Preliminary Remarks on Old Spanish Auxiliares: haber, ser and estar

En aquest article s'intenta aportar una visió descriptiva del funcionament d'haber, ser i estar en construccions 'perifràstiques' del castellà medieval. Quant a les perífrasis 'AUX+ infinitiu', s'observa que no s'ajusten a una anàlisi del tipus 'SV que selecciona un SV'. D'altra banda, s'aporta evidència que afavoreix una visió de la derivació dels futurs i condicionals analítics on el verb [-finit] s'excorpora de l'auxiliar funcional per traslladar-se a CO. Finalment, s'estableix que les construccions 'haber/ser/estar+participi' poden ser analitzades com a verbs lèxics que subcategoritzen una oració reduïda el predicat de la qual és el participi. Això permet relacionar l'avantposició de participi amb la dels SA i la dels arguments interns. Els aspectes bàsics d'aquest canvi sintàctic que duu del castellà medieval i preclàssic a l'espanyol actual són: (a) la categoria lèxica SV dels verbs en qüestió es reanalitza com una categoria funcional SAsp i aquests verbs esdevenen auxiliars; (b) hi ha un canvi de subcabgorització, ja que aquests verbs deixen de subcategoritzar una oració reduïda per passar a subcategoritzar un SVmàx, i (c) la pèrdua de la projecció màxima SCONC1 comporta la desparició dels efectes de la llei Tobler-Mussafia, de la possibilitat d'avantposar el participi i també de la concordança de participi en els perfets compostos.

Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación regulada

El objeto de esta tesis es el análisis de la autorregulación regulada, es decir, el análisis de las normas y de los controles privados que poseen relevancia para el Derecho público. A pesar de su aparente desvinculación con el Derecho Administrativo, la autorregulación es una tendencia que se percibe cada vez con mayor nitidez; es, claramente, un fenómeno que se asocia principalmente al uso de nuevas tecnologías, pero que desborda con mucho este ámbito. La autorregulación es una noción directamente relacionada con la transformación de las formas de gobernanza impulsada desde la Unión Europea; es una nueva técnica o instrumento que las normas jurídico-públicas, a través de numerosas remisiones a la autorregulación, ponen en manos de la administración para gestionar los fines que ésta tiene encomendados. Existe, sin embargo una clara disociación entre las esperanzas puestas en la autorregulación y la falta de respuestas que ofrece el derecho positivo. Un análisis exhaustivo de la jurisprudencia y de la legislación que utilizan la voz "autorregulación" me ha llegado a concluir que este vocablo es en nuestro ordenamiento, un "término sin concepto". En esta fuentes se asimila la "autorregulación" con la capacidad de autonormación de un sujeto. Es el derecho comunitario el que la autorregulación como una alternativa o un complemento a la desreglamentación estatal y como una manifestación de un traslado de funciones y responsabilidades públicas a la sociedad. Por influencia del Derecho comunitario, el legislador pretende, a través de la autorregulación, alcanzar dos finalidades aparentemente contradictorias: (a) facilitar la función de garante que tiene atribuida el Estado, mediante una intervención más extensa i más intensa en las actividades privadas; (b) hacer efectivo los objetos propuestos con la desregulación, mediante una contención del ejercicio de la potestad reglamentaria y una disminución de los controles, preventivos o represivos, realizados directamente por la Administración. Para salvar esta contradicción, es necesario que el legislador establezca una regulación adecuada de la autorregulación. Dicha regulación es, hoy por hoy, manifiestamente insuficiente. Deberían fijarse con carácter general -y no sólo puntualmente y por sectores- las medidas adecuadas para el fomento de la autorregulación; los efectos públicos que ésta posee en cada caso y, significativamente, las garantías y controles necesarios para contrarrestar tales efectos. Esto es, los principios que rigen la actividad administrativa deberían ser aplicados también a la autorregulación en aquellos casos en los que sus diversas manifestaciones poseen efectos similares a los que son propios de los reglamentos, las inspecciones o las sanciones administrativas. Esta propuesta deja abierta la cuestión acerca de la incidencia recíproca de ambas técnicas; esto es , la incidencia de la regulación pública en la autorregulación de origen privado y, a la inversa, el impacto del desarrollo de la autorregulación regulada en el ejercicio de las potestades reglamentaria, autorizatoria, y sancionadora de la Administración. Esta cuestión sólo puede ser contestada hoy caso por caso, de modo que la respuesta es distinta si se analiza una norma técnica, un código ético, un manual de buenas prácticas, una certificación privada del cumplimiento de normas técnicas, el ejercicio de la potestad disciplinaria privada o el arbritaje. De lo que no cabe duda alguna es que ni la autorregulación es sólo una actividad de interés privado, ni la regulación pública conserva hoy sus rasgos tradicionales.

A intervenção do tribunal judicial no processo de constituição do tribunal arbitral e o princípio do contraditório

Under specific circumstances, the arbitral tribunal constitution procedure may come to an impasse, due to divergences between the parties or to the mere innaction of one of them or even of a third party. Such is the case when one of the parties or a third party does not appoint the arbitrator it should appoint according to the law or to the arbitration agreement. In order to overcome these types of situations, the Voluntary Arbitration Law provides for the intervention of the President of the Tribunal da Relação in the arbitral tribunal constitution procedure, granting him the power to, by appplication of one of the parties, name or choose the arbitrator the appointment of which has been ommited by the other party or the third party. This paper adresses the question of whether the procedure aimed at the decision of the President of the Tribunal da Relação must incorporate the defendant’s right to contradictory. The answer to this question is based, mainly, on the determination of which is the procedural form applicable to the intervention of the President of the Tribunal da Relação and on analysis of both the structure and effects of the arbitration agreement and the arbitrator´s contract.

Evolución del derecho internacional de inversiones: hacia un régimen global estable (Tema Central)

En los últimos años, los flujos de inversión han crecido a nivel mundial y junto con estos se ha producido un desarrollo normativo que comprende la creación de más de 3.000 tratados bilaterales y regionales. Estos tratados comparten similares estándares sustantivos de trato, así como procedimientos similares de solución de controversias. Por esta razón, se ha conceptualizado a este conjunto de normas en el derecho internacional como un régimen emergente global de inversiones, el cual está generando constantes tensiones entre estados. La creación de este régimen emergente no es espontánea, ya que proviene de un complejo proceso de evolución que se desarrolla a través de la historia del derecho internacional. El presente trabajo analiza la historia y evolución del Derecho Internacional de Inversiones, e identifica los puntos clave que deben ser considerados en la construcción de una regulación integral de la inversión extranjera.

Análisis del dictamen No. 023-10-DTI-CC de la Corte Constitucional para el período de transición referente al “Tratado entre la República del Ecuador y la República Federal de Alemania sobre fomento y recíproca protección de inversiones de capital”: (Caso No. 0006-10-TI) [Jurisprudencia]

El presente trabajo analiza de manera crítica el pronunciamiento de la Corte Constitucional para el Período de Transición respecto al control constitucional de las denuncias de tratados bilaterales de inversiones de capital, tomando como caso de estudio el instrumento internacional suscrito entre Ecuador y Alemania, en el cual bajo una corriente constitucionalista, la Corte somete al crisol de la contradicción el contenido del Tratado Internacional con la normativa constitucional vigente. En aquel sentido, analizaremos cómo, a través de este polémico dictamen, se inicia una línea jurisprudencial en la que se configuran temas controversiales como el denominado control automático de constitucionalidad, y, el debate respecto a la soberanía estatal en cuanto al no sometimiento del Ecuador a arbitrajes comerciales internacionales en asuntos de índole comercial.

La legalidad de las inversiones como un requisito para la protección de los tratados internacionales de inversiones (Tema Central)

Un gran número de acuerdos internacionales de inversiones (AII) contiene la formulación “inversiones realizadas de conformidad con las leyes nacionales” o una enunciación similar. En términos generales, la tendencia ha sido considerar que esta formulación hace referencia a la legalidad y a la validez de la inversión. El objetivo del presente trabajo es analizar en qué medida las inversiones extranjeras realizadas ilegalmente pueden beneficiarse de la protección de los AII y de su mecanismo de solución de controversias. Para ello, la primera parte identificará las posibles localizaciones de esta formulación y sus implicaciones. La segunda examinará qué sucede con las inversiones que se tornan ilegales, si la ilegalidad debe ser tratada como una objeción jurisdiccional o como una cuestión de fondo y, finalmente, si la ilegalidad es consecuencia de la violación de normas substantivas o también de meras formalidades.

La concepción de propiedad privada en los arbitrajes internacionales en materia de inversión: reflexiones a partir del caso argentino (Coyuntura)

El artículo se propone escrutar, a la luz del caso argentino, la concepción de propiedad privada subyacente en las respuestas de las instituciones internacionales de arbitraje en el marco de las controversias entre Estados e inversores transnacionales. Se entiende que el análisis del caso argentino puede echar luz en la materia al tratarse del país con mayor número de demandas en su contra.

The French Constitutional Council as the Rottweiler of the Republican Ideal in the Language Field: Does Jurisprudence Really Reflect Reality? EDAP 03/2012, 2012

France is known for being a champion of individual rights as well as for its overt hostility to any form of group rights. Linguistic pluralism in the public sphere is rejected for fear of babelization and Balkanization of the country. Over recent decades the Conseil Constitutionnel (CC) has, together with the Conseil d’État, remained arguably the strongest defender of this Jacobin ideal in France. In this article, I will discuss the role of France’s restrictive language policy through the prism of the CC’s jurisprudence. Overall, I will argue that the CC made reference to the (Jacobin) state-nation concept, a concept that is discussed in the first part of the paper, in order to fight the revival of regional languages in France over recent decades. The clause making French the official language in 1992 was functional to this policy. The intriguing aspect is that in France the CC managed to standardise France’s policy vis-à-vis regional and minority languages through its jurisprudence; an issue discussed in the second part of the paper. But in those regions with a stronger tradition of identity, particularly in the French overseas territories, the third part of the paper argues, normative reality has increasingly become under pressure. Therefore, a discrepancy between the ‘law in courts’ and the compliance with these decisions (‘law in action’) has been emerging over recent years. Amid some signs of opening of France to minorities, this contradiction delineates a trend that might well continue in future.

Construction contracts: law and management (3rd edition)

This book is aimed primarily at students for whom the study of building or civil engineering contracts forms part of a construction-based course. We have had in mind the syllabus requirements for first degrees in Building, Civil Engineering, Architecture, Quantity Surveying and Building Surveying, as well as those of postgraduate courses in Construction Management and Project Management. We have also assumed that such students will already have been introduced to the general principles of English law, especially those relating to contract and tort. As a result, while aspects of those subjects that are of particular relevance to construction are dealt with here, the reader must look elsewhere for the general legal background. In producing this third edition, we have again been greatly assisted by the many helpful comments made by reviewers and users of its predecessor. Nonetheless, our basic aim is identical to that which underpinned the first edition: to provide an explanation of the fundamental principles of construction contract law, rather than a clause-by-clause analysis of any particular standard-form contract. As a result, while we draw most frequently upon JCT 98 for our illustrations of particular points, this merely reflects the pre-eminent position occupied by that particular form of contract in the UK construction industry. We conclude by repeating our previous warning as to the dangers inherent in a little learning. Neither this book, nor the courses for which it is intended, seek to produce construction lawyers. The objective is rather to enable those who are not lawyers to resolve simple construction disputes before they become litigious, and to recognize when matters require professional legal advice. It should be the aim of every construction student to understand the legal framework sufficiently that they can instruct and brief specialist lawyers, and this book is designed to help them towards that understanding.

UK commercial property lease structures: Landlord and tenant mismatch

UK commercial property lease structures have come under considerable scrutiny during the past decade since the property crash of the early 1990s. In particular, tenants complained that the system was unfair and that it has blocked business change. Government is committed, through its 2001 election manifesto, to promote flexibility and choice in the commercial property lettings market and a new voluntary Commercial Leases Code of Practice was launched in April 2002. This paper investigates whether occupiers are being offered the leases they require or whether there is a mismatch between occupier requirements and actual leases in the market. It draws together the substantial data now available on the actual terms of leases in the UK and surveys of corporate occupiers' attitude to their occupation requirements. Although the data indicated that UK leases have become shorter and more diverse since 1990, this is still not sufficient to meet the current requirements of many corporate occupiers. It is clear that the inability to manage entry and exit strategies is a major concern to occupiers. Lease length is the primary concern of tenants and a number of respondents comment on the mismatch between lease length in the UK and business planning horizons. The right to break and other problems with alienation clauses also pose serious difficulties for occupiers, thus reinforcing the mismatch. Other issues include repairing and insuring clauses and the type of review clause. There are differences in opinion between types of occupier. In particular, international corporate occupiers are significantly more concerned about the length of lease and the incidence of break clauses than national occupiers and private-sector tenants are significantly more concerned about leasing in general than public-sector occupiers. Proposed solutions by tenants are predictable and include shorter leases, more frequent breaks and relaxation of restrictions concerning alienation and other clauses. A significant number specify that they would pay more for shorter leases and other improved terms. Short leases would make many of the other terms more acceptable and this is why they are the main concern of corporate occupiers. Overall, the evidence suggests that there continues to be a gap between occupiers' lease requirements and those currently offered by the market. There are underlying structural factors that act as an inertial force on landlords and inhibit the changes which occupiers appear to want. Nevertheless, the findings raise future research questions concerning whether UK lease structures are a constraining factor on UK competitiveness.

Developments in the Doha Round and WTO dispute settlement: some implications for EU agricultural policy

Progress in the Doha Round is assessed against the changes to the common agricultural policy (CAP) brought about by the Fischler reforms of 2003-2004, and that proposed for sugar. An elimination of export subsidies could place EU exports of processed foods at a competitive disadvantage because of high sugar and milk prices. Provided the single payment scheme falls within the green box, the likely new limits on domestic support should not be problematic for the post-Fischler CAP. However, an ambitious market access package could open up EU markets and bring pressure for further reform. If there is no Doha agreement, existing provisions will continue to apply, but without the protection of the Peace Clause; and increased litigation is likely. Further CAP reform is to be expected.

The EU's Export Refunds on Processed Foods: Legitimate in the WTO?

Export subsidies on processed foods are an important trade policy instrument for the European Union. GATT Article XVI legitimised the use of export subsidies on primary agricultural products, under certain circumstances, but forbade the use of export subsidies on non-primary products. However it was never satisfactorily resolved whether export subsidies could be paid on the primary agricultural products incorporated into processed products, such as pasta. The Uruguay Round Agreements, and particularly the Agreement on Agriculture (the URAA), apparently legitimised the EU’s practice of paying export subsidies on incorporated agricultural products, at least while the Peace Clause was in force. With the demise of the Peace Clause the question arises whether GATT Article XVI has any residual force, given that the range of primary agricultural products exempted by Article XVI from the ban on export subsidies is narrower than the list of agricultural products covered by the URAA.

Pricing short leases and break clauses using simulation methodology

This paper examines the changes in the length of commercial property leases over the last decade and presents an analysis of the consequent investment and occupational pricing implications for commercial property investmentsIt is argued that the pricing implications of a short lease to an investor are contingent upon the expected costs of the letting termination to the investor, the probability that the letting will be terminated and the volatility of rental values.The paper examines the key factors influencing these variables and presents a framework for incorporating their effects into pricing models.Approaches to their valuation derived from option pricing are critically assessed. It is argued that such models also tend to neglect the price effects of specific risk factors such as tenant circumstances and the terms of break clause. Specific risk factors have a significant bearing on the probability of letting termination and on the level of the resultant financial losses. The merits of a simulation methododology are examined for rental and capital valuations of short leases and properties with break clauses.It is concluded that in addition to the rigour of its internal logic, the success of any methodology is predicated upon the accuracy of the inputs.The lack of reliable data on patterns in, and incidence of, lease termination and the lack of reliable time series of historic property performance limit the efficacy of financial models.

Commentary on an example of a tenancy agreement for an agricultural holding

This paper sets out an example of a standard agricultural tenancy, being one creating a tenancy from year to year and consequently covered by the agricultural holdings legislation. A facing-page commentary gives a clause-by-clause analysis of the agreement, the implications of each provision being discussed in the light of the law of contract, agricultural holdings legislation and, where appropriate, subsequent caselaw.

Pausing patterns: differences between L2 learners and native speakers

This paper reports on a comparative study of pauses made by L2 learners and native speakers of English while narrating picture stories. The comparison is based on the number of pauses and total amount of silence in themiddle and at the end of clauses in the performance of 40 native speakers and 40 L2 learners of English. The results of the quantitative analyses suggest that, although the L2 learners generally pausemore repeatedly and have longer periods of silence than the native speakers, the distinctive feature of their pausing pattern is that they pause frequently in the middle of clauses rather than at the end. The qualitative analysis of the data suggests that some of the L2 learners’mid-clause pauses are associated with processes such as replacement, reformulation, and online planning. Formulaic sequences, however, contain very few pauses and therefore appear to facilitate the learners’ fluency.