Hepatitis B and C infections in U.S. incarcerated populations: Prevalence and related mortality

Published reports have consistently indicated high prevalence of serologic markers for hepatitis B (HBV) and hepatitis C (HCV) infection in U.S. incarcerated populations. Quantifying the current and projected burden of HBV and HCV infection and hepatitis-related sequelae in correctional healthcare systems with even modest precision remains elusive, however, because the prevalence and sequelae of HBV and HCV in U.S. incarcerated populations are not well-studied. This dissertation contributes to the assessment of the burden of HBV and HCV infections in U.S. incarcerated populations by addressing some of the deficiencies and gaps in previous research. ^ Objectives of the three dissertation studies were: (1) To investigate selected study-level factors as potential sources of heterogeneity in published HBV seroprevalence estimates in U.S. adult incarcerated populations (1975-2005), using meta-regression techniques; (2) To quantify the potential influence of suboptimal sensitivity of screening tests for antibodies to hepatitis C virus (anti-HCV) on previously reported anti-HCV prevalence estimates in U.S. incarcerated populations (1990-2005), by comparing these estimates to error-adjusted anti-HCV prevalence estimates in these populations; (3) To estimate death rates due to HBV, HCV, chronic liver disease (CLD/cirrhosis), and liver cancer from 1984 through 2003 in male prisoners in custody of the Texas Department of Criminal Justice (TDCJ) and to quantify the proportion of CLD/cirrhosis and liver cancer prisoner deaths attributable to HBV and/or HCV. ^ Results were as follows. Although meta-regression analyses were limited by the small body of literature, mean population age and serum collection year appeared to be sources of heterogeneity, respectively, in prevalence estimates of antibodies to HBV antigen (HBsAg+) and any positive HBV marker. Other population characteristics and study methods could not be ruled out as sources of heterogeneity. Anti-HCV prevalence is likely somewhat higher in male and female U.S. incarcerated populations than previously estimated in studies using anti-HCV screening tests alone without the benefit of repeat or additional testing. Death rates due to HBV, HCV, CLD/cirrhosis, and liver cancer from 1984 through 2003 in TDCJ male prisoners exceeded state and national rates. HCV rates appeared to be increasing and disproportionately affecting Hispanics. HCV was implicated in nearly one-third of liver cancer deaths. ^

Economic Reforms and Income Inequality in Urban China

This paper reports the results of an analysis of changes in income inequality, and in its determinants, in urban China since the economic reforms that began in 1978. The intention is to identify new characteristics of economic inequality. It first shows that income differentials acrossand in provinces widened and that their economic rankings were becoming fixed during the period from 1988 to 1995. Second, age was the major factor in inequality in 1988, while education became the important factor in 1995. Third, education significantly contributed to increasing inequality during the period. Fourth, the higher education-level groups had less within-group inequality. These changes reflect the penetration of the market mechanism into China after the reforms. However, this will be problematic without equality of opportunity.

Exploring strategic farming choices to respond to mitigation and adaptation to climate change

Las alteraciones del sistema climático debido al aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, tendrán implicaciones importantes para la agricultura, el medio ambiente y la sociedad. La agricultura es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (globalmente contribuye al 12% del total de GEI), y al mismo tiempo puede ser parte de la solución para mitigar las emisiones y adaptarse al cambio climático. Las acciones frente al desafío del cambio climático deben priorizar estrategias de adaptación y mitigación en la agricultura dentro de la agenda para el desarrollo de políticas. La agricultura es por tanto crucial para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, que ya están sometidos a impactos del cambio climático, al mismo tiempo que debe suministrar alimentos para una población creciente. Por tanto, es necesaria una coordinación entre las actuales estrategias de política climática y agrícola. El concepto de agricultura climáticamente inteligente ha surgido para integrar todos estos servicios de la producción agraria. Al evaluar opciones para reducir las amenazas del cambio climático para la agricultura y el medio ambiente, surgen dos preguntas de investigación: • ¿Qué información es necesaria para definir prácticas agrarias inteligentes? • ¿Qué factores influyen en la implementación de las prácticas agrarias inteligentes? Esta Tesis trata de proporcionar información relevante sobre estas cuestiones generales con el fin de apoyar el desarrollo de la política climática. Se centra en sistemas agrícolas Mediterráneos. Esta Tesis integra diferentes métodos y herramientas para evaluar las alternativas de gestión agrícola y políticas con potencial para responder a las necesidades de mitigación y adaptación al cambio climático. La investigación incluye enfoques cuantitativos y cualitativos e integra variables agronómicas, de clima y socioeconómicas a escala local y regional. La investigación aporta una recopilación de datos sobre evidencia experimental existente, y un estudio integrado sobre el comportamiento de los agricultores y las posibles alternativas de cambio (por ejemplo, la tecnología, la gestión agrícola y la política climática). Los casos de estudio de esta Tesis - el humedal de Doñana (S España) y la región de Aragón (NE España) - permiten ilustrar dos sistemas Mediterráneos representativos, donde el uso intensivo de la agricultura y las condiciones semiáridas son ya una preocupación. Por este motivo, la adopción de estrategias de mitigación y adaptación puede desempeñar un papel muy importante a la hora de encontrar un equilibrio entre la equidad, la seguridad económica y el medio ambiente en los escenarios de cambio climático. La metodología multidisciplinar de esta tesis incluye una amplia gama de enfoques y métodos para la recopilación y el análisis de datos. La toma de datos se apoya en la revisión bibliográfica de evidencia experimental, bases de datos públicas nacionales e internacionales y datos primarios recopilados mediante entrevistas semi-estructuradas con los grupos de interés (administraciones públicas, responsables políticos, asesores agrícolas, científicos y agricultores) y encuestas con agricultores. Los métodos de análisis incluyen: meta-análisis, modelos de gestión de recursos hídricos (modelo WAAPA), análisis multicriterio para la toma de decisiones, métodos estadísticos (modelos de regresión logística y de Poisson) y herramientas para el desarrollo de políticas basadas en la ciencia. El meta-análisis identifica los umbrales críticos de temperatura que repercuten en el crecimiento y el desarrollo de los tres cultivos principales para la seguridad alimentaria (arroz, maíz y trigo). El modelo WAAPA evalúa el efecto del cambio climático en la gestión del agua para la agricultura de acuerdo a diferentes alternativas políticas y escenarios climáticos. El análisis multicriterio evalúa la viabilidad de las prácticas agrícolas de mitigación en dos escenarios climáticos de acuerdo a la percepción de diferentes expertos. Los métodos estadísticos analizan los determinantes y las barreras para la adopción de prácticas agrícolas de mitigación. Las herramientas para el desarrollo de políticas basadas en la ciencia muestran el potencial y el coste para reducir GEI mediante las prácticas agrícolas. En general, los resultados de esta Tesis proporcionan información sobre la adaptación y la mitigación del cambio climático a nivel de explotación para desarrollar una política climática más integrada y ayudar a los agricultores en la toma de decisiones. Los resultados muestran las temperaturas umbral y la respuesta del arroz, el maíz y el trigo a temperaturas extremas, siendo estos valores de gran utilidad para futuros estudios de impacto y adaptación. Los resultados obtenidos también aportan una serie de estrategias flexibles para la adaptación y la mitigación a escala local, proporcionando a su vez una mejor comprensión sobre las barreras y los incentivos para su adopción. La capacidad de mejorar la disponibilidad de agua y el potencial y el coste de reducción de GEI se han estimado para estas estrategias en los casos de estudio. Estos resultados podrían ayudar en el desarrollo de planes locales de adaptación y políticas regionales de mitigación, especialmente en las regiones Mediterráneas. ABSTRACT Alterations in the climatic system due to increased atmospheric concentrations of greenhouse gas emissions (GHG) are expected to have important implications for agriculture, the environment and society. Agriculture is an important source of GHG emissions (12 % of global anthropogenic GHG), but it is also part of the solution to mitigate emissions and to adapt to climate change. Responses to face the challenge of climate change should place agricultural adaptation and mitigation strategies at the heart of the climate change agenda. Agriculture is crucial for the conservation and sustainable use of natural resources, which already stand under pressure due to climate change impacts, increased population, pollution and fragmented and uncoordinated climate policy strategies. The concept of climate smart agriculture has emerged to encompass all these issues as a whole. When assessing choices aimed at reducing threats to agriculture and the environment under climate change, two research questions arise: • What information defines smart farming choices? • What drives the implementation of smart farming choices? This Thesis aims to provide information on these broad questions in order to support climate policy development focusing in some Mediterranean agricultural systems. This Thesis integrates methods and tools to evaluate potential farming and policy choices to respond to mitigation and adaptation to climate change. The assessment involves both quantitative and qualitative approaches and integrates agronomic, climate and socioeconomic variables at local and regional scale. The assessment includes the collection of data on previous experimental evidence, and the integration of farmer behaviour and policy choices (e.g., technology, agricultural management and climate policy). The case study areas -- the Doñana coastal wetland (S Spain) and the Aragón region (NE Spain) – illustrate two representative Mediterranean regions where the intensive use of agriculture and the semi-arid conditions are already a concern. Thus the adoption of mitigation and adaptation measures can play a significant role for reaching a balance among equity, economic security and the environment under climate change scenarios. The multidisciplinary methodology of this Thesis includes a wide range of approaches for collecting and analysing data. The data collection process include revision of existing experimental evidence, public databases and the contribution of primary data gathering by semi-structured interviews with relevant stakeholders (i.e., public administrations, policy makers, agricultural advisors, scientist and farmers among others) and surveys given to farmers. The analytical methods include meta-analysis, water availability models (WAAPA model), decision making analysis (MCA, multi-criteria analysis), statistical approaches (Logistic and Poisson regression models) and science-base policy tools (MACC, marginal abatement cost curves and SOC abatement wedges). The meta-analysis identifies the critical temperature thresholds which impact on the growth and development of three major crops (i.e., rice, maize and wheat). The WAAPA model assesses the effect of climate change for agricultural water management under different policy choices and climate scenarios. The multi-criteria analysis evaluates the feasibility of mitigation farming practices under two climate scenarios according to the expert views. The statistical approaches analyses the drivers and the barriers for the adoption of mitigation farming practices. The science-base policy tools illustrate the mitigation potential and cost effectiveness of the farming practices. Overall, the results of this Thesis provide information to adapt to, and mitigate of, climate change at farm level to support the development of a comprehensive climate policy and to assist farmers. The findings show the key temperature thresholds and response to extreme temperature effects for rice, maize and wheat, so such responses can be included into crop impact and adaptation models. A portfolio of flexible adaptation and mitigation choices at local scale are identified. The results also provide a better understanding of the stakeholders oppose or support to adopt the choices which could be used to incorporate in local adaptation plans and mitigation regional policy. The findings include estimations for the farming and policy choices on the capacity to improve water supply reliability, abatement potential and cost-effective in Mediterranean regions.

Intimate partner violence among women in Spain: the impact of regional-level male unemployment and income inequality

Background: Intimate partner violence (IPV) against women is a complex worldwide public health problem. There is scarce research on the independent effect on IPV exerted by structural factors such as labour and economic policies, economic inequalities and gender inequality. Objective: To analyse the association, in Spain, between contextual variables of regional unemployment and income inequality and individual women’s likelihood of IPV, independently of the women’s characteristics. Method: We conducted multilevel logistic regression to analyse cross-sectional data from the 2011 Spanish Macrosurvey of Gender-based Violence which included 7898 adult women. The first level of analyses was the individual women’ characteristics and the second level was the region of residence. Results: Of the survey participants, 12.2% reported lifetime IPV. The region of residence accounted for 3.5% of the total variability in IPV prevalence. We determined a direct association between regional male long-term unemployment and IPV likelihood (P = 0.007) and between the Gini Index for the regional income inequality and IPV likelihood (P < 0.001). Women residing in a region with higher gender-based income discrimination are at a lower likelihood of IPV than those residing in a region with low gender-based income discrimination (odds ratio = 0.64, 95% confidence intervals: 0.55–0.75). Conclusions: Growing regional unemployment rates and income inequalities increase women’s likelihood of IPV. In times of economic downturn, like the current one in Spain, this association may translate into an increase in women’s vulnerability to IPV.

Russia and the Common Space on Freedom, Security and Justice. CEPS Paper on Liberty and Security in Europe No. 54, 25 February 2013

EU-Russia cooperation in the framework of the Common Space on Freedom, Security and Justice, launched almost a decade ago in 2003, has borne fruit more in the security aspects than the justice and liberty-related policy areas. This study assesses the uneven cooperation on justice and home affairs between the EU and Russia, while delving into the intersection between cooperation on justice, liberty and security and the promotion of human rights, democracy and rule of law in EU-Russia relations. The study concludes by proposing a set of policy recommendations to the European Parliament for playing a more active role in this important field of cooperation between the EU and Russia.

Europe’s most wanted? Recalibrating Trust in the European Arrest Warrant System. CEPS Paper Liberty and Security in Europe 55/21 March 2013

This paper assesses the uses and misuses in the application of the European Arrest Warrant (EAW) system in the European Union. It examines the main quantitative results of this extradition system achieved between 2005 and 2011 on the basis of the existing statistical knowledge on its implementation at EU official levels. The EAW has been anchored in a high level of ‘mutual trust’ between the participating states’ criminal justice regimes and authorities. This reciprocal confidence, however, has been subject to an increasing number of challenges resulting from its practical application, presenting a dual conundrum: 1. Principle of proportionality: Who are the competent judicial authorities cooperating with each other and ensuring that there are sufficient impartial controls over the necessity and proportionality of the decisions on the issuing and execution of EAWs? 2. Principle of division of powers: How can criminal justice authorities be expected to handle different criminal judicial traditions in what is supposed to constitute a ‘serious’ or ‘minor’ crime in their respective legal settings and ‘who’ is ultimately to determine (divorced from political considerations) when is it duly justified to make the EAW system operational? It is argued that the next generation of the EU’s criminal justice cooperation and the EAW need to recognise and acknowledge that the mutual trust premise upon which the European system has been built so far is no longer viable without devising new EU policy stakeholders’ structures and evaluation mechanisms. These should allow for the recalibration of mutual trust and mistrust in EU justice systems in light of the experiences of the criminal justice actors and practitioners having a stake in putting the EAW into daily effect. Such a ‘bottom-up approach’ should be backed up with the best impartial and objective evaluation, an improved system of statistical collection and an independent qualitative assessment of its implementation. This should be placed as the central axis of a renewed EAW framework which should seek to better ensure the accountability, impartial (EU-led) scrutiny and transparency of member states’ application of the EAW in light of the general principles and fundamental rights constituting the foundations of the European system of criminal justice cooperation.

EU Law, International Law and Economic Sanctions against Terrorism: The Judiciary in Distress? Research Papers in Law, 3/2008

From the Introduction. This article seeks to examine the relationship between European Union law, international law, and the protection of fundamental rights in the light of recent case law of the European Court of Justice (ECJ) and the Court of First Instance (CFI) relating to economic sanctions against individuals. On 3 September 2008, the ECJ delivered its long-awaited judgment in Kadi and Al Barakaat on appeal from the CFI.3 In its judgment under appeal,4 the CFI had held that the European Community (EC) is competent to adopt regulations imposing economic sanctions against private organisations in pursuance of UN Security Council (UNSC) Resolutions seeking to combat terrorism; that although the EC is not bound directly by the UN Charter, it is bound pursuant to the EC Treaty to respect international law and give effect to UNSC; and that the CFI has jurisdiction to examine the compatibility of EC regulations implementing UNSC resolutions with fundamental rights not as protected by the EC but as protected by jus cogens. On appeal, following the Opinion of Maduro AG, the ECJ rejected the CFI’s approach. It held that UNSC resolutions are binding only in international law. It subjected the contested regulations to full review under EC human rights standards and found them in breach of the right to a hearing, the right to judicial protection and the right to property. Kadi and Al Barakaat is the most important judgment ever delivered by the ECJ on the relationship between EC and international law and one of its most important judgments on fundamental rights. It is imbued by constitutional confidence, commitment to the rule of law but also some scepticism towards international law. In the meantime, the CFI has delivered a number of other judgments on anti-terrorist sanctions assessing the limits of the “emergency constitution” at European level. The purpose of this paper is to examine the above case law and explore the dilemmas and tensions facing the EU judiciary in seeking to define and protect the EU’s distinct constitutional space. It is divided as follows. It first looks at the judgment in Kadi. After a short presentation of the factual and legal background, it explores the question whether the EU has competence to adopt smart sanctions. It then examines whether the EU is bound by resolutions of the Security Council, whether the ECJ has jurisdiction to review Community measures implementing such resolutions and the applicable standard of judicial scrutiny. It analyses the contrasting views of the CFI, the Advocate General, and the ECJ taking account also of the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR). Further, it explores the consequences of annulling the contested regulation. It then turns to discussing CFI case law in relation to sanctions lists drawn up not by the UN Security Council but by the EC. The paper concludes by welcoming the judgment of the ECJ. Whilst its reasoning on the issue of Community competence is questionable, once such competence is established, it is difficult to support the abrogation of Community standards for the protection of fundamental rights. Such standards should ensure procedural due process whilst recognising the importance of public security.

Mobilized by Injustice: Criminal Justice Contact, Political Participation and Race

Thesis (Ph.D.)--University of Washington, 2016-06

A political analysis of the PRSP initiative: Social struggles and the organization of persistent relations of inequality

The current global development project appears to be premised on the assumption that underlying political debates over development have been settled. An upshot of this is that development is reduced to the theoretical, ideological and legal framework of a neo-liberal political order. However, implicit, and sometimes explicit, political dynamics of development can be rendered from a perspective that foregrounds social struggles. I offer a political analysis of the PRSP initiative by examining its evolution and implications considered within social and political contexts, and by specific reference to the 'poverty reduction' interventions that emerged in the 1980s. I argue that the PRSP initiative is best understood as the formation of a comprehensive extension of neo-liberal strategic responses that emerged in the 1980s. In this context, I discuss the example of microcredit schemes in relation to the PRSP process and demonstrate the analytical significance of micro-political social relations for political analyses of development. The approach I adopt reveals social struggles as relationally constitutive of formations of a hegemonic development discourse otherwise ostensibly rendered in de-contextualized terms. From the perspective of critical development analysis such struggles are the concrete expressions of the contradictions immanent to the dialectic of development through inequality and immiseration in the (re)production of social power.

Mathematical modelling and control of agitated extraction columns

Liquid-liquid extraction has long been known as a unit operation that plays an important role in industry. This process is well known for its complexity and sensitivity to operation conditions. This thesis presents an attempt to explore the dynamics and control of this process using a systematic approach and state of the art control system design techniques. The process was studied first experimentally under carefully selected. operation conditions, which resembles the ranges employed practically under stable and efficient conditions. Data were collected at steady state conditions using adequate sampling techniques for the dispersed and continuous phases as well as during the transients of the column with the aid of a computer-based online data logging system and online concentration analysis. A stagewise single stage backflow model was improved to mimic the dynamic operation of the column. The developed model accounts for the variation in hydrodynamics, mass transfer, and physical properties throughout the length of the column. End effects were treated by addition of stages at the column entrances. Two parameters were incorporated in the model namely; mass transfer weight factor to correct for the assumption of no mass transfer in the. settling zones at each stage and the backmixing coefficients to handle the axial dispersion phenomena encountered in the course of column operation. The parameters were estimated by minimizing the differences between the experimental and the model predicted concentration profiles at steady state conditions using non-linear optimisation technique. The estimated values were then correlated as functions of operating parameters and were incorporated in·the model equations. The model equations comprise a stiff differential~algebraic system. This system was solved using the GEAR ODE solver. The calculated concentration profiles were compared to those experimentally measured. A very good agreement of the two profiles was achieved within a percent relative error of ±2.S%. The developed rigorous dynamic model of the extraction column was used to derive linear time-invariant reduced-order models that relate the input variables (agitator speed, solvent feed flowrate and concentration, feed concentration and flowrate) to the output variables (raffinate concentration and extract concentration) using the asymptotic method of system identification. The reduced-order models were shown to be accurate in capturing the dynamic behaviour of the process with a maximum modelling prediction error of I %. The simplicity and accuracy of the derived reduced-order models allow for control system design and analysis of such complicated processes. The extraction column is a typical multivariable process with agitator speed and solvent feed flowrate considered as manipulative variables; raffinate concentration and extract concentration as controlled variables and the feeds concentration and feed flowrate as disturbance variables. The control system design of the extraction process was tackled as multi-loop decentralised SISO (Single Input Single Output) as well as centralised MIMO (Multi-Input Multi-Output) system using both conventional and model-based control techniques such as IMC (Internal Model Control) and MPC (Model Predictive Control). Control performance of each control scheme was. studied in terms of stability, speed of response, sensitivity to modelling errors (robustness), setpoint tracking capabilities and load rejection. For decentralised control, multiple loops were assigned to pair.each manipulated variable with each controlled variable according to the interaction analysis and other pairing criteria such as relative gain array (RGA), singular value analysis (SVD). Loops namely Rotor speed-Raffinate concentration and Solvent flowrate Extract concentration showed weak interaction. Multivariable MPC has shown more effective performance compared to other conventional techniques since it accounts for loops interaction, time delays, and input-output variables constraints.

Metformin in patients with type 2 diabetes and kidney disease:a systematic review

IMPORTANCE: Metformin is widely viewed as the best initial pharmacological option to lower glucose concentrations in patients with type 2 diabetes mellitus. However, the drug is contraindicated in many individuals with impaired kidney function because of concerns of lactic acidosis. OBJECTIVE: To assess the risk of lactic acidosis associated with metformin use in individuals with impaired kidney function. EVIDENCE ACQUISITION: In July 2014, we searched the MEDLINE and Cochrane databases for English-language articles pertaining tometformin, kidney disease, and lactic acidosis in humans between 1950 and June 2014.We excluded reviews, letters, editorials, case reports, small case series, and manuscripts that did not directly pertain to the topic area or that met other exclusion criteria. Of an original 818 articles, 65 were included in this review, including pharmacokinetic/metabolic studies, large case series, retrospective studies, meta-analyses, and a clinical trial. RESULTS: Although metformin is renally cleared, drug levels generally remain within the therapeutic range and lactate concentrations are not substantially increased when used in patients with mild to moderate chronic kidney disease (estimated glomerular filtration rates, 30-60 mL/min per 1.73m2). The overall incidence of lactic acidosis in metformin users varies across studies from approximately 3 per 100 000 person-years to 10 per 100 000 person-years and is generally indistinguishable from the background rate in the overall population with diabetes. Data suggesting an increased risk of lactic acidosis in metformin-treated patients with chronic kidney disease are limited, and no randomized controlled trials have been conducted to test the safety ofmetformin in patients with significantly impaired kidney function. Population-based studies demonstrate that metformin may be prescribed counter to prevailing guidelines suggesting a renal risk in up to 1 in 4 patients with type 2 diabetes mellitus-use which, in most reports, has not been associated with increased rates of lactic acidosis. Observational studies suggest a potential benefit from metformin on macrovascular outcomes, even in patients with prevalent renal contraindications for its use. CONCLUSIONS AND RELEVANCE: Available evidence supports cautious expansion of metformin use in patients with mild to moderate chronic kidney disease, as defined by estimated glomerular filtration rate, with appropriate dosage reductions and careful follow-up of kidney function.

A question of fit:cultural and individual differences in interpersonal justice perceptions

This study examined the link between employees’ adult attachment orientations and perceptions of line managers’ interpersonal justice behaviors, and the moderating effect of national culture (collectivism). Participants from countries categorized as low collectivistic (N = 205) and high collectivistic (N = 136) completed an online survey. Attachment anxiety and avoidance were negatively related to interpersonal justice perceptions. Cultural differences did not moderate the effects of avoidance. However, the relationship between attachment anxiety and interpersonal justice was non-significant in the Southern Asia (more collectivistic) cultural cluster. Our findings indicate the importance of ‘fit’ between cultural relational values and individual attachment orientations in shaping interpersonal justice perceptions, and highlight the need for more non-western organizational justice research.

Fair price and its effect on willingness to purchase

The purpose of the present research is to demonstrate the influence of a fair price (independent of the subjective evaluation of the price magnitude) on buyers' willingness to purchase. The perceived fairness of a price is conceived to have three components: perceived equity, perceived need, and inferred compliance of the seller to the process rules of pricing. These components reflect the Theories of Distributive Justice (as adjusted for conditions of need) and Procedural Justice.^ The effect of the three components of a fair price on willingness to purchase is depicted in a theoretically causal chain model. Based on the Theories of Dissonance and Attribution, conditions of inequity and need activate concerns for Procedural Justice. Under conditions of inequity and need, buyers tend to infer that the seller has not complied with the generally accepted pricing practices, thus violating the social norms of Procedural justice. Inferred violations of Procedural Justice influence the buyer's attitude toward the seller. As predicted by the Theory of Reasoned Action, attitude is then positively related to willingness to purchase.^ The model was tested with a survey-based experiment conducted with 408 respondents. Two levels of both equity and need were manipulated with scenarios, a common research method in studies of Distributive and Procedural Justice. The data were analyzed with a structural equation model using LISREL. Although the effect of the "need" manipulation was insignificant, the results indicated a good fit of the model (Chi-square = 281, Degrees of Freedom = 104, Goodness of Fit Index =.924). The conclusion is that the fairness of a price does have a significant effect on willingness to purchase, independent of the subjective evaluation of the objective price. ^

Essays on investment, growth and income distribution

In this dissertation, I examine both theoretically and empirically the relationship between stock prices and income distribution using an endogenous growth model with social status impatience.^ The theoretical part looks into how status impatience and current economic status jointly determine time preference, savings, future economic status, stock prices, growth and wealth distribution in the steady state. This work builds on Burgstaller and Karayalcin (1996).^ More specifically, I look at (i) the effects of the distribution of status impatience levels on the distribution of steady state assets, incomes and consumption and (ii) the effects of changes in relative levels of status impatience on stock prices. Therefore, from (i) and (ii), I derive the correlation between stock prices, incomes and asset distribution. Also, the analysis of the stack market is undertaken in the presence of adjustment costs to investments.^ The empirical chapter looks at (i) the correlation between income inequality and long run economic growth on the one hand and (ii) the correlation between stock market prices and income inequality on the other. The role of stock prices and social status is examined to better understand the forces that enable a country to grow overtime and to determine why output per capita varies across countries. The data are from Summers and Heston (1988), Barro and Wolf (1989), Alesina and Rodrik (1994), Global financial Database (1997) and the World Bank. Data for social status are collected through a primary sample survey on the internet. Twenty-five developed and developing countries are included in the sample.^ The model developed in this study was specified as a system of simultaneous equations, in which per capita growth rate and income inequality were endogenous variables. Additionally, stock price index and social status measures were also incorporated. The results indicate that income inequality is inversely related to economic growth. In addition, increase in income inequality arising from higher stock prices constrains growth. Moreover, where social status is determined by income levels, it influences long run growth. Therefore, these results support findings of Persson and Tabellini (1994) and Alesina and Rodrik (1994). ^

Latin America and the Caribbean in 2011 and Beyond: A conversation among Latin America and Caribbean Specialists.

For the first time in more than fifty years, the domestic and external conflicts in Latin America and the Caribbean (LAC) are not primarily ideological in nature. Democracy continues to thrive and its promise still inspires hope. In contrast, the illegal production, consumption, and trading of drugs – and its links to criminal gangs and organizations – represent major challenges to the region, undermining several States’ already weak capacity to govern. While LAC macroeconomic stability has remained resilient, illegal economies fill the region, often offering what some States have not historically been able to provide – elements of human security, opportunities for social mobility, and basic survival. Areas controlled by drug trafficking organizations (DTOs) are now found in Central America, Mexico, and the favelas of Rio de Janeiro and São Paulo, reflecting their competition for land routes and production areas. Cartels such as La Familia, Los Zetas, and Primeiro Comando da Capital (PCC-Brazil), among others, operate like trade and financial enterprises that manage millions of dollars and resources, demonstrating significant business skills in adapting to changing circumstances. They are also merciless in their application of violence to preserve their lucrative enterprises. The El Salvador-Guatemala-Honduras triangle in Central America is now the most violent region in the world, surpassing regions in Africa that have been torn by civil strife for years. In Brazil’s favelas and Guatemala’s Petén region, the military is leaving the barracks again; not to rule, however, but to supplement and even replace the law enforcement capacity of weak and discredited police forces. This will challenge the military to apply lessons learned during the course of their experience in government, or from the civil wars that plagued the region for nearly 50 years during the Cold War. Will they be able to conduct themselves according to the professional ethics that have been inculcated over the past 20 years without incurring violations of human rights? Belief in their potential to do good is high according to many polls as the Armed Forces still enjoy a favorable perception in most societies, despite frequent involvement in corruption. Calling them to fight DTOs, however, may bring them too close to the illegal activities they are being asked to resist, or even rekindle the view that only a “strong hand” can resolve national troubles. The challenge of governance is occurring as contrasts within the region are becoming sharper. There is an increasing gap between nations positioned to surpass their “developing nation” status and those that are practically imploding as the judicial, political and enforcement institutions fall further into the quagmire of illicit activities. Several South American nations are advancing their political and economic development. Brazil in particular has realized macro-economic stability, made impressive gains in poverty reduction, and is on track to potentially become a significant oil producer. It is also an increasingly influential power, much closer to the heralded “emerging power” category that it aspired to for most of the 20th century. In contrast, several Central American States have become so structurally deficient, and have garnered such limited legitimacy, that their countries have devolved into patches of State controlled and non-State-controlled territory, becoming increasingly vulnerable to DTO entrenchment. In the Caribbean, the drug and human trafficking business also thrives. Small and larger countries are experiencing the growing impact of illicit economies and accompanying crime and violence. Among these, Guyana and Suriname face greater uncertainty, as they juggle both their internal affairs and their relations with Brazil and Venezuela. Cuba also faces new challenges as it continues focusing on internal rather than external affairs and attempts to ensure a stable leadership succession while simultaneously trying to reform its economy. Loosening the regime’s tight grip on the economy while continuing to curtail citizen’s civil rights will test the leadership’s ability to manage change and prevent a potential socio-economic crisis from turning into an existential threat. Cuba’s past ideological zest is now in the hands of Venezuela’s President Hugo Chavez, who continues his attempts to bring the region together under Venezuelan leadership ideologically based on a “Bolivarian” anti-U.S. banner, without much success. The environment and natural disasters will merit more attention in the coming years. Natural events will produce increasing scales of destruction as the States in the region fail to maintain and expand existing infrastructure to withstand such calamities and respond to their effects. Prospects for earthquakes, tsunamis, and hurricanes are high, particularly in the Caribbean. In addition, there are growing rates of deforestation in nearly every country, along with a potential increase in cross-sector competition for resources. The losers might be small farmers, due to their inability to produce quantities commensurate to larger conglomerates. Regulations that could mitigate these types of situations are lacking or openly violated with near impunity. Indigenous and other vulnerable populations, including African descendants, in several Andean countries, are particularly affected by the increasing extraction of natural resources taking place amongst their terrain. This has led to protests against extraction activities that negatively affect their livelihoods, and in the process, these historically underprivileged groups have transitioned from agenda-based organization to one that is bringing its claims and grievances to the national political agenda, becoming more politically engaged. Symptomatic of these social issues is the region’s chronically poor quality of education that has consistently failed to reduce inequality and prepare new generations for jobs in the competitive global economy, particularly the more vulnerable populations. Simultaneously, the educational deficit is also exacerbated by the erosion of access to information and freedom of the press. The international panorama is also in flux. New security entities are challenging the old establishment. The Union of South American Nations, The South American Defense Council, the socialist Bolivarian Alliance, and other entities seem to be defying the Organization of American States and its own defense mechanisms, and excluding the U.S. And the U.S.’s attention to areas in conflict, namely Iraq, Afghanistan, and Pakistan – rather than to the more stable Latin America and Caribbean – has left ample room for other actors to elbow in. China is now the top trading partner for Brazil. Russian and Iran are also finding new partnerships in the region, yet their links appear more politically inclined than those of China. Finally, the aforementioned increasing commercial ties by LAC States with China have accelerated a return to the preponderance of commodities as sources of income for their economies. The increased extraction of raw material for export will produce greater concern over the environmental impact that is created by the exploitation of natural resources. These expanded trade opportunities may prove counterproductive economically for countries in the region, particularly for Brazil and Chile, two countries whose economic policies have long sought diversification from dependence on commodities to the development of service and technology based industries.