988 resultados para Autoridades


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1. Establecer y delimitar la validez de los tópicos que han marcado el debate sobre la enseñanza profesional. 2. Acercarnos al conocimiento de la realidad educativa canaria a través de uno de los niveles más problemáticos del sistema educativo, no sólo en el Archipiélago, sino en toda España, la Formación Profesional.. Profesores: Participación de un 39,9 por ciento respecto al total del universo (1512 profesores) pertenecientes a los 34 centros de FP existentes en Tenerife, tanto públicos como privados. Alumnos: Del total de población de alumnos de FP en la isla de Tenerife, que en el curso 1992-93 era de 19158 alumnos, utilizamos un tipo de muestreo estratificado según los niveles, FP1 (N=10135) y FP2 (N=8843), quedando el tamaño de la muestra de la siguiente forma: alumnos FP=636; alumnos FP1=336 y alumnos FP2=300; con una fiabilidad del 95,5 por ciento y un error de selección muestral de 3,9 por ciento para todo el universo. . Se delimitan sus características, desde los objetivos a las hipótesis y metodología utilizada. Sigue una aproximación histórica de la evolución de la FP, contextualización de los estudios profesionales y papel asignado a través del tiempo. Se situan los argumentos y las manifestaciones que han conformado y codificado el 'nuevo discurso' desde los ámbitos políticos y económicos. Se trata el análisis de la relación entre la FP y crecimiento económico, partiendo, en primer lugar, del estudio de los desequilibrios regionales en lo educativo, para, a continuación, analizar las relaciones que establecen a priori la relación entre FP y crecimiento económico. Se profundiza en la crítica que puede hacerse al discurso dominante desde los aspectos propiamente educativos hasta los de tipo más económicos. Se observan los tópicos más habituales del discurso: 1õ El desprestigio de la FP, la discriminación con el bachillerato, el origen social del alumnado y se determinan los aspectos que influyen en su elección de estudios, el nivel académico, la doble titulación y el fracaso escolar. Se estudian también los deseos, satisfacciones y aspiraciones del mismo y tambien del profesorado. 2õ Relaciones entre FP y sistemaproductivo, centrándonos en los aspectos del discurso que han hecho hincapié en los desajustes de la FP con las necesidades del trabajo: la pirámide educativa, la oferta de ramas, el academicismo y/o las prácticas y el tipo de enseñanza más apropiada, si la general o la específica. . Se diseñaron cuatro documentos distintos sobre FP, dirigidos a profesores, alumnos, empresarios y Apas, Sindicatos y Autoridades Educativas. Cada uno de ellos es independiente, aunque mantienen cuestiones que se han demandado por igual y con idéntico enunciado y tipo de respuestas a cada uno de los grupos.. 1. Alumnos, profesores y empresarios consideran que el esfuerzo realizado con la FP es aún bajo. 2. Encontramos una discriminación educativa cuantitativa permanente en contra de la FP y a favor del Bachillerato y Universidad. Las diferencias cuantitativas entre el alumnado de FP y el universitario desfavorecen a la FP a nivel nacional. No ocurre así, sin embargo, cuando se desglosa por CCAA, donde aparecen algunas como la canaria que tiene más alumnos en la FP que en la universidad. 3. El discurso dominante utiliza la competitividad y productividad de las empresas para justificar y potenciar la FP. 4. El desprestigio de la FP, y por contra el prestigio del BUP o de la universidad, son inherentes al propio sistema educativo y encuentra en el social, el respaldo de los mismos. 5. Las posibilidades otorgadas a las nuevas propuestas de cambio de la FP con el objetivo de la adecuación a las necesidades del sistema productivo como horizonte, son sobredimensionadas por el discurso dominante que sólo se alimenta de los buenos deseos e intenciones de que ello ocurra y no de argumentos sólidos que así lo justifiquen.. Se muestra cómo se va conformando el discurso dominante de la FP durante más de una década, lo que en principio fue un rechazo sistemático desde fuera del MEC a la FP surgida con la LGE, mientras que en su interior era considerada como una enseñanza complementaria más del sistema educativo. La FP se valora ahora más que antes. Se pone en evidencia que las leyes educativas no son, por definición, un punto de llegada sino de partida, y que la realidad se encarga inmediatamente de darles el valor real que tienen los reglamentos propuestos..

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El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario es un caso único en el mundo de perdurabilidad de gobierno corporativo, por el cual ha podido preservar su cultura y tradición medieval (desde 1653) en la designación de sus autoridades y su forma de gobierno, así como convertirse en una moderna institución de educación superior en la avanzada formación de líderes sociales, intelectuales y políticos para el país. Nova et vetera (lo nuevo y lo antiguo), la integración de la realidad y la dinámica contemporánea y su proyección en el futuro, integrada a la más antigua tradición universitaria originada en el universitas scholarium medieval, ha convertido a la institución en una moderna universidad de 354 años. Esta exitosa combinación se ha producido por la forma de gobierno que viene preservando la Universidad del Rosario desde 1653 y que le ha permitido a la Universidad liderar los cambios intelectuales, sociales y políticos del país.

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El origen del auge económico de 1983 a 1989 se encuentra en el mecanismo de déficit del tesoro norteamericano, que alcanzó la cifra de 134 billones de dólares en 1982; 230,8 billones en 1983, manteniéndose en este escalón hasta 1989 (237.8 billones); este déficit se habían elevado en la década de los 70 en torno a los 50 billones de dólares anuales, lo que llevó a un amplio movimiento por la contención de los gastos o por el aumento de los impuestos en el país. Reagan eliminó la segunda hipótesis (llegando inclusive a reducir los impuestos sobre el capital y las rentas elevadas) y realizó cortes en los presupuestos, solamente de los gastos sociales, bajo la presión del establishment de investigación y desarrollo militar dedicado a la tecnología; aumentaron drásticamente los gastos militares y en particular aquellos relacionados con investigaciones de las tecnologías de punta que se sintetizaron en la iniciativa de la defensa estratégica, la ridícula guerra de las galaxias que se convirtió en objeto de crítica de las mayores autoridades científicas del país por su inviabilidad y por el desperdicio de recursos que representaba y aún representa. De alguna manera, podemos comparar la guerra de las galaxias con el papel económico que Keynes atribuía a las pirámides egipcias: un enorme gasto estatal para generar empleo y renta y permitir así el funcionamiento de la economía. El diagnóstico neoliberal coincide en que una de las causas inmediatas de la crisis económica de América latina se encuentra en la recesión internacional de los años ochenta, en especial por la combinación de caídas acentuadas en los precios de las exportaciones y agudas alzas en la tasas de interés reales en el mercado internacional, lo que provocó un cuantioso déficit en las cuentas externas de la región. La actual corriente de pensamiento denominada neoestructuralismo afirma, en lo fundamental, que los problemas económicos principales y la condición de subdesarrollados que aún prevalece en los países latinoamericanos no se debe tanto a distorsiones inducidas por la política económica sino que, más bien, son de origen histórico y de índole endógena y estructural. A juicio de Rosales (1988), una muestra palpable de esta * Economista, profesor investigador del Grupo de realidad subyace en tres características cruciales de la economía latinoamericana de fines de los años ochenta: a) la vigencia de un patrón de inserción externa que, dadas las tendencias del comercio y el sistema financiero internacional, conduce a una especificación empobrecedora; b)el predominio de factor productivo desarticulado, vulnerable y muy heterogéneo y concentrador del progreso técnico, incapaz de absorber productivamente el aumento de la fuerza de trabajo; y c) la persistencia de una distribución de ingreso muy concentrada y excluyente, que evidencia la incapacidad del sistema para disminuir la pobreza. El presente documento se presenta en tres partes, iniciando por un acercamiento al modelo que hoy conocemos como neoliberal; para posteriormente hacer un intento de comparar el modelo neoestructuralista con el modelo neoliberal, teniendo como hecho presente que este intento está enmarcado en los años noventa; y finalmente se esboza un marco teórico en cuanto a la posición del neoestructuralismo frente a los problemas del desarrollo latinoamericano; este documento solamente intenta dar una breve mirada al neoliberalismo en América latina, sin desestimar los alcances del mismo dentro y fuera de nuestras latitudes. 

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La transición hacia el desarrollo sostenible no debe considerarse tan sólo un costo extra, sino como una inversión indispensable para la seguridad mundial. El financiamiento del progreso de los países tercermundistas hacia un desarrollo sostenible no es única y exclusiva responsabilidad de los gobiernos. Este proceso involucra a industriales, intermediarios, clientes, proveedores, educadores y autoridades. Los países y las empresas que tienen esta orientación son los de mejor rendimiento económico, como es el caso del Domini Social Index.   Las instituciones financieras son organizaciones con una importante función en la sociedad y con una relación directa con el desarrollo sostenible: Por ello, a nivel interno deben orientar sus esfuerzos hacia la conservación del medio ambiente y, a nivel externo, deben tener en cuenta las variables del desarrollo sostenible dentro del análisis del crédito y la financiación de actividades que se relacionen de manera directa o indirecta con el medio ambiente.

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En Colombia las actividades de exploración, explotación, transporte y procesamiento de hidrocarburos que se vienen realizando desde comienzos del siglo XX son responsables de grandes procesos de transformación del territorio y de degradación de los ecosistemas en los que se realizan. Estos procesos han impactado negativamente la seguridad de las comunidades indígenas poniendo en riesgo su cultura y en algunos casos su existencia misma. Aunque históricamente los derechos de estas poblaciones frente a la explotación petrolera, y minera en general, han cambiado y su autonomía e integridad es protegida por la Constitución de 1991, las comunidades siguen teniendo una alta vulnerabilidad frente a la intervención de los ecosistema que habitan.La degradación ambiental producida directamente por las actividades petroleras y por los procesos de colonización que estas impulsan se constituye en una amenaza a la seguridad de las comunidades, cuyos territorios y recursos de subsistencia se ven disminuidos. La colonización y la presión sobre los recursos naturales que esta produce son motivadas principalmente por la pobreza de poblaciones campesinas que buscan nuevas tierras para habitar, a su vez estos dos procesos son causa de degradación ambiental que empobrece a las comunidades étnicas debido a que afecta sus fuentes de sustento, situación que genera inseguridad para los indígenas. Adicionalmente, la degradación ambiental y la disminución de los territorios ponen en riesgo la cultura de estos grupos humanos, pues afecta sus valores, tradiciones, autoridades y, en general, su forma de vida lo que constituye una amenaza a su seguridad.-----In Colombia, the exploration, exploitation, transport, and processing of hydrocarbons since the beginning of the 20th century have caused great territory transformations and ecosystem degradation. These processes have impacted adversely the indigenous communities security, exposing their culture and, in some cases, their existence itself. Even though, facing oil and, in general, mineral exploitation, the rights of this population have changed historically and their autonomy and integrity is protected by the 1991 Constitution, the communities are still highly vulnerable to the intervention on the ecosystem they inhabit.The environmental degradation directly arisen from the oil exploitation activities and the colonization they have driven, has become a threat to the security of the communities whose territories and subsistence resources have been reduced. Colonization and the resulting natural resource pressure are mainly caused by the poverty of the country population that seek new lands to occupy and these two facts cause in turn the environmental degradation that impoverish the ethnic communities by affecting their living sources, thereby causing insecurity to the indigenous population. In addition, environmental degradation and territory reduction risk these human groups’ culture by impacting their values, tradition, authorities and, in general, their way of living, and therefore turn into a threat to their security.

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Este artículo considera el período comprendido entre la segunda mitad de los 90, cuando aparecieron “grupos paramilitares” en Cundinamarca y Bogotá, y mediados de la primera década de este siglo, cuando fueron desmanteladas algunas de estas estructuras por parte de las autoridades, hubo entrega de armas por otras y surgieron organizaciones paramilitares “sustitutas” que permanecen activas en el ámbito territorial referido en este estudio. Destaca la actividad “antiinsurgente” desarrollada por los paramilitares en zonas coincidentes con aquellas donde las Fuerzas Militares adelantaron operaciones contrainsurgentes. Además, documenta el proceso de transformación y desintegración que sufrieron en el centro del país algunas estructuras paramilitares que acogieron el proceso de diálogo con el gobierno Uribe como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–a la vez que enfrentaban una “guerra interna” con otros grupos paramilitares recalcitrantes a participar del acuerdo. Finalmente presenta una apreciación sobre la evolución futura de los “ejércitos privados” que perviven luego de culminado el desarme de las AUC.-----This article surveys the period that covers the second half of the 1990’s, when “paramilitary groups” became visible in Cundinamarca and Bogotá, and the first half of the present decade, when a number of these structures were diminished as a result of law enforcement operations, a few others engaged in disarmament and new “substitute” paramilitary outfits emerged in the area referred by this study. It highlights the “anti-insurgent” activity of the paramilitary in areas that overlap with those where regular military forces carried out counterinsurgent operations. It also references the process of transformation and disintegration of paramilitary units in central Colombia that joined peace talks with the Uribe administration as part of the Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–, as they simultaneously engaged in an “internal war” with other paramilitary groups reluctant to the agreement. It concludes with an appreciation about the future evolution of those “private armies” which endure after the AUC disarmament.

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Entre el 2 de febrero de 1999 y el 7 de agosto de 2002, es decir, en el momento en el que coinciden Chávez y Pastrana como presidentes, las relaciones colombo-venezolanas atravesaron por momentos casi permanentes de tensión. La naturaleza turbia y confusa en el trato bilateral, propia de este momento, no representa de por sí una rareza, puesto que la constante en las relaciones entre las dos naciones ha sido la conflictividad. Lo verdaderamente interesante de esta coyuntura es que quizá se encuentran pocos parangones en la historia en los que los medios de comunicación hayan tendido una incidencia decisiva en la política exterior. Así las cosas, la tesis de este documento expone que los medios de comunicación colombianos, (por la manera en que manejaron la información concerniente a Venezuela) dotaron de una alta dosis de conflictividad las relaciones bilaterales, al ocasionar la detonación de tres elementos explosivos: divergencias políticas, mutua incomprensión de la realidad de cada país y estilos políticos chocantes. En consecuencia, generaron una reacción en cadena de tres eslabones, cada uno de los cuales muestra una faceta propia de la influencia mediática que recibió la política exterior de Colombia frente al vecino país. El primer eslabón fue el desencuentro político-diplomático entre las dos naciones. En este nivel, las empresas de la comunicación no fueron las únicas responsables, pero sí actuaron como catalizadoras. El que denominamos segundo eslabón, se deriva del alejamiento entre las autoridades gubernamentales y consiste en que los medios pasaron a consolidarse como los canales de comunicación diplomática, lo que, a su vez, les permitió a las empresas de la comunicación imponer, como tercer eslabón, los temas de la agenda diplomática bilateral. Para sustentar estas ideas, se presentan dos análisis, uno cualitativo y otro cuantitativo, de la información noticiosa que apareció en los diarios El Colombiano de Medellín, La Opinión de Cúcuta y El Tiempo de circulación nacional, en el periodo escogido.-----While Chávez and Pastrana coincide as presidents, between February 2, 1999 and August 7, 2002, there are permanent moments of tension in the relationship between Colombia and Venezuela. The turbulence and confusion of this period does not characterize it, for conflict has been a constant factor between these two nations. What is truly interesting about this time is that there are probably few comparable moments in history when the media has had such a decisive incidence on foreign policy. Hence, this document presents the thesis that Colombian means of communication introduced a high dose of conflict in bilateral relations, by making three sensitive elements explode: political differences, mutual lack of knowledge of domestic conditions, and opposite political styles; due to how they managed information related to Venezuela. Consequently, they generated a chain reaction in three phases, which show different aspects of the influence of the media on Colombia’s foreign policy towards its neighboring country. In  the first phase, which brought out the political and diplomatic differences between the two presidents, the information companies where not solely responsible for the situation, but they did act as catalysts. During the second phase, when these differences create distance between the government authorities, the media became the means of diplomatic communication, which permitted these companies to determine the topics on the bilateral diplomatic agenda, and constitute the third phase. In order to support these ideas, two kinds of analysis are presented, a qualitative one and a quantitative one, based on information printed in the following newspapers: El Colombiano from Medellín, La Opinión from Cúcuta and El Tiempo with national coverage, during the chosen period.

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La trata de niños es un fenómeno cada vez más relevante en el sistema internacional y ha generado importantes esfuerzos de cooperación de agencias internacionales como UNICEF y ECPAT. En ese sentido, ambos organismos han enfocado su actividad en las regiones donde se han registrado los mayores índices de violación de los Derechos Humanos. Este Estudio de Caso se ha centrado en el Sudeste Asiático continental conformado por Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Singapur, Myanmar y Malasia; con el fin de determinar de qué manera han trabajado ambos organismos en la región y de qué forma han contribuido a la solución de esta problemática por medio de la firma de acuerdos internacionales, implementación de legislación nacional y programas de cooperación. A pesar del trabajo realizado no solo por entidades internacionales sino también por autoridades gubernamentales, no se ha observado una disminución real de las cifras.

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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.

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El derecho internacional surgió para regular las relaciones entre Estados, dejando por fuera a otro tipo de organizaciones, comunidades y personas. Con el paso del tiempo, se fue ampliando la posibilidad de hacer parte en esos escenarios restringidos cuando surgieron las organizaciones internacionales que son creadas por los Estaos, que tienen la capacidad de participar en las relaciones internacionales de manera limitada. Posteriormente el derecho internacional ha dejado participar con ciertas restricciones, a las Organizaciones no Gubernamentales - ONG y a las personas. Los pueblos indígenas, a pesar de contar con más de 300 millones de personas alrededor del mundo y de contribuir con la diversidad cultural y la protección de la biodiversidad, han sido ignorados y excluidos de los escenarios internacionales. Sin embargo después de un largo y lento proceso de reivindicación han logrado hacer sentir su voz y hoy en día han empezado a ser considerados en algunos de estos escenarios internacionales. En este documento se presentará un breve recuento de algunos de esos espacios en el ámbito de los organismos internacionales, en donde se han desarrollado temas relativos al medio ambiento en los cuales tienen interés los pueblos indígenas. *El mismo se encuentra dividido en dos partes, la primera corresponde a los organismos internacionales universales que involucran la Organización de Naciones Unidad ONU y sus diferentes órganos y organismos especializados en temáticas ambientales. ** Además hace referencia a las declaraciones y los principales convenios internacionales sobre medio ambiente y conocimiento tradicional, adicionalmente se incluyen las organizaciones y acuerdos conexos que corresponden a la Organización Mundial del Comercio y a los tratados de libre comercio. La segunda parte corresponde a los escenarios de protección del medio ambiente a nivel regional que son relevantes para los pueblos indígenas, entre ellos, la Organización de Estados Americanos OEA, el Bando Interamericano de Desarrollo BID, la Organización Panamericana de la Salud OPS, la Comunidad Andina de Naciones CAN y se incluyen adicionalmente los tratados y declaraciones importantes en la materia. El objetivo al realizar este documento es ofrecer un panorama sobre las funciones de estos organismos y mencionar la manera como puede darse la participación de los pueblos indígenas en los mismos, mediante una obra de divulgación que sirva como material de consulta para líderes, autoridades de pueblos y organizaciones indígenas, funcionarios de organizaciones internacionales y sociales que apoyan a los pueblos indígenas.

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En los últimos tiempos el derecho ambiental ha ganado un puesto importante en el ámbito jurídico, hecho que refleja la preocupación que hoy se tiene por la relación del hombre con su entorno. Desde hace quince años, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, por intermedio de su Facultad de Jurisprudencia y concretamente de la Especialización y la línea de investigación en Derecho Ambiental, ha propuesto a través de diversos proyectos avanzar en el conocimiento y análisis del ordenamiento jurídico ambiental, aportando así al desarrollo, estructura y consolidación de esta rama jurídica. Bajo estos parámetros, el objetivo de esta publicación es hacer algunas reflexiones en torno a distintos temas que dentro del derecho público impactan o influyen al derecho ambiental y responder a los enormes desafíos que se presentan en la materia. Por tanto, el programa quiere contribuir desde la academia al diálogo crítico y propositivo que permita dar solución a los problemas encontrados en la aplicación del derecho ambiental. En el primer capítulo, Gloria Amparo Rodriguez describe los ordenamientos jurídicos constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia a fin de analizar la forma en que cada uno de ellos consagra el derecho a un ambiente sano. A continuación, Martha Ovalle y Zelba Nidia Castro de Perez realizan un estudio de los principios de precaución y prevención, exponiendo su alcance, su fundamento desde el derecho internacional y cómo vienen siendo entendidos por nuestro ordenamiento jurídico, tanto jurisprudencial como legal. Luis Adolfo Diazgranados se ocupa de la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia ambiental, para lo cual realiza un análisis de los deberes consagrados en la normatividad vigente. Continuando con esta temática, el profesor Jorge Agudo Gonzalez, de la Universidad Autónoma de Madrid, explora la incidencia del ambiente y los recursos naturales en los procesos contractuales, a fin de mostrar cómo estas materias se han constituido en variable fundamental en el devenir de la formación, celebración y ejecución de los contratos, desde un punto de vista crítico, los aspectos importantes del proceso sancionatorio ambiental, evidenciando las falencias y vacios del a Ley 1333 de 2009. Jairo Cabrera plantea algunas reflexiones sobre la responsabilidad, valiéndose de la doctrina internacional, sobre la problemática de la reparación por daño ambiental. Por su parte, Leonardo Güiza Suárez explica el régimen general de la responsabilidad ambiental en el ordenamiento jurídico a partir del daño de los bosques naturales y su incidencia sobre los derechos humanos. Andres Gomez Rey, desde la teoría del acto administrativo, desarrolla el análisis crítico del régimen jurídico de las aguas superficiales en el derecho ambiental. Giovani J. Herrera Carrascal realiza una disertación sobre los recursos naturales y el ambiente como elementos del espacio público que a su vez constituye en un componente del medio ambiente urbano a partir de la jurisprudencia y de las competencias respectivas. Por último, Marybell Ochoa Miranda trate el tema de los residuos hospitalarios en Colombia, exponiendo su régimen jurídico, las competencias de las autoridades ambientales, los deberes que en estos asuntos tienen los ciudadanos, proponiendo lineamientos para avanzar en la consolidación de la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

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Resumen tomado de la publicación

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El Consulado General Central de Colombia en Madrid como representación consular acreditada ante el gobierno de España, tiene como funciones principales el promover y defender los intereses de Colombia y de los connacionales residentes en Madrid, brindándoles la asesoría adecuada y requerida para cada una de sus necesidades, proteger los derechos fundamentales de los colombianos en el exterior y ejercer ante las autoridades del país donde se encuentren, las acciones pertinentes, de conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional. En el siguiente proyecto se planteará una investigación, la cual pretende analizar y evaluar el modelo de servicio al cliente prestado por el Consulado General Central de Colombia en Madrid. La idea central de esta investigación es conocer la opinión de los connacionales que hacen uso de los servicios consulares y evaluar el cliente interno, en este caso el equipo de trabajo del consulado para medir la percepción que tienen estos sobre el ambiente laboral dentro de la oficina consular, y convertir esa información en una herramienta útil, que ayude a generar posibles estrategias de mejora al modelo de servicio al cliente del Consulado, cuyo principal objetivo según La Cónsul General de Colombia en Madrid es “fortalecer el servicio y la atención a cada uno de los colombianos” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Consulado de Colombia en Madrid, 2014). Se plantea una investigación concluyente, que proporciona información y evidencia para dar respuesta al interrogante, planteado ¿qué estrategias deberían implementarse al modelo de servicio al cliente del Consulado?.

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La tesis devela la connotación sistemática y multicausal de lo que a través de la investigación se denomina como "Procesos de Territorialización de la Inseguridad Ciudadana". Mediante un estudio de caso, se pone en evidencia la apropiación y captura sostenida en el tiempo de fenómenos como la inseguridad y la criminalidad, sobre determinadas zonas o barrios urbanos que por sus características socioeconómicas, políticas, geográficas, culturales, laborales y de mercado de quienes los habitan o frecuentan, se consideran como sectores "críticos y/o vulnerables".