479 resultados para Doha
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Diese Dissertation hat das Ziel, zum einen die Transformation des Handelssystems von der GATT zur Welthandelsorganisation (WTO) im Kontext einer veränderten Weltordnung und zum anderen die Rollen von transnationalen Unternehmen im Rahmen dieser Transformation zu untersuchen und zu verstehen. Die Arbeit wird theoretisch vom Neogramscianismus angeleitet, da die etablierten Ansätzen in den Internationalen Beziehungen und der International Politischen Ökonomie nur unzureichend die intersubjektive Natur von Regimen und nicht-staatlichen Akteuren darstellen. Für Anhänger des Neogramscianismus sind internationale Regime intersubjektive Einheiten, deren Zusammenspiel von Ideen und Machtkonfigurationen historische Strukturen prägen. Die Hegemonie ist ein Konzept, das soziale Einflüsse als Agenten historischen Wandels in international Regimen und der Weltordnung zusammenbindet. Mit dem Konzept der Hegemonie wird eine Machtsituation beschrieben, in der politische Macht in legitime Autorität übersetzt wird, indem die Zustimmung subalterner Akteure eingeholt wird. Hegemonie beinhaltet die konsensuellen Aspekte von Machtausübung in einer jeweiligen Weltordnung. Diese Dissertation argumentiert vor allem, dass die Transformation des Handelssystems als hegemonisch bezeichnet werden kann, da sie parallel mit der Transformation der Weltordnung von einer von den USA dominierten Nachkriegszeit zu einer neoliberalen Hegemonie stattfand. Mit der Transformation zur Welthandlungsorganisation wird der legale Rahmen des Handelssystems neu strukturiert und ihre normative Grundlagen neu definiert, wodurch der ethische Rahmen des Neoliberalismus reflektiert wird. Diese Änderungen werden in der neuartigen Anerkennung der legitimen Autorität des Marktes gegenüber Nationalstaaten und der Anerkennung von der Notwendigkeit von bindenden Disziplinen, die Regierungen übergeordnet sind, reflektiert. Diese Dissertation analysiert zwei Fälle, um die Rolle von transnationalen Unternehmen innerhalb diese Transformationsprozesses zu erklären. Dabei wird der Fokus vor allem auf die Aktivitäten und Fähigkeiten der Unternehmen gerichtet, die Ausrichtung des Handelsregimes zu bestimmen. Die erste Studie untersucht die Eingliederung von Dienstleistungen in das GATT Regime vor und während der Uruguay-Runde (1986 – 1994) und argumentiert, dass diese Eingliederung zu einer Neudefinierung von Liberalisierung und Normen der Nichtdiskriminierung führte. Die zweite Studie analysiert den gescheiterten Versuch, ausländische Direktinvestitionen noch bevor und während der 2001 begonnenen Doha Runde in die Welthandelsorganisation zu integrieren. Letztendlich wird in dieser Dissertation argumentiert, dass transnationale Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind, hegemonische Agenten der Regimetransformation waren und eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, Dienstleistungen in das GATT einzubinden. Und zwar gelang ihnen dies durch eine in den späten 1970er Jahren begonnenen Kampagne. Auf der einen Seite war die Kampagne darin erfolgreich, etablierte Denkstrukturen zu Handelsthemen systematisch im Sinne des Neoliberalismus zu verändern – und zwar sowohl hinsichtlich der normativen Inhalte als auch der intersubjektiven Bedeutungen des Regimes. Auf der anderen Seite deutet der Fall des Investitionsabkommens die Grenzen der hegemonischen Ideen, Institutionen, und Strömungen seit den frühen 90er Jahren an. Transnationale Unternehmen, die in Europa ansässig waren, sind mit ihren Bemühungen gescheitert, das Regime weiter zu transformieren und das Thema Investitionen in die legalen und normativen Rahmenbedingungen der WTO zu integrieren. Die Prioritäten und Strategien der transnationalen Unternehmen, die Agenda der WTO zu beeinflussen, waren beschränkt und wurden im Kontext einer angefochtenen neoliberalen Hegemonie geformt, die wiederum von dem Widerstand und anti-hegemonischen Kampagnen der Zivilgesellschaft beeinflusst wurden. Die Analyse in dieser Dissertation wurde durch eine qualitative Diskursanalyse von Sekundär- und Primärquellen durchgeführt: Regierungsvorschläge, Verhandlungstexte, Konferenzzusammenfassungen und Statements von Unternehmen.
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Estados Unidos junto a Japón y algunos Estados europeos han incentivado e impulsado al resto de los Estados a que abran sus fronteras y se inserten en el modelo de liberalización comercial. Estos países, en particular Estados Unidos promueven este modelo por medio de las relaciones comerciales que establece con otros Estados. Al establecer esta clase de relaciones, especialmente con Estados menos desarrollados, el país norteamericano busca mejorar su posición y obtener beneficios en detrimento de la otra parte por medio de la imposición de condiciones para maximizar sus beneficios y ganancias. La necesidad del gobierno estadounidense de mantener e incrementar su credibilidad ante sus ciudadanos y al mismo tiempo incentivar a los demás países para que abran sus fronteras se expresa en una incongruencia entre el discurso defensor del libre comercio y las estrategias proteccionistas como las barreras no arancelarias que pone en marcha y cuyo propósito es no perder espacio en el sistema internacional ni ver menoscabada su influencia sobre los demás Estados. Sin embargo, el establecimiento de medidas proteccionistas afecta las posiciones comerciales de países como Colombia en tanto que estas medidas ponen en desventaja a sus productos.
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El interés de esta monografía es analizar los alcances y las limitaciones de la actuación de UNAMID en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres en el conflicto en Darfur (2008-2012). Lo anterior, para dar cuenta de que si bien UNAMID ha tenido avances significativos en el aumento de denuncias por violación sexual, en la educación y en la inclusión de la mujer en Darfur, la intervención tardía, la falta de personal cualificado y el lento despliegue ha limitado su actuación para erradicar la violencia sexual como arma de guerra. Sin embargo, la baja internalización de la norma por parte del Estado de Sudán ha sido el mayor limitante para la Misión de Paz. Este análisis se realiza mediante el concepto de Responsabilidad de proteger y el enfoque de Alexander Wendt y Nicholas Onuf.
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La presente investigación tiene por objeto considerar los cluster en la industria farmacéutica Colombiana, como un mecanismo para la disminución de los sobrecostos de los medicamentos, que han impactado de forma importante, entre otras causas, al sistema de salud, con unos recobros (por concepto de medicamentos No POS) que superan el billón de pesos, situación que dada la crisis que enfrenta al respecto, el Estado Colombiano, ha propuesto una quinta reforma que cursa actualmente en el Congreso de la República. Se trata de una investigación cualitativa tipo estudio de caso, en la que se presenta el modelo Colombiano de Salud y las cifras de recobros de las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (EPS), cantidad que representó el 0.4% del PIB (Producto Interno Bruto) en el 2009. Para tal fin se analizará el comportamiento de los recobros durante el año 2012, en cuarenta y una (41) EPS reconocidas del sector. Subsecuentemente se estudian las diferentes estrategias para la generación de economías de escala y dentro de ellas, los clusters como un posible modelo a seguir hacia la disminución de estos costos en salud, se analizan sus componentes y su posible constitución dentro del entorno Colombiano. Al final del estudio se establece como conclusión, que existen suficiente evidencia para apoyar la implementación de un cluster farmacéutico dentro del territorio Colombiano.
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Esta obra trata de forma innovadora sobre el descubrimiento de una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana deducibles. El punto de partida es una radiografía de la problemática de la mundialización económica y financiera que constituye un desafío para todos los gobiernos. El comercio internacional es libre, sin derechos de aduana. Sin embargo, los costos sociales, fiscales, medioambientales y de producción son inequitativos. En este contexto, el FIREF ha creado una herramienta que permite tratar las asimetrías económicas planetarias: un derecho de aduana de nueva generación.
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Este proyecto caracteriza la industria del cemento en Colombia a partir de la contextualización y descripción de esta actividad en el mundo y en el país, describiendo y analizando asuntos relacionados con la cadena de suministro de esta. Teniendo en cuenta los actores directos e indirectos que en esta interactúan y temas como el comercio internacional, el desempeño y la competitividad regional de la industria nacional, la percepción empresarial y factores como la responsabilidad social y las buenas prácticas. Además de la descripción de los factores nacionales que afectan a la industria como la infraestructura, el transporte y el desempeño logístico del país. En la contextualización mundial se presentan temas como la producción, oferta y demanda mundial de este producto y las principales tendencias y prácticas logísticas que caracterizan a esta industria internacionalmente; en el panorama nacional se caracteriza la competitividad y desempeño logístico del país y los factores que afectan a la industria del cemento. Se presentan los orígenes e historia de la industria en el país y se dan datos de la producción, despachos y comercio internacional de esta además de una breve descripción de su cadena de suministro y la caracterización de las relaciones entre sus eslabones. Finalmente se describen los entes con los cuales interactúa la industria, se describe lo más relevante en cuanto a políticas ambientales, responsabilidad social y buenas prácticas de los principales productores del país y se concluye con la caracterización de la competitividad general de la industria a nivel nacional y los retos y problemáticas que afronta el sector y que lo limitan para mejorar su desempeño a nivel regional.
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¿Para qué y para quién son las patentes farmacéuticas? Son algunas de las interrogantes que este libro responde tomando en cuenta el fortalecimiento de las patentes farmacéuticas en la OMC y sus impactos sobre el acceso a medicamentos para el VIH/ SIDA. Las patentes farmacéuticas se hallan en medio de importantes transformaciones políticas en el marco de la globalización neoliberal y, por su carácter excluyente, están condicionando tanto la investigación y desarrollando nuevos fármacos, como la libre circulación de medicamentos genéricos. A pesar de que existen ciertas facilidades para que los países del Sur puedan definir políticas nacionales que prioricen la salud pública por sobre los intereses comerciales. Operativizar estas disposiciones no es un asunto fácil: varios determinantes políticos, económicos y tecnológicos inciden sobre los limitados márgenes que los gobiernos del Sur tienen para emitir una licencia obligatoria. A pesar de lo anterior; en el mundo de las patentes, las licencias obligatorias son un mecanismo que debe y puede ser utilizado en favor de la salud pública. El libro analiza la primera solicitud de licencia obligatoria sobre un medicamento para el VIH/SIDA en el Ecuador, y termina con una serie de reflexiones sobre la necesidad de expandir las oportunidades para el acceso a medicamentos para el VIH/SIDA.
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The 2002 U.S. Farm Bill (the Farm Security and Rural Investment Act or FSRIA) provides considerably more government subsidies for U.S. agriculture than Congress envisaged when it passed the preceding 1996–2002 FAIR Act. We review the FAIR record, showing how government subsidies increased greatly beyond those originally scheduled. For FSRIA, we outline key commodity, trade, and conservation and environmental provisions. We expect that the commodity programmes will: (a) encourage production when the market calls for less; (b) significantly increase subsidies over FAIR baseline subsidies; (c) press against current WTO and possible Doha Round support limits; and (d) aggravate trading partners. Finally, we suggest two lessons from the U.S. policy experience that might benefit those working on CAP and WTO reform. First, past research shows that farm programmes have little to do with the economic health of rural communities. Second, programme transparency, and especially public disclosure of the level of payments going to individual farmers, by name, influences the farm policy debate. Personalized data show what economists have long maintained—that the bulk of programme benefits go to a relatively few, large, producers—but do so in a way that captures the public and policy-makers' attention
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Since the early 1990s the EU's CAP has undergone considerable change with, first, a switch from market price support to direct payments in 1992 and, second, a further decoupling of support with the creation of the single payment scheme in 2003. Nonetheless, whether the current Doha Round of WTO trade negotiations is successfully completed or not, the CAP will come under renewed scrutiny, as a result either of negotiated reductions in support or of litigation through the WTO's dispute settlement process. This article discusses CAP market price and income support in the context of these likely WTO constraints.
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The notification of the level of domestic support to the World Trade Organization (WTO) is intended to reflect compliance with obligations entered into at the time of the Uruguay Round. WTO members have often been slow to provide notification of domestic support levels. This makes the process of notification less useful as an indicator of the degree to which changes in policy have or have not benefited the trade system as a whole and exporting countries in particular. The notification of domestic support in the E.U. illustrates the value of a measure that reflects current policies and can therefore act as a basis for negotiation of further disciplines where these are necessary. The E.U. has made major changes in its Common Agricultural Policy (CAP) over the period since 1992 when the MacSharry reforms were implemented. Payments originally notified in the blue box (related to supply control) have over time been changed until in their present form they are unrelated to current production or price levels, and hence can satisfy the criteria for the green box. The E.U. has therefore much more latitude in trade talks to agree to reductions in the allowable trade-distorting support. This paper reproduced the E.U. notifications relating to 2003/04 and extends these with official statistics to the year 2006/07. It then projects forward the components of domestic support until the year 2013/14, based on forecasts of future production and estimates of policy parameters. The impact of a successful Doha Round is simulated, showing that the constraints envisaged in the WTO draft modalities document of May 19, 2008, would be binding by the year 2013, at about the time the next budget cycle in the E.U. starts. Without the Doha Round constraints, further reform might still happen for domestic reasons, but the framework provided by the WTO for domestic policy spending would be less relevant. In that case, much could hinge on the legitimacy of the Single Farm Payment system under the current rules governing the green box.
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Three potential explanations of past reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) can be identified in the literature: a budget constraint, pressure from General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization (GATT/WTO) negotiations or commitments and a paradigm shift emphasising agriculture’s provision of public goods. This discussion on the driving forces of CAP reform links to broader theoretical questions on the role of budgetary politics, globalisation of public policy and paradigm shift in explaining policy change. In this article, the Health Check reforms of 2007/2008 are assessed. They were probably more ambitious than first supposed, although it was a watered-down package agreed by ministers in November 2008. We conclude that the Health Check was not primarily driven by budget concerns or by the supposed switch from the state-assisted to the multifunctional policy paradigm. The European Commission’s wish to adopt an offensive negotiating stance in the closing phases of the Doha Round was a more likely explanatory factor. The shape and purpose of the CAP post-2013 is contested with divergent views among the Member States.
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Determination of shadow notifications of domestic support for agriculture in the European Union under the WTO (World Trade Organization) Agreement on Agriculture, and consideration of the potential impact of an agreement in the Doha Round of multilateral trade negotiations.
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In its periodic declarations of domestic support to the WTO, the EU has progressively reduced its amber-box declarations in line with its changing system of farm support. Surprisingly, however, in 2007/08 it managed to more than halve its amber box compared with that of the previous year, easily achieving the reduction targets being touted in the Doha Round. This was largely due to a change in the calculations for fresh fruits and vegetables. These had been linked to the entry price system, which was not affected by the 2008 fruit and vegetables reform. Why the EU chose to make this change during the ongoing Doha Round negotiations remains unclear.
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Following two decades of policy change, in 2011 the European Commission tabled proposals for a new ‘reform’ of the CAP. A major component of the reform would be a revamping of the existing system of direct payments to farmers. For example, 30% of the spend would be dependent on farmers respecting new greening criteria; and payments would be restricted to active farmers and subject to a payment cap. These proposals will be debated by the Council of Ministers and the European Parliament throughout 2012, and possibly 2013, before final decisions are reached. What aspects, if any, of the proposals will prove acceptable is yet to be discerned. Although tabled as part of a financial package, the proposals do not appear to be driven by financial exigency: indeed they seek to maintain the expenditure status quo. Nor do they appear to be driven by international pressures: if anything, they backtrack on previous attempts to bring the CAP into conformity with a post-Doha WTO Agreement on Agriculture. Instead they seek to establish a new partnership between society and ‘farmers, who keep rural areas alive, who are in contact with the ecosystems and who produce the food we eat’ (Cioloș 2011), in an attempt to justify continuing support.
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The reaction of the first world to the persevering plight of a large part of the third world varies. In response to the sometimes glaring disparities, many international organizations and multinational corporations have recently adopted a pro-development rhetoric with relation to the problem of global poverty. However, the rhetoric rarely translates into action. As David Bacon discusses, leaders of corporations and organizations now tend to conclude their speeches by expressing a desire to reduce the suffering of the third world. However, when it comes to agreeing on specific concessions that could indeed improve the world-wide economic situation, first world countries are reluctant to act. A good example of this type of behavior is the current negotiation of the WTO, the “development round of Doha,” in which the United States along with the European Union pressure countries of the developing South to open up their markets, while at the same time refusing to remove or even decrease their own agricultural subsidies. The first world civil society observes the behavior of international organizations and western based multinational corporations as ineffectual. Taking the matter in its own hands, especially in the past couple of decades, this civil society has created a countless number of development-oriented nongovernmental organizations. These are supposed to compensate for the lack of action by international organizations. Development NGOs are believed to be more locally responsive as well as free of business or political considerations in choosing their strategies, and thus generally more efficient than IOs. However, if they really were how they are alleged to be, the problems of the third world would already be ameliorated by a significant amount, if not completely eradicated. Do development-NGOs indeed possess the characteristics that they claim to possess? What is their real affect on human rights? And how effective are they in their work?