987 resultados para derecho a una vivienda digna


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A partir de la década de 2000 se ha fortalecido la visibilidad estadística de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, mediante acciones conjuntas entre los diferentes actores involucrados que dieron como resultado recomendaciones específicas para los censos de 2010. En este artículo se examinan algunos avances observados en los censos, como la inclusión generalizada de las preguntas de autoidentificación para los pueblos indígenas y el aumento de los países que las incluyeron para los afrodescendientes, la mayor participación en los procesos censales, la ampliación del uso de pruebas piloto, la revisión de las preguntas, la identificación de los pueblos de pertenencia y la realización de campañas de sensibilización, entre otros. Junto con lo anterior, persisten importantes desafíos, ya que los avances son dispares, los procesos no están sistematizados y no hay informes técnicos que den cuenta de ellos. Es necesario contribuir al fortalecimiento de las etapas poscensales con la participación de los pueblos y crear o fortalecer la institucionalidad para la producción de estadísticas desagregadas.

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El derecho a la educaciónUna vez más nuestro boletín asume los desafíos planteados por la Declaración del Milenio y el enfoque de derechos humanos plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta vez examinamos el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación.

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En la sociedad europea crece la preocupación por el retorno de tendencias fascistas y neonazis y por la extensión de ideologías xenófobas y antisemitas, algunas de ellas alimentadas a partir de tesis de negacionistas de aquellos trágicos eventos de nuestra historia reciente. La lucha frente a los discursos negacionistas se ha llevado más allá del ámbito social y académico, y se ha propuesto la incorporación en los ordenamientos jurídicos europeos de tipos penales específicos que incriminan este tipo de discurso: negar, banalizar, o justificar el Holocausto u otros genocidios o graves crímenes contra la humanidad. Esta legislación, que encuentra su mayor expresión en la Decisión marco 2008/913/JAI, aunque castiga un discurso socialmente repugnante, sin embargo presenta dudas en cuanto a su legitimidad con un sistema de libertades erigido sobre el pilar del pluralismo propio de los Estados democráticos. Surge así la cuestión de si pueden estar surgiendo «nuevos» delitos de opinión y a ello se dedica entonces la presente tesis. El objetivo concreto de este trabajo será analizar esta política-criminal para proponer una configuración del delito de negacionismo compatible con la libertad de expresión, aunque se cuestionará la conveniencia de castigar penalmente a través de un específico delito este tipo de conductas. En particular se pretende responder a tres preguntas: en primer lugar, ¿el discurso negacionista debe ampararse prima facie por la libertad de expresión en un ordenamiento abierto y personalista y cuáles podrían ser las «reglas» que podrían servir como criterio para limitar este género de manifestaciones? La segunda pregunta sería entonces: ¿Cómo podría construirse un tipo penal respetuoso con los principios constitucionales y penales que específicamente incriminara este género de conductas? Y, como última pregunta: ¿Es conveniente o adecuada una política criminal que lleve a crear un específico delito de negacionismo?