751 resultados para sector público
Resumo:
El Estado ecuatoriano, a través de sus entidades competentes ha iniciado procesos de contratación a Microempresas para la ejecución de la obra pública. Ciertamente que mucho se ha dicho de las Microempresas, como su importancia en la actividad económica, la comercialización, su organización y otros aspectos, no obstante, muy poco se ha dicho sobre la incursión de las Microempresas en la actividad estatal. Con el fin de evitar que las carreteras rehabilitadas o reconstruidas se expongan nuevamente a un proceso acelerado de deterioro por falta de atención e intervención oportunas en cuanto a mantenimiento rutinario, se ha decidido crear e implementar un nuevo sistema para atender adecuadamente la conservación rutinaria de la Red Vial Estatal, empleando MICROEMPRESAS para la ejecución de las actividades que utilicen mano de obra de la localidad, que se responsabilice de la gestión, para que las carreteras alcancen niveles satisfactorios en su operación. De esta manera se espera lograr el cuidado efectivo del valioso patrimonio vial construido durante varias generaciones. Desde el punto de vista social, contribuye a la generación de empleo en las distintas regiones del País y como consecuencia, una herramienta importante para potenciar el desarrollo comunitario. El propósito de esta investigación es determinar el respaldo jurídico con el que las microempresas deben contar para el desarrollo de sus actividades a ejecutarse mediante contrato con entidades del Sector Público. A la vez podrán resolverse y aclararse varias interrogantes con relación a este tipo de contrataciones.
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La Constitución de la República del Ecuador de 2008 dio un giro radical en materia de planificación, estableciendo el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa enfocado en el Plan Nacional de Desarrollo, como instrumento del gobierno que articula las políticas, programas y proyectos de inversión pública para el logro de los objetivos del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir, en un marco de garantías para el ejercicio de los derechos. A manera de síntesis, la Constitución establece el carácter mandatario de la planificación del desarrollo en el Estado, determina su rol estratégico de orientar el presupuesto, la inversión pública y el endeudamiento externo; de instancia de coordinación entre los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados; y su carácter participativo para la ciudadanía y la sociedad ecuatoriana, así como de observancia obligada para el sector público. Por tal razón, con este trabajo se aspira abordar de manera específica el análisis del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, concepto poco analizado por los estudiosos del derecho, debido en primer lugar al relego sufrido por la planificación nacional en las décadas pasadas, y en segundo lugar, porque al ser de reciente creación constitucional merece ser estudiado y comprendido en su totalidad.
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El siempre difícil manejo organizacional del sector público ha exigido a sus dirigentes a ampliar su perspectiva y utilizar criterios administrativos que les permitan ser más eficientes en sus actividades, optimizando los limitados recursos estatales que poseen. El Cuadro de Mando Integral -CMI- nace en la década de los noventas, de la mano de David Norton y Robert Kaplant, con el objetivo de mejorar la medición de los resultados institucionales basados en la estrategia organizacional. El aporte de este “termómetro de resultados” radica en que combina cuatro perspectivas fundamentales dentro de toda organización: Perspectiva de aprendizaje y crecimiento, perspectiva interna, perspectiva del cliente y perspectiva financiera; todos estos enfoques están estratégicamente enlazadas y relacionadas. El presente trabajo busca desarrollar la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento del CMI, aplicado a la Secretaría Técnica Administrativa del CONESUP, alineado a las estrategias de enfoque al cliente (usuario) y optimización de Costos. Para esto se basa en el análisis del Capital Humano: empleados, colaboradores y sus respectivas habilidades; Capital Intelectual: Software, base de datos, CRM, mejores prácticas; Preparación Organizacional enfocada al usuario; Competencias: Sistema de Gestión de Calidad, optimización de procesos.
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1. Distinguir plenamente la figura del pago indebido del pago debido. 2. Analizar la figura del pago indebido y su razón de ser. 3. Analizar la distinción entre el pago indebido y el pago en exceso, incorporada mediante ley de Reforma Tributaria, publicada en Suplemento de Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo del 2.001. 4. Analizar la figura del dinero y los frutos civiles o intereses. 5. Cuestionamiento al Art. 21 del Código Tributario, modificado mediante Ley de Reforma Tributaria, publicada en suplemento de Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo del 2.001. 6. Analizar la causación de intereses en el pago debido. Tomaré como figura de análisis la devolución del IVA al Sector Público, Exportadores, y Discapacitados.
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Esta investigación tiene como propósito sistematizar algunos elementos teórico conceptuales para acceder a un análisis sobre la estructura del Fondo Monetario Internacional, así como sobre el rol que este organismo ha jugado en el desenvolvimiento monetario, financiero, fiscal y comercial de los países miembros, particularmente de los que pertenecen al Tercer Mundo, y en singular nuestro país, que arrastra una crisis económica de carácter crónico, pese a la fidelidad con que cumple los sucesivos programas de ajuste. En el contexto del propósito mencionado, se hace reflexiones sobre las características que ha tenido la economía ecuatoriana, durante las últimas décadas, poniendo de relieve las situaciones críticas y los cambios a que se ha visto sometida, bajo las disposiciones de los organismos multilaterales de crédito. Igualmente se hace un análisis sobre las implicaciones, relaciones e influencias del contenido de las Cartas de Intención en el ordenamiento jurídico de nuestro país, llegando a la conclusión de que no siendo aquellas obligatorias, nos imponen medidas apartadas de nuestra problemática social. Finalmente, se llega a demostrar que existe una estrecha relación entre el contenido de las Cartas de Intención con los propósitos de modernización del Estado, proceso que se reduce a la privatización de las empresas del sector público.
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El Impuesto al Valor Agregado IVA, que pagan las entidades u organismos del sector público inmersos en la definición del artículo 118 de la Constitución de la República, por los bienes y servicios que adquieren para el normal desenvolvimiento de sus actividades, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno debe ser devuelto por el SRI en un plazo no mayor a treinta días, basados es esta disposición legal, este documento pretende brindar al lector, las bases fundamentales y doctrinarias del Impuesto al Valor Agregado, el hecho generador, sujetos activos y pasivos de este impuesto, para luego analizar el proceso mediante el cual las instituciones del sector público solicitan y obtienen de la administración tributaria la devolución del IVA pagado, procedimientos administrativos – tributarios y aplicación del Recurso de Revisión. Adicionalmente, de la ejecución de los ingresos del Presupuesto del Gobierno, se puede advertir la dependencia que existe de los ingresos tributarios y dentro de estos se presenta con una participación mayoritaria los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado, por tanto se analiza también la incidencia e importancia en el presupuesto del gobierno y en la Cuenta Única del Tesoro Nacional de los aportes por IVA y de los débitos por devolución de este impuesto.
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El presente trabajo está basado en el análisis realizado al Sistema de Ejecución Presupuestaria y su aplicación a las instituciones del Gobierno Central, en el cual además de las Instituciones del Sector Público están involucrados el Ministerio de Economía y Finanzas, y Organismos de Control. Como un preámbulo, se realiza una reseña histórica de los antecedentes que motivaron al Banco Central del Ecuador y Ministerio de Economía y Finanzas buscar una nueva alternativa para que las instituciones del sector público ya no realicen sus operaciones en el Banco Central utilizando los cheques entregados por esta entidad como medios de pago, diseñando para el efecto un sistema de Ejecución Presupuestaria que les permita realizar transferencias, pagos y depósitos a través de la banca privada corresponsal, el cual constituye un medio normativo que posibilita la ejecución de los presupuestos del Gobierno Central. Con la finalidad de fomentar el uso de la tecnología de la información y de comunicaciones en la gestión del sector público, tendiente a mejorar los niveles de transparencia, eficiencia y seguridad en los procesos, relacionados con la gestión de cobros y pagos de las instituciones del Gobierno Central, el Banco Central del Ecuador a diseñado el Sistema de Pagos del Sector Público, a través del cual se realizan el pago de las remuneraciones de los servidores públicos, además se pueden incluir en el mismo, otros pagos como servicios, viáticos, pago a proveedores y cualquier cancelación que las instituciones deban realizar por concepto de obligaciones ya devengadas. Para el efecto se ha coordinado la colaboración del sistema financiero nacional, el cual involucra a Bancos Privados, Asociación de Mutualistas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, en las cuales los servidores públicos aperturarán sus cuentas de ahorros o corrientes para la transferencia de sus remuneraciones. Este sistema a más de brindar agilidad en los procesos, permitirá al Gobierno Central disponer de información veraz y oportuna respecto al número de empleados del sector público que se encuentran laborando en sus diferentes dependencias, contribuyendo a un ahorro considerable en el Presupuesto General del Estado, además que permitirá al Ministerio de Economía y Finanzas programar el presupuesto de gastos para dichas instituciones, con base a información transparente.
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En el presente trabajo se realiza un análisis de las reformas al Sistema de Pagos impulsadas por el Banco Central del Ecuador que comprende un conjunto de mecanismos e instrumentos electrónicos a través de los cuales canalizan transferencias de fondos entre instituciones financieras privadas y entidades que conforman el sector público. El primer capítulo contiene los antecedentes, aspectos metodológicos del estudio, incluyendo la definición del problema a investigar, hipótesis, objetivos y justificación del tema. En el Capítulo II se revisa el Marco Teórico, que versa sobre aspectos relacionados con la literatura inherente a los principios básicos para sistemas de pago y valores modernos impartidos por organismos internacionales como: Banco de Pagos Internacionales, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Banco Mundial, etc. El Capítulo III comprende la evolución histórica del sistema financiero nacional, detallando la crisis financiera de los noventas, adicionalmente se menciona la regulación, supervisión y vigilancia del Sistema de Pagos. El Capítulo IV se relaciona con la arquitectura del sistema financiero, especificando los mecanismos de intercambio y liquidación de las operaciones bancarias, descripción de las Reformas al Sistema de Compensación y Liquidación de Valores.
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La Jurisdicción Contenciosa Administrativa en la legislación ecuatoriana, como parte integrante del Derecho Administrativo, es un tema poco difundido y comentado, tanto por tratadistas cuanto por los profesionales del Derecho. El presente trabajo tiene como propósito efectuar un análisis general de contenidos inherentes a la Administración Pública, los actos administrativos emanados por los órganos y entidades del sector público, el origen de la jurisdicción contenciosa administrativa y los recursos contenciosos previstos en la ley, analizando sus antecedentes, características, elementos, etc. Dentro del ámbito procesal examinaremos con un caso práctico, el recurso contencioso administrativo subjetivo o de plena jurisdicción, interpuesto por un servidor público ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, a través del cual impugna el acto administrativo de destitución del cargo público que ocupaba. La base fundamental de estudio y análisis es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, instrumento jurídico, que reglamenta el procedimiento contencioso administrativo, que para nuestro estudio académico lo desarrollamos en tres etapas: inicial, probatoria y resolutoria.
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Es indiscutible la importancia que para el Ecuador tiene su sector agrícola, tanto como fuente de ingreso de divisas como proveedor de trabajo y alimentos. Su papel estratégico es mas claro si se piensa que en este último subsector influyen fuertemente elementos exógenos como la existencia de subsidios en muchos países productores, las presiones por liberar el comercio internacional, los esfuerzos de integración regional y el veloz ritmo de las innovaciones en el área de la biotecnología. La preocupación por estos temas ha aumentado al considerar prospectivamente factores como los cambios climáticos y el agotamiento de las fuentes de agua de riego, los cuales tienden a ser mas críticos con el paso del tiempo. Es por ello que en esta nueva fase del desarrollo político y económico de América Latina revalorizar el papel de la agricultura, la cual es indispensable para superar contradicciones y retrasos sociales, implica la revalorización de la agricultura, y particularmente de la tecnología en ella, como instrumento de competitividad. Por otro lado, en este país la cooperación técnica internacional es fuente alternativa de recursos para la institución responsable de la investigación agrícola, uno de los elementos claves en el proceso de innovación técnica, el cual a su vez tiene gran peso en el logro de mayores niveles de productividad y competitividad, así como en el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Si el cambio técnico es fundamental lo es mas si es sostenible, autónomo, participativo y es generado por demandas endógenas que contribuyan a satisfacer en primer lugar las necesidades propias de la sociedad. Para ello la cooperación es indispensable, pero no debe limitarse solamente a aquella, caracterizada por inducir el cambio tecnológico a partir de la oferta, y por su unidireccionalidad y unilateralidad, sino que debe concebirse como una red en la que 10 interactúan horizontalmente, demandantes, academia y empresa privada, al igual que otras instituciones de nivel regional e internacional. Por lo anterior es preciso examinar los vínculos existentes entre formas de cooperación y procesos de cambio técnico en la agricultura, - específicamente en el caso de un producto que como el maíz tiene una gran relevancia tanto en lo económico como en lo cultural -, con el afán de establecer los beneficios, alcance y limitaciones de dicha cooperación en lo referente a: la producción, productividad del cultivo. La calidad de vida de los sectores a los que fue dirigida la ayuda, y la sustentabilidad de la capacidad tecnológica. En las teorías sobre el cambio técnico, ha adquirido una creciente importancia un enfoque sistémico, evolutivo, institucional, que, a diferencia del enfoque ortodoxo lineal y determinista de cambio inducido por la oferta, enfatiza en la multiplicidad de interrelaciones entre los diversos subsistemas que intervienen en la dinámica de la sociedad. Es decir que incluye en el análisis factores económicos sociales políticos culturales e institucionales, entendidos estos como costumbres, pautas, actitudes, orientaciones, estímulos que guían la acción de la sociedad. Para exponer los resultados de la investigación, en primer lugar haremos una breve reseña de las líneas fundamentales a lo largo de las cuales ha evolucionado la economía mundial en la década de los 90 relevando las conexiones con el desarrollo de la cooperación técnica en el sector agrario ecuatoriano. Detallaremos aquí el rol desempeñado por el INIAP como receptor de la cooperación técnica internacional, que se ha centralizado en el caso del maíz en el CIMMYT. Es en este período cuando se intensifica el proceso de reformas modernizadoras, contenidas en los programas de ajuste estructural, se sanciona una nueva ley de reforma agraria, se eliminan las empresas comercializadoras del sector público, se adhiere el país a la OMC y se pone en marcha el arancel externo de la comunidad andina.
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Ante el surgimiento de dificultades para garantizar un adecuado y suficiente abastecimiento energético, se ha desarrollado a nivel mundial varias opciones de fuentes de energía, entre las que se puede contar a los biocombustibles que son producidos a partir de materia orgánica. Las voces que alientan el fomento de biocombustibles a nivel mundial y local provienen del sector púbico y privado, no obstante varios ambientalistas denuncian lo destructivo de su desarrollo en los ámbitos ambientales y alimenticios en esencia. Está investigación tiene como propósito entender la situación actual de la industria de los Biocombustibles en Ecuador -con énfasis en el etanol a partir de la caña de azúcar-, identificar a los principales actores del ámbito privado y público involucrados, así como conocer el rol actual del sector público. Es importante conocer lo que se encierra al interior de la naciente industria de biocombustibles en Ecuador, pues al ser un producto primario, y al recordar los efectos negativos dejados por la serie de productos primarios que en su momento sustentaron el desarrollo del Ecuador, el estudio, podría apreciarse importantes señales que ayuden a controlar posibles impactos negativos más aún si se perciben afecciones a la seguridad alimentaria, al ambiente y a la capacidad de reproducción de la población trabajadora(involucrada) por efectos un control oligopólico de la cadena de producción.
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La nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, establece nuevos procedimientos con una visión totalmente diferente a los procesos de contratación pública que las entidades del sector público realizaban, esto impone nuevas perspectivas orientando al sector público a un sistema transparente, eficiente y dinámico de contratación. Se plantea así mismo como excepción la posibilidad de que las entidades del sector público se presenten como proveedoras del Estado, aparte de ser contratistas, estableciendo para este tipo de contrataciones un procedimiento especial que se lo realiza a través de la contratación directa, estos son los llamados contratos interadministrativos. En este trabajo se hace un análisis de cada uno de los aspectos relacionados con el procedimiento aplicable a los contratos interadministrativos, desde la generación de la necesidad por parte de la unidad requirente de la entidad contratante, que es el momento en el que inicia el proceso precontractual, pasando por la suscripción del contrato y su ejecución hasta llegar a las posibles controversias que pudieran surgir durante la ejecución y que en este caso serían controversias entre dos entidades del sector público, y finalmente las causales que se pueden aplicar en el caso de los contratos interadministrativos. Este trabajo pretende establecer si las condiciones y normas que se aplican a los contratistas privados, son también aplicables en los contratos interadministrativos considerando que se trata de una entidad del sector público como contratista, o existen diferencias que deben ser tomadas en cuenta al momento de contratar.
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El propósito y afán de los autores de esta investigación, al incursionar en el tema ha sido el de indagar sobre el rol protagónico las FF.AA. en el Estado y la sociedad, para de allí partir a la búsqueda de respuestas a la interrogante de: cuáles son las razones para la existencia de la actividad empresarial del Ejército y cómo el proceso de modernización actual, incide en las empresas del Ejército. Conforme los propósitos del Area de Derecho Económico de la Universidad Andina "Simón Bolívar", nos hemos planteado la necesidad de encarar desde la óptica del método sociológico, el estudio multidisciplinario de la realidad jurídica concreta de las unidades productivas de la Fuerza Terrestre. Al efecto de lo anterior, la tesis se ha dividido en tres partes, en las que se ha inyectado la visión de la Geopolítica, Seguridad Nacional y el desarrollo, opción sugerida por el tutor de la tesis, Dr. Paco Moncayo Gallegos. En la primera parte del trabajo, se estudia al Estado, su evolución, funciones y cómo afecta a su estructura la política económica aperturista. En este marco se analizan los conceptos de seguridad, defensa, así como las experiencias empresariales del Ejército en Latinoamérica, llegando hasta el análisis de las FF. AA. en el Ecuador y la evolución reciente de las empresas de sus tres ramas: terrestre, naval y aérea. En la segunda parte se analiza las empresas del Ejército en cuanto a su pertenencia al sector público, tomando como referente a los estudios sobre la actividad empresarial del Estado ecuatoriano, efectuados por la SENDA. Ubicada DINE como parte de las empresas públicas, a continuación se pasa a revisar su base legal de creación, sus objetivos, organización, para arribar a un análisis somero de las empresas o dependencias industriales propias y las empresas en que DINE tiene participación accionaria en forma mayoritaria y minoritaria. Finalizando esta parte con la exposición que existen respecto a la privatización de las empresas de DINE. En la tercera parte se busca delinear un modelo estratégico para el desarrollo de las empresas del Ejército, desde el punto de vista jurídico y administrativo. En el I capítulo se revisan diagramas referentes a la planificación nacional y la inserción de DINE en ella. Luego se analiza el marco jurídico para el desarrollo de DINE, comenzando por la estructura jurídica de la agrupación de empresas, las formas de asociación de empresas, los problemas jurídicos de la unión de empresas, para llegar a la estructura de la compañía Holding. En los tres últimos capítulos de la tercera parte se desarrolla la gestión tecnológica como herramienta de la modernización de las empresas del Ejército, así como los vínculos de cooperación entre la ESPE y DINE, para propiciar el desarrollo de la investigación tecnológica y, finalmente se analiza un modelo de desarrollo estratégico de la empresa FAME. El último capítulo contiene conclusiones y recomendaciones, relacionados al papel de las FF.AA., y los resultados que genera DINE en cuanto a beneficios y aporte a la economía nacional.
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Este trabajo se dirige a establecer además de las falencias sustantivas y procesales qué otra clase le afectan, que no han permitido ejercer en forma idónea la persecución del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarias o funcionarios públicos; con ese fin se analizará en forma cuantitativa como cualitativa las sentencias y autos de la Corte Nacional de Justicia, emitidas en procesos sustanciados durante el período de diez años, de 2001 a 2010. La investigación está estructurada en dos capítulos: en el primero se exponen los antecedentes del ilícito, las convenciones internacionales que lo tratan, la estructura, los elementos que lo conforman; si la norma cuenta con validez, vigencia, efectividad; cuál de ellos es cuestionable; analizamos la autonomía y la subsidiariedad de este tipo penal. El segundo capítulo trata sobre el proceso administrativo previo a cargo de la Contraloría, sus falencias; el monto de los casos que no merecieron pasar de la fase de indagación, debiendo sancionarse en forma administrativa o pecuniaria; la investigación administrativa, el informe con indicios de responsabilidad penal y su relación con la actividad de la o el fiscal, en el inicio de la acción penal; y, con los tribunales; las resoluciones con fuerza obligatoria de la Corte Nacional de Justicia, relacionadas con el tema. La denuncia como forma de iniciar la investigación, los casos iniciados por ese medio; los principios que rigen la investigación; la defensa técnica penal; la formulación de la teoría del caso, su presencia en los procesos estudiados; el juicio. El principio o valoración de la prueba, la utilidad de la dogmática penal en la prueba, en el desarrollo de la jurisprudencia. De la investigación se concluye: que los límites están en el respeto de los principios, derechos y garantías constitucionales; que la Constitución de 2008 ha ampliado el poder punitivo del tipo penal enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos; que el escaso número de procesos iniciados y resueltos permite cuestionar su eficacia; y, que es recomendable estructurar un nuevo tipo penal sobre esa conducta, que no menoscabe el principio de inocencia.
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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son estándares de contabilización que establecen el tipo de información que se debe presentar conjuntamente con los Estados Financieros y su forma de contabilización. El Ecuador en el año 2006 por resolución de la Superintendencia de Compañías decidió adoptar dicha normativa, por lo que se estableció plazos para que los empresarios del país adopten e implementen las NIIF de carácter obligatorio. El 20 de noviembre del 2008 la Superintendencia de Compañías emite la resolución Nº 08.G.DSC para prorrogar la vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera por la crisis financiera global. Por lo que estableció un cronograma escalonado por grupos de aplicación obligatorio dividiendo en tres grupos: - El primero conformado por las empresas auditoras y compañías inscritas en el Registro de Mercado de Valores: el período de aplicación a partir de enero 2010. - El segundo grupo aplicará a partir del 1 de enero del 2011 son las compañías que tengan activos totales iguales o superiores a $ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007, las compañías tenedoras de acciones o Holding, las compañías de economía mixta y entidades del Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras. - El tercer grupo que aplicarán a partir del año 2012 conformado por las compañías no consideradas en los dos grupos anteriores. En el Ecuador la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) han tenido una expectativa muy grande tanto por los gerentes de las empresas como por las personas involucradas, ya que existen muchas interrogantes respecto al proceso de implementación de las NIIF y NIC.