y actuósobre el particular, de forma intervencionista; al llegar inclusive a determinar los textos que deberían utilizarse en los procesos de formación, sobre todo en materia de enseñanza primaria y secundaria.

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Desde los años 60 y otras décadas atrás, cuando los académicos de la Escuela Nórdica de Uppsala iniciaron el estudio del comportamiento internacional de las multinacionales de esta área europea, y aún hasta la actualidad, se han propuesto modelos que acercan, en teoría, al proceso de internacionalización de las empresas tan diversos que, hoy por hoy, este puede cuestionarse si es entendido como un “proceso”. ¿Cuál es realmente el camino que persiguen las empresas que comienzan un proceso de internacionalización? Al parecer, es siempre el mismo, responderían entonces los economistas de la escuela de Uppsala.

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La reciente alianza interinstitucional de la Universidad del Rosario con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y la Caja de Compensación Familiar (Compensar), como red hospital- universitario representa una gran oportunidad para consolidar la capacidad de generar conocimiento sobre los principales temas de salud que el país confronta, y de aplicarlo a mejorar los servicios de salud en el Distrito Capital y en Colombia. Recientes estudios adelantados por la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario1 muestran claramente la forma como en América Latina ha surgido una importante comunidad de investigación en temas clínicos (investigación clínica), convirtiendo al hospital tradicional en una organización del conocimiento. A fin de que los hospitales tengan la capacidad de responder a los desafíos que confrontan en la sociedad del siglo XXI, deben conocer y desarrollar su capacidad para convertirse en hospitales de conocimiento, en particular aquel que se deriva de la práctica e investigación clínica. Ello pasa por dimensionar la capacidad de las organizaciones y los individuos para conducir investigación, usar sus resultados y transferirlos de manera eficiente, efectiva y sostenible. Alineadas con esta realidad, las facultades de Medicina y Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, que hoy conforman la nueva Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, a través de los grupos de investigación en Rehabilitación e Integración Social de la Persona con Discapacidad y de Investigación Clínica, participaron de la convocatoria 2008 del Fondo de Investigación de la Universidad del Rosario, con el proyecto denominado “Capacidad para la Investigación Clínica en la Red Hospitalaria Méderi”, cuyo objetivo es caracterizar la capacidad para la investigación clínica en la red local de hospitales de Méderi, y definir estrategias de desarrollo y fortalecimiento de dicha capacidad, con miras a convertirse en un hospital de conocimiento. Con este fin, se planteó realizar un análisis diagnóstico de la capacidad existente para hacer investigación clínica en la red hospitalaria Méderi, y proyectar dicha capacidad con el fin de lograr sus objetivos. Para este análisis se está desarrollando una “estructura analítica mixta” que permitirá caracterizar la estructura y organización de la red hospitalaria.

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El documento expone el análisis de la supervisión de los contratos estatales celebrados por las entidades autónomas del orden nacional a partir del marco legislativo vigente.

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Dentro de este documento de investigación los lectores encontrarán lo que denominamos la fase heurística de la investigación adelantada por el Observatorio de Venezuela, donde se compilan los diferentes documentos que hemos ido recolectando a lo largo de nuestra tarea como Observatorio dentro del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI) de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales. La presente entrega está dirigida a todos aquellos interesados en el tema venezolano, presentando la fase inicial de lo que será un estado del arte destinado a brindar una bibliografía que permita a quienes la consulten una comprensión macro del acontecer político venezolano. En este orden de ideas, creemos pertinente exponer al público en general los distintos documentos a los que hemos tenido acceso con el correr de nuestra investigación, en tanto que muchos de éstos, además de ser inéditos en Colombia, presentan nuevas perspectivas para la comprensión de las temáticas venezolanas que nos han servido de guía en nuestra investigación, por lo que esperamos puedan contribuir a agilizar la construcción de bases de datos para futuros proyectos sobre Venezuela. Esta primera fase de nuestro estado del arte pretende brindar un panorama general sobre las distintas investigaciones y líneas que se han abordado por los diferentes autores que han trabajado el tema venezolano; así las cosas, hemos decidido dividir esta fase en textos que abordan aspectos políticos, sociales, históricos, económicos, militares y de política exterior. Tras realizar esta primera entrega, tenemos proyectada una segunda publicación en la cual, tras una revisión detallada de cada uno de los materiales contenidos en esta lista, ofreceremos la fase hermenéutica de nuestro estado del arte, que contendrá la compilación de breves interpretaciones de los documentos, clasifi cados según su importancia dentro de las distintas líneas de investigación, seleccionando aquellos que nos han parecido fundamentales para la nuestra en particular, con el fi n de brindar al lector una matriz conceptual que permita una mayor comprensión de los documentos que a continuación relacionamos.

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El autor de este libro analiza la diferencia o complementariedad entre dos conceptos fundamentales para este libro: la seguridad en Bosnia y la seguridad de Bosnia. Entendida la primera como la seguridad al interior del país y la segunda como la seguridad en la región desde de las fronteras bosnias, para afirmar que existe una relación crítica entre las dos. El propósito de este libro, como el mismo autor afirma, no es el de únicamente entablar un debate acerca de los santuarios para los terroristas; tampoco pretende llevar a cabo un análisis exhaustivo de este tema ni discutir detalladamente todos los temas que son estudiados en el libro; únicamente busca dar luces a los problemas complejos y preocupaciones que enfrenta el Estado de Bosnia (Innes 2006).

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Estudio de caso sobre el proyecto de renovación urbana Parque Central Bavaria, su impacto sobre el Centro Internacional de Bogotá, y los cambios generados tras su desarrollo con respecto a ciertas variables socioeconómicas.

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El esquema de protección de derechos es un elemento esencial en el ordenamiento jurídico de las naciones organizadas bajo la modalidad de Estado Social de Derecho, y en ese sentido, la implementación de las garantías a los derechos de las minorías existentes en la Nación. Colombia no es la excepción dentro del modelo señalado; en la Constitución Política de 1991 se plantea una amplia gama de derechos y garantías, haciendo un especial reconocimiento a la existencia del pluriculturalismo y el multilingüismo propio de una Nación marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que han determinado su legado histórico y cultural. Así las cosas, surge un escenario de interrelación entre los derechos de las minorías y los del resto de la colectividad, a partir del cual se pueden establecer elementos de armonía y correspondencia, así como también evidenciar posibles conflictos derivados del choque de intereses de una y otra parte. Para el caso de la presente investigación, se ha decidido centrar el estudio en una etnia específica respecto de la cual se han detectado una serie de problemas los cuales permiten efectuar un análisis detallado y con ello evidenciar los objetivos pretendidos. En ese sentido, el grupo étnico escogido es el raizal, residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El eje central de investigación apunta a plantear que el reconocimiento constitucional que se le ha dado a la comunidad raizal no tiene, ni los alcances, ni las implicaciones que debería tener en los escenarios legislativo, jurídico y político, pues la entidad y relevancia que se la ha otorgado a la mencionada etnia no cumple con el verdadero objeto de pluriculturalidad con que se pretende catalogar a nuestra Nación. El discurso étnico por medio del cual los grupos buscan autodeterminarse, manifestar el esplendor de su cultura y demostrar la existencia de una memoria histórica colectiva, no ha sido considerado en su totalidad como es el caso de la etnia estudiada, pues elementos indispensables de su legado, de su historia y de su presente se han visto ignorados o readaptados a otros escenarios con discursos diferentes, con intereses disímiles y con enfoques diversos, generando una alteración del verdadero pluriculturalismo en el sentido estricto de la palabra. En ese orden de ideas, el estado de las cosas y de los derechos ha llevado a situaciones en las cuales el discurso ha tomado un enfoque distinto del carácter étnico que ha de caracterizarlo, tornándose en un discurso político marcado por la presencia de múltiples opiniones al interior de la misma etnia, pero que a su turno evidencia la necesidad de dar una revisión a las condiciones en que jurídica, social y culturalmente está reconocida dicha etnia y con ello demostrar que el panorama no se agota en una simple denominación constitucional o legal, sino que ha de acompañarse con la práctica política y legislativa justa que demuestre una real existencia de la minoría en el entorno social y jurídico de la Nación. La etnia raizal ha padecido un impacto cultural inmedible desde el momento de la abierta inmigración de continentales al Archipiélago, generándose con ello un sentimiento de marginación frente a las otras etnias y en general, frente el resto de la colectividad. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se utilizó la metodología de búsqueda en fuentes secundarias, con un especial énfasis en el análisis legislativo y la revisión jurisprudencial, orientado a la obtención de parámetros de guía para la determinación de aspectos relevantes, así como también al poder efectuar comparaciones con miras a obtener conclusiones. Así las cosas, la investigación se complementó con un trabajo de campo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio de la comunidad raizal, el cual se desarrollo a través de la modalidad de entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes miembros de la etnia, procurando incluir personas de diferente tipo, esto es, algunas que ocupan cargos públicos, otras que se desempeñan como líderes activistas y otras del común.

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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En el presente ensayo se examinan algunos antecedentes históricos –los factores institucionales en particular– que contribuyeron al surgimiento del conflicto armado en Colombia. En este sentido, se intenta explorar en qué medida la incapacidad de las instituciones del Estado para resolver los conflictos por los derechos de propiedad y distribución de la tierra, hizo que algunos actores sociales, campesinos sin tierra y que las ocupaban ilegalmente, aparceros y trabajadores migrantes de las haciendas, así como terratenientes, crearan instituciones violentas paralelas en la contienda para lograr sus objetivos antagónicos.

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De manera propositiva el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez presentó a los colombianos el 7 de agosto de 2005 un ejercicio prospectivo de planeación denominado 2019 Visión Colombia II Centenario. El objetivo de este ejercicio era “servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019”.1 El Departamento Nacional de Planeación asumió la responsabilidad de plasmar la visión que surgía al interior del estamento público, esencialmente ministerios y departamentos administrativos. Se esperaba que esta propuesta preliminar fuera enriquecida a través de un proceso de discusión y concertación con los diferentes estamentos de la sociedad en un diálogo profundo y constructivo entre los colombianos en el que fuera posible sumar voces en torno a una misma idea de país.2

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Las actividades ilegales constituyen un foco de atención importante para las políticas públicas de cualquier sociedad moderna. En Colombia, las manifestaciones delictivas se han incrementado hasta alcanzar niveles preocupantes. En los censos sobre cultivos ilícitos para 2005 y 2006 la ONUDD muestra cómo en pocas décadas Colombia se ha convertido en el primer cultivador de coca y en el primer exportador de clorhidrato de cocaína del mundo. La misma agencia deja ver que en el país ha existido cierta especialización en el tráfico ilegal de armas (ONUDD, 2006). Otras muestras sobre crecimiento de la actividad delincuencial se evidencian en que las organizaciones criminales que operan en el país han desarrollado técnicas avanzadas para producir dólares y pasaportes falsos, estos últimos demandados por miembros de organizaciones terroristas internacionales (BBC, 2006), al tiempo que han desarrollado sofisticados sistemas de lavado de dinero, piratería de libros, música y video.