Increasing popular participation in the treaty-making process : the legislative process of Section 190 of the 2007 Constitution of Thailand

Historically, the authority to conclude international treaties was exclusively exercised by administrative bodies (or the chief of state). However, recent studies pointed out that the present legislative bodies have come to play a more active role through ratification or the review of treaties in European and American countries. Harrington (2005) studied judicial reform in British dominions and criticized the past executive-dominant treaty-making process as a “democratic deficit” due to a fear that under this system the nation might be bound by international agreements for which a consensus had not been obtained. These studies indicated that people’s participation in the treaty-making process has increased on a global basis, but neither of them provides sufficient descriptive evidence regarding why and how such procedures were established. The present paper therefore attempts to solve these questions by analyzing the legislative and political process of the treaty-making procedure reform in Thailand’s 2007 constitution as a case study.

Policy processes and collective action in water reforms: the cases of Nicaragua and Suriname

Las reformas de agua en países en desarrollo suelen llevarse a cabo junto con cambios institucionales más profundos o, incluso, acompañadas de cambios constitucionales o de régimen político. Por lo tanto, los marcos institucionales adaptados a países gobernados sujetos al estado de derecho pueden no ser apropiados para contextos gobernados fundamentalmente, al menos en sus inicios, por instituciones informales o poco maduras. Esta tesis toma las reformas de agua como punto de partida y pretende contribuir a la literatura mediante una serie de análisis empíricos tanto del ámbito general como del plano individual o sujeto personal de la política del agua. En el ámbito general, el foco se pone en los factores que explican el fallo de la acción colectiva en dos contextos diferentes: 1) en la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua y 2) en el mantenimiento y revitalización de las instituciones de riego en Surinam. En el plano del individuo, la investigación se centra en las decisiones de los usuarios de los recursos y analiza el papel crítico de las variables sociales para la gestión de los recursos comunes. Para ello, el método de investigación utilizado es mixto, combinando el análisis de entrevistas, encuestas y experimentos. En el ámbito general, los resultados muestran que las principales barreras para la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua podrían tener su reflejo en el lenguaje de la Ley y, por tanto, en la forma en la que se definen y configuran las instituciones incluidas en dicha Ley. Así, la investigación demuestra que la implementación de políticas no puede ser estudiada o entendida sin tener en cuenta tanto el diseño de la propia política como el marco socio-ecológico en el que se enmarca. El contexto específico de Nicaragua remarca la importancia de considerar tanto las instituciones formales como informales en los procesos de transición política. A pesar de que las reformas de agua requieren plazos largos para su implementación, el hecho de que exista una diferencia entre las reglas tal cual se definen formalmente y las reglas que operan en la realidad merece una mayor consideración en el diseño de políticas basadas fundamentalmente en instituciones formales. En el ámbito de la conducta individual, el análisis de la acción colectiva ofrece una serie de observaciones empíricas interesantes. En el caso de Nicaragua, los resultados indican que la intensidad de las relaciones sociales, el tipo de agentes dispuestos a proporcionar apoyo social y el nivel de confianza en la comunidad son factores que explican de manera significativa la participación en la comunidad. Sin embargo, el hecho de que la gestión colectiva de riego se produzca, en la mayoría de casos, en torno a lazos familiares sugiere que las variables de capital social críticas se definen en gran medida en la esfera familiar, siendo difícil que se extiendan fuera de estos nexos. El análisis experimental de los resultados de un juego de uso de recurso común y contribución al bien público muestra que las preferencias pro-sociales de los individuos y la heterogeneidad del grupo en términos de composición por sexo son factores que explican significativamente los resultados y las decisiones de apropiación a lo largo del juego. En términos del diseño de las políticas, es fundamental tener en cuenta las dinámicas de participación y uso de los recursos comunes de manera que los niveles de cooperación puedan mantenerse en el largo plazo, lo cual, como se observa en el caso de Surinam, no es siempre posible. Finalmente, el caso de Surinam es un ejemplo ilustrativo de los procesos de acción colectiva en economías en transición. El análisis del fallo de la acción colectiva en Surinam muestra que los procesos políticos vinculados al período colonial y de independencia explican en gran medida la falta de claridad en las reglas operacionales y colectivas que gobiernan la gestión de los sistemas de riego y drenaje. Los resultados empíricos sugieren que a pesar de que la acción colectiva para la provisión de los servicios de riego y drenaje estaba bien establecida bajo el régimen colonial, la auto-organización no prosperó en un contexto dependiente del apoyo externo y regido fundamentalmente por reglas diseñadas al nivel competencial del gobierno central. El sistema socio-ecológico que se desarrolló durante la transición post-colonial favoreció, así, la emergencia de comportamientos oportunistas, y posteriormente la inoperancia de los Water Boards (WBs) creados en la época colonial. En este sentido, cualquier intento por revitalizar los WBs y fomentar el desarrollo de la auto-organización de los usuarios necesitará abordar los problemas relacionados con los patrones demográficos, incluyendo la distribución de la tierra, el diseño de instituciones y la falta de confianza en el gobierno, además de las inversiones típicas en infraestructura y sistemas de información hidrológicos. El liderazgo del gobierno, aportando empuje de arriba-abajo, es, además, otro elemento imprescindible en Surinam. ABSTRACT Water reforms in developing countries take place along deeper institutional and even constitutional. Therefore, institutional frameworks that might result in positive outcomes in countries governed by the rule of law might not fit in contexts governed mainly by informal or immature institutions. This thesis takes water reforms as the starting point and aims to contribute to the literature by presenting several conceptual and empirical analyses at both general and individual levels. At the general national level, the focus is on the factors explaining failure of collective action in two different settings: 1) in the implementation of the new Nicaraguan Water Law and 2) in sustaining and revitalizing irrigation institutions in Suriname. At the individual level, the research focuses on the actions of resource users and analyzes the critical role of social variables for common pool resources management. For this purpose, the research presented in this thesis makes use of a mixed-method approach, combining interviews, surveys and experimental methods. Overall, the results show that major barriers for the implementation of the new Nicaraguan Water Law have its reflection on the language of the Law and, therefore, on the way institutions are defined and configured. In this sense, our study shows that implementation cannot fruitfully be studied and understood without taking into account both the policy design and the social-ecological context in which it is framed. The specific setting of Nicaragua highlights the relevance of considering both formal and informal institutions when promoting policy transitions. Despite the unquestionable fact that water reforms implementation needs long periods of time, there is still a gap between the rules on paper and the rules on the ground that deserves further attention when proposing policy changes on the basis of formal institutions. At the level of the individual agent, the analysis of collective action provides a number of interesting empirical insights. In the case of Nicaragua, I found that the intensity of social networks, the type of agents willing to provide social support and the level of trust in the community are all significant factors in explaining collective action at community level. However, the fact that most collective irrigation relies on family ties suggests that critical social capital variables might be defined within the family sphere and making it difficult to go beyond it. Experimental research combining a common pool resource and a public good game in Nicaragua shows that individuals’ pro-social traits and group heterogeneity in terms of sex composition are significant variables in explaining efficiency outcomes and effort decisions along the game. Thus, with regard to policy design, it is fundamental to consider carefully the dynamics of agents' participation and use of common pool resources, for sustaining cooperation in the long term, which, as seen in the case and Surinam, is not always possible. The case of Suriname provides a rich setting for the analysis of collective action in transition economies. The analysis of decay of collective irrigation in Suriname shows that the lack of clear operational and collective choice rules appear to be rooted in deeper political processes that date back to the colonial period. The empirical findings suggest that despite collective action for the provision of irrigation and drainage services was well established during the colonial period, self-organization did not flourish in a context governed by colonial state-crafted rules and mostly dependent on external support. The social-ecological system developed during the post-colonial transition process favored the emergence of opportunistic behavior. In this respect, any attempt to revitalize WBs and support self-organization will need to tackle the problems derived from demographic patterns, including land allocation, institutions design and government distrust, in addition to the typical investments in both physical infrastructure and hydrological information systems. The leadership role of the government, acting as a top-down trigger, is another essential element in Suriname.

Moralidade administrativa: o agente público na democracia do novo milênio

Os altos índices de corrupção no Brasil levaram a criação de algumas leis com o intuito de combater este mal que corrói a democracia e que preocupa todos os países democráticos. Este trabalho busca verificar as novas ferramentas jurídicas, bem como a responder a uma questão. Há mais alguma reforma necessária? Alguns estudos apontam influência de aspectos do sistema eleitoral no índice de corrupção. Se há, que reforma nesse sentido o Brasil poderia adotar? Foram utilizados método dialético e método comparativo, para análise de doutrina e legislação estrangeiras, comparando-as com as nacionais, e método indutivo para a análise de dados. Foram feitos grandes avanços legislativos, mas há que discutir o que pode ser aprimorado para criar um ambiente menos fértil à corrupção e tornar mais eficazes os mecanismos de controle dos agentes públicos.

Perceptions Surrounding the Implementation of Colorado Senate Bill 10-191's New Teacher Evaluations

In 2013, many public education reform efforts in the United States of America center on testing and accountability. Recent data revealed that teachers have the single greatest in-school impact on student learning; however, the methods to assess teacher effectiveness are widely criticized for not holding teachers accountable and, consequently, are experiencing significant legislative attention. In 2010, Colorado passed Senate Bill 10-191: The Great Teachers and Leaders Act to improve student learning by revising teacher and principal evaluations, including linking them to student learning data, and eradicating tenure. Teachers, administrators, and policymakers hold critical roles in the implementation of this bill, yet little is known about how members of each group perceive their respective roles in the implementation. This explanatory sequential mixed methods study was designed to gather perception data from these three groups, through surveys and interviews. Data revealed that teachers and administrators do not have similar perceptions of many matters related to teacher evaluations, education reform, and the implementation of Senate Bill 10-191 (SB 191). The data also revealed that teachers and administrators expected they would agree on these matters. These collective findings led to multiple recommendations, such as the need for increased dialogue between teachers and administrators about their own perceptions of education reforms.

Towards the Consideration of the U.S. Community College Model to Address the Need for Higher Education Reforms in Ghana

ABSTRACT The higher education systems throughout the continent of Africa are undergoing unprecedented challenges and are considered in crisis. African countries, including Ghana, all have in common ties to their colonial legacy whereby they are confronted with weak policies put in place by their colonizers. Having gained their independence, Africans should now take responsibility for the task of reforming their higher education system. To date, nothing substantial has been accomplished, with serious implications for weakening and damaging the structures of the foundation of their educational systems. This qualitative, single case study utilized a postcolonial theory-critical pedagogy framework, providing guidance for coming to grips with the mindset posed by Ghana's colonial heritage in the postcolonial era, especially in terms of its damaging effects on Ghana's higher education system. The study explores alternative pathways for secondary school students to transition to tertiary education--a problematic transition that currently hinders open access to all and equality in educational opportunity, resulting in a tremendous pool of discontinued students. This transitional problem is directly related to Ghana's crisis in higher education with far reaching consequences. The alternative pathway considered in this study is an adaptation of the U.S. community college model or an integration of its applicable aspects into the current structures of the higher education system already in place. In-depth interviews were conducted with 5 Ghanaian professors teaching at community colleges in the United States, 5 Ghanaian professors teaching at universities in Ghana, and 2 educational consultants from the Ghanaian Ministry of Education. Based on their perspectives of the current state of Ghanaian higher education, analyzed in terms of pedagogy, structure/infrastructure, and curriculum, the participants provided their perceptions of salient aspects of the U.S. community college model that would be applicable to Ghana's situation, along with other recommendations. Access to all, including equality of educational opportunity, was considered essential, followed by adaptability, affordability, practicality, and quality of curriculum content and delivery. Canada's successful adaptation of the U.S. model was also discussed. Findings can help guide consideration of alternative pathways to higher education in Ghana and Africa as a whole.

Staying in the Delaware Corporate Governance Lane: Fee Shifting Bylaws and a Legislative Reaffirmation of the Rules of the Road

The Delaware legislature has taken steps towards the adoption of amendments to the Delaware General Corporation Law (DGCL) that would prohibit fee shifting provisions in the articles and bylaws. The language in the legislative proposal, however, addresses fee shifting provisions only in the context of "internal corporate claims." Some have raised concerns that this language would allow for fee shifting provisions that applied to other types of actions, including at least some cases brought under the securities laws. This piece suggests that in fact the Delaware General Corporation Law already prohibits the adoption of bylaws and certificate provisions that apply to causes of action unrelated to internal corporate claims. As a result, there was no reason for the Delaware legislature to expressly bar fee shifting provisions in these types of actions.

Legislative Proposals to Modernize Business Development Companies and Expand Investment Opportunities, Testimony Before the House Subcommittee on Capital Markets and Government Sponsored Enterprises

This testimony discusses proposed legislation to amend the definition of accredited investor. It also discusses proposed legislation designed to reform the regulatory framework for business development companies. Among other things, the regulatory regime for BDCs would change to allow these companies to invest a greater portion of their assets in financial companies, potentially reducing the percentage of assets invested in operating companies.

Reflections on the institutional balance, the Community Method and the interplay between jurisdictions after Lisbon. Research Papers in Law, 04/2012

[Introduction.] Over the last two years, not only inside but also outside the framework of the EU treaties, far reaching measures have been taken at the highest political level in order to address the financial and economic crisis in Europe and in particular the sovereign debt crisis in the Euro area. This has triggered debates forecasting the “renationalisation of European politics.” Herman Van Rompuy, the President of the European Council, countered the prediction that Europe is doomed because of such a renationalisation: “If national politics have a prominent place in our Union, why would this not strengthen it?” He took the view that not a renationalisation of European politics was at stake, but an Europeanization of national politics emphasising that post war Europe was never developed in contradiction with nation states.1 Indeed, the European project is based on a mobilisation of bundled, national forces which are of vital importance to a democratically structured and robust Union that is capable of acting in a globalised world. To that end, the Treaty of Lisbon created a legal basis. The new legal framework redefines the balance between the Union institutions and confirms the central role of the Community method in the EU legislative and judiciary process. This contribution critically discusses the development of the EU's institutional balance after the entry into force of the Treaty of Lisbon, with a particular emphasis on the use of the Community Method and the current interplay between national constitutional courts and the Court of Justice. This interplay has to date been characterised by suspicion and mistrust, rather than by a genuine dialogue between the pertinent judicial actors.