795 resultados para Trials (Breach of promise)


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Perimeter trap cropping (PTC) involves planting one or more rows of a cucurbit crop that is highly attractive to cucumber beetles around the border of a main cucurbit cash crop that is less attractive to the beetles. Cucumber beetles attempting to migrate into the field are concentrated in the relatively more attractive border crop, where they can be controlled by insecticides. In New England, perimeter trap cropping using Blue Hubbard squash as the border crop around pumpkin, cucumber, or butternut squash controlled cucumber beetle/bacterial wilt with as few as one border spray of insecticide. This strategy reduced insecticide use on the main crop by up to 94 percent, nearly eliminating sprays on the main cash crop. In on-farm trials, 8 of 10 Massachusetts growers found that using perimeter trap cropping saved them money. The same tactic also effectively managed cucumber beetles on muskmelon and squash in Oklahoma.

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La escena inicial de El Chorro de sangre, mientras una pareja se jura amor eterno (de manera repetitiva y mecánica), llueven sobre el escenario partes del cuerpo humano. En este trabajo pretendo demostrar que Artaud pensó esa lluvia de extremidades desde una recepción sensorial. Es decir, la estrategia del disjecta membra responde a su concepción de un teatro de los sentidos que, como lo señala en El teatro y su doble, busca provocar una “revolución del espíritu". Si el cuerpo es espacio de las luchas entre un “interior" libre y caótico, y las presiones “exteriores", sociales, la fragmentación revela la energía excedente del ser humano por sobre esos controles, la capacidad de resistencia y superación. Para expresar esa resistencia, Artaud apela a la carnavalización del cuerpo que, como lo afirma Bajtín, produce una serie de transgresiones en tanto crítica y resistencia. Así, el cuerpo desmembrado trae a la superficie los miedos y tabúes sobre la muerte, la unidad del cuerpo humano y la inviolabilidad del cadáver. Se concluye que interpretar la lluvia de extremidades humanas requiere comprender El chorro de sangre como la puesta en escena de los principios surrealistas de subversión y desmoralización y, al mismo tiempo, que el cuerpo como objeto central de la representación carnavalesca problematiza tópicos filosóficos como la percepción y la existencia del ser.

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El presente estudio tiene como objetivo general problematizar los procesos de inclusión y exclusión escolar de jóvenes mujeres con discapacidad en escuelas públicas del sistema de educación tanto común como especial de la ciudad de La Plata y el Gran La Plata, provincia de Buenos Aires. Las mujeres con discapacidad constituyen uno de los grupos más oprimidos a lo largo de la historia, prueba de ello han sido los obstáculos y limitaciones en su proceso de escolarización. Las investigaciones sobre este grupo tanto en educación como en los estudios de género y de discapacidad resultan todavía escasas, por lo que consideramos relevante el abordaje de esta temática. Desde una perspectiva foucaultiana y feminista de la discapacidad procuraremos comprender e interpretar el punto de vista de las mujeres con discapacidad a fin de lo cual hemos recreado herramientas metodológicas específicas que nos permitan acceder a las voces de las jóvenes. La investigación describe al menos tres formas de incumplimiento del derecho a la educación inclusiva y la vida independiente en la escolarización de las mujeres con discapacidad: exclusión, segregación e integración (o exclusión en la inclusión). Asimismo, analiza diferentes formas en las que la escuela, en oportunidades en alianza con las familias de las jóvenes con discapacidad, actúa, de forma opresiva y deshumanizante, negándoles el derecho a la educación y la vida independiente

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El presente estudio tiene como objetivo general problematizar los procesos de inclusión y exclusión escolar de jóvenes mujeres con discapacidad en escuelas públicas del sistema de educación tanto común como especial de la ciudad de La Plata y el Gran La Plata, provincia de Buenos Aires. Las mujeres con discapacidad constituyen uno de los grupos más oprimidos a lo largo de la historia, prueba de ello han sido los obstáculos y limitaciones en su proceso de escolarización. Las investigaciones sobre este grupo tanto en educación como en los estudios de género y de discapacidad resultan todavía escasas, por lo que consideramos relevante el abordaje de esta temática. Desde una perspectiva foucaultiana y feminista de la discapacidad procuraremos comprender e interpretar el punto de vista de las mujeres con discapacidad a fin de lo cual hemos recreado herramientas metodológicas específicas que nos permitan acceder a las voces de las jóvenes. La investigación describe al menos tres formas de incumplimiento del derecho a la educación inclusiva y la vida independiente en la escolarización de las mujeres con discapacidad: exclusión, segregación e integración (o exclusión en la inclusión). Asimismo, analiza diferentes formas en las que la escuela, en oportunidades en alianza con las familias de las jóvenes con discapacidad, actúa, de forma opresiva y deshumanizante, negándoles el derecho a la educación y la vida independiente

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El presente estudio tiene como objetivo general problematizar los procesos de inclusión y exclusión escolar de jóvenes mujeres con discapacidad en escuelas públicas del sistema de educación tanto común como especial de la ciudad de La Plata y el Gran La Plata, provincia de Buenos Aires. Las mujeres con discapacidad constituyen uno de los grupos más oprimidos a lo largo de la historia, prueba de ello han sido los obstáculos y limitaciones en su proceso de escolarización. Las investigaciones sobre este grupo tanto en educación como en los estudios de género y de discapacidad resultan todavía escasas, por lo que consideramos relevante el abordaje de esta temática. Desde una perspectiva foucaultiana y feminista de la discapacidad procuraremos comprender e interpretar el punto de vista de las mujeres con discapacidad a fin de lo cual hemos recreado herramientas metodológicas específicas que nos permitan acceder a las voces de las jóvenes. La investigación describe al menos tres formas de incumplimiento del derecho a la educación inclusiva y la vida independiente en la escolarización de las mujeres con discapacidad: exclusión, segregación e integración (o exclusión en la inclusión). Asimismo, analiza diferentes formas en las que la escuela, en oportunidades en alianza con las familias de las jóvenes con discapacidad, actúa, de forma opresiva y deshumanizante, negándoles el derecho a la educación y la vida independiente

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Opportunities offered by high performance computing provide a significant degree of promise in the enhancement of the performance of real-time flood forecasting systems. In this paper, a real-time framework for probabilistic flood forecasting through data assimilation is presented. The distributed rainfall-runoff real-time interactive basin simulator (RIBS) model is selected to simulate the hydrological process in the basin. Although the RIBS model is deterministic, it is run in a probabilistic way through the results of calibration developed in a previous work performed by the authors that identifies the probability distribution functions that best characterise the most relevant model parameters. Adaptive techniques improve the result of flood forecasts because the model can be adapted to observations in real time as new information is available. The new adaptive forecast model based on genetic programming as a data assimilation technique is compared with the previously developed flood forecast model based on the calibration results. Both models are probabilistic as they generate an ensemble of hydrographs, taking the different uncertainties inherent in any forecast process into account. The Manzanares River basin was selected as a case study, with the process being computationally intensive as it requires simulation of many replicas of the ensemble in real time.

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Actualmente son una práctica común los procesos de normalización de métodos de ensayo y acreditación de laboratorios, ya que permiten una evaluación de los procedimientos llevados a cabo por profesionales de un sector tecnológico y además permiten asegurar unos mínimos de calidad en los resultados finales. En el caso de los laboratorios de acústica, para conseguir y mantener la acreditación de un laboratorio es necesario participar activamente en ejercicios de intercomparación, utilizados para asegurar la calidad de los métodos empleados. El inconveniente de estos ensayos es el gran coste que suponen para los laboratorios, siendo en ocasiones inasumible por estos teniendo que renunciar a la acreditación. Este Proyecto Fin de Grado se centrará en el desarrollo de un Laboratorio Virtual implementado mediante una herramienta software que servirá para realizar ejercicios de intercomparación no presenciales, ampliando de ese modo el concepto e-comparison y abriendo las bases a que en un futuro este tipo de ejercicios no presenciales puedan llegar a sustituir a los llevados a cabo actualmente. En el informe primero se hará una pequeña introducción, donde se expondrá la evolución y la importancia de los procedimientos de calidad acústica en la sociedad actual. A continuación se comentará las normativas internacionales en las que se soportará el proyecto, la norma ISO 145-5, así como los métodos matemáticos utilizados en su implementación, los métodos estadísticos de propagación de incertidumbres especificados por la JCGM (Joint Committee for Guides in Metrology). Después, se hablará sobre la estructura del proyecto, tanto del tipo de programación utilizada en su desarrollo como la metodología de cálculo utilizada para conseguir que todas las funcionalidades requeridas en este tipo de ensayo estén correctamente implementadas. Posteriormente se llevará a cabo una validación estadística basada en la comparación de unos datos generados por el programa, procesados utilizando la simulación de Montecarlo, y unos cálculos analíticos, que permita comprobar que el programa funciona tal y como se ha previsto en la fase de estudio teórico. También se realizará una prueba del programa, similar a la que efectuaría un técnico de laboratorio, en la que se evaluará la incertidumbre de la medida calculándola mediante el método tradicional, pudiendo comparar los datos obtenidos con los que deberían obtenerse. Por último, se comentarán las conclusiones obtenidas con el desarrollo y pruebas del Laboratorio Virtual, y se propondrán nuevas líneas de investigación futuras relacionadas con el concepto e-comparison y la implementación de mejoras al Laboratorio Virtual. ABSTRACT. Nowadays it is common practise to make procedures to normalise trials methods standards and laboratory accreditations, as they allow for the evaluation of the procedures made by professionals from a particular technological sector in addition to ensuring a minimum quality in the results. In order for an acoustics laboratory to achieve and maintain the accreditation it is necessary to actively participate in the intercomparison exercises, since these are used to assure the quality of the methods used by the technicians. Unfortunately, the high cost of these trials is unaffordable for many laboratories, which then have to renounce to having the accreditation. This Final Project is focused on the development of a Virtual Laboratory implemented by a software tool that it will be used for making non-attendance intercomparison trials, widening the concept of e-comparison and opening the possibility for using this type of non-attendance trials instead of the current ones. First, as a short introduction, I show the evolution and the importance today of acoustic quality procedures. Second, I will discuss the international standards, such as ISO 145-5, as well the mathematic and statistical methods of uncertainty propagation specified by the Joint Committee for Guides in Metrology, that are used in the Project. Third, I speak about the structure of the Project, as well as the programming language structure and the methodology used to get the different features needed in this acoustic trial. Later, a statistical validation will be carried out, based on comparison of data generated by the program, processed using a Montecarlo simulation, and analytical calculations to verify that the program works as planned in the theoretical study. There will also be a test of the program, similar to one that a laboratory technician would carry out, by which the uncertainty in the measurement will be compared to a traditional calculation method so as to compare the results. Finally, the conclusions obtained with the development and testing of the Virtual Laboratory will be discussed, new research paths related to e-comparison definition and the improvements for the Laboratory will be proposed.

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Stroke and head trauma are worldwide public health problems and leading causes of death and disability in humans, yet, no adequate neuroprotective treatment is available for therapy. Glutamate antagonists are considered major drug candidates for neuroprotection in stroke and trauma. However, N-methyl-d-aspartate antagonists failed clinical trials because of unacceptable side effects and short therapeutic time window. α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate (AMPA) antagonists derived from the quinoxalinedione scaffold cannot be used in humans because of their insolubility and resulting renal toxicity. Therefore, achieving water solubility of quinoxalinediones without loss of selectivity and potency profiles becomes a major challenge for medicinal chemistry. One of the major tenets in the chemistry of glutamate antagonists is that the incorporation of phosphonate into the glutamate framework results in preferential N-methyl-d-aspartate antagonism. Therefore, synthesis of phosphonate derivatives of quinoxalinediones was not pursued because of a predicted loss of their selectivity toward AMPA. Here, we report that introduction of a methylphosphonate group into the quinoxalinedione skeleton leaves potency as AMPA antagonists and selectivity for the AMPA receptor unchanged and dramatically improves solubility. One such novel phosphonate quinoxalinedione derivative and competitive AMPA antagonist ZK200775 exhibited a surprisingly long therapeutic time window of >4 h after permanent occlusion of the middle cerebral artery in rats and was devoid of renal toxicity. Furthermore, delayed treatment with ZK200775 commencing 2 h after onset of reperfusion in transient middle cerebral artery occlusion resulted in a dramatic reduction of the infarct size. ZK200775 alleviated also both cortical and hippocampal damage induced by head trauma in the rat. These observations suggest that phosphonate quinoxalinedione-based AMPA antagonists may offer new prospects for treatment of stroke and trauma in humans.

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A method is given for determining the time course and spatial extent of consistently and transiently task-related activations from other physiological and artifactual components that contribute to functional MRI (fMRI) recordings. Independent component analysis (ICA) was used to analyze two fMRI data sets from a subject performing 6-min trials composed of alternating 40-sec Stroop color-naming and control task blocks. Each component consisted of a fixed three-dimensional spatial distribution of brain voxel values (a “map”) and an associated time course of activation. For each trial, the algorithm detected, without a priori knowledge of their spatial or temporal structure, one consistently task-related component activated during each Stroop task block, plus several transiently task-related components activated at the onset of one or two of the Stroop task blocks only. Activation patterns occurring during only part of the fMRI trial are not observed with other techniques, because their time courses cannot easily be known in advance. Other ICA components were related to physiological pulsations, head movements, or machine noise. By using higher-order statistics to specify stricter criteria for spatial independence between component maps, ICA produced improved estimates of the temporal and spatial extent of task-related activation in our data compared with principal component analysis (PCA). ICA appears to be a promising tool for exploratory analysis of fMRI data, particularly when the time courses of activation are not known in advance.

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O objetivo da presente dissertação é analisar os efeitos gerados aos garantidores dos devedores em recuperação judicial, quando aprovado e homologado o Plano de Recuperação Judicial destes, diante do fenômeno da novação previsto no art. 59 da Lei nº 11.101/05. Essa análise será feita a partir de um estudo geral do instituto da novação no direito civil, bem como da disciplina legal das garantias pessoais, principalmente o aval e a fiança. Com base nesta visão cível, serão comparadas as duas posições hoje existentes sobre a matéria no âmbito comercial, tanto na doutrina como na jurisprudência nacionais, com o estudo dos argumentos utilizados por aqueles que defendem a manutenção incólume da obrigação dos terceiros garantidores, independentemente da novação, com a possibilidade dos credores prosseguirem normalmente com sua cobrança, bem como por aqueles que acreditam deva ser extinta a obrigação dos garantidores com a novação. Será apontada uma interpretação alternativa, construída pelo autor, de, em um primeiro momento, ocorrer a extinção da obrigação dos garantidores, enquanto estiver sendo adimplido o Plano de Recuperação pelo devedor principal, e retorno as obrigações originais caso descumprida a proposta aprovada pelos credores. Além dos efeitos decorrentes da lei, será analisada a eficácia da cláusula comumente inserida em Planos de Recuperação, de extinção da obrigação dos garantidores com a concessão da recuperação judicial. Ao final, diante do entendimento apresentado pelo autor sobre os efeitos legais da novação para o garantidor e da eficácia da mencionada cláusula, será proposta uma alteração legislativa, nos moldes do direito argentino, para possibilitar que o terceiro garantidor apresente uma proposta de pagamento conjunta com a devedora principal, encerrando-se a divergência interpretativa hoje existente.

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In many different ways psychologists are challenged to evaluate their work and be accountable when therapy is not progressing. One time honored approach to addressing the lack of progress is to seek formal psychological assessment to gain a better diagnostic understanding as well as treatment recommendations. The perspective on the purpose of the assessment seems to have changed however. Historically, the presumption was that there was some kind of pathology that the clinician was not seeing, where currently the perspective seems to be shifting more towards a focus on what might not be working in the therapeutic process. This shift in focus has led to new styles of collaborative and consultative assessment such as Therapeutic Assessment. Therapeutic Assessment was developed by Stephen Finn and has shown a great deal of promise helping clients and therapists gain valuable insight and move toward meaningful life changes (1998). Amidst the promise of consultative assessment also lie potential challenges for the referring clinician. This paper will explore the nature of consultative relationships in the field of mental health and the current thoughts about the advantages and challenges of these relationships. Using a case study format, it will discuss and illustrate issues of professional vulnerability that can arise during these relationships and postulate that a similar vulnerability could be present during a consultative assessment. Recommendations are made for maximizing the success of this type of assessment, and ideas for future research are reviewed. Through the lens of a couples Therapeutic Assessment case, this paper will examine what it is about this unique kind of professional relationship that garners such powerful potential and pitfalls.

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Folio-sized leaf containing a handwritten essay on gambling beginning with the prompt: "Gaming is an immorality, a sordid vice, the child of avarice, & a direct breach of that commandment, which forbids us to covet what is our neighbours."

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A presente dissertação versa sobre a prova ilícita na investigação de paternidade, com a percepção que inexistem direitos e garantias absolutos. Sob esse ponto de vista, propõe-se a demonstrar que tanto o direito à prova quanto a garantia constitucional da inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos são passíveis de sofrer restrições. Essas restrições, entretanto, não podem implicar na supressão de direitos e garantias fundamentais. Elas devem limitar-se ao estritamente necessário para a salvaguarda de outros direitos constitucionalmente protegidos, à luz de um juízo de ponderação entre os valores conflitantes. Os valores colidentes a serem analisados no presente trabalho são, por um lado, a proteção constitucional dispensada à intimidade, à vida privada, à imagem, à honra, ao sigilo da correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados, às comunicações telefônicas e ao domicílio do suposto pai e, por outro, o direito do filho conhecer a sua origem genética e receber do genitor assistência material, educacional e psicológica, além da herança no caso de morte deste. Avultam-se, ainda, os comandos constitucionais da paternidade responsável (CF, o art. 226, § 7º) e da prioridade absoluta que a Constituição Federal confere às questões afetas à criança e ao adolescente. Nessa linha de perspectiva, procura conciliar o direito fundamental ao conhecimento da origem genética com a garantia constitucional que veda a obtenção da prova por meios ilícitos, reduzindo, quando necessário, o alcance de um desses valores contrastantes para que haja a preservação do outro e o restabelecimento do equilíbrio entre eles. Com o intuito de facilitar a compreensão do assunto, o estudo sobre a prova ilícita na investigação de paternidade encontra-se dividido em três capítulos. No primeiro capítulo são estudados o objeto da prova na investigação de paternidade, os fatos a provar, as teorias sobre o objeto da prova, o ônus da prova, a distribuição e a inversão do ônus da prova na investigação de paternidade, o momento da inversão do ônus da prova, o dever de colaboração e a realização do exame de DNA sem o consentimento das partes. Partindo da compreensão da prova como instrumento capaz de propiciar ao juiz o convencimento dos fatos pertinentes, relevantes e controvertidos deduzidos pelas partes como fundamento da ação ou da defesa, sustenta-se que os fatos a provar não são apenas os principais, mas, também, os acessórios que se situem na mesma cadeia deles. Desenvolve-se, outrossim, estudo sobre as teorias utilizadas pela doutrina para explicar o objeto da prova, a saber: a) a teoria clássica; b) a teoria da afirmação; c) a teoria mista. Nesse tópico, merece ênfase o fato das legislações brasileira e portuguesa estarem alicerçadas sob as bases da teoria clássica, em que pesem as divergências doutrinárias sobre o assunto. No item reservado ao ônus da prova, este é concebido como uma atividade e não como uma obrigação, diante da autonomia de vontade que a parte tem para comportar-se da maneira que melhor lhe aprouver para alcançar o resultado pretendido. Embora não traduza um dever jurídico demonstrar a veracidade dos fatos que ensejam a constituição do direito alegado, quem não consegue reunir a prova dos fatos que alega corre o risco de perder a demanda. No que tange à regra de distribuição do ônus da prova, recomenda-se a observação das disposições do art. 333 do CPC, segundo as quais incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Argumenta-se que o CPC brasileiro adota o modelo estático de distribuição do ônus da prova, pois não leva em conta a menor ou maior dificuldade que cada parte tem para produzir a prova que lhe incumbe. Porém, ressalta-se o novo horizonte que se descortina no anteprojeto do novo CPC brasileiro que se encontra no Congresso Nacional, o qual sinaliza no sentido de acolher a distribuição dinâmica do ônus da prova. Esse novo modelo, contudo, não afasta aquele previsto no art. 333 do CPC, mas, sim, o aperfeiçoa ao atribuir o ônus a quem esteja em melhores condições de produzir a prova. Ao tratar do dever de colaboração, idealiza-se a busca descoberta da verdade como finalidade precípua do ordenamento jurídico. E, para se alcançar a justa composição da lide, compreende-se que as partes devem atuar de maneira escorreita, expondo os fatos conforme a verdade e cumprindo com exatidão os provimentos formais. Sob essa ótica, sustenta-se a possibilidade de inversão do ônus da prova, da aplicação da presunção legal de paternidade e até mesmo da condução coercitiva do suposto pai para a realização de exames, caso o mesmo a tanto se recuse ou crie, propositalmente, obstáculo capaz de tornar impossível a colheita da prova. Defende-se que a partir da concepção do nascituro, a autonomia de vontade dos pais fica restringida, de forma que a mãe não pode realizar o aborto e o pai não pode fazer pouco caso da existência do filho, recusando-se, injustificadamente, a submeter-se a exame de DNA e a dar-lhe assistência material, educacional e psicológica. É por essa razão que, em caráter excepcional, se enxerga a possibilidade de condução coercitiva do suposto pai para a coleta de material genético, a exemplo do que ocorre no ordenamento jurídico alemão (ZPO, § 372). Considera-se, outrossim, que a elucidação da paternidade, além de ajudar no diagnóstico, prevenção e tratamento de algumas doenças hereditárias, atende à exigência legal de impedir uniões incestuosas, constituídas entre parentes afins ou consanguíneos com a violação de impedimentos matrimoniais. Nesse contexto, a intangibilidade do corpo não é vista como óbice para a realização do exame de DNA, o qual pode ser feito mediante simples utilização de fios de cabelos com raiz, fragmentos de unhas, saliva e outros meios menos invasivos. O sacrifício a que se submete o suposto pai mostra-se, portanto, ínfimo se comparado com o interesse superior do investigante que se busca amparar. No segundo capítulo, estuda-se o direito fundamental à prova e suas limitações na investigação de paternidade, a prova vedada ou proibida, a distinção entre as provas ilegítima e ilícita, a manifestação e alcance da ilicitude, o tratamento dispensado à prova ilícita no Brasil, nos Estados Unidos da América e em alguns países do continente europeu, o efeito-à-distância das proibições de prova na investigação de paternidade e a ponderação de valores entre os interesses em conflito: prova ilícita x direito ao conhecimento da origem genética. Nesse contexto, o direito à prova é reconhecido como expressão do princípio geral de acesso ao Poder Judiciário e componente do devido processo legal, materializado por meio dos direitos de ação, de defesa e do contraditório. Compreende-se, entretanto, que o direito à prova não pode ser exercido a qualquer custo. Ele deve atender aos critérios de pertinência, relevância e idoneidade, podendo sofrer limitações nos casos expressamente previstos em lei. Constituem exemplos dessas restrições ao direito à prova a rejeição das provas consideradas supérfluas, irrelevantes, ilegítimas e ilícitas. A expressão “provas vedadas ou proibidas” é definida no trabalho como gênero das denominadas provas ilícita e ilegítima, servindo para designar as provas constituídas, obtidas, utilizadas ou valoradas com afronta a normas de direito material ou processual. A distinção que se faz entre a prova ilícita e a ilegítima leva em consideração a natureza da norma violada. Quando há violação a normas de caráter processual, sem afetar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, considera-se a prova ilegítima; ao passo em que havendo infringência à norma de conteúdo material que afete o núcleo essencial do direito fundamental, a prova é tida como ilícita. Esta enseja o desentranhamento da prova dos autos, enquanto aquela demanda a declaração de nulidade do ato sem a observância da formalidade exigida. A vedação da prova ilícita, sob esse aspecto, funciona como garantia constitucional em favor do cidadão e contra arbítrios do poder público e dos particulares. Nessa ótica, o Direito brasileiro não apenas veda a prova obtida por meios ilícitos (CF, art. 5º, X, XI, XII e LVI; CPP, art. 157), como, também, prevê sanções penais e civis para aqueles que desobedeçam à proibição. A análise da prova ilícita é feita à luz de duas concepções doutrinárias, a saber: a) a restritiva - exige que a norma violada infrinja direito ou garantia fundamental; b) a ampla – compreende que a ilicitude afeta não apenas as normas que versem sobre os direitos e garantias fundamentais, mas todas as normas e princípios gerais do direito. A percepção que se tem à luz do art. 157 do CPP é que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o conceito amplo de ilicitude, pois define como ilícitas as provas obtidas com violação a normas constitucionais ou legais, sem excluir àquelas de natureza processual nem exigir que o núcleo do direito fundamental seja atingido. Referido dispositivo tem sido alvo de críticas, pois a violação da lei processual pode não implicar na inadmissibilidade da prova e aconselhar o seu desentranhamento dos autos. A declaração de nulidade ou renovação do ato cuja formalidade tenha sido preterida pode ser suficiente para contornar o problema, sem a necessidade de exclusão da prova do processo. Noutra vertente, como a vedação da prova ilícita não pode ser levada às últimas consequências nem se converter em meio facilitador da prática de atos ilícitos e consagrador da impunidade, defende-se a sua admissão nos casos de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Assim, entende-se possível a utilização pela vítima de estupro, no processo de investigação de paternidade movido em prol do seu filho, do exame de DNA realizado mediante análise do sêmen deixado em sua vagina por ocasião do ato sexual que resultou na gravidez. Sustenta-se, ainda, a possibilidade de utilização das imagens captadas por circuito interno de câmaras comprobatórias do estupro para fazer prova da paternidade. Ressalta-se, outrossim, que no Brasil a doutrina e a jurisprudência têm admitido a prova ilícita, no processo penal, para comprovar a inocência do acusado e, em favor da vítima, nos casos de extorsão, concussão, sequestro e outros delitos similares. No ponto relativo ao efeito-àdistância das proibições de prova, aduz-se que as experiências americana e alemã da fruit of the poisonous tree doctrine e da fernwirkung são fonte de inspiração para as legislações de vários países. Por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, o vício da planta transmite-se aos seus frutos. Ainda no segundo capítulo, estabelece-se breve comparação do tratamento conferido à prova ilícita nos ordenamentos jurídicos brasileiro e português, destacando-se que no regime de controle adotado pela Constituição da República Federativa do Brasil a prova ilícita é tratada como ineficaz e deve ser rejeitada de plano ou desentranhada do processo. Já na Constituição portuguesa adotou-se o regime de nulidade. Após o ingresso da prova ilícita no processo, o juiz declara a sua nulidade. O terceiro capítulo é dedicado ao estudo dos meios de prova e da incidência da ilicitude no processo de investigação de paternidade. Para tanto são eleitos os meios de prova enumerados no art. 212 do Código Civil, quais sejam: a) confissão; b) documento; c) testemunha; d) presunção; e) perícia, além do depoimento pessoal previsto no CPC, analisando a incidência da ilicitude em cada um deles. Má vontade a investigação de paternidade envolva direitos indisponíveis, isso não significa que as declarações das partes não tenham valor probatório, pois o juiz pode apreciá-las como elemento probatório (CC, art. 361º). Por meio do depoimento e confissão da parte são extraídas valiosas informações sobre o tempo, o lugar e a frequência das relações sexuais. Todavia, havendo emprego de métodos proibidos, tais como ameaça, coação, tortura, ofensa à integridade física ou moral, hipnose, utilização de meios cruéis, enganosos ou perturbação da capacidade de memória, a prova será considerada ilícita e não terá validade nem mesmo como elemento probatório a ser livremente apreciado pelo juiz. A prova documental é estudada como a mais vulnerável à incidência da ilicitude, pelo fato de poder expressar-se das mais variadas formas. Essa manifestação da ilicitude pode verificar-se por ocasião da formação da prova documental, no ato da sua obtenção ou no momento da sua exibição em juízo por meio falsificação material do documento público ou particular, da omissão de declaração deveria constar, inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, alteração de documento verdadeiro, emprego de métodos proibidos de prova para confecção do documento, etc. Na esteira desse raciocínio, em se fazendo constar, por exemplo, da escritura pública ou particular ou do testamento (CC, art. 1.609, II e III) declaração falsa da paternidade, a prova assim constituída é ilícita. Do mesmo modo, é considerada ilícita a prova obtida mediante indevida intromissão na vida privada, com violação de domicílio, emails, sigilos da correspondência, telefônico ou fiscal, realização de gravações, filmagens, etc. Na prova testemunhal entende-se como elemento configurador da ilicitude o emprego de métodos proibidos por parte de agentes públicos ou particulares, tais como tortura, coação, ameaça, chantagem, recursos que impliquem na diminuição ou supressão da capacidade de compreensão, etc, para que a testemunha faça afirmação falsa, negue ou cale a verdade dos fatos. Destaca-se, ainda, como ilícita a prova cujo acesso pela testemunha tenha ocorrido mediante violação à reserva da vida privada. No caso das presunções, vislumbra-se a possibilidade de incidência da ilicitude quando houver ilicitude no fato conhecido, do qual se vale a lei ou o julgador para extraírem as consequências para dedução da existência do fato desconhecido. A troca maliciosa de gametas é citada como meio ilícito de prova para alicerçar a presunção de paternidade no caso de inseminação artificial homóloga. A consecução da prévia autorização do marido, mediante coação, tortura, ameaça, hipnose, etc, na inseminação artificial heteróloga, também é tratada como ação danosa e capaz de viciar e infirmar a presunção legal de paternidade. Enxerga-se, outrossim, no meio de prova pericial, a possibilidade de maculação do resultado do exame por falha humana intencional no processo de coleta, transporte, armazenamento, manipulação ou troca do material genético coletado. Em se verificando essa situação, fica comprometida a credibilidade da prova pericial ante a sua ilicitude.

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To compensate for the inflexibility of fixed exchange rates, the euro area needs flexibility through a system of orderly debt restructuring. With virtually no room for macroeconomic manoeuvring since the crisis onset, fiscal austerity has been the main instrument for achieving reductions in public debt levels; but because austerity also weakens growth, public debt ratios have barely budged. Austerity has also implied continued high private debt ratios. And these debt burdens have perpetuated economic stasis. Economic theory,history, and the recent experience all call for a principled debt restructuring mechanism as an integral element of the euro area’s design. Sovereign debt should be recognised as equity (a residual claim on the sovereign), operationalised by the automatic lowering of the debt burden upon the breach of contractually-specified thresholds. Making debt more equity-like is also the way forward for speedy private deleveraging. This debt-equity swap principle is a needed shock absorber for the future but will also serve as the principle to deal with the overhang of ‘legacy’ debt.

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From the Introduction. This article seeks to examine the relationship between European Union law, international law, and the protection of fundamental rights in the light of recent case law of the European Court of Justice (ECJ) and the Court of First Instance (CFI) relating to economic sanctions against individuals. On 3 September 2008, the ECJ delivered its long-awaited judgment in Kadi and Al Barakaat on appeal from the CFI.3 In its judgment under appeal,4 the CFI had held that the European Community (EC) is competent to adopt regulations imposing economic sanctions against private organisations in pursuance of UN Security Council (UNSC) Resolutions seeking to combat terrorism; that although the EC is not bound directly by the UN Charter, it is bound pursuant to the EC Treaty to respect international law and give effect to UNSC; and that the CFI has jurisdiction to examine the compatibility of EC regulations implementing UNSC resolutions with fundamental rights not as protected by the EC but as protected by jus cogens. On appeal, following the Opinion of Maduro AG, the ECJ rejected the CFI’s approach. It held that UNSC resolutions are binding only in international law. It subjected the contested regulations to full review under EC human rights standards and found them in breach of the right to a hearing, the right to judicial protection and the right to property. Kadi and Al Barakaat is the most important judgment ever delivered by the ECJ on the relationship between EC and international law and one of its most important judgments on fundamental rights. It is imbued by constitutional confidence, commitment to the rule of law but also some scepticism towards international law. In the meantime, the CFI has delivered a number of other judgments on anti-terrorist sanctions assessing the limits of the “emergency constitution” at European level. The purpose of this paper is to examine the above case law and explore the dilemmas and tensions facing the EU judiciary in seeking to define and protect the EU’s distinct constitutional space. It is divided as follows. It first looks at the judgment in Kadi. After a short presentation of the factual and legal background, it explores the question whether the EU has competence to adopt smart sanctions. It then examines whether the EU is bound by resolutions of the Security Council, whether the ECJ has jurisdiction to review Community measures implementing such resolutions and the applicable standard of judicial scrutiny. It analyses the contrasting views of the CFI, the Advocate General, and the ECJ taking account also of the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR). Further, it explores the consequences of annulling the contested regulation. It then turns to discussing CFI case law in relation to sanctions lists drawn up not by the UN Security Council but by the EC. The paper concludes by welcoming the judgment of the ECJ. Whilst its reasoning on the issue of Community competence is questionable, once such competence is established, it is difficult to support the abrogation of Community standards for the protection of fundamental rights. Such standards should ensure procedural due process whilst recognising the importance of public security.