990 resultados para Ley de Arrendamientos Rurales


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El interés de este estudio de caso es analizar la ley de “Prevención de Infiltración” y las consecuencias de ésta sobre la migraciones ilegales de eritreos provenientes de Egipto. Se profundiza sobre los orígenes de la ley con el fin de obtener una mayor claridad sobre el alcance de ésta. La ley es controversial no sólo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. El resultado: divisiones políticas al interior del país, en tanto algunas políticas para lidiar con esta problemática surgen desde visiones políticas con tendencias patrióticas y ultranacionalistas. La investigación también expone los peligros a los cuales se enfrentan los migrantes al llegar a Estados receptores hostiles. El tema de las migraciones es uno de enorme complejidad, el cual entraña ciclos de conflicto y despojo dentro del escenario internacional.

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El texto constituye un ejercicio de microhistoria y Antropología histórica que busca aportar a la historiografía colombiana información sobre las formas de comprender el crimen (el infanticidio y los comportamientos escandalosos como el adulterio, el concubinato y el incesto), el problema del honor durante finales del siglo XVIII –pues la mayoría de estudios han versado sobre el siglo XIX- y las configuraciones familiares (particularmente las actitudes maternales y paternales) al interior de la provincia de Antioquia. Usualmente estos temas se han tratado por separado y con diversas fuentes, pero este texto busca una visión general a partir de la participación de las personas en calidad de implicados, testigos y funcionarios en los juicios criminales.

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A partir de la reforma al sistema de salud, por medio de la Ley 1438 de 2011, se implementa en Colombia la política de regulación de precios de medicamentos y el ingreso al país de medicamentos biosimilares. Esta investigación analiza la perdurabilidad en las Instituciones de Prestación de Salud (IPS) especializadas en tratamiento de enfermedades del alto costo, como: Medicarte, Clínica Astorga, Clínica Vida, Helpharma, Audifarma, y Medex, para identificar finalmente, la cadena de valor en el departamento de Antioquia, buscando proponer alternativas para la toma de decisiones de tipo estratégico.

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El presente trabajo tiene como objeto analizar, desde una revisión documental, la utilización de los medios electrónicos a la que se enfrenta el Estado colombiano, en el procedimiento administrativo y en los procesos contencioso administrativos, en el marco del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). Con ese fin, daremos cuenta de las influencias, el análisis de conceptos y alcances. Para luego hacer unas reflexiones sobre el uso de estos medios, el cual trae unas implicaciones, que están sujetas a las expectativas, retos y perspectivas inherentes a todo cambio.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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Este libro presenta un balance del primer decenio de la ley de acciones populares y de grupo en Colombia, elaborado por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Corporación Excelencia en la Justicia. El Diagnóstico realizado con una metodología cuantitativa y cualitativa, presenta aspectos significativos de la aplicación de la Ley 472 de 1998 a fin de formular propuestas, elevar los niveles de protección de los derechos colectivos, perfeccionar y fortalecer estas acciones constitucionales de interés público y plantear una agenda futura de investigaciones en la materia. El texto contiene artículos y ponencias presentados por reconocidos conferencistas nacionales e internacionales que participaron en el Seminario Internacional Las acciones populares y de grupo. Balance de los diez años de la Ley 472 de 1998. Diagnósticos, retos y perspectivas realizado los días 16, 27 y 28 de agosto de 2008. Las ponencias fueron organizadas en páneles: balance del constituyente, del legislador, de los operadores judiciales, del ministerio público y finalmente, avances en la garantía de los derechos colectivos y retos de las acciones de grupo.

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Estudiar en profundidad el efecto que produjo en la provincia de Zaragoza la implantaci??n y desarrollo de la ley de instrucci??n primaria de 1838, la cual puede considerarse como la primera que trata de llevar a la pr??ctica el ideario liberal en materia educativa dentro del nivel de primaria. La Ley Someruelos y la instrucci??n primaria en Zaragoza desde 1838 hasta 1857. Investigaci??n de tipo hist??rico. Plantea unas hip??tesis iniciales de trabajo y realiza un an??lisis de la eficacia de la Ley Someruelos a nivel de escuelas, escolarizaci??n y profesorado, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Aplica el paradigma metodol??gico hist??rico para explicar el discurso pedag??gico en la ??poca y el espacio sem??ntico dise??ado, estableciendo nexos l??gicos con la pol??tica, la econom??a y la sociedad del momento. Sigue una l??nea de razonamiento descriptivo-anal??tica. Fundamenta la investigaci??n en un exhaustivo trabajo de archivo en base al legajo original. Fuentes primarias y secundarias. Porcentajes. Efectos de la Ley Someruelos: a nivel de escuelas, reduce el n??mero de municipios que carec??an de escuelas as?? como las escuelas incompletas, sin embargo el 60 por ciento carec??an de edificos escolares espec??ficos y el 55 por ciento no pose??a el material pedag??gico necesario. A nivel de escolarizaci??n, incrementa en un 32 por ciento la escolarizaci??n global de la provincia, pero a??n quedaba un 56 por ciento por escolarizar. Por razones econ??micas el sistema escolar resulta muy selectivo y los ni??os interrumpen frecuentemente su asistencia a la escuela. A nivel de profesorado, se reduce el porcentaje de profesores no titulados, pero la capacitaci??n t??cnica es muy baja, as?? como su status socioecon??mico. La Ley Someruelos aporta una cierta mejora del Sistema Educativo primario en la provincia de Zaragoza entre 1838 y 1857, sin embargo al finalizar el periodo legal, ??ste continuaba sumido en una din??mica empobrecida e incapaz por s?? mismo de proporcionar el impulso modernizador que el pa??s necesitaba.

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La adopción de la Ley 23/98, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo marcó un punto de inflexión en el sistema español de cooperación ya que supuso la creación de un marco normativo que engloba de forma más amplia todas las actividades relativas a la cooperación. Sin embargo, esta ley lejos de culminar el proceso de reforma de dicho sistema, no hizo más que constituir un punto de partida. De hecho para que esta norma fuera efectiva en la práctica era necesario un gran desarrollo reglamentario, actividad que corresponde al gobierno. El documento desarrolla el tema.

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Recurso publicado aunque no se ha encontrado el depósto legal

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Resumen basado en el de la publicación

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Se trata de un estudio para la futura elaboración de una ley de educación propia de la región de Castilla-La Mancha. Se tratan los diferentes aspectos educativos de la región y se concluye con la necesidad de una educación personalizada para atender a las necesidades del alumno, apostando por una definición de la educación sobre la base del sistema educativo regional .

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Resumen tomado de la revista. Monogr??fico titulado: ??Y en la escuela rural?

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En el contexto del periodo que estudiamos claramente se puede apreciar, como el Bachillerato creado en 1938, estuvo en consonancia con el modelo de Estado que se quer??a implantar. En lo pedag??gico se aproxim?? a los planteamientos de a??os precedentes al implantar un Bachillerato formativo, cl??sico, c??clico, etc. y, desde luego, se dio satisfacci??n a los Colegios de la Iglesia al establecer el Examen de Estado, separando as?? las funciones docente y examinadora, poniendo esta ??ltima en manos de la Universidad. El Anteproyecto de 1947, del Ministro Ib????ez Mart??n, en el mismo marco pol??tico e ideol??gico, trat?? de solucionar los problemas detectados y aproximarse a lo que se hac??a en el terreno de la Ense??anza Media en otros pa??ses, aunque a tenor de las reaccioes que suscit??, se ha de pensar que se anticip?? algunos a??os y que, problemas relacionados con los centros de la Iglesia y con la funci??n examinadora de los Institutos, sobre todo, dio al traste con un modelo que hubiera modernizado la Ense??anza Media espa??ola.

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Resumen tomado de la revista

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Resumen basado parcialmente en el de la publicación