Characterization of subpopulations (clones and subclones) of the 21 SF strain of Trypanosoma cruzi after long lasting maintenance in the laboratory

Several studies have shown a clonal structure of Trypanosoma cruzi and its possible correlation with the behavioral heterogeneity of the parasite strains. In the present study, the 21 SF strain, that have been maintained in laboratory by successive passages in mice, for more than 15 years, showing a stability of biological and isoenzymic characteristics has been cloned, with the objective of establishing the characters of its clones and subclones. With the technique of isolation of a single parasite from the blood of infected mice, 5 clones and 14 subclones have been obtained. After four passages into mice, inoculum of 10(5) was obtained for each clone and subclone and inoculated into mice weighing 10 to 12 g. These were used for the study of the biological behavior of the clones: evolution of parasitemia, morphology of blood forms and host mortality. For isoenzymic characterization, the clones and subclones were analyzed for ALAT, ASAT, GPI and PGM enzymes. Results have shown that the 5 clones and the 14 subclones disclosed a biological behavior similar to the parental strain, with minor variability of the parasitemic profiles and also the same isoenzymic patterns. These results confirm the stability of the 21 SF strain and indicate a clonal homogeneity of its populations. This is compatible with the hypothesis that the T. cruzi strains represent an equilibrium of either homogenous or heterogeneous populations.

Repeated Agenda Setting and the Unanimous Approval of Bad Policies

This paper addresses the puzzle of why legislation, even highly inefficient legislation, may pass with overwhelming majorities. We model a egislature in which the same agenda setter serves for two periods, showing how he can exploit a legislature (completely) in the first period by romising future benefits to legislators who support him. In equilibrium, large majority of legislators vote for the first-period proposal because a ote in favor maintains the chance for membership in the minimum winning coalition in the future. The model thus generates situations in which egislators approve policies by large majorities, or even unanimously, that enefit few, or even none, of them. The results are robust: some institutional arrangements, such as super-majority rules or sequential voting, imit but do not eliminate the agenda setter's power to exploit the legislature, and other institutions such as secret voting do not limit his power.

La Financiación territorial en España: situación actual y propuestas de reforma

En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

Interpersonal Power: A Review, Critique, and Research Agenda

Power is a fundamental force in social relationships and is pervasive throughout various types of interactions. Although research has shown that the possession of power can change the powerholder, the full extent of power's consequences on individuals' decision making capabilities and social interactions within organizations is not fully understood. The goal of this paper is to review, synthesize, and critique the literature on power with a focus on its organizational and managerial implications. Specifically, we propose a definition of power that takes into account its three defining characteristics-having the discretion and means to enforce one's will-and summarize the extant literature on how power influences individuals' thoughts, emotions, and actions both in terms of prosocial and antisocial outcomes. In addition, we highlight important moderators of power and describe ways in which it can be studied in a more rigorous manner by examining methodological issues and pitfalls with regard to its measurement and manipulation. We also provide future research directions to motivate and guide the study of power by management scholars. Our desire is to present a thorough and parsimonious account of power's influence on individuals within an organizational context, as well as provide a foundation that scholars can build upon as they continue to make consequential contributions to the study of power.

IPH response to Department of the Environment (NI) Planning Policy Statement 21 (PPS21)

In responding, IPH identify a number of potential health impacts including providing employment opportunities through farm diversification.  Other issues include access to open space and housing located close to traditional focal points.   The Institute of Public Health in Ireland (IPH) is an all-island body which aims to improve health in Ireland, by working to combat health inequalities and influence public policies in favour of health. IPH promotes co-operation in research, training, information and policy in order to contribute to policies which tackle inequalities in health. IPH is particularly interested in the Draft Planning Policy Statement 21 due to the impact on the countryside and potential implications on health for the population of Northern Ireland. IPH conducted a Health Impact Assessment on the proposed West Tyrone Area Plan 2019 and through this work has developed extensive knowledge when looking at health and rural issues.

Public Health Functions Project Team Minutes (PDF 21 KB)

Minutes of the Meeting of the Public Health Functions Project Team 21 February 2006