680 resultados para GRUPOS ETNICOS - DERECHOS POLITICOS Y CIVILES - BOGOTA (COLOMBIA) - 2004-2007


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El aprendizaje en línea proporciona desde hace mucho tiempo, la esperanza de acceder a educación de calidad a cualquier persona, en cualquier parte del mundo. El reciente desarrollo de cursos en línea masivos abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés) representa un nuevo y emocionante avance en este sentido, al ofrecer el desarrollo de habilidades profesionales y de enseñanza en los más altos niveles académicos. Hoy en día, cualquier persona con los recursos mínimos para acceder a Internet podría tomar un MOOC, a menudo de forma gratuita, impartidos por las principales universidades del mundo. En enero de 2015, se puso en marcha la Iniciativa de Fomento de MOOC para el Desarrollo (AMDI, por sus siglas en inglés) financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en asociación con IREX, el programa TASCHA (Grupo de Tecnología y Cambio Social) de la universidad de Washington y CourseTalk. Los objetivos de la Iniciativa fueron tres: (1) Recopilar datos sobre el uso de cursos en línea masivos abiertos (MOOC) en países en desarrollo para comprender con mayor profundidad su potencial para mejorar las oportunidades de empleo; (2) Concientizar sobre MOOC a dirigentes políticos, empresarios y al público en general; y (3) Determinar los factores que podrían conducir a un mayor uso de MOOC y a tasas más elevadas de finalización de cursos en línea.

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This dissertation documents the everyday lives and spaces of a population of youth typically constructed as out of place, and the broader urban context in which they are rendered as such. Thirty-three female and transgender street youth participated in the development of this youth-based participatory action research (YPAR) project utilizing geo-ethnographic methods, auto-photography, and archival research throughout a six-phase, eighteen-month research process in Bogotá, Colombia. ^ This dissertation details the participatory writing process that enabled the YPAR research team to destabilize dominant representations of both street girls and urban space and the participatory mapping process that enabled the development of a youth vision of the city through cartographic images. The maps display individual and aggregate spatial data indicating trends within and making comparisons between three subgroups of the research population according to nine spatial variables. These spatial data, coupled with photographic and ethnographic data, substantiate that street girls’ mobilities and activity spaces intersect with and are altered by state-sponsored urban renewal projects and paramilitary-led social cleansing killings, both efforts to clean up Bogotá by purging the city center of deviant populations and places. ^ Advancing an ethical approach to conducting research with excluded populations, this dissertation argues for the enactment of critical field praxis and care ethics within a YPAR framework to incorporate young people as principal research actors rather than merely voices represented in adultist academic discourse. Interjection of considerations of space, gender, and participation into the study of street youth produce new ways of envisioning the city and the role of young people in research. Instead of seeing the city from a panoptic view, Bogotá is revealed through the eyes of street youth who participated in the construction and feminist visualization of a new cartography and counter-map of the city grounded in embodied, situated praxis. This dissertation presents a socially responsible approach to conducting action-research with high-risk youth by documenting how street girls reclaim their right to the city on paper and in practice; through maps of their everyday exclusion in Bogotá followed by activism to fight against it.^

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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad

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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad

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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad

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Videos de las presentaciones efectuadas en el II Taller de Innovación Educativa de la EIIC. Donde se pretende conocer las experiencias docentes innovadoras llevadas a cabo por profesores tanto de la Escuela como de la Universidad. Ponencias: Experiencias en el desarrollo de materiales didáctivos... / P.M. Hernández Castellano; Aprendizaje por proyectos utilizando tecnologías y robots.../ Daura Vega Moreno; El repositorio institucional Acceda... / Avelina Fernández; Experiencias en el uso de OpenULPGC en la formación on-line/ Luis Álvarez; UBILINGUA para un aprendizaje IFE de la ULPGC/ Soraya García Sänchez y Carmen Luján; Análisis de la opinión de los estudiantes sobre la aplicación de trabajo colaborativo.../ J.M. Herrera Melián.

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Documento elaborado por CERMI en el que se hace un resumen de las propuestas sociales dirigidas a la defensa y el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad con el objetivo de convertirse en compromisos adquiridos por los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 26 de junio de 2016. Hace hincapié en la accesibilidad, la inclusión laboral y educativa, la autonomía personal, el espacio socio-sanitario, las mujeres con discapacidad y la imagen social, entre otros temas.

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Estudio esclarecedor y certero que partiendo del análisis de la discapacidad desde una visión de derechos fundamentales, tal y como recoge nuestra Constitución, desarrolla un serio trabajo de investigación sobre materias que hasta el momento todavía no han sido tratadas adecuadamente por el legislador, como son el aborto por razón de discapacidad, la esterilización no consentida, la participación política y la restricción del derecho de sufragio, y el derecho a la educación inclusiva.

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El Cermi recibió en 2011 el mandato de realizar el seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España. El documento que se reseña aquí corresponde al informe de 2012 y consta de cuatro partes. En la primera, se repasa la Convención artículo por artículo, señalándose las vulneraciones, buenas prácticas y resoluciones judiciales relativas a cada uno de ellos, así como propuestas de mejora. El segundo capítulo analiza estadísticamente las quejas recibidas por el Cermi y hace balance de la actuación de esta ONG en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El tercer apartado del documento examina los informes presentados en torno a esta cuestión por la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad, y los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos. Finalmente, se recoge el informe de la Clínica Jurídica llevada a cabo por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en torno al trato dispensado a un joven de nacionalidad marroquí con discapacidad sobrevenida.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presenta, un año más, su informe sobre discapacidad y derechos humanos, que analiza la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de este colectivo. Al igual que en ediciones anteriores, se ha tomado como fuente las consultas y denuncias de vulneración de derechos de personas con discapacidad recibidas ante el propio Cermi; las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo propio de la entidad; las consultas y denuncias de personas y entidades colaboradoras, tanto del movimiento asociativo como pertenecientes a distintos ámbitos jurídicos; y las noticias publicadas en prensa o difundidas en redes sociales, así como la actividad de los diferentes operadores jurídicos.

El informe, correspondientea 2014, consta de cuatro partes. El capítulo central y el más extenso analiza la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, siguiendo el orden de los artículos de la Convención. El examen incorpora una síntesis del artículo, seguido de una descripción de la situación de las personas con discapacidad en ese ámbito; las vulneraciones o denuncias recibidas por el Cermi o por otros operadores jurídicos; los avances en el cumplimiento de los derechos, así como propuestas de mejora. El siguiente apartado del documento analiza los informes con consultas o quejas en torno a esta cuestión presentados por la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), y los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos. Finalmente, se recogen dos observaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones relativas al igual reconocimiento como persona ante la ley, y a la accesibilidad.

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La misión del CERMI es articular y vertebrar el movimiento social español de la discapacidad para alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades. Dentro de esta misión, y en calidad de organismo independiente para el seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante Convención o CDPD), se incardina este VIII Informe 2015 que describe la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.

La inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho en igualdad de oportunidades, tal y como consagra la Convención, es una labor que le corresponde a toda la sociedad. Por ello, la información que contiene el presente informe permite, a través de la denuncia y la reivindicación, que los operadores jurídicos en particular y la sociedad en general, tomen conciencia de estas realidades vulneradas, y que por tanto puedan conocer los ámbitos de actuación necesaria y de respeto obligado.

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La libertad de expresión, entendido como el derecho de informar y ser informado son parte esencial de nuestros derechos humanos. Cualquier circunstancia que limite esos derechos atropella la dignidad humana. Existe una abundante y explícita normativa de derechos humanos que buscan garantizar el libre ejercicio de la comunicación: instrumentos internacionales y regionales y una reiterada jurisprudencia. El derecho humano de libertad de expresión es entendido como el derecho a expresarse, buscar y recibir información. Censurar o limitar ciertas publicaciones o establecer mecanismos que restringen el acceso a información pública son formas sutiles de atropellar esos derechos. El recurrir a figuras penales como el desacato o insulto a funcionarios o delitos contra el honor podrían activarse y tornarse amenazantes para el que ejerce el periodismo. Esta sería una forma de silenciar cualquier cuestionamiento a figuras públicas en detrimento de un principio fundamental de toda democracia. Suerte parecida corre el derecho de reconocer el secreto profesional del periodista y la expresión del pluralismo. De hecho que al igual que en otros campos como el laboral, salud, alimentación, el derecho a un ejercicio digno de la comunicación también es susceptible de verse amenazado. Abstract An essential aspect of our human rights is that we have freedom to express ourselves and to be informed. There are wide and specific human rights regulations, which seek to guarantee the freedom of expression: international and national instruments and reiterative jurisprudence. Two main principles that set the foundation for freedom of expression are liberty to express oneself and liberty to obtain and search for information. Censuring or limiting certain publications, as well as setting up mechanisms to restrict people’s access to public information, are subtle ways of threatening these rights.