First victims then perpetrators: child soldiers and International La

Este artículo examina la cuestión de los niños soldados en el Derecho Internacional. Después de haber hecho algunas observaciones preliminares sobre el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario sobre la protección de los derechos de los niños que se encuentren en un conflicto armado, el artículo revisa la prohibición del reclutamiento de los menores y la responsabilidad penal personal de los que los reclutan. También, será analizada la jurisprudencia sobre el reclutamiento de los niños. En la cuarta parte del artículo, se dará cuenta de la hipótesis de los menores autores de crímenes internacionales y se considerarán los enfoques de la justicia retributiva y de la justicia restaurativa

Entre la gobernanza social e institucional: Una mirada al fenómeno de la trata de personas en Colombia en el período entre 2000 y 2012

La presente monografía tiene por objetivo identificar la influencia de las acciones emprendidas por la sociedad civil y las organizaciones internacionales frente a la problemática de la trata de personas en Colombia, durante el período comprendido entre los años 2000 y 2012. En este sentido, la investigación constituye un esfuerzo por develar las transformaciones en las narrativas institucionales que han posibilitado el reconocimiento de los elementos de prevención y centralidad de las víctimas, como ejes articuladores del discurso gubernamental frente a la trata de personas. Para ello, se hace uso de la teoría de la gobernanza global enmarcada en el enfoque constructivista de las Relaciones Internacionales, en tanto permite establecer una relación entre las acciones de los diferentes actores y el impacto de estas en la construcción de estrategias nacionales para hacer frente a problemáticas que, como la trata de personas, se encuentran en estrecha relación con el mundo globalizado.

Diferencias entre la regla de exclusión probatoria nacional y la regla de exclusión del Derecho Internacional Penal: análisis de tres casos de injerencias en comunicaciones privadas.

Teniendo en cuenta tres casos dentro del contexto del conflicto armado donde la jurisdicción penal colombiana estudia la admisión o exclusión de medios probatorios producidos a partir de injerencias de comunicaciones, encontramos que no siempre se aplica la regla de exclusión cuando no cuentan con una orden judicial previa. Ante este problema, buscamos como se ha solucionado, teniendo como referente la el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo anterior nos da base para entender la regla de exclusión de que se ha venido desarrollando dentro del Derecho Internacional Penal. Si bien estas reglas nos sirven para solucionar estos tres casos, terminan siendo contradictorios a lo que ha venido desarrollando la Corte Constitucional. De esta manera, si bien esta Corte consideró que la regla de Estatuto de Roma, va en concordancia con la nuestra regla de exclusión nacional, tal afirmación es errónea.

La participación de las ONG en Naciones Unidas y su contribución a la gobernanza global

El objetivo de este trabajo es analizar el fenómeno de la participación de las ONG en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las implicaciones del mismo en las dinámicas de la gobernanza global. Se explican los conceptos principales para el análisis y posteriormente se hace una revisión de los antecedentes que permitieron el desarrollo de dicho fenómeno dentro de la organización y fuera de ella. Luego se centra el análisis en la incidencia de las ONG en la ONU y para la gobernanza global; se concluye con una reflexión sobre lo que puede esperarse de esta incidencia para el futuro de la organización.

La desaparición forzada de personas: análisis crítico del derecho administrativo colombiano a través de los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Estudio de caso de los mal llamados “falsos positivos”

La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.

La protección de los flujos masivos en el ordenamiento jurídico internacional y en el Derecho venezolano

En caso de desplazamiento masivo, resulta imposible determinar inmediatamente de manera individual los temores de persecución de las personas que integran el grupo. Precisamente, ante la realidad desconsoladora de la promoción de una protección internacional exclusivamente aplicable a un tipo de refugiados casi inexistente, la cada vez menos frecuente determinación en grupo y prima facie de refugiados, la proliferación de estatutos subsidiarios, el aumento del desplazamiento interno y las restricciones que imponen los Estados por motivo de seguridad nacional u orden público, se consideró que un estudio sobre la protección de los flujos masivos podría facilitar la obtención de una visión general del estado actual de la protección temporal y de las obligaciones que se han desarrollado para hacer frente a tales contingencias. A partir del planteamiento inicial de los retos y obstáculos legales que este fenómeno ha planteado para los Estados receptores y para la evolución del Derecho internacional de los refugiados y de la inexistencia de un régimen jurídico internacional universal que regule la protección de los flujos masivos, se ha elaborado una construcción doctrinal y práctica sobre la protección de esta situación en el Derecho internacional, sistematizando los distintos elementos que se han ido incorporando a esta protección colectiva. Se ha analizado la protección de los flujos masivos con el ánimo de dotar de rasgos positivos a un concepto que ha sido considerado como un avance negativo en el ámbito de la protección internacional. Y es que la protección temporal no tiene por qué reducir estándares de protección ni tampoco sustituir a la protección internacional clásica, que es la de los refugiados.

Framing the local and the global in the anti-nuclear movement: Law and the politics of place

This article examines the politics of place in relation to legal mobilization by the anti-nuclear movement. It examines two case examples - citizens' weapons inspections and civil disobedience strategies - which have involved the movement drawing upon the law in particular spatial contexts. The article begins by examining a number of factors which have been employed in recent social movement literature to explain strategy choice, including ideology, resources, political and legal opportunity, and framing. It then proceeds to argue that the issues of scale, space, and place play an important role in relation to framing by the movement in the two case examples. Both can be seen to involve scalar reframing, with the movement attempting to resist localizing tendencies and to replace them with a global frame. Both also involve an attempt to reframe the issue of nuclear weapons away from the contested frame of the past (unilateral disarmament) towards the more universal and widely accepted frame of international law.

Legal outlier, again? U.S. felon suffrage: comparative and international human rights perspectives

The judiciousness of American felon suffrage policies has long been the subject of scholarly debate, not least due to the large number of affected Americans: an estimated 5.3 million citizens are ineligible to vote as a result of a criminal conviction. This article offers comparative law and international human rights perspectives and aims to make two main contributions to the American and global discourse. After an introduction in Part I, Part II offers comparative law perspectives on challenges to disenfranchisement legislation, juxtaposing U.S. case law against recent judgments rendered by courts in Canada, South Africa, Australia, and by the European Court of Human Rights. The article submits that owing to its unique constitutional stipulations, as well as to a general reluctance to engage foreign legal sources, U.S. jurisprudence lags behind an emerging global jurisprudential trend that increasingly views convicts’ disenfranchisement as a suspect practice and subjects it to judicial review. This transnational judicial discourse follows a democratic paradigm and adopts a “residual liberty” approach to criminal justice that considers convicts to be rights-holders. The discourse rejects regulatory justifications for convicts’ disenfranchisement, and instead sees disenfranchisement as a penal measure. In order to determine its suitability as a punishment, the adverse effects of disenfranchisement are weighed against its purported social benefits, using balancing or proportionality review. Part III analyzes the international human rights treaty regime. It assesses, in particular, Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), which proclaims that “every citizen” has a right to vote without “unreasonable restrictions.” The analysis concludes that the phrase “unreasonable restrictions” is generally interpreted in a manner which tolerates certain forms of disenfranchisement, whereas other forms (such as life disenfranchisement) may be incompatible with treaty obligations. This article submits that disenfranchisement is a normatively flawed punishment. It fails to treat convicts as politically-equal community members, degrades them, and causes them grave harms both as individuals and as members of social groups. These adverse effects outweigh the purported social benefits of disenfranchisement. Furthermore, as a core component of the right to vote, voter eligibility should cease to be subjected to balancing or proportionality review. The presumed facilitative nature of the right to vote makes suffrage less susceptible to deference-based objections regarding the judicial review of legislation, as well as to cultural relativity objections to further the international standardization of human rights obligations. In view of this, this article proposes the adoption of a new optional protocol to the ICCPR proscribing convicts’ disenfranchisement. The article draws analogies between the proposed protocol and the ICCPR’s “Optional Protocol Aiming at the Abolition of the Death Penalty.” If adopted, the proposed protocol would strengthen the current trajectory towards expanding convicts’ suffrage that emanates from the invigorated transnational judicial discourse.

Protecting recognized Geneva Convention refugees outside their states of asylum

This article highlights the predicament of persons recognized as refugees according to the Convention Relating to the Status of Refugees (CSR1951 refugees) when they travel outside their state of asylum. Their status entails ipso facto that, if they are ill-treated abroad, they cannot turn to representatives of their state of nationality and request its diplomatic protection, nor can they expect to receive its consular assistance. It is submitted that a state of asylum ought to extend the scope of protection that it offers CSR1951 refugees residing in its territory, and provide them diplomatic protection and consular assistance when they travel abroad as if they were its nationals. Four claims are advanced in support of this contention: First: the advent of human rights treaties has not rendered obsolete the protection of nationals abroad nor has the practice fallen into disuse. On the contrary, protection abroad retains its pedigree and significance, as is illustrated by the recently adopted International Law Commission's Draft Articles on Diplomatic Protection and by frequent resort to consular assistance. Second: while states previously enjoyed unfettered discretion concerning whether and when to protect their nationals abroad, recent developments in domestic jurisdictions as well as in European Union (EU) treaties point to the potential emergence of a qualified duty to exercise state protection or to be willing to provide justifications for its refusal. These developments call particular attention to the vulnerability of CSR1951 refugees: the professed aim of the EU treaty regime is that EU citizens should enjoy effective state protection wherever they travel; by contrast, CSR1951 refugees are in need of state protection wherever they travel. Third: according to CSR1951, states of asylum are required to issue Convention Travel Documents (CTDs) to recognized refugees lawfully staying in their territory. While CTDs do not in of themselves authorize states of asylum to provide protection abroad to their CSR1951 refugees, they reflect partial recognition of the instrumental role of these states in facilitating safe refugee travel. Fourth: while the 'nationality of claims' requirement remains pivotal to the institution of diplomatic protection, and efforts to effectuate its general relaxation have thus far failed, the International Law Commission (ILC) has 'carved out' an exception authorizing states of asylum to provide protection abroad to their recognized refugees. The ILC's protection-enhancing agenda, reflecting progressive development of the law, is laudable, even though it has opted for a rather cautious approach.

State practice, customary humanitarian law and civilian casualties of armed conflict

The article examines the customary international law credentials of the humanitarian law rules proposed by the International Committee of the Red Cross (ICR) in 2005. It relies on the BIICL/Chatham House analysis as a ‘constructive comment’ on the methodology of the ICRC study and the rules formed as a result of that methodology with respect to the dead and missing as an aid to determination of their customary law status. It shows that most of the rules studied have a customary international lawpedigree which conforms to the conclusions formed on the rules generally in the Wilmshurst and Breau study. However, the rules with respect to return of personal effects, recording location of graves and notification of relatives of access to gravesites do not seem to have even on a majoritarian/deductive approach enough volume of state practice to establish them as customary with respect to civilians.