Estudio constitucional sobre facultades de la corte de Justicia.

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El Ejecutivo y la Corte de Justicia : estudio constitucional sobre la facultad del presidente de la República para nombrar los secretarios del despacho.

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Corte suprema e constitucional? propostas de reformas do Supremo Tribunal Federal e os modelos de controle de constitucionalidade

Existem duas formas de controle de constitucionalidade: o modelo difuso, de origem norte-americana, e o modelo concentrado, de origem européia. O presente trabalho, em uma primeira parte, analisa estes modelos no direito comparado, buscando compreender suas principais características. Posteriormente, descrevemos as propostas de criação de um tribunal constitucional no Brasil, durante a Assembléia Nacional Constituinte (ANC) de 1987-1988, evidenciando suas diferenças. Por fim, a partir das discussões na ANC, comentamos algumas propostas de emenda à constituição em trâmite no Congresso que pretendem estabelecer um mandato aos ministros e ampliar os critérios de indicação dos mesmos.

El bloque de constitucionalidad y principio de convencionalidad : Estudio sobre el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reforma constitucional de los estados.

33 p.

Cuestiones constitucionales : Votos del c. Ignacio L. Vallarta ;presidente de la Suprema Corte de Justicia en los negocios más notables resueltos por este tribunal de 1o. de Enero á 16 de Noviembre de 1882

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Cuestiones constitucionales : Votos que como presidente de la Suprema Corte de Justicia

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Cuestiones constitucionales : Votos del Sr. Lic. D. Ignacio L. Vallarta, Presidente que fué de la Suprema Corte de Justicia Nacional, en los negocios más notables resueltos por este tribunal desde mayo de1878 hasta noviembre de 1882.

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Protesta del presidente de la corte suprema de justicia de la República Mexicana : ciudadano Jesús G. Ortega contra los decretos espedidos por D. Benito Juárez el día 8 de Noviembre de 1865

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El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia mexicana: un instrumento para asignar contenido esencial a los derechos humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tesis (Doctorado en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad) UANL, 2014.

Salvedad en el tema crímenes de guerra por parte del Estado colombiano frente a la Corte Penal Internacional

Salvedad hecha por Colombia frente a la competencia de la CPI para juzgar Crímenes de Guerra en el ámbito nacional el fortalecimiento de la capacidad de negociación del gobierno frente a los grupos armados ilegales produjo el rechazo de amplios sectores de la sociedad civil

Las nulidades procesales en materia civil a partir del nuevo marco constitucional

estudio, determinación, causales, oportunidad de las llamadas nulidades que son, a no dudarlo, las que invalidan los actos y contratos, cuando se detectan causas que les restan eficacia.

Los estándares de la Corte Interamericana y la Ley de Justicia y Paz

El tema general de este libro es la relación entre los hechos y las normas, y más precisamente, la relación entre los hechos de la desmovilización paramilitar (y la más reciente de algunos guerrilleros convertidos en gestores de paz o en agentes de acuerdos humanitarios individuales) y las normas nacionales e internacionales que debieron haber regulado esa relación.Para identificar y evaluar la presencia del derecho dentro de esa negociación, este texto ha sido dividido en seis capítulos. El primero, hace una aproximación conceptual al concepto de estándares, entendidos como las pautas y reglas articuladas por el sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. El capítulo dos, reconstituye los estándares construidos por la Corte Interamericana, relacionados con los derechos de las víctimas desde juzgamientos hechos a Honduras, Guatemala, Perú y Colombia.

El amparo constitucional en el Ecuador: ¿regulación o restricción a la protección de los derechos fundamentales?

La existencia de unos derechos supone como correlato la vigencia de garantías que hagan efectivos los mismos. La acción de amparo constitucional -hoy acción de protección- constituye ese mecanismo ágil y efectivo de defensa de los derechos constitucionales, sin embargo, ha sido común en nuestro ordenamiento jurídico, restringir el uso y aplicación de esta garantía. Resoluciones de la ex Corte Suprema de Justicia y reglamentos del anterior Tribunal Constitucional han servido de fundamento para aquello. Así, los actos políticos, una categoría de actos con origen en la doctrina francesa, han sido invocados constantemente como actos no susceptibles al control vía amparo, no obstante, una concepción moderna determina que el ejercicio de las funciones políticas que también son administrativas no deberían ser inmunes a ningún tipo de control jurisdiccional, ya que los actos políticos no son más que una categoría de los actos jurídicos. Igualmente, se ha invocado que el amparo es improcedente respecto de actos normativos, en cuyo caso, el mecanismo de impugnación es la acción de inconstitucionalidad, no obstante, ¿qué sucede con los actos de aplicación de una ley? Creemos efectivamente que los actos de aplicación de una ley pueden afectar derechos constitucionales en un caso en concreto, y por lo tanto, son susceptibles de impugnación vía acción de protección. Finalmente, la acción extraordinaria de protección, aun cuando constituye una garantía autónoma, posibilita una impugnación en contra de sentencias y autos definitivos que vulneren derechos fundamentales sin que ello implique desconocer instituciones jurídicas procesales como la cosa juzgada, sino más bien dotar a las sentencias de un verdadero sello de certeza que asegure la vigencia de los derechos y una interpretación uniforme del texto constitucional. Bajo estos criterios, la acción de protección prevista en nuestra Constitución necesita ser regulada pero bajo ningún aspecto restringida en desmedro de su necesaria vigencia.

La justicia constitucional del Ecuador en 2009

Se analiza algunos aspectos claves de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LGJCC), especialmente los relacionados al fortalecimiento o debilitamiento de las garantías constitucionales en el Ecuador. La LGJCC expresa en su articulado dos concepciones jurídicas antagónicas. Una de corte garantista, acorde con la Constitución, que busca desarrollar las garantías e instituciones constitucionales. Otra, restrictiva de las garantías, anclada en el formalismo y legalismo, y que se expresa en disposiciones de la misma ley de dudosa constitucionalidad. Se evalúan sintéticamente algunas de las principales garantías reguladas por la LGJCC y finaliza con una breve reflexión sobre la cultura constitucional en Ecuador.

La reorganización de la Corte Suprema o la degradación del Estado de Derecho (Tema Central)

El autor adopta sustenta la inconstitucionalidad de la Resolución del Congreso No. 25-181, del 8 de diciembre de 2004, por medio de la cual cesa a los magistrados que desempeñaban sus funciones en la Corte Suprema de Justicia hasta esa fecha, y, para fundamentar su criterio, reconstruye los hechos y el derecho desde 1997 hasta el año 2004, analiza detalladamente la Resolución No. 25181 y objeta sus débiles fundamentos jurídicos y fácticos, a más de ello, utiliza métodos y principios específicos de la interpretación constitucional. Se estudia además de la trasgresión constitucional, la violación de los derechos subjetivos de los magistrados de la Corte Suprema cesados de sus cargos en diciembre de 2004.