898 resultados para Criminal Tax Law
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Many countries treat income generated via exports favourably, especially when production takes places in special zones known as export processing zones (EPZs). EPZs can be defined as specific, geographically defined zones or areas that are subject to special administration and that generally offer tax incentives, such as duty‐free imports when producing for export, exemption from other regulatory constraints linked to import for the domestic market, sometimes favourable treatment in terms of industrial regulation, and the streamlining of border clearing procedures. We describe a database of WTO Members that employ special economic zones as part of their industrial policy mix. This is based on WTO notification and monitoring through the WTO’s trade policy review mechanism (TPRM), supplemented with information from the ILO, World Bank, and primary sources. We also provide some rough analysis of the relationship between use of EPZs and the carbon intensity of exports, and relative levels of investment across countries with and without special zones.
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Economic models of crime have focused primarily on the goal of deterrence; the goal of incapacitation has received much less attention. This paper adapts the standard deterrence model to incorporate incapacitation. When prison only is used, incapacitation can result in a longer or a shorter optimal prison term compared to the deterrence-only model. It is longer if there is underdeterrence, and shorter if there is overdeterrence. In contrast, when a fine is available and it is not constrained by the offender's wealth, the optimal prison term is zero. Since the fine achieves first-best deterrence, only efficient crimes are committed and hence, there is no gain from incapacitation.
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Investigación sobre la actividad legislativa que se encuentra en el trasfondo de las reformas al Código Penal argentino. El período analizado comprende los años 2000-2009. A través de proyectos de ley y dictámenes de comisiones de las cámaras del Congreso de la Nación se analiza el proceso de creación de las leyes, y las representaciones de violencia e inseguridad que tienen los legisladores. Así, pueden desentrañarse diversas categorías de violencia, derechos, bienes tutelados y el rol de la política criminal en un Estado de derecho
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La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.
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Investigación sobre la actividad legislativa que se encuentra en el trasfondo de las reformas al Código Penal argentino. El período analizado comprende los años 2000-2009. A través de proyectos de ley y dictámenes de comisiones de las cámaras del Congreso de la Nación se analiza el proceso de creación de las leyes, y las representaciones de violencia e inseguridad que tienen los legisladores. Así, pueden desentrañarse diversas categorías de violencia, derechos, bienes tutelados y el rol de la política criminal en un Estado de derecho
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La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.
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Investigación sobre la actividad legislativa que se encuentra en el trasfondo de las reformas al Código Penal argentino. El período analizado comprende los años 2000-2009. A través de proyectos de ley y dictámenes de comisiones de las cámaras del Congreso de la Nación se analiza el proceso de creación de las leyes, y las representaciones de violencia e inseguridad que tienen los legisladores. Así, pueden desentrañarse diversas categorías de violencia, derechos, bienes tutelados y el rol de la política criminal en un Estado de derecho
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La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.
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Chinese government commits to reach its peak carbon emissions before 2030, which requires China to implement new policies. Using a CGE model, this study conducts simulation studies on the functions of an energy tax and a carbon tax and analyzes their effects on macro-economic indices. The Chinese economy is affected at an acceptable level by the two taxes. GDP will lose less than 0.8% with a carbon tax of 100, 50, or 10 RMB/ton CO2 or 5% of the delivery price of an energy tax. Thus, the loss of real disposable personal income is smaller. Compared with implementing a single tax, a combined carbon and energy tax induces more emission reductions with relatively smaller economic costs. With these taxes, the domestic competitiveness of energy intensive industries is improved. Additionally, we found that the sooner such taxes are launched, the smaller the economic costs and the more significant the achieved emission reductions.
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Peer reviewed
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Despite the federal government’s well known expansive reach in creating and enforcing immigration law, the states retain substantial authority to play an important role in migrants’ lives. Through their traditional powers to adopt criminal statutes and police their communities, states can indirectly — but intentionally — inject themselves into the incidents of ordinary life as a migrant. Colorado’s human smuggling statute, currently being challenged before the state supreme court, illustrates this type of state regulation of migration. This essay addresses the statute’s reach, its shaky constitutional footing, and places it in a broader context in which states criminalize immigration-related activity.
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This short essay introduces a collection of articles that arose from the Denver University Law Review’s symposium Crimmigration: Crossing the Border Between Criminal Law and Immigration Law, held in February 2015 at the University of Denver Sturm College of Law. The essay borrows heavily from the Epilogue to my book Crimmigration Law.
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Although marijuana possession remains a federal crime, twenty-three states now allow use of marijuana for medical purposes and four states have adopted tax-and-regulate policies permitting use and possession by those twenty-one and over. In this article, I examine recent developments regarding marijuana regulation. I show that the Obama administration, after initially sending mixed signals, has taken several steps indicating an increasingly accepting position toward marijuana law reform in states; however the current situation regarding the dual legal status of marijuana is at best an unstable equilibrium. I also focus on what might be deemed the last stand of marijuana-legalization opponents, in the form of lawsuits filed by several states, sheriffs, and private plaintiffs challenging marijuana reform in Colorado (and by extension elsewhere). This analysis offers insights for federalism scholars regarding the speed with which marijuana law reform has occurred, the positions taken by various state and federal actors, and possible collaborative federalism solutions to the current state-federal standoff.