650 resultados para Transporte público - Bogotá (Colombia)


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Las políticas públicas de ordenamiento territorial contienen múltiples implicaciones. Por un lado, definen visiones de ocupación sobre el territorio y, por el otro, establecen mecanismos para su consecución. La zona norte de Bogotá permanece a la espera de un modelo que permita su ocupación con fines urbanos. La presente investigación presenta las implicaciones y caminos desde los cuáles se ha buscado sustentar las posiciones sobre la ocupación de la zona, como las contraposiciones existentes sobre el modelo de ciudad con el que se asocia. La expansión de la ciudad pone de relieve las discusiones sobre lo que debe ser una ciudad, y cambian en el tiempo de la mano con los discursos, intereses e ideologías dominantes.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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Esta investigación analiza la construcción del límite sur de la zona patrimonial de Bogotá de los años 80, a partir de dos procesos simultáneos: la demolición de un sector del barrio Santa Bárbara y la patrimonialización de La Candelaria. A pesar de que estos dos sectores de la ciudad hicieron parte de la ciudad antigua y compartieron un origen común, solo La Candelaria logró hacer parte de la zona considerada de valor histórico. Por lo tanto, este proyecto de grado se interesa, principalmente, por conocer por qué el barrio Santa Bárbara fue excluido del relato histórico de la ciudad, a partir del estudio de la discusión sobre su valor histórico que dio paso al uso público del pasado y a una “lucha por la memoria”, en palabras de Elizabeth Jelin.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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O trabalho tem por objetivo analisar a importância da fiscalização do serviço público como instrumento de gestão e política pública. Para tanto, propõe-se estudar o Sistema de Transporte Coletivo Urbano da Cidade de São Paulo, a partir do modelo instituído através da Lei nº 13.241/01, assim como toda a estrutura jurídica e elementos característicos presentes nessa forma de delegação. Sem a preocupação de esgotar o tema, com base na doutrina, o trabalho pretende abordar os principais conceitos que envolvem a prestação de serviços públicos, o dever legal de fiscalização e a estrutura legal da prestação dos serviços de transporte coletivo. E, a partir disso, verificar se o sistema de transporte municipal possui instrumentos jurídicos adequados á fiscalização dos serviços delegados. Além disso, busca-se avaliar se isso é suficiente para a prestação de um “serviço adequado”, ou seja, se os instrumentos de fiscalização utilizados, por si só, são efetivamente capazes de garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas, conforme preceitua a lei. Em síntese, entende-se que o ordenamento jurídico dispõe de diversos mecanismos que permitem a fiscalização dos serviços públicos. Ademais, que encontra-se juridicamente adequado o modelo de fiscalização adotado pelo Município de São Paulo, para o sistema de transporte público. Todavia, apesar de ser correto, o modelo ainda necessita de melhorias, tanto no que diz respeito às obrigações estabelecidas nos contratos de concessão e permissão em vigor (e respectivos regulamentos, como é o caso do RESAM – Regulamento de Sanções e Multas), quanto na sua operação e, principalmente, na sua fiscalização. Por fim, o trabalho aponta que, tanto a regulação, quanto a fiscalização ou até mesmo a gestão, quando realizadas de forma inadequada, fomentam a prestação de um serviço público com má qualidade, ou seja, inferior à esperada pela população.

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La ponencia se orienta al análisis de los espacios públicos en los bordes de agua (costaneras) de las ciudades de Talcahuano y Tomé. Se analiza las acciones de recuperación de estos espacios con posterioridad al terremoto y maremoto que afectó a Chile el año 2010

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Tesis (Ingeniero (a) Eléctrico).--Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Eléctrica, 2014

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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Programa de Economía

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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Administración de Empresas

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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Administración de Empresas

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Fondo Margaritainés Restrepo

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