793 resultados para RENTA Y REINVERSION


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En su edición número 68, que corresponde al año 2016, el Estudio Económico de América Latina y el Caribe consta de tres partes. En la primera se resume el desempeño de la economía regional en 2015 y se analiza la evolución durante el primer semestre de 2016, así como las perspectivas de crecimiento para el año. Se examinan los factores externos e internos que han incidido en el desempeño económico de la región y se destacan algunos de los desafíos para las políticas macroeconómicas en un contexto externo caracterizado por el bajo crecimiento y elevados grados de incertidumbre. En la sección temática de este Estudio se analizan los desafíos que tienen los países de América Latina y el Caribe en el ámbito interno y externo para movilizar el financiamiento del desarrollo. En lo interno, la desaceleración del crecimiento y las mayores restricciones fiscales imponen importantes retos a la movilización de recursos. En lo externo, la condición de países de renta media dificulta el acceso al financiamiento externo concesionado o de la cooperación internacional. La tercera parte, que está disponible en la página web de la CEPAL (www.cepal.org), contiene las notas referentes al desempeño económico de los países de América Latina y el Caribe en 2015 y el primer semestre de 2016, así como los respectivos anexos estadísticos. La información que se presenta ha sido actualizada al 30 de junio de 2016.

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En el presente trabajo se abordan las dimensiones de la Ciudad Global en cuanto espacio de tensión constante donde se emplazan y conviven los sectores sociales integrados a las redes de mundialización de la economía y los sectores propios de la economía tradicional. En este marco, se pretende avanzar sobre el análisis de las modificaciones urbanas producidas en el noroeste de la Ciudad de Buenos Aires (Villa Pueyrredón y Villa Urquiza), como caso de estudio. El desarrollo inmobiliario en esta zona y su impacto en el valor de la renta del suelo toman expresión a partir de la extensión de subterráneos; la implantación de nuevas áreas comerciales y la gentrificación social. En paralelo, algunos sectores de clase media comienzan a experimentar mutaciones en la infraestructura urbana que se traduce en alteraciones en la dinámica tradicional del barrio

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Objetivos: Este estudio tuvo como objetivo elaborar un recuento y caracterizar a la población sin hogar de la ciudad de Coimbra. Se quería conocer quiénes son las personas sin hogar en Coimbra, sus características sociodemográficas, características psicosociales, síntomas depresivos, sentido de la vida y percepción de apoyo social, para disponer de un mayor conocimiento de su situación y necesidades y así mejorar la intervención social orientada al sinhogarismo. Método: El trabajo empírico realizado incluyó dos procedimientos simultáneos: (a) Un recuento de personas sin hogar, durante 3 días, en las instituciones especializadas de apoyo social y en las calles. (b) Una caracterización psicosocial a través de una entrevista estructurada a partir de los cuatro instrumentos siguientes: Cuestionario de Realojamiento y Evaluación (RTAS), Escala de Depresión del Centro para Estudios Epidemiológicos (CES-D), Cuestionario del sentido de la vida (PIL-R) y Cuestionario de Apoyo Social Percibido (CASP). Los datos fueron analizados mediante los programas SPSS, versión 18.0 y AMOS, versión 18.0. El recuento de personas sin hogar se realizó siguiendo la tipología Europea creada por FEANTSA, llamada ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion). Partiendo de esta tipología, en el recuento fueron identificadas 257 personas sin hogar, 175 de las cuales accedieron a ser entrevistadas, resultando válidas 174 entrevistas. Resultados: Verificamos que la mayoría de las personas sin hogar de nuestro estudio son hombres de menos de 50 años (edad media 46 años), portugueses, nacidos o con residencia en Coimbra hace más de un año, con escasos estudios, y que están solteros o divorciados. La mayoría duerme en instituciones (28,1%), vive en cuartos alquilados (23,6%) o en la calle (12,6%); han consumido drogas o alcohol (50%) y presentan problemas de salud mental (21,8%). En cuanto a ingresos, la mayoría percibe una renta mínima de inserción (37,9%) o se dedica a la mendicidad (17,2%). En cuanto a las causas percibidas de su situación de personas sin hogar, la mayoría apunta al desempleo (35%) y la pobreza (25,3%)...

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Las intervenciones dirigidas a fortalecer los sistemas de salud, en sus distintas tipologías y formas, han demostrado ser una herramienta esencial para mejorar y mantener la salud de la población. A pesar de esto, no está claro qué modelo de sistema de salud es más efectivo o qué organización estructural mejora la gobernanza global del sistema. Las reformas del sector salud basadas en atención primaria de salud (APS) han sido posiblemente las más extendidas de los últimos 30 años. La estrategia de APS se reconoció como el pilar fundamental para la consecución del objetivo de salud para todos en el año 2000, y se centró en dos elementos principales que se añadían al modelo de cuidados: la promoción de la salud basada en la lucha contra los determinantes sociales de la salud, y la descentralización de los servicios de salud asociado a participación comunitaria. Mientras la eficacia de las estrategias basadas en atención primaria ha sido ampliamente demostrada tanto en países de renta alta como en países de bajos recursos, no existe consenso entre los investigadores sobre si la descentralización, de forma aislada, es una reforma que mejora el desempeño de los sistemas de salud o si es una estrategia adecuada para países con bajos recursos. A pesar de ello, la mayor parte de los países africanos se embarcaron en los años 80 en procesos de descentralización a diferentes escalas con el aumentar la sostenibilidad del sistema y mejorar su eficiencia. Aunque las reformas han variado en la magnitud de la reforma, todas ellas han compartido dos elementos: descentralización del sistema de salud y utilización de fondos rotatorios para medicamentos esenciales...

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El ascenso de los países emergentes y la cooperación Sur Sur plantea un escenario de adversidad para la UE en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Afecta a su posición de liderazgo, influencia, legitimidad y normatividad. Este artículo examina este desafío y la respuesta de la UE a través de las importantes reformas adoptadas a partir de 2011 y, en particular, del «Programa para el cambio» de la política de desarrollo y los nuevos instrumentos que vinculan comercio y desarrollo. El artículo concluye que la UE se ha situado entre un difícil acomodamiento y el atrincheramiento en un paradigma de ayuda Norte-Sur tradicional, que impide buscar fórmulas de cooperación triangular y nuevas asociaciones para el desarrollo de carácter horizontal con los países de renta media.

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Lo que ha venido denominándose “populismo” no es sino la respuesta al enorme deterioro social, político y económico en que se sumió Venezuela en los ochenta y noventa. Un país fragmentado y carente del cemento social de la inclusión, puso en marcha fórmulas de identidad que superaran los cuellos de botella de la representación liberal. Al tiempo, la recuperación de la renta petrolera por parte del Estado permitió activar políticas públicas participadas popularmente –las misiones– que ayudaron a mejorar considerablemente la situación popular en los ámbitos de la alimentación, la sanidad, la educación, infraestructuras, etc. A partir de 2005, la apuesta fue por el “socialismo del siglo XXI”, si bien las debilidades históricas del Estado dificultan avanzar en esa fórmula. La actitud de la oposición, que no dudó en recurrir a un golpe de Estado para sacar a Chávez del poder, así como las constantes presiones norteamericanas, han marcado la última década, generando una polarización que dificulta el debate y ayuda a la imagen crispada que los medios internacionales transmiten de Venezuela.

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Las ciudades latinoamericanas presentan cada vez mayores niveles de desigualdad, con crecientes procesos de fragmentación y segregación socioespacial. En las últimas décadas, y como consecuencia de la profundización de un modelo de acumulación excluyente, amplios sectores de la población quedan imposibilitados de acceder a la tenencia del suelo a través del "mercado formal" y lo hacen tanto a través de ocupaciones de tierras como de formas mercantiles no reguladas oficialmente (subastas públicas, alquiler de tierra, etc.), creadas en función de la maximización de la renta del suelo. En ese sentido, los procesos de apropiación de la tierra, y más específicamente la institución de la propiedad privada y, con ello, el derecho como práctica social, constituyen uno de los elementos fundamentales a la hora de entender la organización social del espacio urbano. Sin embargo, existe una tendencia a disociar los procesos sociales de las instituciones que tratan de regularlos. Este trabajo se propone una doble reflexión: por un lado, la necesidad de pensar la producción del espacio social a partir de la coexistencia de diversas formas mercantiles de acceso al hábitat; y, con ello, la revalorización de la dimensión jurídica de los procesos de construcción de la ciudad, ya sea tanto por su ausencia de los estudios urbanos críticos como por su aprehensión como fenómeno separado de las relaciones sociales que le dan origen y a partir de las cuales se estructura el espacio urbano

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Las ciudades latinoamericanas presentan cada vez mayores niveles de desigualdad, con crecientes procesos de fragmentación y segregación socioespacial. En las últimas décadas, y como consecuencia de la profundización de un modelo de acumulación excluyente, amplios sectores de la población quedan imposibilitados de acceder a la tenencia del suelo a través del "mercado formal" y lo hacen tanto a través de ocupaciones de tierras como de formas mercantiles no reguladas oficialmente (subastas públicas, alquiler de tierra, etc.), creadas en función de la maximización de la renta del suelo. En ese sentido, los procesos de apropiación de la tierra, y más específicamente la institución de la propiedad privada y, con ello, el derecho como práctica social, constituyen uno de los elementos fundamentales a la hora de entender la organización social del espacio urbano. Sin embargo, existe una tendencia a disociar los procesos sociales de las instituciones que tratan de regularlos. Este trabajo se propone una doble reflexión: por un lado, la necesidad de pensar la producción del espacio social a partir de la coexistencia de diversas formas mercantiles de acceso al hábitat; y, con ello, la revalorización de la dimensión jurídica de los procesos de construcción de la ciudad, ya sea tanto por su ausencia de los estudios urbanos críticos como por su aprehensión como fenómeno separado de las relaciones sociales que le dan origen y a partir de las cuales se estructura el espacio urbano

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Las ciudades latinoamericanas presentan cada vez mayores niveles de desigualdad, con crecientes procesos de fragmentación y segregación socioespacial. En las últimas décadas, y como consecuencia de la profundización de un modelo de acumulación excluyente, amplios sectores de la población quedan imposibilitados de acceder a la tenencia del suelo a través del "mercado formal" y lo hacen tanto a través de ocupaciones de tierras como de formas mercantiles no reguladas oficialmente (subastas públicas, alquiler de tierra, etc.), creadas en función de la maximización de la renta del suelo. En ese sentido, los procesos de apropiación de la tierra, y más específicamente la institución de la propiedad privada y, con ello, el derecho como práctica social, constituyen uno de los elementos fundamentales a la hora de entender la organización social del espacio urbano. Sin embargo, existe una tendencia a disociar los procesos sociales de las instituciones que tratan de regularlos. Este trabajo se propone una doble reflexión: por un lado, la necesidad de pensar la producción del espacio social a partir de la coexistencia de diversas formas mercantiles de acceso al hábitat; y, con ello, la revalorización de la dimensión jurídica de los procesos de construcción de la ciudad, ya sea tanto por su ausencia de los estudios urbanos críticos como por su aprehensión como fenómeno separado de las relaciones sociales que le dan origen y a partir de las cuales se estructura el espacio urbano

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Desde la llegada de la revolución bioteconológica en la agricultura mundial, las corporaciones semilleras-agroquímicas han avanzado en el control del mercado internacional de alimentos, a partir de diversos mecanismos, entre ellos el de la legislación de derechos de propiedad intelectual. En América Latina, distintos gobiernos han procurado adecuar la legislación nacional a estas tendencias internacionales, con resultado dispar, ya que se ha generado una fuerte resistencia desde organizaciones populares. Argentina, un país de temprana inserción en el mercado internacional de alimentos y de rápida adopción de los derechos de obtentor, está atravesado hoy por una nueva fase de esta disputa, ante la posible sanción de una nueva Ley de Semillas, en la que empresa estadounidense Monsanto está involucrada. Este trabajo hace un repaso del panorama actual desde un punto de vista geográfico, prestando especial atención a las estrategias de las organizaciones que se oponen a la nueva legislación.

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En los últimos años el término Economía Colaborativa se ha popularizado sin que, hasta el momento, haya sido definido de manera inequívoca. Bajo esta denominación se engloban experiencias tan diversas como bancos de tiempo, huertos urbanos, startups o grandes plataformas digitales. La proliferación de este tipo de iniciativas puede relacionarse con una multiplicidad de factores tales como el desarrollo tecnológico, la recesión económica y otras crisis superpuestas (medioambiental, de cuidados, de valores, de lo político) y un cierto cambio en los valores sociales. Entre 2014-2015 se han realizado dos investigaciones en Andalucía de manera casi paralela y con una metodología similar. La primera de ellas pretendía identificar prácticas de Economía Colaborativa en el entorno universitario. La segunda investigación identificaba experiencias de emprendimiento a nivel autonómico. A luz de los resultados obtenidos se plantea la siguiente cuestión sobre la naturaleza misma de la Economía Colaborativa: ¿nos encontramos ante prácticas postcapitalistas que abren el camino a una sociedad más justa e igualitaria o, más bien, estamos ante una respuesta del capital para, una vez más, seguir extrayendo de manera privada el valor que se genera socialmente? Este artículo, partiendo del análisis del conjunto de iniciativas detentadas en Andalucía, se centra en aquellas basadas en el software libre y la producción digital concluyendo cómo, gracias a la incorporación de ciertos aspectos de la ética hacker y las lógicas del conocimiento abierto, éstas pueden situarse dentro de un escenario de fomento de los comunes globales frente a las lógicas imperantes del capitalismo netárquico. 

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La finalidad principal de este trabajo es proporcionar información acerca de la incidencia social y económica del fenómeno de la discapacidad, tal y como se deduce de las estadísticas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), elaboradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT) y, en particular, de la Muestra preparada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), a partir de las declaraciones-liquidaciones que, de manera anual, presentan los contribuyentes del Impuesto. Los datos estadísticos son los correspondientes al ejercicio 2011, declaración 2012, pues a ellos hacen referencia las estadísticas proporcionadas por el IEF, cuya Muestra de declarantes se ha utilizado profusamente en este trabajo y sin cuyo esfuerzo, contribución y apoyo este informe no hubiera podido llevarse a cabo 1. Además de proporcionar información desglosada de estas estadísticas, utilizando como eje la variable discapacidad, se trata, asimismo, de analizarlas y, en particular, de extraer conclusiones que permitan comprender mejor las relaciones entre el fenómeno social de la discapacidad en España y el impuesto, sin duda, de mayor incidencia social, económica y política de nuestro sistema tributario, el IRPF.

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La actividad empresarial en Colombia se desarrolla considerando factores que la condicionan siendo estos, sociales, políticos, económicos, ambientales, entre otros; motivo por el cual deben ser tenidos en cuenta en la gestión de las organizaciones. El modelo político colombiano garantiza la libertad de empresa, lo que se hace evidente en la jurisprudencia y doctrina, permitiéndoles desarrollar su actividad de manera regulada. Aunque-, la Constitución Nacional no señala de forma expresa la libertad de empresa, esta se puede colegir de lo contenido en el artículo 333 de dicho ordenamiento: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley […]”.