La situación de refugio y desplazamiento forzado en Ecuador

Entender esta situación de refugio y desplazamiento forzado en el Ecuador es permitirnos ver la conflictividad que acontece y tiene sus repercusiones más dramáticas en todo el cordón fronterizo. La región fronteriza entre Colombia y Ecuador se ha visto afectada por el conflicto armado en Colombia y con mayor intensidad en los últimos años con la implementación del Plan Colombia, lo cual ha traído graves consecuencias en términos de migraciones y derechos humanos. En la región ha existido una histórica injusticia social, concentración de poder y de riqueza en ciertos sectores, violencia generalizada y, para el caso de la frontera colombiana, está la presencia de actores armados; como consecuencia de ello, se ha presentado una degradación que se expresa en la violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, en una violencia estatal que desconoce los derechos de las comunidades afectadas -especialmente etnias y afro descendientes-, y en éstas una falta de identidad y temor.

Servicios públicos: usuarios versus empresas

La calidad de vida tiene que ver con el conjunto de bienes y servicios que permitan satisfacer las necesidades básicas, entre las cuales se encuentra el acceso a la vivienda y el disfrute de los servicios públicos básicos: agua potable, energía, gas y teléfono. Por diversos motivos, entre ellos el conflicto armado, Colombia se ha urbanizado en forma acelerada y sin planificación. Del total de la población el 72% es urbano y 28% rural. Gran parte de la población colombiana (el 67%) vive en pobreza y sus necesidades básicas insatisfechas, sin contar con agua potable, energía, gas y servicios de telefonía. La demanda de servicios e infraestructura no ha sido atendida en forma adecuada por parte del Estado; la privatización de las empresas de servicio público domiciliario ha distorsionado el carácter social de las mismas para convertirse en un negocio rentable, a costa del mal servicio a los usuarios. El VI Congreso de Servicios Públicos Domiciliarios, organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios -ANDESCO- y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se desarrolló en la ciudad de Cartagena del 30 de junio al 2 de julio del presente año y puso en debate público las deudas del Estado en materia de servicios públicos, la propuesta de eliminación del cobro del cargo fijo, la creación de la oficina de defensa de los usuarios y la evaluación de los resultados de los diez años de legislación sectorial..

La verdad y la impunidad en el caso Accomarca - Perú

Entre los años 1980 y 2000 el Perú vivió un episodio de violencia política, un conflicto armado interno sin precedentes, que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Ha sido el episodio de violencia interna más cruento y prolongado de toda la historia de la República; este conflicto fue desatado por grupos alzados en armas (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA) y el estado, que puso en manifiesto varios desencuentros y brechas de todo orden, brechas que albergaron profundo dolor en la sociedad. Se llevaron a cabo diversas acciones, omisiones y violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana; factores que desencadenaron una crisis moral y política de graves consecuencias, que el país necesita reparar, lo cual requiere la aplicación de la sanción efectiva a los responsables de las violaciones. La violencia política enfrentó a peruanos que de una manera u otra fueron partícipes en este escenario de violencia, unos mas que otros; según el grado de vulnerabilidad e indefención propio de las condiciones económicas y sociales, que se originaron en brechas insalvables, terminando por destruir el tejido social, la base productiva material, la organización familiar y la infraestructura publica, provocando así la pérdida de acceso a servicios estatales, la institucionalidad pública y la afección a la salud mental de casi todos los peruanos.

Avances y retos en los derechos de las personas con necesidad de protección internacional en el Ecuador

El artículo ubica la dimensión del refugio en el Ecuador. Alrededor de 135.000 personas residentes en Ecuador tienen necesidad de protección internacional. La gran mayoría de ellas provienen de Colombia, donde el conflicto armado interno no encuentra solución. El Estado ha respondido a esta realidad promulgado una Constitución que proclama la ciudadanía universal, ha diseñado una política nacional en materia de refugio y en el 2009 implementó el Registro Ampliado (RA) ofreciendo a la población refugiada, llamada invisible, el acceso al proceso de reconocimiento de forma ágil y precisa. Su puesta en marcha marca un hito en términos de protección internacional en América Latina y a nivel mundial. A través de ella se ha logrado reconocer y documentar a decenas de miles de personas refugiadas colombianas en la frontera norte.

Análisis de la política pública de atención al desplazamiento forzado en Colombia

El desplazamiento forzado es una problemática de suma gravedad que afecta a Colombia, siendo una de las más notorias consecuencias del conflicto armado, repercutiendo tanto a nivel político como económico, y que por consiguiente ha debido ser posicionado en la agenda pública. Durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana no se visibilizaba el problema, lo cual generó que se identificara a la población desplazada no como víctima del conflicto, sino como población pobre, lo que a su vez obligó a generar mayores rubros para atención a población vulnerable que no trataban el problema verdaderamente. El problema principal dentro de la política pública de atención al desplazamiento forzado es la clara identificación del problema, pues aun después de más de 10 años de haberse promulgado la ley 387 de 1997, que determina la población objeto de la política, y regula la atención que se pretende proveer, y los organismos del Estado encargados de proveerla, aun existe un debate que ha trascendido a las esferas de la jurisdicción constitucional al tratar de identificar la población que requiere dicha atención, y la naturaleza de la misma.

Estado, ciudadanía y capital social: tres lecciones de paz en uno de los países más violentos de América Latina

El Salvador es uno de los países con más homicidios en América Latina desde hace más de cinco años. Un análisis comparativo de la tasas de homicidios de las naciones con más asesinatos en Latinoamérica reveló que, durante el 2005, en el territorio salvadoreño ocurrieron 54.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para entonces Honduras, con problemas de delincuencia juvenil como la nación salvadoreña, tenía una tasa de 40.6 homicidios; mientras que Colombia, sumergido en un conflicto armado y con problemas de narcotráfico, alcanzó una tasa de 33.7 homicidios ese mismo año. Pese al panorama, no todo en El Salvador es así. Al analizar los homicidios por departamentos desde el 2002 hasta el 2007 se puede encontrar que existen alrededor de 21 municipios que no registran asesinatos. Tres de ellos llaman la atención en particular por su pasado violento al estar ubicados en sitios que fueron escenarios del conflictivo armado durante la guerra civil (1980–1992) y por la organización municipal que han alcanzado tras los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño en 1992.

Movilización social de las mujeres para la construcción de la paz: la experiencia de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia

La violencia contra las mujeres en Colombia se presenta como un contínuum en sus vidas y no como hechos aislados que tienen por escenario los denominados espacios públicos y los espacios privados, la cual se exacerba en el marco de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que vive Colombia desde hace más de seis décadas, la cual ha tenido como escenario sus cuerpos-territorios. Ciertamente los cuerpos de las mujeres en Colombia han sido leídos como premios para los guerreros de los distintos bandos, y se han utilizado como arma de guerra para agredir, debilitar al enemigo, y provocar terror dentro de las comunidades de tal manera que se generen desplazamientos masivos y así lograr el control de los distintos territorios. Si bien las últimas cifras dadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que durante los años 2007 y 2008 se realizaron 41.475 informes periciales sexológicos, en los que el 84% de los casos las víctimas fueron mujeres, aún resulta imposible cuantificar el número de mujeres que han sido y son víctimas de alguna modalidad de violencia sexual en los casi sesenta años de conflicto armado, en especial por el altísimo subregistro que se presenta ante el miedo a las represalias, estigmatización y revictimización que deben enfrentar las mujeres al denunciar.

Violencia sexual contra las mujeres (Tema Central)

La violencia sexual contra las mujeres tiene diferentes manifestaciones, todas ellas constituyen una violación de sus derechos humanos, conforme lo determina el Estatuto de Roma y la jurisprudencia internacional. En América Latina, la violencia sexual contra las mujeres ha sido una de las formas de represión desde el Estado, en las situaciones de conflicto armado, pero también es parte de la cotidianidad de las mujeres, el riesgo de ser violadas es una realidad con la que deben convivir.

La política exterior de Colombia y la internacionalización del proceso de paz (Artículos Varios)

El artículo reflexiona sobre la política exterior de Colombia, sus prioridades y desafíos. Iniciando con un recorrido de lo que fue la diplomacia tradicional colombiana, el autor analiza las relaciones de Colombia con Estados Unidos en la última parte del Siglo XX, caracterizadas por altibajos y por su concentración en el tema de lucha contra las drogas. Fernando Cepeda analiza además el papel de la llamada diplomacia por la paz, las condiciones que dan lugar a la internacionalización del proceso de paz y los objetivos prioritarios que ha definido la política exterior colombiana, alrededor de la búsqueda de una solución definitiva al conflicto armado.

Modos de subjetivación en la migración forzada de colombianos a Ecuador: el caso del pueblo indígena Pasto; período 2006-2010

La migración forzada es un fenómeno de interés para las relaciones internacionales de Colombia y Ecuador debido a implicaciones subyacentes a su ubicación geográfica, al conflicto armado y su reconfiguración en la zona de frontera, y las vulneraciones de los derechos de la población. Nariño como departamento conserva distintos grupos étnicos, entre las cuales se encuentra el Pueblo Indígena Pasto, grupo que ha forjado relaciones profundas con su territorio a través de lazos construidosdesde su reconstrucción histórica como Pueblo Indígena, dando cuenta de una extensión histórica y cultural que supera las líneas fronterizas de los Estados, haciendo más compleja la forma en que los Estados abordan el incremento del fenómeno migratorio en esta zona. Las categorías de pensamiento que objetivan, imaginan y representan las acciones de regulación para la migración forzada en la zona de frontera se construyen desde acciones políticas paradójicas donde la premisa solidaria por la defensa de las poblaciones genera un reverso de la lógica biopolítica que orienta a las instituciones en ambos países. Así, el territorio Pasto se convierte en un escenario donde su cosmovisión y su vínculo con el territorio forjan dinámicas locales en coexistencia y disputa con las intervenciones externas,cuestión que pone en duda la noción de la migración forzada y las prácticas que se despliegan para hacer frente a la situación de este Pueblo Indígena. Esta investigación pretende analizar los modos de subjetivación del Pueblo Indígena Pasto en el periodo 2002–2010; periodo marcado por diferentes acciones de los gobiernos de Ecuador y Colombia ante el incremento del fenómeno y sus implicaciones. El estudio se orienta desde la perspectiva de una teoría crítica de la sociedad para analizar las tensiones generadas en un escenario en disputa entre los discursos propios y la irrupción de discursos externos en el territorio.

Reparación a víctimas civiles en conflictos armados: el caso colombiano

El presente trabajo busca ubicar aproximaciones teóricas respecto de la reparación a víctimas civiles en conflictos armados, por la importancia del tema tanto para el Derecho Internacional Humanitario de los Derechos Humanos, como para las víctimas en sí, que necesitan conocer de mejor manera el universo de derechos de los cuales se encuentran revestidos ante el cometimiento de violaciones al Derecho Humanitario, por grupos armados irregulares al margen de la ley, en términos de guerrilla y paramilitarismo al interior de un conflicto armado interno, así como las medidas a tomarse por parte del Estado como expresión de su voluntad de reparar el hecho que no pudo prevenir. La importancia del tema radica en su relevancia actual, así como en su novedad y en la falta de conocimiento por parte de quienes pudieren verse beneficiados por la reparación o que actualmente estuvieren en situación de violación de Derechos Humanos y pudiesen tener en sus manos un documento que a simple vista y sin ser abogados puedan comprender y llevar a la práctica para la reclamación de sus derechos, dentro de la asimetría de fuerzas que representa la violencia de grupos armados al margen de la ley como una forma de violencia invasiva que busca disminuir al otro, para apoderarse de recursos, tierra, agua, territorios, drogas, armas, etc. Así, el objetivo es simplificar los conceptos y construcciones que se encuentran dispersos, a fin de unificar las ideas constitutivas de reparación y presentarlas como tales al lector, independientemente de su cumplimiento ó no, no obstante de que se analizan casos concretos a fin de dar uniformidad al tema.

Inmigración internacional en el Comité del Pueblo: condiciones de trabajo de los “ciudadanos universales”

La presente tesis encuentra algunas claves para entender los fenómenos de inmigración internacional hacia la ciudad de Quito. La ciudad nunca se caracterizó por ser una gran receptora de población inmigrante internacional; sin embargo, la intensificación del conflicto armado colombiano y la declaratoria de “ciudadanía universal” en la Constitución del Ecuador del año 2008, incrementaron la afluencia de un importante número de personas, especialmente colombianas y cubanas. La tesis aborda el fenómeno de la inmigración internacional desde varios enfoques, que permiten al lector una perspectiva rica e informada sobre la situación de los colombianos, haitianos y cubanos que viven en unos de los barrios populares más importantes de la ciudad de Quito: el Comité del Pueblo. Así, el análisis se nutre de la legislación ecuatoriana, de los datos que ofrece el Censo de Población y Vivienda del 2010, los Anuarios de Entradas y Salidas y de artículos de prensa que tratan sobre esta población. Sin embargo, la herramienta privilegiada de investigación es la etnográfica. Los testimonios de los inmigrantes encuentran un rico diálogo con teorías que tratan a la cultura desde una mirada de la economía política. La motivación principal de elaborarla es la de develar la figura de los migrantes más allá de las construcciones que ha tratado de imponer la sociedad de mercado y el Estado nación. Los migrantes son entendidos, por lo tanto, desde las estrategias que emplean para sobrevivir en la ciudad de Quito y a través de los posibles procesos de integración y, por qué no, de complementariedad con sus vecinos del barrio. Finalmente, los unos y los otros están marginados de los beneficios de la sociedad de mercado y en esa medida podrían compartir un proyecto común de vida.

Justicia transicional y Ley de Amnistía en Colombia

La justicia transicional es implementada en sociedades donde se han producido graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las experiencias internacionales de superación de conflictos armados o de dictaduras evidencian la aplicación de algunos postulados de la justicia transicional, justamente a partir de estas prácticas surgen elementos aplicables al caso del conflicto armado colombiano. Las leyes de amnistía se convierten en un instrumento de la justicia transicional, que aplicando lo aprendido en otros países puede contribuir en la consecución de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, la paz y la reconciliación de la sociedad colombiana, no siendo la unigénita herramienta jurídica a implementar en un proceso de transición. Esto coloca de presente la necesidad de utilizar simultáneamente diversos instrumentos en el marco de la justicia transicional, que como en el caso colombiano, pueden contribuir en la superación del conflicto armado y en las etapas posteriores a la desmovilización de los grupos alzados en armas, logrando que sea un proceso integral hacia la paz.

La política de restitución de tierras: actores, estrategias y resultados: estudio de caso de la región de Tumaco 2002 - 2012

La ley de restitución de tierras en Colombia ha sido una de las políticas más importantes para tratar el tema de la reparación efectiva a las víctimas del conflicto armado en el país. Por esto es importante analizar sus resultados en una región como Tumaco en donde la complejidad de su contexto permite evidenciar los alcances de dicha política en relación con la problemática del despojo forzado de sus habitantes. De acuerdo con lo anterior, se realizó trabajo de campo en la zona del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, un lugar que ha tenido que lidiar con el fenómeno del paramilitarismo, los grupos insurgentes, la entrada de las multinacionales, entre otros, que han promovido el despojo y el desplazamiento forzado de sus comunidades. En conclusión, con esta investigación se exponen las implicaciones que tiene la política de restitución de tierras en el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera ubicado en Tumaco, además de los alcances y dificultades que ha tenido en dicha región.

El delito de tortura y su compatibilización en la legislación ecuatoriana

El delito de tortura, considerado delito de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, se tipifica, igualmente, como delito de lesa humanidad, en el Art. 89 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ambos cuerpos normativos establecen como requisito esencial que este delito se cometa como parte de un ataque generalizado contra una población civil, lo que concuerda con el Art. 119 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica como tortura el ilícito que se cometa con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado en el territorio nacional o a bordo de una aeronave o de un buque de bandera ecuatoriana, lo que no requiere del “ataque generalizado” a que alude el Art. 89 ibídem. Igualmente, el Art. 151 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica como tortura a la persona que inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico, con cualquier finalidad en ambos supuestos, el cual se sanciona con una pena privativa de libertad de siete a diez años, agravándose el delito en los casos de los numerales 1 a 4 del referido artículo y que dicen relación con los conocimientos técnicos para aumentar el dolor de la víctima (1); cuando se trate de funcionarios o servidores públicos u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia (2); que se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual (3) y se cometa en persona con discapacidad, menor de 18 años, mayor de 65 años o mujer embarazada En esta investigación se analiza la tortura consagrada en los Convenio y Tratados Internacionales con nuestro derecho interno, para establecer la diferencia de la tortura, sus efectos y causas. Pero lo relevante es compatibilizar este tipo penal con nuestra legislación desde la perspectiva que dicha acción sea considerada imprescriptible, para evitar como el Caso Tibi, que los violadores de los derechos humanos quedan sin sanción alguna. Finalmente, el Ecuador no ha cumplido, con las Sentencias de la CIDH, respecto a enjuiciar y castigar a los responsables de las violaciones de los DD.HH.