De la actividad probatoria en el proceso penal

En el trabajo de investigación desarrollado aspiramos demostrar que la actividad probatoria, inicia desde el instante mismo en que se recogen formalmente los primeros elementos de convicción, que permiten al Fiscal atribuir o descartar imputaciones de carácter Penal; así como también dichos elementos servirán posteriormente para que el Juez dicte, auto de llamamiento a juicio; o sobreseimiento debidamente fundamentado. Para los fines antes indicados el fiscal o el Juez, deben valorar conforme a las reglas de la lógica, el conocimiento y la experiencia los recaudos procesales, todo lo cual permitirá declarar que existe o no, elementos que acrediten la existencia del tipo penal y la participación del imputado o acusado. Es así, que la aplicación de las reglas de la sana crítica no es exclusivamente en la etapa de juicio, sino también en la instrucción fiscal e intermedia, conforme señala el Artículo 90 del Código de procedimiento penal, afirmación que constituye el eje central de nuestro trabajo. Partiremos del estudio de nociones y principios fundamentales que nos permitan introducirnos en la problemática, pasando por la definición de la prueba y de la actividad probatoria; para en segundo momento tratar sobre los sistemas de valoración de los elementos probatorios en el proceso; y, concluir con el tratamiento de los indicios y de las presunciones, cuya formalidad de ingreso y valoración en el proceso tiene suma importancia, porque dichos elementos acreditan la realidad procesal que permitirá obtener una resolución debidamente fundamentada, ya sea absolutoria o condenatoria, producto de una actividad probatoria.

Violación de las garantías constitucionales de los derechos humanos y el debido proceso en la prehensión por delitos flagrantes y la prisión preventiva

Esta investigación se enmarca en el ejercicio del debido proceso, institución jurídica garantizada por la Constitución del Ecuador y contemplada en Código de Procedimiento Penal, la investigación se realizó en Quito en los juzgados, tribunales penales, policía técnica judicial y centros de rehabilitación; con la finalidad de contribuir a que cada día se respete en todas las instancias el debido proceso, así como los derechos humanos, esto es, desde el momento de la aprehensión, indagación previa, instrucción fiscal, etapa intermedia, etapa del juicio y en la etapa de impugnación, es decir en toda la tramitación de las causas penales, inclusive hasta en el recurso de revisión y con la aprobación de la constitución vigente hasta la resolución de la causa penal ante La Corte Constitucional. Lamentablemente se ha evidenciado que las violaciones a los derechos humanos a los detenidos se siguen dando en forma alarmante por lo que, es necesario insistir una y mil veces que los operadores de justicia actúen dentro del marco jurídico existente. El debido proceso en el nuevo sistema procesal penal garantiza tener una justicia independiente, respetando la Constitución, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y la aplicación correcta de la Ley, hasta que en sentencia al procesado se le absuelva o se le condene.

El juzgamiento del delito tributario

La falta de definición de las normas para juzgamiento de los delitos tributarios, ha producido conflictos de competencia, concretamente a partir de la vigencia de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas; y, posteriormente el problema toma mayores magnitudes con la aplicación del actual Código del Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial No. S-360 /13 de enero de 2000) que empezó a regir a partir dell3 de julio del2001, con el cual el sistema procesal penal en nuestro país experimentó un cambio estructural al sustituirse el sistema inquisitivo por el acusatorio. Este cambio reestructuro también el juzgamiento de los delitos tributarios en donde se evidencia graves problemas de aplicación de las normas procesales. El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal determinar cuales son los conflictos de competencia que se están presentando en el juzgamiento de los delitos tributarios. Además establecer cual es la normativa que debe aplicarse en el juzgamiento de esta clase de delitos, por los órganos de encargados de administrar justicia en materia penal tributaria, luego de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Penal. En la presente investigación analizaré las principales reformas al Libro IV del Código Tributario con la Ley 99-24 y la resolución de la Corte Suprema, que estableció un giro en cuanto a la competencia y jurisdicción en materia penal tributaria, provocando con ello claras incoherencias con preceptos constitucionales, normas sobre la competencia en materia penal y sobre todo normas procesales respecto al juzgamiento de los delitos tributarios previstas en el Código Tributario. Otro de los temas analizados es la legalidad de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia en contra de normas constitucionales que garantizan el debido proceso, el derecho a una justicia sin dilaciones, y otras discordancias normativas. Esta problemática se aborda en la investigación que pongo a consideración, en la que examinaré conceptos centrales referentes al delito tributario, naturaleza de las normas tributarias, la competencia en materia penal-tributaria, las normas previstas para el juzgamiento del delito tributario, análisis de jurisprudencia, resultados de encuestas y entrevistas realizadas, para luego proponer las conclusiones y recomendaciones respectivas.

Los actos administrativos tributarios como fundamentos suficientes de indicios de responsabilidad penal

Código Orgánico Tributario establece que de identificar a través de actos de administración tributaria firmes o ejecutoriados indicios de la existencia de un delito tributario, la Fiscalía General del Estado debe dar inicio a la Instrucción Fiscal correspondiente. Del mandato legal se establece primero que es el acto administrativo el que otorgaría a la Fiscalía General del Estado los indicios suficientes para dar inicio a una Instrucción Fiscal, que conforme el Código de Procedimiento Penal debe cumplir con ciertos requisitos previo su inicio, estableciendo además que para prevenir de su conocimiento la Fiscalía, estos actos administrativos deben encontrarse firmes o ejecutoriados y en el caso de haber sido impugnados en sede judicial, existir una sentencia ejecutoriada. Por lo expuesto, en el presente estudio se analizan los alcances jurídicos de los actos administrativos tributarios en el proceso penal, así como las funciones especificas que la Constitución y la Ley otorgan a la Fiscalía General del Estado para el conocimiento y ejercicio de la acción penal pública, estableciendo conclusiones respecto de los problemas planteados y propuestas de reformas al Código Orgánico Tributario que generen armonía y lógica jurídica.

La negativa pura y simple en el ejercicio del derecho de contradicción

Esta obra analiza la actitud que el demandado debe tomar frente a la demanda y sus pretensiones en el moderno proceso civil, desde la perspectiva doctrinario y legal ecuatoriana, y la comparada, especialmente del derecho procesal latinoamericano. Con base en ello y en el análisis de la ambigua jurisprudencia ecuatoriana referente al tema redescubre y define la verdadera naturaleza jurídica de la negativa simple y llana de los fundamentos de la demanda, por años malentendido en la costumbre judicial, y describe el alcance y tratamiento que el consignarla tiene en los operadores de justicia ecuatorianos. Posteriormente, examina el enfoque y las tendencias actuales respecto de la consideración de la negativa en el proceso civil contemporáneo, principalmente respecto de la carga de la prueba ante su enunciado y la consecuente aplicación del principio de congruencia en los fallos que la analizan, de modo que estos consoliden la seguridad jurídica constitucionalmente garantizada, recalcando la urgente necesidad del cambio de paradigmas en el derecho procesal civil ecuatoriano y en sus usuarios. El estudio constituye una excelente fuente de consulta para los abogados al momento de elegir y ejecutar la estrategia idónea y debidamente fundamentada de defensa para sus clientes.

La nueva Constitución, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y sus implicaciones en el ámbito jurídico

El régimen tributario en el estado contemporáneo resulta trascendental para su propia sobrevivencia, más en época de crisis como la que afrontamos, en la que las otras fuentes de ingresos públicos, como los patrimoniales o los préstamos, se hacen cada vez más escasos y difíciles de obtener. Por su parte, la Constitución expedida por la Asamblea Constituyente y publicada en el Registro oficial Nº 449 de 20 de octubre del 2008, pretende la configuración de un nuevo Estado basado en principios de solidaridad, de equidad, de redistribución de la riqueza entre todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. En este contexto, resulta de gran importancia analizar los cambios que en el régimen tributario ecuatoriano ha propuesto la nueva Constitución, en particular en los artículos 300 y 301, que sin duda vienen a complementar aquellos que, ya figuraban en la Constitución de 1998. Pero es en su espíritu el verdadero cambio; pues, tales principios están vigentes en cada relación jurídica y no solamente como una mera declaración sino como normas de aplicación directa a través de su fuerza vinculante y, además, de inmediata aplicación. Por otra parte, resulta trascendente para la materia tributaria, los cambios de varias instituciones del Código Tributario, entre ellas y de manera especial al régimen penal tributario, implementadas por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 242 del 29 de diciembre del 2007. En ella, se ha convertido al <delito tributario> en un <delito común>, es decir alejado de la filosofía impuesta por los autores del Código Tributario, que creyeron que este tipo de infracciones, por ser especiales, debían tener un tratamiento diferente. Con el nuevo régimen y la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial y las Reformas al Código de Procedimiento Penal, son los jueces ordinarios los que conocerán y juzgaran a los infractores tributarios. Debemos anotar que el endurecimiento de las penas, impulsado por esta nueva Ley Reformatoria, es drástica, al extremo de imponer hasta reclusión menor ordinaria> de 3 a 6 años a los infractores tributarios, mientras que el Código Tributario se contempla prisión de 3 a 5 años, como máximo de la pena. El presente trabajo intenta un estudio comparativo entre el nuevo régimen y el ya superado con la expedición de la Constitución y Ley ya referida.

Procedimientos y aplicación de la cámara de Gésell en el Ecuador, en relación al testimonio anticipado (urgente) en los delitos de violación

En el presente trabajo se desarrolla el testimonio anticipado (anteriormente denominado testimonio urgente) realizado a las presumibles víctimas en los procesos penales en la investigación (anteriormente denominada indagación previa) en el delito de violación, en la cámara de Gésell, para determinar si en su recepción existen vulneraciones a los derechos de la víctima y del procesado. La motivación principal de esta temática, radica en la innegable importancia y beneficio de los testimonios en cámara de Gésell para la protección de los derechos de la víctima, y celeridad procesal; sin embargo, no se puede dejar de lado la protección de los derechos de la o el sospechoso. Se abordan temas primordiales que permitirán esclarecer estas características, respecto al testimonio anticipado-urgente tomado en cámara de Gésell, que al ser un medio probatorio en materia penal, sugiere el análisis del tipo de sistema penal que se encuentra vigente en el Ecuador, que es de vital importancia para determinar los medios probatorios que en materia penal en el Ecuador deben servir de fundamento al juez para emitir su sentencia, en adición con la utilización de medios tecnológicos, que han ayudado a perfeccionar dichos medios (cámara de Gésell). En virtud de lo cual, se podrá establecer el enfoque ecuatoriano respecto a la protección de los derechos de las partes procesales involucradas en un proceso penal, y si la innovación de medios probatorios en el Ecuador, responde o no a la realidad ecuatoriana en razón del sistema penal vigente, o en su defecto a una realidad de un país distinto. Por tanto, se desarrolla y analiza lo expresado por la normativa tanto del derogado Código de Procedimiento Penal, del Código Orgánico Integral Penal, y del procedimiento establecido por el Consejo de la Judicatura en el Ecuador, en el uso de la cámara de Gésell para la recepción de testimonios anticipados de víctimas de delitos de violación, así como el valor que tiene esta prueba testimonial para la determinación de una sentencia condenatoria por parte de las y los administradores de justicia.

La Contraloría General del Estado como sujeto procesal en el sistema acusatorio ecuatoriano

Al tema relativo a los sujetos procesales en el sistema procesal acusatorio que mantiene en la actualidad la República del Ecuador, resulta imperioso ponerlo sobre la palestra de investigación, especialmente por las consecuencias jurídicas que, en este caso tiene, la presencia de la Contraloría General del Estado, como una de estas partes, sin obtener tal calidad. Precisamente, el alcance de la presente investigación está destinado a establecer –sobre la base de disposiciones constituciones y legales, y los valiosos aportes doctrinales nacionales y extranjeros– cuáles son las personas naturales o jurídicas que pueden ser consideradas como partes procesales; sin embargo, en el ámbito nacional, las limitaciones están marcadas por la inoperante actuación de ciertos magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia que, sin considerar esas disposiciones constituciones y legales –mucho menos los aportes doctrinales– dieron un status especial a la Contraloría General del Estado, con una simple resolución, que inclusive reformó tácitamente el Código de Procedimiento Penal de entonces, además que se la atribuyó funciones que le correspondían a la Función Legislativa. Por lo que queda anotado, el tema es absolutamente justificado dentro de una actualidad jurídica que requiere una respuesta adecuada y oportuna de las diferentes instancias, especialmente de la Función Judicial –tal como lo dejamos planteado en la investigación–, y que se comprobó que la actuaciones pasadas están siendo corregidas. Por ello, la idea que se mantuvo como hipótesis –y que se deja planteada para los lectores– es que el órgano de control no puede ser considerado como parte procesal en el sistema procesal penal ecuatoriano. La presente investigación, a través de un análisis jurídico-crítico, pretende establecer una realidad jurídica que debe ser aplicada de forma inmediata, para buscar una adecuada aplicación de la justicia.

Apelação

O presente trabalho é uma pesquisa sobre apelação.Para uma melhor compreensão deste recurso,primeiramente será falado sobre quais recursos são aceitos no ordenamento jurídico brasileiro, onde se tem uma ideia da grande quantidade de recursos disponíveis no Código de Processo Civil atual, assim como especifica em quais situações cada um deles poderá ser utilizado,chegando assim na apelação.É nesta parte do trabalho que a pesquisa é aprofundada, mostrando suas particularidades, deixando claro a importância da apelação em nosso ordenamento jurídico pois,como veremos, sendo o principal meio de pedido de revisão de sentença, é através da apelação que muitos erros, ou até mesmo enganos são corrigidos, e demostrando também que este recurso muitas vezes é utilizados para protelar a ação, sobrecarregando assim nosso sistema judiciário.

Apelação

O presente trabalho é uma pesquisa sobre apelação.Para uma melhor compreensão deste recurso,primeiramente será falado sobre quais recursos são aceitos no ordenamento jurídico brasileiro, onde se tem uma ideia da grande quantidade de recursos disponíveis no Código de Processo Civil atual, assim como especifica em quais situações cada um deles poderá ser utilizado,chegando assim na apelação.É nesta parte do trabalho que a pesquisa é aprofundada, mostrando suas particularidades, deixando claro a importância da apelação em nosso ordenamento jurídico pois,como veremos, sendo o principal meio de pedido de revisão de sentença, é através da apelação que muitos erros, ou até mesmo enganos são corrigidos, e demostrando também que este recurso muitas vezes é utilizados para protelar a ação, sobrecarregando assim nosso sistema judiciário.

Tutelas Sumárias

Visando Asssegurar uma prestação jurisdicional efetiva e tempestiva, o legislador cuidou de instituir procedimentos diferenciados, para atender as especificidades do direito material.Desta forma, o Livro III, do Código de Processo Civil trata do processo cautelar, que visa assegurar a eficácia da tutela definitiva.Ademais, para ampliar o espectro das medidas provisórias e urgentes, foi instituída pela Lei 8.952/94,a tutela antecipada, que permite conceder liminar satisfativa em qualquer ação de conhecimento, preenchidos certos requisitos.Entretanto, a diferença entre as duas modalidades de tutela não se apresenta com nitidez, daí a necessidade de estabelecer seus contornos.O tutela cautelar tem como características a instrumentalidade e a provisoriedade, pois são precedidas de cognição sumária, não são imutáveis, e se destinam a servir outro processo.Além disso, este tipo de tutela como condições específicas o fumus boni iuris e o periculum in mora.Na tutela antecipada, o juiz concede á parte provimento que, comumente, só seria obtido depois de prolatada a sentença definitiva.As situações que a justificam são o "fundado receio de dano dano irreparável ou de difícil reparação" ou o "abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu".Tem como pressupostos prova inequívoca e verossimilahança da alegação.Caracteriza-se pela provisoriedade e reversibildade.A tutela antecipada é satisfativa da própria tutela postulada.

Decisão monocrática e agravo interno: lesão ao devido processo legal?

Esta dissertação tem por objetivo analisar os institutos da decisão monocrática e do agravo interno, sob o prisma de metodologia empírica que busca priorizar a realidade pragmática da aplicação do artigo 557 do Código de Processo Civil. Enfocou-se o instituto da decisão monocrática no contexto das minirreformas processuais brasileiras, que tiveram como alicerce o princípio da efetividade processual. Esse princípio pressupõe a duração razoável do processo, garantida na Constituição Federal Brasileira. A partir da constitucionalidade desse princípio, defendeu-se a constitucionalidade do artigo 557 do Código de Processo Civil, que não pode ser considerado abstratamente inconstitucional. Demonstrou-se que a aplicabilidade do artigo 557 pode ser inconstitucional se não atender à técnica da ponderação de valores, que garante a interpretação conforme a Constituição. Analisou-se o agravo interno, sob a premissa do valor da celeridade em cotejo com o devido processo legal, que permeou a subsequente análise do procedimento desta espécie de agravo. Após uma reflexão sobre os institutos da decisão monocrática e do agravo interno, aliada ao exame dos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e motivação das decisões judiciais, passou-se ao exame empírico desses institutos jurídicos. Nessa análise, foram coletados e examinados dados estatísticos, que confirmaram – e, assim, possibilitaram a conclusão da dissertação – a constitucionalidade do artigo 557 e a importância de sua interpretação conforme os referidos princípios constitucionais.

A supressão do efeito suspensivo do recurso de apelação: uma investigação sobre seus reflexos na celeridade processual e segurança jurídica, a partir de estudos de casos e dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Esta dissertação de mestrado tem o objetivo de estudar o efeito suspensivo do recurso de apelação e seus reflexos no sistema jurídico brasileiro. Com efeito, busca-se analisar as possíveis consequências da supressão do próprio efeito suspensivo sobre o tempo de duração dos processos e quanto a possível insegurança jurídica causada pela ausência da suspensão dos julgados de primeira instância. Sustenta-se neste trabalho que a supressão do efeito suspensivo pode ser uma proposta para aumentar a celeridade na tramitação dos processos no Brasil, sem causar problemas de segurança jurídica. Em primeiro lugar, descreve-se o problema de investigação e suas proposições. O primeiro capítulo apresenta a judicialização das relações sociais e, por conseguinte, a multiplicação do número de ações distribuídas e a crescente exigência pela efetividade da prestação jurisdicional. Neste mesmo capítulo o trabalho se ocupa em apreciar dos dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e com a análise qualitativa de casos típicos que demonstram o uso do efeito suspensivo tão somente para procrastinar o tempo de duração do processo bem como para barganhar um possível acordo vantajoso para o devedor. Em seguida, apreciamos os Princípios constitucionais da Segurança Jurídica e da Efetividade e Celeridade da Prestação Jurisdicional indicando o marco teórico de cada princípio. O segundo capítulo descreve conceito de sentença e seus efeitos, levando-se em consideração as últimas reformas processuais. Após, estuda-se a suposta estabilidade do sistema jurídico com a aplicação do efeito suspensivo, abordando o duplo grau de jurisdição como garantia constitucional. Posteriormente, indicamos a utilização estratégica do efeito suspensivo pelos atores (réus) do processo. O terceiro capítulo destina-se a apontar a legislação estrangeira e seus respectivos fundamentos jurídicos que influenciaram o nosso ordenamento jurídico, bem como a colaboração do autor em sugerir uma nova proposta de lei. Aproveitamos a oportunidade para trazer á baila as possíveis alterações oriundas do projeto do novo Código de Processo Civil e suas aspirações para dirimir os obstáculos que causam o longo tempo de duração dos processos. Por fim, apresentamos as considerações finais sobre a hipótese de supressão do efeito suspensivo como meio de alcançar a redução do tempo de duração do processo mantendo-se as garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Com efeito, demonstra-se que não há qualquer violação ao Princípio da Segurança Jurídica.

O ônus da prova em demandas judiciais que envolvem contratos de participação financeira em concessionárias de telefonia

Há, nos tribunais do país, milhares de demandas judiciais ajuizadas em face de concessionárias de telefonia, postulando resíduo acionário decorrente de contratos de participação financeira celebrados a partir de 1976, com o intuito de expandir a malha telefônica. O que se discute, hoje, nas demandas que envolvem os contratos de participação financeira é, principalmente, a necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito alegado e a quem cabe o ônus de provar. Isso porque tais demandas começaram a ser ajuizadas sem lastro probatório, cabendo aos magistrados decidirem se o ônus da prova deve estar sempre atrelado aos autores, pela regra estática do artigo 333, I do Código de Processo Civil, ou se pode ser flexibilizada pelos institutos da inversão do ônus da prova e da Teoria da Carga Dinâmica. Outro ponto bastante enfrentado nessas ações é se apenas a indicação dos números dos contratos de participação financeira celebrados e a suposta data de sua celebração seriam suficientes para comprovarem o indício da relação jurídica dos promitentes-assinantes, autores das demandas, com a ré, empresa de telefonia, o que já justificaria a inversão do ônus da prova para a ré. Faz-se necessário, portanto, sobrepesar as espécies de prova, atreladas aos institutos de flexibilização do ônus de provar, para que se atinja o objetivo de toda instrução probatória: o livre convencimento do juiz, para a melhor aplicação do direito e uma justa resolução de conflitos.

"Não compre, plante"? A tipificação penal das situações de cultivo de Canábis pelo Tribunal de Justiça de São Paulo

A Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas) instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e criou as diretrizes para a política de drogas brasileira. Dentre o conjunto de medidas trazidas pela lei em seu dispositivo criminal está a criação de um tipo penal específico de cultivo de plantas para produção de drogas para consumo pessoal (art. 28, §1º). O plantio para consumo recebe o mesmo tratamento jurídico-penal que o porte para consumo (art. 28), sendo previstas sanções alternativas à privação de liberdade. O §2º do art. 28 da Lei de Drogas estabelece os critérios que as autoridades competentes do sistema de justiça criminal deverão considerar na tipificação penal das situações de cultivo. Este trabalho se debruça sobre a tipificação penal de situações de cultivo de canábis em acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo. A problemática de pesquisa aqui desenvolvida discute especificamente quais são os argumentos e como eles são apresentados nas decisões para justificar a determinação de que uma situação de cultivo é para fins de tráfico ou de consumo pessoal. O trabalho busca identificar como os critérios do §2º do art. 28 da Lei de Drogas são apresentados na fundamentação de decisões judiciais em que se discute na esfera criminal se uma situação de cultivo é para “consumo pessoal” ou “destinada a terceiros”. Uma pergunta central norteia a pesquisa realizada: quais os elementos e de que forma eles são utilizados nas decisões analisadas para tipificação do plantio para consumo pessoal (art. 28, §1º, da Lei de Drogas) e do plantio destinado a fornecer drogas a terceiros (art. 33, §1º, II)? Para enfrentar a problemática de pesquisa utilizamos a ferramenta de busca de acórdãos disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foram analisados 135 acórdãos do TJSP que enfrentam diretamente a controvérsia relativa à tipificação penal de situações de cultivo de canábis. Os acórdãos foram proferidos entre os anos de 1998 e 2014 e foram selecionados segundo os critérios especificados no capítulo metodológico da dissertação. Os resultados quantitativos da pesquisa dizem respeito às informações gerais dos processos, elementos de prova mencionados nos acórdãos, características das situações de cultivo e fundamentação da tipificação penal. A discussão qualitativa sobre os resultados da pesquisa é promovida em quatro frentes: (i) interpretação e valoração da quantidade de drogas; (ii) antecedentes criminais, circunstâncias da prisão e do agente; (iii) materiais de venda e outros elementos relevantes na tipificação penal; e (iv) características do conjunto probatório. As questões discutidas nestas frentes circunscrevem o problema de pesquisa e é a partir delas que é feita a análise apresentada neste trabalho. Esperamos conseguir contribuir para melhor compreensão (i) da determinação da finalidade do cultivo e (ii) das implicações jurídicas que decorrem da opção legislativa pela não utilização de critérios quantitativos na definição dos crimes de tráfico de drogas e plantio para consumo.