An analysis of recent changes in Spanish Coastal Law

Spanish coastal legislation has changed in response to changing circumstances. The objective of the 1969 Spanish Coastal Law was to assign responsibilities in the Public Domain to the authorities. The 1980 Spanish Coastal Law addressed infractions and sanctions issues. The 1988 Spanish Coastal Law completed the responsibilities and sanctions aspects and included others related to the delimitation of the Public Domain, the private properties close to the Public Domain, and limitations on landuse in this area. The 1988 Spanish Coastal Law has been controversial since its publication. The “European Parliament Report on the impact of extensive urbanization in Spain on individual rights of European citizen, on the environment and on the application of EU law, based upon petitions received”, published in 2009 recommended that the Spanish Authorities make an urgent revision of the Coastal Law with the main objective of protecting property owners whose buildings do not have negative effects on the coastal environment. The revision recommended has been carried out, in the new Spanish Coastal Law “Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas”, published in May of 2013. This is the first major change in the 25 years since the previous 1988 Spanish Coastal Law. This paper compares the 1988 and 2013 Spanish Coastal Law documents, highlighting the most important issues like the Public Domain description, limitations in private properties close to the Public Domain limit, climate change influence, authorizations length, etc. The paper includes proposals for further improvements.

Re-Ocupación y/o Re-Construcción de estructuras urbanas en desuso y su conexión con el espacio público y el paisaje

Los nuevos comportamientos urbanos nos permiten observar cada vez con más frecuencia en nuestras calles y plazas realidades que siempre habíamos considerado domésticas. Al contrario también pasa, todos los días vivimos en nuestras casas situaciones que implican relacionarnos con personas que no son de nuestro núcleo familiar. El diseño doméstico de nuestras ciudades y el urbanismo del diseño de interiores parecen herramientas oportunas en el mundo que nos ha tocado vivir. Esto nos lleva a pensar que los espacios públicos y privados son términos simplificados, definidos en base a conceptos de propiedad para organizar la ciudad. En cambio, sus usos y vivencias, su gestión y sus comportamientos se han complejizado, distorsionando la terminología convencional hasta hacerla obsoleta. En este contexto, considerado también el marco socioeconómico actual, surgen las “acciones de abajo a arriba” como nuevo paradigma o modelo de renovación urbana, que entienden la involucración del ciudadano como parte activa en el proceso de construcción de la urbe desde la misma gestación del proyecto, frente a las acciones habituales que consideran al usuario como mero receptor de las propuestas. Un ciudadano que parece estar cada vez más radicalizado y una administración que parece asustarse ante el desconcierto que el acercamiento al ciudadano puede acarrear, han ocasionado por un lado, espacios “gueto” de carácter casi anárquico y, por el otro lado, lugares tan institucionalizados que derivan en espacios asociados a la administración y ajenos al ciudadano. Por ello, se considera imprescindible la colaboración entre ambos poderes. De acuerdo con el discurso que precede, dentro de un marco comparativo, se estudian 5 supuestos seleccionados de las ciudades Madrid y Zaragoza. Madrid porque es referencia nacional e internacional en el desarrollo urbano a través de procesos ‘abajo arriba’. Zaragoza porque es una ciudad ‘media’ que históricamente no se ha definido por estrategias urbanas claras, ya sean de carácter social o institucional. Sin embargo, en el momento actual se pueden identificar planteamientos relacionados con la recuperación de construcciones y espacios vacantes que pueden ser determinantes a la hora de alcanzar equilibrios con los intensos procesos institucionales acaecidos en las dos últimas décadas. De los procesos urbanos registrados en cada lugar, desarrollados en construcciones y espacios vacantes, he seleccionado: Construcciones Vacantes Madrid |Tabacalera de Lavapiés Zaragoza | Antiguo I.E.S. Luis Buñuel y antiguo Convento de Mínimos Espacios Vacantes Madrid | Campo de Cebada [solar] Zaragoza | Patio ‘antiguo I.E.S. Luis Buñuel [espacio libre] y plaza Eduardo Ibarra [espacio libre] El proyecto de investigación ha partido de las hipótesis de partida que siguen: UNA… Las ‘acciones de abajo arriba’ o renovación desde abajo no tienen cabida como elementos urbanos aislados sino conectados entre sí, posibilitando la producción de sinergias y la construcción de la ciudad; pudiendo ser consideradas acciones de desarrollo y enlace urbano, pues su objetivo es convertirse en motores del espacio público. Cuestión que es aplicable al resto de los procesos o acciones urbanas [‘horizontales’ o ‘institucionales’] DOS… La capacidad de adaptación manifestada por las ‘acciones de abajo arriba’ implica un marco ideológico de referencia asociado a la importancia de la construcción con mínimos recursos [Re-ocupación y/o Re- Construcción de estructuras urbanas en desuso] en los procesos urbanos descritos, como vía para comprender los concepto sostenibilidad y calidad figurativa de lo construido. Cuestión que es aplicable a la recuperación de aquellos aspectos de la arquitectura que la convierten en necesaria para la sociedad. Y tiene como objetivo: Identificar modelos de sostenibilidad urbana como una estrategia que va de lo individual a lo colectivo y que se transmite fundamentalmente con la acción, mezclando la innovación y la tecnología en múltiples ámbitos, utilizando los recursos naturales e intelectuales de una manera eficiente y entendiendo la inteligencia humana y sobre todo la inteligencia colectiva, como principio y justificación. Se han analizado los siguientes aspectos: sociales [participación ciudadana e implicación de la administración pública], urbanos [conexiones con otros colectivos o espacios urbanos / transformaciones urbanas a través de los procesos de gestión utilizados], constructivos [materiales utilizados en la re-construcción de construcciones y espacios vacantes / sistemas constructivos utilizados] y los relacionados con la sostenibilidad [sostenibilidad económica / sostenibilidad de mantenimiento / sostenibilidad funcional / inteligencia colectiva] El estudio de los aspectos considerados se ha desarrollado con las herramientas metodológicas siguientes: Entrevistas abiertas a expertos: se han obtenido respuestas de 25 personas expertas [5 por cada espacio o construcción vacante] relacionadas con las acciones urbanas sostenibles, la cultura y las relaciones sociales, y que también conocen los lugares y su entorno desde los puntos de vista urbano y construido. Son ‘tipos ideales’ asociados a uno de los cinco poderes que se manifiestan en la ciudad: el poder educativo [la universidad], el poder creativo [la cultura], el poder administrativo [la política], el poder empresarial [la empresa privada] y los usuarios [un usuario activo y representativo de cada lugar elegido que haya intervenido en la gestación del proceso]. Han sido personas que conocían el tejido social y urbano de la ciudad de Zaragoza y Madrid, ya que la herramienta ‘entrevista abierta a expertos’, recoge datos y opiniones planteadas en las construcciones y espacios vacantes ubicados en Zaragoza y Madrid. Entrevistas cerradas a usuarios: como la población de usuarios que se somete a la investigación es infinita o muy grande, resulta imposible o inconveniente realizar la obtención de los datos sobre todos aquellos elementos que la forman. Por lo tanto, he decidido estudiar sólo una parte de la población que denomino ‘tipos ideales’, obteniendo respuestas de 150 usuarios [30 personas por cada espacio o construcción vacante]. La selección de grupos de personas entrevistadas, debe permitir que los resultados sean representativos de la población total de usuarios. Además, la elección de ‘tipos ideales’ se ha identificado con los vecinos de los núcleos urbanos [o barrios] en los que se ubican las construcciones o espacios vacantes analizados. Observación estructurada: recoger información a través de la observación me ha permitido conocer las actuaciones y comportamientos de los ciudadanos en el medio urbano. Esto ha facilitado el estudio del medio a nivel práctico, valorando el uso que la sociedad da a las construcciones y a los espacios vacantes analizados. Es importante posicionar la estrategia en relación con el tema de investigación propuesto. Una estrategia que dibuje un panorama plural, desarrollado a través de herramientas sociales y constructivas que permitan que la arquitectura hable de cosas parecidas a lo que interesa a la ciudadanía. Para ello, propuse un catálogo de herramientas arquitectónicas que han permitido evaluar todas las propuestas. Un contexto de estrategias comunes que han descrito con los mismos códigos las distintas actuaciones analizadas. Estas herramientas tocan diferentes campos de interés. Desde las partes más tectónicas y constructivas, hasta las más ligadas con el desarrollo urbanístico y social. Acciones de participación colectiva: Experiencias o laboratorios urbanos participados por los alumnos del grado de arquitectura de la UNIZAR y los agentes sociales. Las acciones son una herramienta propositiva. Investigar y analizar proponiendo ha permitido que el análisis del contexto pueda llegar a capas de mucha más profundidad. No se ha trabajado estableciendo jerarquías de profesores y alumnos, sino que se ha intentado posibilitar la conexión de distintos agentes que trabajan coordinadamente durante el tiempo que han durado las acciones. Por un lado esto ha permite que cada integrante haya aportado al grupo lo que mejor sabe hacer y de la misma manera, que cada uno pueda aprender aquello de lo que tenga más ganas… y reflexionar sobre determinados aspectos objeto del análisis. Una vez interpretados los resultados, obtenidos a través de las herramientas metodológicas referenciadas, se ha concluido lo que sigue: Respecto de la Hipótesis de partida UNO LAS ACCIONES ‘ABAJO ARRIBA’ han revelado que no se puede entender ningún proceso de gestión urbana fuera de la participación ciudadana. El ‘ESPACIO LIBRE’ de una ciudad necesita lugares de autogestión, espacios de cogestión, movimientos de ‘arriba abajo’ y también modelos que todavía no sabemos ni que existen. LAS ACCIONES INSTITUCIONALES ‘ARRIBA ABAJO’ han demostrado que no han presentado permeabilidad ni relación con las circulaciones de entorno. Tampoco han tenido en cuenta a otras muchas personas, ‘usuarios productores’, a las que les interesan los procesos de búsqueda y las fórmulas de conexión más interactivas. Respecto de la hipótesis de partida DOS LAS ACCIONES ‘ABAJO ARRIBA’ han revelado que el ‘derecho a la ciudad’, paradigma defendido por Lefebvre desde el cual se piensa el urbanismo ciudadano, en estos supuestos podría entenderse como el ‘derecho a la infraestructura’. El ESPACIO LIBRE es infraestructura y se quiere para infraestructurar los derechos de cada uno. Y aunque también es verdad que estas acciones son simples destellos, han hecho visible otro paradigma de gestión y propuesta urbana que puede ser predominante en un futuro próximo. LAS ACCIONES INSTITUCIONALES ‘ARRIBA ABAJO’ han revelado que las intervenciones estuvieron enfocadas únicamente a la resolución de los procesos constructivos y a la incorporación del programa como un dato ‘problema’ que era necesario resolver para evitar la afección al diseño. ABSTRACT The new urban ways of behaviour let us watch more and more frequently in our streets and squares, realities that we had always considered as domestic. This also happens the other way round. Every day we have to go through situations at home which imply relationships with people who don’t belong to our family circle. The domestic design of our cities and the urban planning of indoor design seem to be adequate tools in the world we have to live in. This leads us to think that public and private spaces are simplified terms, defined according to concepts of property in order to organise the city. On the other hand, its uses and the experiences of people, its management and ways of behaviour is now more complex, changing the conventional terminology that has become outdated. In this context, ‘bottom-up’ actions arise as a new paradigm or model of urban renewal. These actions consider the active role of social participation in the process of building up the city from the very beginning, in comparison with the former way of acting that considered the user as mere receptor of the proposals. A citizen who seems to become more and more radical, and an administration that seems to be afraid of the unknown, have created both almost anarchic ghetto spaces and, on the other hand, spaces which have been so institutionalised that derive into areas associated to the administration but alienated from the citizen. For this reason, cowork of both forces is considered as crucial. In accordance with the above mentioned ideas and within a comparative framework, five situations chosen from the cities of Madrid and Zaragoza are studied. Madrid because is a national and international reference in urban development that uses “bottom-up” processes. Zaragoza because is a “medium-size” city that, historically, has not been defined by clear social or institutional urban strategies. Nevertheless, at the present time we can identify approaches on the recovery of constructions and empty areas that may be determining for reaching a balance with the intense institutional processes that have taken place in the two last decades. From the urban processes registered in every place and developed in vacant areas and constructions, I have chosen: Vacant constructions Madrid | Lavapiés Tobacco Factory Zaragoza | Old Secondary School Luis Buñuel and old Convent of the Minimos Vacant areas Madrid | Campo de Cebada [non-built site]. Zaragoza | Old courtyard of the secondary school and Eduardo Ibarra square [free space] The research project has been issued from the following starting hypotheses: ONE… “Bottom-up actions” or renewal from below have no place as isolated urban elements but as connected parts that can produce synergies and the construction of the city, and that can also be considered as actions producing urban development and links. This can also be applied to the rest of urban processes or actions [‘horizontal’ or ‘institutional’]. TWO… The capacity of adaptation shown by “bottom-up actions” implies an ideological framework of reference which is related to the importance of construction with minimal resources (re-occupation and/or reconstruction of urban structures in disuse) in the above mentioned urban processes, as a way for understanding the concepts of sustainability and the representational quality of what has been constructed. This can also be applied to the recovery of those architectural aspects that make architecture necessary for society. And its objective is: Identify models of urban sustainability as a strategy going from the individual to the collective, which are mainly transferred by action and that mix innovation and technology in many fields. Models that use natural and intellectual resources in an efficient way, and understand human intelligence and, above all, collective intelligence, as principle and justification. The following aspects have been analysed: social [civic participation and involvement of the public Administration], urban [connections with other collectives or urban spaces / urban transformation by the processes of administration used], constructive [materials used for the re-construction of empty spaces / construction systems used] and those focusing on sustainability [economic sustainability /maintenance sustainability /functional sustainability / collective intelligence]. For researching into the above mentioned aspects, the following methodological tools have been developed: Open interviews with experts: answers from 25 experts have been obtained [five for every vacant space or empty construction] on sustainable urban actions, culture and social relations, who also know the places and their environment from an urban and constructive point of view. These are “ideal types” linked to one of the five powers acting in the city: the educational power [University], the creative power [culture], the administration power [politics], the corporate power [private companies] and the users [an active and representative user for every place selected during the establishment of the process]. They were people who knew the social and urban fabric of Zaragoza and Madrid, since the “open interview for experts” tool collects data and points of view set out in vacant constructions and spaces of Zaragoza and Madrid. Close interviews with users: as the number of users targeted for the research is very big or infinite, it is impossible or inconvenient to get data from all its constituent parts. Therefore, I have decided to research into the part of the population that I call “ideal types”, obtaining answers from 150 users [30 people for every empty space or construction]. The selection of the groups of people interviewed must produce results which are representative of the total population of users. Furthermore, the election of “ideal types” has been identified with the inhabitants of urban areas [or city districts] in which the vacant spaces or constructions analysed are located. A structured observation: I have known the actions and ways of behaving of the citizens in the urban environment by means of collecting information after observation. Therefore, the practical research into the target environment has been easier by valuing the use that society gives to the empty constructions and spaces analysed. It is important to position the strategy with respect to the research subject proposed. It involves a strategy able to get an overview of a plural landscape, developed by social and constructive tools, allowing architecture to talk about topics which are interesting for city dwellers. Therefore, I proposed a set of architectural tools to evaluate all the proposals. A context of common strategies describing the different actions analysed by using the same codes. These tools focus on different fields of interests, from the most tectonic and constructive parts, to the most related to urban and social development. Actions on collective participation: experiences or urban laboratories shared by the students of architecture of the University of Zaragoza and social agents. The actions are a proactive tool. Researching and analysing by means of proposing, has allowed me to analyse the context and much deeper layers. This work has not been done by establishing ranks of professors and student, but trying to get an interaction between the different agents who work in close coordination during the implementation of the actions. This has allowed every agent to contribute the group what they do the best, and also every individual has had the possibility to learn what s/he prefers…, thinking about the different aspects targeted by the analysis. Once the different methodological tools have been interpreted, this is the conclusion: With regard to the initial hypothesis ONE “BOTTOM-UP” ACTIONS have proven that no process of urban management can be understood outside civic participation. The “FREE SPACE” of a city needs self-managed places, co-managed spaces, “up-bottom” movements, and also models whose existence is still ignored. “UP-BOTTOM” INSTITUTIONAL ACTIONS have proven that they have not presented neither permeability nor relation with local ideas. They have also disregarded many other people, the “usersproducers”, who are interested in the most interactive means of searching and connecting processes. With regard to the initial hypothesis TWO Under these premises, “BOTTOM-UP” ACTIONS have shown that the “right to the city”, a paradigm defended by Lefebvre and from which citizen-focused urbanism is conceived, could be considered as a “right to the infrastructures”. A FREE SPACE is an infrastructure and must be used to “infrastructure” the rights of every citizen. And, even though it is true that these actions are mere flashes, they have made visible another paradigm of management and urban proposal that can be prevailing in a near future. “UP-BOTTOM” INSTITUTIONAL ACTIONS have revealed that the interventions have only focused on resolving construction processes and the incorporation of the program as a “problem” data that was necessary to resolve in order to avoid its influence on the design.

Capitalismo e direitos humanos de solidariedade: elementos para uma crítica

Nosso estudo busca identificar a conexão material entre o capitalismo e os direitos humanos de solidariedade. Esses direitos, segundo a teoria jurídica e as declarações internacionais, ao contemplarem toda a humanidade, ao conceberem o gênero humano como sujeito de direito, são a mais elevada expressão do progresso da consciência humana no que concerne a dignidade do homem e as ameaças contra a vida coletiva na Terra. Nós propomos, ao contrário, que os direitos humanos de terceira geração exprimem as formas mais abstratas do capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente aquelas que correspondem à finança e à mundialização do capital. A sociedade burguesa internacionalizada tornou-se ela mesma, em suas categorias fundamentais, mais abstrata, e as categorias jurídicas seguiram este mesmo movimento. E de modo similar ao que sucede com os direitos humanos de primeira geração e de segunda geração, as palavras charmosas apresentadas pelo humanismo jurídico portam, discretamente, a exploração capitalista. Os direitos ao patrimônio comum da humanidade, ao meio ambiente sadio, ao desenvolvimento e mesmo o direito à paz, cada um deles reproduz os meios de apropriação e organização capitalista do imperialismo os mesmos meios que dão suporte aos lucros privados sobre os bens coletivos, que mantêm a dominação imperialista e que preparam as guerras no interior do sistema de Estados. O idealismo e a visão romântica sobre os direitos humanos escondem esta contradição, e é preciso expô-la, é preciso superar a ideologia jurídica. Nossa crítica marxista, realizada pela crítica do capital e de sua forma jurídica em escala internacional, é um esforço nesta direção.

The Future Direction of Delaware Law (Including a Brief Exegesis on Fee Shifting Bylaws)

Delaware sets the governance standards for most public companies. The ability to attract corporations could not be explained solely by the existence of a favorable statutory regime. Delaware was not invariably the first or the only state to implement management friendly provisions. Given the interpretive gaps in the statute and the critical importance of the common law in the governance process, courts played an outsized role in setting legal standards. The management friendly nature of the Delaware courts contributed significantly to the state’s attraction to public corporations. A current example of a management friendly trend in the case law had seen the recent decisions setting out the board’s authority to adopt bylaws under Section 109 of the Delaware General Corporation Law (DGCL), particularly those involving the shifting of fees in litigation against the corporation or its directors. The DGCL allows bylaws that address “the business of the corporation, the conduct of its affairs, and its rights or powers or the rights or powers of its stockholders, directors, officers or employees.” The broad parameters are, however, subject to limits. Bylaws cannot be inconsistent with the certificate of incorporation or “the law.” Law includes the common law. The Delaware courts have used the limitations imposed by “the law” to severely restrict the reach of shareholder inspired bylaws. The courts have not used the same principles to impose similar restraints on bylaws adopted by the board of directors. This can be seen with respect to bylaws that restrict or even eliminate the right of shareholders to bring actions against management and the corporation. In ATP Tour, Inc. v. Deutscher Tennis Bund the court approved a fee shifting bylaw that had littl relationship to the internal affairs of the corporation. The decision upheld the bylaw as facially valid.The decision ignored a number of obvious legal infirmities. Among other things, the decision did not adequately address the requirement in Section 109(b) that bylaws be consistent with “the law.” The decision obliquely acknowledged that the provisions would “by their nature, deter litigation” but otherwise made no effort to assess the impact of this deterrence on shareholders causes of action. The provision in fact had the practical effect of restricting, if not eliminating, litigation rights granted by the DGCL and the common law. Perhaps most significantly, however, the bylaws significantly limited common law rights of shareholders to bring actions against the corporation and the board. Given the high dismissal rates for these actions, fee shifting bylaws imposed a meaningful risk of liability on plaintiffs. Moreover, because judgments in derivative suits were paid to the corporation, shareholders serving as plaintiffs confronted the risk of liability without any offsetting direct benefit. By preventing suits in this area, the bylaw effectively insulated the behavior of boards from legal challenge. The ATP decision was poorly reasoned and overstepped acceptable boundaries. The management friendly decision threatened the preeminent role of Delaware in the development of corporate law. The decision raised the specter of federal intervention and the potential for meaningful competition from the states. Because the opinion examined the bylaw in the context of non-stock companies, the reasoning may remain applicable only to those entities and never make the leap to for-profit stock corporations. Nonetheless, the analysis reflects a management friendly approach that does not adequately take into account the impact of the provision on the rights of shareholders.

Reaching for a Calculator or a Mirror? Why the EU Joins International Human Rights Treaties. EU Diplomacy Paper 01/2013

Why does the European Union (EU) join international human rights treaties? This paper develops motivational profiles pertaining either to a ‘logic of appropriateness’ or a ‘logic of consequentialism’ in order to answer this question. It compares the EU’s motivations for its recent accession to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) with those dominating the EU’s nonaccession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention). Based on this cross-case analysis, I argue that the EU’s accession decisions are best viewed as cost-benefit calculations and explained by the strength of opposition and the desire to spread its norms. The EU is only marginally concerned with efforts to construct an ‘appropriate role’, although its accession considerations are positively influenced by (varying degrees) of an internalized commitment to human rights. The paper aims at deepening the understanding of the EU’s motivations in the paradigmatic hard case of accession to international human rights treaties not least to evaluate the EU’s ‘exceptional nature’, facilitate its predictability for stake-holders and contribute to political and ethical debates surrounding future rites of passage as a global actor.

European Criminal Law and General Principles of Union Law. Research Papers in Law, 5/2005

From the Introduction. The European Court of Justice, partly followed in this by the European legislator, has regulated Community law and policy through a set of general principles of law. For the Community legal order in the first pillar, general legal principles have developed from functional policy areas such as the internal market, the customs union, the monetary union, the common agricultural policy, the European competition policy, etc., which are of great importance for the quality and legitimacy of Community law. The principles in question are not so much general legal principles of an institutional character, such as the priority of Community law, direct effect or Community loyalty, but rather principles of law which shape the fundamental rights and basic rights of the citizen. I refer to the principle of legality, of nulla poena, the inviolability of the home, the nemo tenetur principle, due process, the rights of the defence, etc. Many of these legal principles have been elevated to primary Community law status by the European Court of Justice, often as a result of preliminary questions. Nevertheless, a considerable number of them have also been elaborated in the context of contentious proceedings before the Court of Justice, such as in the framework of European competition law and European public servants law.

Saving the Monopsony: Exclusivity, Innovation and Market Power in the Media Sector. Research Papers in Law, 7/2006

From the Introduction. The Media Sector has experienced a technological revolution in the last 15 years. Digital encoding of television signals made possible a more efficient use of the radiospectrum. Digital terrestrial television (hereinafter, “DTT”) allows now for the reception of a significant number of free-to-air channels.1 Moreover, the use of new transmission platforms (hereinafter,“platforms”), namely cable and direct-to-home satellite (hereinafter, “DTH”) paved the way for the arrival in Europe of pay-TV operators, which finance their activities mainly via subscription fees. This changing technological landscape is subject to further evolution in the near future, as incumbent telecommunications operators become increasingly interested in making available broadcasting content2 as part of their broadband offer and 3G mobile handsets can be used for the reception of TV signals....The present paper seeks to ascertain whether the Commission “regulatory approach” towards the exclusive sale of premium content is a sound one, in particular in view of the constant technological evolution outlined above. The assumptions underlying landmark Commission decisions will be compared with recent developments of the media sector in Italy. In the NewsCorp./Telepiù case, decided in 2003, the Commission imposed very strict conditions to allow the merger giving birth to Sky Italia, on the assumption that the operation created a lasting near-monopsony in the different upstream markets for the acquisition of premium intervened against the media conglomerate Mediaset (which controls, inter alia, the main three private free-to-air channels in Italy) for an alleged abuse of dominant position.17 In fact, and contrary to the forecasts made by the Commission, Mediaset was in a position to acquire the broadcasting rights of the main Italian football teams, thereby excluding the incumbent (and near-monopolist) pay-TV operator, Sky Italia. This may go to show that the reality of the sector is more complex and evolves faster than one may infer from the Commission practice, thus putting into question its stance regarding exclusivity. The experience of the evolution of the Italian media sector will be used as the starting point for the evaluation of alternative regulatory options.

Legal privilege for in-house lawyers in the light of AKZO: a matter of law or policy? Research Papers in Law, 05/2011

From introduction. This paper discusses the arguments in favour of extending legal privilege to in-house lawyers in the light of the CJEU‟s judgement in AKZO. The previous jurisprudence is unambiguous, as the Court clearly stated in AM & S that the confidentiality of written communications between an undertaking and its lawyer is protected under Union law only when two cumulative conditions are fulfilled: they must be connected to the exercise of the client‟s rights of defence and the lawyer must be independent, that is, “not bound to the client by a relationship of employment”.1 This protection also applies to internal notes confined to reporting the content of communications with independent lawyers containing legal advice.2

Freedom of religion in Turkey - The Alevi issue. EPC Commentary, 24 January 2014

Freedom of religion is a fundamental right that must be protected and respected by states. While Turkey has taken important steps in advancing religious freedoms over the last decade, a number of challenges remain. Turkey’s Alevi Community continues to face serious problems in terms of being officially recognised by the state and in practicing their religion. While Turkey is officially a secular country, Sunni Islam is the unofficial state religion. Despite Ankara being a signatory of several international conventions and treaties that guarantee fundamental freedoms for all, key fundamental rights of Alevis remain ignored by the state. Last September, hopes were raised that a new “democratisation package” would include steps to further their freedoms but it failed to do so, with the government announcing that a ‘special’ Alevi reform package would be unveiled by the end of 2013. This did not happen.

Ukraine: sovereign decentralisation or federalism without sovereignty? OSW Commentary No. 133, 18.04.2014

A key element of Russia’s policy towards the new government of Ukraine concerns demands for a constitutional reform that would transform the country from a unitary into a federal state in a way that would considerably privilege the eastern and southern regions. Such a change to Ukraine’s administrative system would enable Moscow to put pressure on Ukraine’s central government via the regions. In order to achieve its objectives, Russia has been pressuring Kyiv to establish a constitutional assembly in a form that would guarantee the endorsement of solutions dictated by Russia. In other words, Russia has been demanding, in what is practically an ultimatum, that Ukraine give up one of the fundamental sovereign rights of a state, the right to freely determine its system of government. Transforming Ukraine into a federal state is an unacceptable idea, primarily because the intention behind Russia’s demands is to undermine Ukraine’s sovereignty, both through the content of the proposed changes and the way in which they are to be implemented. However, keeping in place the current, centralist model of state governance is not a feasible alternative. Ukraine will have to grant its regions broad self-governance powers, including the power to hold local referendums, and to transfer a considerable portion of the prerogatives currently held by the state to the local self-governments, along with adequate financial resources. That is because decentralisation along these lines is the only way forward towards a modern democracy in Ukraine. Russia’s policy has forced Kyiv to undertake legislative work on constitutional reform as a matter of urgency, rather than waiting until a new parliament is elected in which the new, post-Maidan balance of political power will be reflected, as political logic would require. The first draft of the constitutional amendments (of which no details are known at this stage) is to be presented in mid-May, and is expected to come into force in early autumn. However, whether these plans can be put into practice depends on further developments in the eastern part of Ukraine, because (among other reasons) if a state of emergency is introduced, the constitutional amendment process will have to be suspended.

The End of the Transitional Period for Police and Criminal Justice Measures Adopted before the Lisbon Treaty: Who monitors trust in the European Criminal Justice area? CEPS Liberty and Security in Europe No. 74, December 2014

This study examines the legal and political implications of the forthcoming end of the transitional period for the measures in the fields of police and judicial cooperation in criminal matters, as set out in Protocol 36 to the EU Treaties. This Protocol limits some of the most far-reaching innovations introduced by the Treaty of Lisbon over EU cooperation on Justice and Home Affairs for a period of five years after the entry into force of the Treaty of Lisbon (until 1 December 2014), and provides the UK with special ‘opt out/opt-in’ possibilities. The study focuses on the meaning of the transitional period for the wider European Criminal Justice area. The most far-reaching change emerging from the end of this transition will be the expansion of the European Commission and Luxembourg Court of Justice scrutiny powers over Member States’ implementation of EU criminal justice law. The possibility offered by Protocol 36 for the UK to opt out and opt back in to pre-Lisbon Treaty instruments poses serious challenges to a common EU area of justice by further institutionalising ‘over-flexible’ participation in criminal justice instruments. The study argues that in light of Article 82 TFEU the rights of the defence are now inextricably linked to the coherency and effective operation of the principle of mutual recognition of criminal decisions, and calls the European Parliament to request the UK to opt in EU Directives on suspects procedural rights as condition for the UK to ‘opt back in’ measures like the European Arrest Warrant.

New Approaches, Alternative Avenues and Means of Access to Asylum Procedures for Persons Seeking International Protection. CEPS Liberty and Security in Europe No. 77/ January 2015

This study examines the workings of the Common European Asylum System (CEAS), in order to assess the need and potential for new approaches to ensure access to protection for people seeking it in the EU, including joint processing and distribution of asylum seekers. Rather than advocating the addition of further complexity and coercion to the CEAS, the study proposes a focus on front-line reception and streamlined refugee status determination, in order to mitigate the asylum challenges facing Member States, and vindicate the rights of asylum seekers and refugees according to the EU acquis and international legal standards. Joint processing could contribute to front-line reception and processing capacity, but is no substitute for proper investment in national systems. The Dublin system as currently configured leads inexorably to increasing coercion and detention, and must thus be reconfigured to remove coercion as a principle and ensure consistency with human rights and other fundamental values of the EU.

A Comparative Analysis of Regulations on Involuntary Loss of Nationality in the European Union. CEPS Liberty and Security in Europe, 75/December 2014

This study examines the workings of the Common European Asylum System (CEAS), in order to assess the need and potential for new approaches to ensure access to protection for people seeking it in the EU, including joint processing and distribution of asylum seekers. Rather than advocating the addition of further complexity and coercion to the CEAS, the study proposes a focus on front-line reception and streamlined refugee status determination, in order to mitigate the asylum challenges facing Member States, and vindicate the rights of asylum seekers and refugees according to the EU acquis and international legal standards. Joint processing could contribute to front-line reception and processing capacity, but is no substitute for proper investment in national systems. The Dublin system as currently configured leads inexorably to increasing coercion and detention, and must thus be reconfigured to remove coercion as a principle and ensure consistency with human rights and other fundamental values of the EU.

The Second Phase of the Common European Asylum System: A Step Forward in the Protection of Asylum Seekers? IES WORKING PAPER 7/2013

The aim of this paper is to analyse what is the impact of the second phase of the creation of the Common European Asylum System (CEAS) in the protection of rights of Asylum Seekers in the European Union. The establishment of a CEAS has been always a part of the development of the Area of Freedom, Security and Justice. Its implementation was planned in two phases: the first one, focused on the harmonisation of internal legislation on minimum common standards; the second, based on the result of an evaluation of the effectiveness of the agreed legal instruments, should improve the effectiveness of the protection granted. The five instruments adopted between 2002 and 2005, three Directives, on Qualification, Reception Conditions and Asylum Procedures, and two Regulations, the so-called “Dublin System”, were subjected to an extensive evaluation and modification, which led to the end of the recasting in 2013. The paper discusses briefly the international obligations concerning the rights of asylum seekers and continues with the presentation of the legal basis of the CEAS and its development, together with the role of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in asylum matters. The research will then focus on the development in the protection of asylum seekers after the recasting of the legislative instruments mentioned above. The paper will note that the European standards result now improved, especially concerning the treatment of vulnerable people, the quality of the application procedure, the effectiveness of the appeal, the treatment of gender issues in decision concerning procedures and reception. However, it will be also highlighted that Member States maintained a wide margin of appreciation in many fields, which can lead to the compression of important guarantees. This margin concerns, for example, the access to free legal assistance, the definition of the material support to be granted to each applicant for international protection, the access to labour market, the application of the presumptions of the “safety” of a third country. The paper will therefore stress that the long negotiations that characterised the second phase of the CEAS undoubtedly led to some progress in the protection of Asylum Seekers in the EU. However, some provisions are still in open contrast with the international obligations concerning rights of asylum seekers, while others require to the Member State consider carefully its obligation in the choice of internal policies concerning asylum matters.

Citizenship in the discourse of Egyptian political parties. EUSpring Working Paper No. 6, June 2015 [also Citizenship Report no. 3]

The concept of citizenship is one of the most complicated in political and social sciences. Its long process of historical development makes dealing with it particularly complicated. Citizenship is by nature a multi-dimensional concept: there is a legal citizenship, referring first to the equal legal status of individuals, for instance the equality between men and women. Legal citizenship also refers to a political dimension, the right to start and/or join political parties, or political participation more broadly. Thirdly, it has a religious dimension relating to the right of all religious groups to equally and freely practice their religious customs and rituals. Finally, legal citizenship possesses a socio-economic dimension related to the non-marginalisation of different social categories, for instance women. All of these dimensions, far from being purely objects of legal texts and codifications, are emerging as an arena of political struggle within the Egyptian society. Citizenship as a concept has its roots in European history and, more specifically, the emergence of the nation state in Europe and the ensuing economic and social developments in these societies. These social developments and the rise of the nation state have worked in parallel, fostering the notion of an individual citizen bestowed with rights and obligations. This gradual interaction was very different from what happened in the context of the Arab world. The emerging of the nation state in Egypt was an outcome of modernisation efforts from the top-down; it coercively redesigned the social structure, by eliminating or weakening some social classes in favour of others. These efforts have had an impact on the state-society relation at least in two respects. First, on the overlapping relation between some social classes and the state, and second, on the ability of some social groups to self-organise, define and raise their demands. This study identifies how different political parties in Egypt envision the multi-dimensional concept of citizenship. We focus on the following elements: Nature of the state (identity, nature of the regime) Liberties and rights (election laws, political party laws, etc.) Right to gather and organise (syndicates, associations, etc.) Freedom of expression and speech (right to protest, sit in, strike, etc.) Public and individual liberties (freedom of belief, personal issues, etc.) Rights of marginalised groups (women, minorities, etc.)