998 resultados para Derechos civiles y políticos
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At head of title: República del Ecuador.
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Las discrepancias interpretativas sobre lo que se considera "riesgo social" en la infancia y en la adolescencia, pueden dar lugar a múltiples polémicas y diferencias entre las diversas instituciones públicas que tienen a su cargo la denominada "protección integral de la infancia". Esta noción, que porta una sustancial cuota de ambigüedad, se haya estrechamente vinculada a la prevención y depende en gran medida del punto de vista que adopten los distintos actores sociales e instituciones involucradas. En esta ponencia se plantea reflexionar, desde una perspectiva antropológica y a través del análisis de estudios de caso, sobre las distintas formas de discernir los significados teóricos y prácticos de este concepto, el cual ha sido socialmente construido y conlleva un cierto etiquetamiento y discriminación. El "riesgo social" constituye un tema de lindes epistemológicos con efectos prácticos que pone en juego no sólo los derechos civiles y humanos, sino la vida misma de todas las poblaciones así consideradas, por lo que también se discutirá sobre la visión dominante de la niñez, pilar de la actual legislación sobre el tema
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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad
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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad
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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad