993 resultados para Jalisco. Tribunal de Haceduría
Resumo:
En este artculo se reflexiona sobre las decisiones del Tribunal Constitucional, que al no disponer de una legitimacin popular directa pueden considerarse legtimas tan solo si aparecen como aplicacin de Derecho, y no como creacin poltica de normas. Para ello se analiza la relevancia que, en este proceso de legitimacin, pueden tener las teoras de la interpretacin en consideracin de la peculiaridad de los enunciados normativos de la Constitucin que evidencian cmo el problema de la objetividad del parmetro de control no puede encontrar su solucin desde el punto de vista terico-normativo, llegando a la conclusin que la misma condicin jurdica o poltica del control de constitucionalidad depender de la existencia de criterios de valoracin permanentes, esto es, de una teora de la interpretacin elaborada por cada uno de los tribunales constitucionales.
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Las siguientes lneas glosan una importante Resolucin del Tribunal Constitucional ecuatoriano, que por primera vez esboza el difcil concepto de bloque de constitucionalidad. Para hacerlo, el autor comienza narrando de forma sucinta los antecedentes del fallo, luego especifica cules fueron las principales consideraciones del Tribunal y finaliza esta primera parte del artculo pergeando, a la luz de la Resolucin, la nocin ecuatoriana de bloque de constitucionalidad. Mas, lo verdaderamente interesante de este trabajo viene cuando se sealan algunas trascendentales implicaciones prcticas de la adopcin de ste nuevo concepto. Por ejemplo: redimensiona la hermenutica jurdica, eleva los tratados de derechos humanos y algunas otras normas -incluso internas- al estatus constitucional, entre otros interesantsimos efectos.
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La marca en el mercado se consolida como uno de los principales ejes de la competencia que caracteriza a las sociedades neo-liberales, convirtindose en un instrumento que aporta al desarrollo econmico y al inters del consumidor. La proteccin jurdica de las marcas que alcanzan un significativo sitial en el trfico comercial rebasa los principios fundamentales del rgimen marcario andino. Este anlisis se centra en el caso de las marcas notorias, aquellas que han logrado un estatus de aceptacin por parte del pblico, como consecuencia del xito que ha tenido el producto o servicio que distinguen.
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La actualidad de los procesos de integracin econmica ha incentivado la elaboracin de trabajos de toda complexin en una materia cuyo eje central gira en tomo a lo poltico y econmico. Como se sabe, la cuestin se inscribe en una nueva estructura de las relaciones internacionales, donde las fronteras del Estado-nacin propias de los siglos XVIII y XIX, se desdibujan en provecho de la conformacin de espacios ms amplios. En nuestra literatura el caso particular de la Unin Europea que es el modelo ms conocido, presenta un complejo desarrollo poltico, social, econmico y jurdico desde los respectivos ""Estados de Derecho"" que el Derecho Derivado y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo han sabido construir. Desde esta perspectiva, en esta investigacin se ensayarn algunas reflexiones sobre la evolucin del proceso europeo de integracin, atendiendo en primera instancia a sus antecedentes histricos y construccin jurdica, para despus ingresar al anlisis de lo que es el Mercosur, su sistema de solucin de diferencias y a posteriori, concluir con algunas consideraciones a propsito de la posible creacin de un tribunal de justicia supranacional.
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El propsito de esta tesis es evidenciar la posibilidad del control difuso en la Administracin Pblica, principalmente en los Tribunales Administrativos y rganos Colegiados que imparten justicia administrativa a nivel nacional. El control difuso de la Constitucin siempre se entendi como la facultad del poder judicial, que a travs de los jueces de las diferentes instancias, quienes al momento de resolver un caso concreto, si evidencian manifiestamente la inconstitucionalidad de la norma aplicable al caso, pueden inaplicarla slo para ese caso, cuyos efectos son inter partes, es decir la norma inaplicable por el juez sigue vigente dentro del ordenamiento jurdico, habiendo sido considerada nula slo para el caso concreto. Sin embargo, esta postura de que el control difuso es slo potestad del poder judicial, se fue relativizando, al menos en el caso peruano, toda vez que mediante la sentencia recada en el Exp. N 3741-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional, crea la figura jurdica del control difuso administrativo, en la que los Tribunales Administrativos y rganos Colegiados que imparten justicia administrativa con carcter nacional, tambin estn en la potestad y el deber de aplicar el control difuso para garantizar la plena vigencia de la Constitucin y el respeto de los derechos fundamentales de los administrados, inaplicando normas manifiestamente inconstitucionales. En consecuencia, para mejor ilustrar al respecto, la tesis lo dividimos en tres captulos: en el primer captulo, abordamos el desarrollo del control constitucional con nfasis en el control difuso, evidenciando el Principio de Supremaca Constitucional, as como la creacin y recepcin del control difuso y concentrado de la Constitucin por los diferentes pases del mundo. En el segundo captulo desarrollamos el control difuso en los pases andinos, resaltando el control difuso en la Administracin Tributaria; y, finalmente en el tercer captulo, desarrollamos el control difuso como atribucin del Tribunal Fiscal del Per, que se caracteriza por ser un Tribunal Administrativo que imparte justicia administrativa a nivel nacional, resolviendo conflictos en materia tributaria y aduanera.
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El rol que actualmente, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, desempean los tribunales constitucionales, trasciende del carcter eminentemente jurdico al poltico, en tanto han evolucionado de la simple aplicacin del clsico modelo kelseniano de legislador negativo, mediante el cual los tribunales se limitan a determinar la in/constitucionalidad llana de un precepto jurdico sometido a su control, a la utilizacin de nuevas tcnicas interpretativas que ante la insuficiencia prctica de tal modelo, permiten dar sentido a los mandatos constitucionales, en fallos que se acercan al nivel de la ley formalmente expedida por los parlamentos, por lo cual se los seala como legisladores positivos y, por lo tanto, como transgresores del principio de divisin de poderes, por invadir la libertad de configuracin poltica del legislador original e inclusive del ejecutivo (cuando acta como colegislador fijando polticas pblicas por ejemplo). En consecuencia, tal prctica jurisprudencial genera reacciones duales, por un lado, las que censuran tal intromisin y requieren que el tribunal constitucional se limite a verificar la in/constitucionalidad de las normas sometidas a su control y por otro, las que avalan el intervencionismo del mismo como garanta de los derechos consagrados en la Constitucin. Desde sta ptica y elaborando una abstraccin particular, el presente trabajo pretende elaborar un estudio comparado entre los modelos de control abstracto de constitucionalidad aplicados por la Corte Constitucional colombiana y el Tribunal Constitucional ecuatoriano, para establecer si estos siguen la tendencia clsica del legislador negativo, si han evolucionado hacia un tipo de control ms amplio como el del legislador positivo o si comparten un modelo hbrido, con tendencia hacia alguno de los dos y en ese sentido determinar las implicaciones que tiene en la vigencia del rgimen democrtico de los dos pases.
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El propsito de esta investigacin titulada: El Tribunal Constitucional ecuatoriano como legislador negativo y los derechos humanos, es identificar si, en algunos de sus fallos, el mximo rgano de control de constitucionalidad en el Ecuador ha actuado como legislador positivo. Para ello, adems del anlisis de los fallos ecuatorianos, se examinan con una ptica comparada, fallos constitucionales de otros pases como Colombia y Espaa, fallos que, para evitar los vacos jurdicos, han adoptado un carcter interpretativo, o han diferido la declaratoria de la nulidad, independientemente de observar la interpretacin en materia de derechos humanos aplicadas por esos jueces constitucionales. En el primer captulo del trabajo se abordan aspectos generales sobre los efectos del control constitucional, la supremaca constitucional, las nociones de anulacin, revocatoria e inaplicabilidad, la diferencia entre el control en abstracto y en concreto, los vicios constitucionales y legales de los actos normativos y administrativos, la inconstitucionalidad por el fondo y por la forma y la convalidacin, la inconstitucionalidad de tratados y las leyes y la irretroactividad de las decisiones del Tribunal Constitucional ecuatoriano. El segundo captulo abarca dos partes: la primera comprende un anlisis de las diferentes sentencias en materia de control de la constitucionalidad y una segunda parte, los principios de interpretacin en derechos humanos. En el tercer captulo, se realiza una revisin jurisprudencial sobre la inconstitucionalidad de normas y la interpretacin de los derechos humanos, tanto en el Tribunal Constitucional ecuatoriano como en la jurisprudencia de Espaa y Colombia. Finalmente se exponen las conclusiones de esta investigacin.
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Este trabajo intenta presentar al lector la relevancia de los derechos de propiedad intelectual en la salud pblica a propsito de las negociaciones que se estn llevando en el seno del Consejo sobre los ADPIC, y su relacin con los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el acceso a los productos farmacuticos. En este sentido, este trabajo contiene un estudio comparativo, crtico y analtico de los compromisos asumidos por los socios andinos en la Organizacin Mundial de Comercio, su posicin en las actuales negociaciones, y la coherencia de stas con las posiciones asumidas en el marco subregional andino y en los procesos ante el Tribunal Andino. Para ello, se ha escogido jurisprudencia en materia de acceso a productos farmacuticos y propiedad intelectual del mencionado Tribunal. Asimismo, se busca dar al lector un alcance sobre la problemtica que tienen los andinos para presentar una posicin nica ante el Consejo sobre los ADPIC debido a las presiones ejercidas por los Pases Desarrollados y las trasnacionales.
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A travs del presente escrito pretendemos realizar una explicacin somera acerca de las decisiones jurisprudenciales emanadas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), con ocasin de las solicitudes de interpretacin prejudicial presentadas en torno a algunos artculos de la Decisin 388 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, referida a la armonizacin del impuesto sobre el valor agregado en la Comunidad. Con tal objeto, en primer trmino, anotamos algunos rasgos de la siempre problemtica realidad que envuelve a los procesos de integracin entre estados; luego explicamos un conjunto de cuestiones inherentes a los procesos de armonizacin legislativa necesarios en el mbito de las integraciones supranacionales; seguidamente, revisamos los aspectos ms trascendentes del proceso de armonizacin del impuesto sobre al valor agregado en la Comunidad Andina, as como los avances en la emanacin de normas comunitarias sobre la materia; continuamos con la referencia y anlisis crtico de varios contenidos problemticos encontrados en sentencias de interpretacin prejudicial sobre la Decisin 388, antes citada. Al concluir, hacemos constar algunos comentarios sobre la temtica examinada.
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En el presente trabajo acadmico analizamos la aplicacin de la tcnicas de litigacin oral durante la audiencia de juzgamiento, respecto a la falta de aplicacin de la reglas de esta disciplina y cmo puede influir en la administracin de justicia. El anlisis ha sido estructurado de la siguiente manera: en el primer captulo se estudia la teora de la litigacin oral, estudiamos el alegato de apertura, la teora del caso, la prueba, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las objeciones; y, el alegato final, con el propsito de conocer dogmticamente la litigacin oral. El segundo captulo se recoge cual ha sido el accionar de los sujetos procesales (Fiscala y Defensa) durante las audiencias de juzgamiento, se analiza jurdicamente la manera de presentacin de cada una de las fases que se desarrollan durante la audiencia de juicio, se analiza los aciertos y errores que cometen los sujetos procesales; se analiza la presentacin prctica del alegato de apertura, el alegato final, los interrogatorios con el propsito de descubrir la realidad pragmtica de la litigacin oral en el Tribunal Penal; con el propsito de evidenciar prcticas erradas que puedan determinar una afectacin de los derechos que representan los sujetos procesales; el anlisis fue realizado en base de las estadsticas obtenidas de la investigacin de campo. El tercer captulo tiene como propsito establecer como conclusiones la causas que menoscaban la defensa tcnica que reciben las personas procesadas, cuya asesora jurdica es brindada por abogados pblicos o privados; establecer las posibles soluciones a fin de garantizar el derecho a la defensa tcnica; ofrecer una fuente de consulta para la comunidad jurdica.
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This paper reflects on the challenges facing the effective implementation of the new EU fundamental rights architecture that emerged from the Lisbon Treaty. Particular attention is paid to the role of the Court of Justice of the European Union (CJEU) and its ability to function as a fundamental rights tribunal. The paper first analyses the praxis of the European Court of Human Rights in Strasbourg and its long-standing experience in overseeing the practical implementation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Against this analysis, it then examines the readiness of the CJEU to live up to its consolidated and strengthened mandate on fundamental rights as one of the prime guarantors of the effective implementation of the EU Charter of Fundamental Rights. We specifically review the role of third-party interventions by non-governmental organisations, international and regional human rights actors as well as interim relief measures when ensuring effective judicial protection of vulnerable individuals in cases of alleged violations of fundamental human rights. To flesh out our arguments, we rely on examples within the scope of the relatively new and complex domain of EU legislation, the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ), and its immigration, external border and asylum policies. In view of the fundamental rights-sensitive nature of these domains, which often encounter shifts of accountability and responsibility in their practical application, and the Lisbon Treatys expansion of the jurisdiction of the CJEU to interpret and review EU AFSJ legislation, this area can be seen as an excellent test case for the analyses at hand. The final section puts forth a set of policy suggestions that can assist the CJEU in the process of adjusting itself to the new fundamental rights context in a post-Lisbon Treaty setting.
Resumo:
No que se concerne criao do Tribunal Penal Internacional pelo Estatuto de Roma, menciona os seus principais antecedentes polticos e jurdicos como por exemplo, o fim da guerra fria, a globalizao e a interdependncia, fatores que contriburam para que a comunidade internacional criasse, em pouco tempo, os tribunais crimonais ah hoc, por meio de decises do Conselho de Segurana das Naes Unidas.Destaca tambm, como principais aspectos desse Estatuto, considerando o carter sui generis e excepcional do TPI:o principio da complementaridade e a definio dos crimes, comparando o Estatuto a um cdigo criminal internacional.Analisa em quais condies se processa o estabelecimento da Jurisdio desse Tribunal e alm disso, elucida que a cooperao internacional e assistncia judiciria dos Estados so elementos essenciais para o bom funcionamento do TPI.Esse regime estipula a obrigao geral dos Estados- parte de cooperar plenamente com o Tribunal.Assegurando que as legislaes nacionais estipulem figuras processuais compatveis com as formas de cooperao previstas no Estatuto.No h interveno em assuntos internos, tendo aplicao somente aos crimes cometidos aps a entrada em vigor dos Estatutos.A criao do TPI atender a necessidade da ordem pltica e jurdica internacional no seu sentido mais amplo e contribuir para o desenvolvimento do Direito Internacional
