1000 resultados para POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA - INVESTIGACIONES - COLOMBIA
Resumo:
En los últimos años, las políticas en materia de inversión extranjera han evidenciado cambios profundos. Luego de un largo periodo en el que especialmente los países en desarrollo aplicaron fuertes restricciones y controles a la entrada de capitales extranjeros, se pasó a una etapa de plena liberalización que desató una competencia entre los países por la atracción de este tipo de capitales. Este cambio de paradigma se explica principalmente por la necesidad que tienen los países en desarrollo de encontrar nuevas fuentes de financiación, luego de la crisis de la deuda. En este contexto, la atracción de la inversión extranjera se ha convertido en una prioridad para los gobiernos. Siguiendo esta tendencia, desde 1990 Colombia ha venido implementando una estrategia de promoción de la inversión extranjera que contempla una serie de modificaciones normativas, incluida la Constitución misma, y la suscripción de diversos acuerdos que tienen por objeto su promoción y su protección. El resultado de estas acciones ha sido un incremento significativo de los capitales foráneos en el país. Sin embargo, el Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la línea de investigación en Inversión Extranjera de la Facultad de Jurisprudencia, considera que los resultados no son óptimos. A pesar del crecimiento positivo de los flujos de inversión, los investigadores advierten que el impacto en la economía no ha sido el esperado porque la mayor parte de estos capitales se ha concentrado en el sector primario (de manera especial en el sector petrolero) y la inversión realizada en el sector productivo se ha canalizado principalmente a través de la compra de empresas ya existentes, tanto públicas como privadas. Aunque las inversiones en el sector primario pueden registrar altas tasas de crecimiento y que la inversión en industrias ya existentes puede generar externalidades positivas (formación de recursos humanos, introducción de una gestión empresarial moderna o fomento de capacidades productivas locales), el verdadero impacto económico sólo se logra en aquellos casos en los que hay creación de nuevas empresas (greenfield), especialmente cuando éstas se sitúan en sectores innovadores o en aquellos que se caracterizan por su alto valor tecnológico. De otra parte, los investigadores subrayan que es preciso tener en cuenta que los potenciales efectos positivos atribuidos a la inversión extranjera no operan en todos los casos. Estos dependen del tipo de inversión(...), de los intereses que persigan los inversionistas, del lugar donde se instale la inversión y de los sectores en los cuales se lleve a cabo, así como del entorno político institucional existente en el país receptor. Por consiguiente, las acciones para atraer la inversión extranjera deben dirigirse no sólo a garantizar la institucionalidad y la seguridad jurídica, sino también a la implementación de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología por parte del gobierno y a la formación de capital humano, ya que, solamente de esta manera, será posible la atracción de inversiones susceptibles de generar un alto impacto en la economía, puntualizan los investigadores.
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Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.
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El caso de la descentralización en el Área Metropolitana de Lima constituye un objeto de estudio del mayor interés para quienes se interesen por los procesos de construcción de ciudadanía en el plano local en las ciudades de Latinoamérica. Desde el restablecimiento democrático, la democracia peruana ha enfrentado serias vicisitudes que han minado considerablemente el Estado de derecho y algunos mecanismos de participación popular. Como resulta obvio, ambos procesos han hecho mella sobre la descentralización nacional y en la del Área Metropolitana de Lima. A pesar de estas dificultades, especialmente durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), se ha dado una restructuración que ha logrado rescatar algunos de los propósitos iniciales del proceso. Luego de los gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo (2001-2006) el Estado experimentó una normalización de la política que irrigó múltiples campos de acción estatal, entre ellos el de la descentralización, fenómeno que se había visto afectado por el régimen fujimorista y las restricciones a las autonomías de los territorios bajo el argumento de la garantía de la seguridad.
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El sector de la medicina prepagada inició su participación en la economía nacional a partir del año 1982, con las actividades de la empresa Colsanitas, de la Organización Sanitas. Desde allí, el sector inició con gran dinamismo con la aparición de compañías que consideraron una oportunidad su participación en un segmento desatendido para la mayoría de colombianos, apostándole a brindar servicios de salud bajo los mejores estándares de prestación y calidad que le permitieron llegar a un importante volumen de afiliados superior a 900.000 en el año 1992. Con la llegada del sistema general de seguridad social en salud, bajo las directrices de la Ley 100 de 1993, el sector tuvo que enfrentar retos de innovación, desarrollo tecnológico, factores diferenciales y variedad de opciones frente a la aparición de la cobertura universal; todo esto promovido por el esquema de aseguramiento obligatorio de los cotizantes y su grupo familiar.
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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.
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La “seguridad democrática” ha sucitado una profunda discusión en el páis. Aunque dicha discusión es vital para la construcción de la democracia, el hehco de que algunos de sus críticos y defensores no ofrecerian suficientes razones y evidencias para respaldar sus afirmaciones contribuyó en cierto modo a polarizar la sociedad colombiana. Fundamentada en algunas consideraciones conceptuales y luego de explicar otros esquemas de seguridad democrática en América Latina, esta investigación sostiene que el enfoque de la política de seguridad democrática del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe respondió a conceptos de seguridad y democracia restingidos. En efecto, esta política se limitó a identificar amenazas militares asociadas a los Grupos de Margen de la Ley (GAML), en especial las Frac, y les concedió a los ciudadanos un rol limitado en construcción.
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Durante varias décadas, el debate sobre el rol de la policía en las políticas de seguridad de las ciudades se enfocó en la disyuntiva represión-prevención. Sin embargo, en la actualidad, el tono del debate se ha tornado muy diferente. Hoy día, las políticas de seguridad más recientes y exitosas se caracterizan por ser esencialmente preventivas, esto quiere decir que están enfocadas hacia la creación de un mayor tejido social y al restablecimiento del control de las comunidades sobre sus barrios. No obstante y pese a que la base de las políticas de seguridad en esencia misma, existen diferencias sustanciales respecto de la forma como se concibe la construcción de este tejido social en el mundo. Los diferentes países han establecido sus propios modelos con objetivos claros. Tres de estos modelos se destacan en este siglo: el modelo “inmunológico” estadunidense, el “profiláctico” europeo y el modelo de los hábitos saludables.
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Objetivó: Caracterizar los pacientes con heridas cardiacas penetrantes grado II a VI, describir las características del trauma, tratamiento quirúrgico, evolución clínica e identificar los factores asociados a un desenlace. Metodología: Se diseñó un estudio de asociación en 308 pacientes que ingresaron a cirugía con diagnóstico de herida penetrante de corazón entre enero de 1999 y octubre de 2009. Se excluyeron 68 casos. La serie analizada incluyó 240 pacientes con heridas cardiacas. Se analizaron variables demográficas, clínicas, quirúrgicas y de evolución, tabulados en EXCEL® y analizados en SPSS 20®. Resultados: El promedio de edad fue 27.8 años, principalmente hombres (96%), lesiones por arma cortopunzante 93% y un 7% por proyectil arma de fuego. El estado hemodinámico al ingreso (según Ivatury) fue normal 44%; Shock profundo 34%; Agónicos 18% y 3% fatales. El 67% (n=161) presentaron taponamiento cardiaco. Los grados de lesión cardiaca según la clasificación OIS-AAST fueron: grado II 33%, grado III 13%, grado IV 29%, grado V 22% y grado VI 3%. La ventana pericárdica fue el método diagnóstico confirmatorio de lesión en 63% y las incisiones de abordaje quirúrgico fueron la esternotomía 63% y la toracotomía anterolateral 35%. La mortalidad fue 15% (n=36). Las diferencias en mortalidad entre el estado hemodinámico al inicio de cirugía, mecanismo de lesión y grado de herida, demostraron ser estadísticamente significativas (valor de p<0.001). Conclusiones: El estado hemodinámico y las heridas por arma de fuego son factores asociados a mortalidad. La ventana pericárdica subxifoidea favorece la preferencia y buenos resultados de la esternotomía como vía de abordaje quirúrgico.
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Dadas las relaciones de cooperación internacional que presentan las Repúblicas de Colombia y Corea que se evidencia en los fuertes vínculos comerciales existentes entre las dos naciones y aún más en la negociación de un TLC desde el 2009 y gracias al buen clima económico que presenta en la actualidad Colombia, surge este proyecto de investigación con el objetivo de analizar las relaciones bilaterales y contribuir al desarrollo de la economía emergente que presenta el país. Para ello, en primera instancia se realiza un proceso de contextualización desde aspectos demográficos hasta históricos. En seguida y a manera descriptiva, se expone los diversos bienes y servicios que se intercambian entre las dos naciones con el fin de identificar oportunidades que se podrían ofrecer y afectar una vez se firme el tratado. Finalmente, se evalúa y analiza cada uno de los sectores emergentes de Colombia con el objeto de motivar la inversión en el país para generar de tal manera, un incremento en la producción y por ende incrementos en la demanda agregada, logrando abrir las puertas de la economía colombiana a un socio estratégico como lo es la República de Corea y contribuir poco a poco a la reducción de la balanza comercial deficitaria que se presenta en la actualidad entre los dos países. Términos clave: Relaciones internacionales, Corea, oportunidades, economía, relaciones comerciales.
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El presidente Álvaro Uribe se dirigió a la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 21 de septiembre. Cada año los Jefes de Estado del mundo exponen en este foro sus ideas y preocupaciones sobre la situación mundial y de sus países. ¿Qué ideas presentó el presidente Uribe al resto de los países? ¿Cuáles son los temas más preocupantes en la agenda del mundo? ¿Qué concepto le merecen esos temas a nuestras autoridades de política exterior? Son preguntas que surgen de manera natural en el ámbito académico, las cuales nos hemos propuesto responder en este primer Comentario OPEC, con el ánimo de divulgar más ampliamente los temas de la política exterior colombiana, ofrecer criterios de valoración y análisis al público y enriquecer el debate sobre la agenda internacional de nuestro país.
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En los últimos diez años, la inestabilidad política ha sido una constante en la realidad ecuatoriana. Desde que la democracia fue restablecida en 1979, la nación ha enfrentado diversas crisis que han puesto en evidencia las debilidades estructurales del sistema democrático, entre las cuales figuran: los problemas de representación, las disfuncionalidades institucionales, y la injerencia del legislativo y del ejecutivo en la rama judicial, entre otros. Los dos candidatos que accedieron a la segunda vuelta programada para el próximo 26 de noviembre han sido calificados como neopopulistas: Rafael Correa de izquierda y Álvaro Noboa de derecha. Estos fenómenos son sintomáticos de la convulsión política ecuatoriana tanto como de la inestabilidad que aqueja a la región andina y obstruyen su integración y proyección en el mundo. El presente comentario aborda cuatro aspectos básicos del resultado de las elecciones. En primer lugar, esboza el contexto histórico de la inestabilidad ecuatoriana en el último decenio. Segundo, analiza los resultados de la primera vuelta. Tercero, examina el perfil de cada candidato y las implicaciones de su eventual gobierno para Colombia, la región andina y el hemisferio. Finalmente, se ofrecen unas perspectivas con respecto a la segunda vuelta.
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Con la asunción de Hugo Chávez a la primera magistratura de Venezuela en febrero de 1999, el país ha experimentado una serie de cambios radicales, que revisten una importancia determinante para Colombia. El pasado 3 de diciembre, Chávez fue reelegido con el 62,8% de los votos, en comicios caracterizados por la polarización de la sociedad. Podría pensarse que el porcentaje obtenido le otorga al presidente un margen de maniobra suficiente para entablar una nueva fase de la denominada Revolución Bolivariana, el establecimiento del Socialismo del Siglo XXI. El propósito del siguiente texto es dar luces sobre los alcances del proceso en lo doméstico y su impacto sobre Colombia. En primer término, se hará un breve repaso de la historia contemporánea venezolana desde el establecimiento del Pacto de Punto Fijo en 1958, toda vez que sobre ella reposan las justificaciones aludidas por Chávez para llevar a término los cambios estructurales producidos en Venezuela bajo su administración. En segundo lugar, se analizarán los principales cambios acontecidos a la luz del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que condensa los principios ideológicos de la revolución, así como su impacto sobre Colombia. Finalmente, se examinará el efecto que podrá tener en el futuro, la nueva fase socialista para nuestro país.
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Dado que la Organización de Estados Americanos (OEA) reviste importancia como la principal institución multilateral del continente, el OPEC presenta una serie de tres documentos sobre el tratamiento que han recibido los temas de democracia, seguridad hemisférica y libre comercio en el seno de este organismo. La presente entrega, aborda la primera de las temáticas, considerando que en las dos últimas décadas del siglo XX, la caída de los regímenes militares y la instauración de la democracia liberal en la mayoría de países de América Latina, significó la entrada de la región en la denominada tercera ola de democratización, fenómeno de alcance mundial que reflejaba la aceptación de los sistemas democráticos como la forma más viable de gobierno. No obstante, la OEA, se vio obligada a idear mecanismos multilaterales -La Resolución 1080, el Protocolo de Washington y la Carta Interamericana Democrática, entre otros- que resguardaran a los sistemas democráticos de múltiples amenazas, que podrían derivar en esquemas de gobierno dictatoriales o en la consolidación de democracias imperfectas. Así las cosas, el comentario OPEC No.6 resume de manera esquemática los principales instrumentos de promoción y defensa democrática y analiza su aplicación en cuatro casos: Haití en 1991, Guatemala en 1993, Paraguay en 1996 y 1999 y Venezuela en 2002. Las situaciones descritas dan cuenta de atentados directos o indirectos contra la democracia y el orden constitucional en medio de las cuales la OEA ha tenido alguna incidencia en su resolución.
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La aproximación de Colombia hacia el mundo ha sido tradicionalmente restringida. Además de los vínculos con los Estados Unidos, el país no consideró durante gran parte del siglo pasado la opción de aproximarse a otras áreas geográficas. Sólo algunas iniciativas políticas desde la década de los sesenta y algunas reflexiones académicas desde la década de los ochenta, han indicado la importancia de acercarse hacia los semejantes, es decir, hacia los países de la América Latina, sus subregiones y en especial los escenarios vecinos. A pesar de que la UE ya convertida en potencia económica y diplomática, ha empezado a surgir desde los primeros años de la década de los noventa también como un actor político y militar de gran influencia internacional, los vínculos políticos y diplomáticos de Colombia con esa subregión no han tenido el fortalecimiento que ameritan. Muy pocos son los estudios que se han efectuado en el país para analizar las relaciones políticas y estructurales entre Colombia y la UE. Algunos lo han hecho desde la perspectiva económica y las preferencias arancelarias, otros desde el ámbito de la cooperación y la ayuda humanitaria, y otros desde la perspectiva bilateral, estudiando diferentes temas de las relaciones con algunos de los Estados miembros, en particular con Francia, Alemania, España, el Reino Unido y ahora con los países nórdicos.