666 resultados para VIVIENDA POPULAR - POLITICA GUBERNAMENTAL - BOGOTA (COLOMBIA) - 2002-2007


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Los recursos humanos en las organizaciones del Estado son quienes le dan vida a la administración pública, y son los llamados a conducir e innovar los procesos de consolidación de políticas que permitan el eficaz cumplimiento de los compromisos del Estado con la sociedad. Sus cualidades y capacidades son propias de una persona al servicio de un fin público, cuyo objetivo no responde a principios de rentabilidad u ganancia, sino a una vocación un tanto altruista que se soporta en los valores de la igualdad, moralidad, economía, eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad. En Colombia, la manera de conducir y gestionar los recursos humanos dista grandemente de ser lo que la Constitución del 91 había dispuesto que fuese la función pública. Los empleados del Estado, quienes son los encargados de realizar las funciones administrativas en el marco de un régimen laboral, han sido paulatinamente suplantados y desplazados por el uso desmedido de la institución conocida como “contratos de prestación de servicios”, que por su naturaleza puede, legalmente utilizarse solo de manera excepcional para facilitar y contribuir al cumplimiento de los fines del Estado. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el abuso de esta forma de contratos de prestación de servicios tomó gran relevancia, dándole una aplicación generalizada, y evadiendo los límites de la excepcionalidad y temporalidad con que fue concebida dicha figura, al punto de hallar que en algunas entidades del Estado el número de contratistas sobrepasó al número de empleos.

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Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubo un gran crecimiento económico en Colombia; sin embargo, al final de su mandato había más de 20 millones de personas en condición de pobreza, es decir casi la mitad de su población. Como los problemas que trata de resolver la política pública no tienen soluciones absolutas, cada gobierno debe apostarle a diferentes soluciones. Dado los buenos resultados en las primeras evaluaciones del programa de transferencias condicionadas Familias en Acción, el gobierno de Uribe aumentó su cobertura y número de beneficiados. Sin embargo, dicho fortalecimiento fue criticado por diferentes personalidades públicas del país por considerarlo asistencialista, clientelista, proclive al uso electoral, entre otros. La presente disertación, analiza dichas críticas y las posibles razones que llevaron al gobierno de Uribe a fortalecer y ampliar el programa. Al analizar una política pública, lo importante no es alabar o desvirtuar sus alcances, sino resaltar los aportes positivos y sus debilidades para continuar con lo que está dando resultados y tomar las medidas pertinentes respecto a los nuevos problemas que se presentan. Dadas las dimensiones de la pobreza en Colombia, este tema debe ser una prioridad de todos los ciudadanos; su solución no puede quedar en manos del gobierno o del mercado, sino que debe haber un debate serio al respecto.

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Este estudio de caso pretende visibilizar a partir de tres sindicatos (Sintrasabana, Sintraflowers y Untraflores) del sector floricultor el funcionamiento interior y exterior de los mismos tipificandolos a partir de la teoría de Sidney Tarrow. Se identifican logros y debilidades y la importancia del sector para la economía nacional.

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Se busca evidenciar el descenso electoral del Partido Liberal, para lo cual se estudian las causas que propiciaron la crisis del partido. se estudia detalladamente una de las causas que es el proceso 8.000, se examina el impacto que tuvo en la perdida electoral de dicho partido.

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El terrorismo representó para el gobierno de Uribe la oportunidad de insertar el conflicto interno en el escenario internacional, que a través de la política de Defensa y Seguridad Democrática busco justificar las acciones gubernamentales y aumentar el apoyo nacional e internacional en pro de salvaguardar la democracia y el Estado Social de Derecho. En el presente documento se establece la relación entre terrorismo y política externa en el primer período de administración de Álvaro Uribe Vélez, a través de los fundamentos teóricos del constructivismo y con relación a tres actores del sistema internacional: Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Dentro del análisis se observa una tensión fundamental que se presenta respecto al discurso y a la práctica, en este caso la práctica institucional a nivel nacional de la administración Uribe. De igual manera, el período analizado permite establecer dicha tensión cuando se ve en detalle la relación entre la presentación que hizo Uribe de la problemática colombiana en distintos foros internacionales ante diversos actores internacionales y el desarrollo institucional de la Política de Seguridad Democrática. Respondiendo a ello, el discurso del gobierno Uribe asumió diversos matices según las exigencias de Estados Unidos, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas dentro del contexto de la lucha contra el terrorismo.

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El presente estudio de caso busca responder preguntas relativas a las prácticas de gestión ambiental y a las percepciones que sobre el tema, manifiestan las comunidades locales de áreas protegidas urbanas como lo son los humedales de Córdoba en la localidad de Suba y Techo en la localidad de Kennedy en Bogotá, particularmente en el periodo 1990 – 2007. Principalmente se indagan los diferentes problemas y percepciones que las comunidades asocian con la existencia de estas áreas, así como los usos que les son dados a estos.

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La presente monografía tiene como propósito analizar los tres principales objetivos estratégicos de la Política de Seguridad Democrática impulsada por Álvaro Uribe Vélez: recuperar el control del territorio por parte del Estado, aumentar la confianza inversionista y generar cohesión social en el periodo 2002-2010.

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Nova et Vetera, ISSN 1692-5866, Año 8, No. 03 (Febrero 26 - Marzo 11 de 2007)

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Los resultados obtenidos por Colombia en los diferentes índices internacionales que miden el desempeño del país en factores como competitividad, libertades económicas, corrupción, gobernabilidad, libertades políticas y derechos civiles son bastante pobres y evidencian una fuerte debilidad institucional. De acuerdo con el estudio realizado por el grupo de investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, desde la década de los noventa, se ha desarrollado una serie de indicadores que permite comparar la evolución de los países, con el fin de entender cómo se afectan el desempeño económico, el crecimiento y la estabilidad política de un país, por causa de aspectos relacionados con el Gobierno, la capacidad de integración económica, el respeto por la ley y los costos de transacción políticos y económicos. A los estudios académicos se ha sumado el interés de los organismos internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) de sistematizar los datos y fortalecer la comparación entre naciones, a partir de indicadores económicos y de desarrollo social. La necesidad de ampliar el análisis y de buscar parámetros deseables o alcanzables, en términos institucionales, ha propiciado la realización de estudios que tienen por objeto comparar los países. Esto ha dado lugar a una “explosión” de índices de desempeño económico y político, que permiten la comparación sistemática entre Estados y su clasificación de acuerdo con el desempeño. Colombia no ha estado exenta de ser calificada y ha sido recurrente ver la rezagada posición que ocupa el país en el ámbito mundial. Sin embargo, frente a este creciente interés por la calificación, se hace necesario conocer más acerca de los índices y su elaboración, con el fin de entender sus implicaciones en la toma de decisiones sobre políticas públicas, inversión extranjera y endeudamiento, y en la capacidad que tienen para reflejar y describir la coyuntura en forma acertada.

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Nova et Vetera, ISSN 1692-5866, Año 8, No. 18 (Noviembre 19 de 2007)

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La mayoría de los estudios sobre la problemática de las empresas colombianas centra su atención en el funcionamiento interno de las organizaciones; sin embargo, al hacer una minuciosa revisión se confirma que las dificultades no provienen exclusivamente de las empresas o de las prácticas de los empresarios, sino que, además, se ven determinadas por elementos del entorno nacional e internacional. Así lo advierte el grupo de investigación en Perdurabilidad Empresarial de la Universidad del Rosario(...), el cual considera que los problemas que deben enfrentar las empresas colombianas son muy diversos, y pueden ser vistos a través de diferentes niveles de análisis: global, regional, nacional y organizacional. Desde su perspectiva, en cada uno de ellos se encuentra una serie de actores, intereses, objetivos y estrategias que plantean diversos retos, restricciones, amenazas y oportunidades, generando condiciones que afectan de forma directa la gestión y el desempeño de las compañías locales. En el ámbito global existen dos fenómenos importantes e interrelacionados que configuran un panorama diferente para todo tipo de organizaciones, especialmente para las empresas: el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la globalización.

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El caso de la descentralización en el Área Metropolitana de Lima constituye un objeto de estudio del mayor interés para quienes se interesen por los procesos de construcción de ciudadanía en el plano local en las ciudades de Latinoamérica. Desde el restablecimiento democrático, la democracia peruana ha enfrentado serias vicisitudes que han minado considerablemente el Estado de derecho y algunos mecanismos de participación popular. Como resulta obvio, ambos procesos han hecho mella sobre la descentralización nacional y en la del Área Metropolitana de Lima. A pesar de estas dificultades, especialmente durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), se ha dado una restructuración que ha logrado rescatar algunos de los propósitos iniciales del proceso. Luego de los gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo (2001-2006) el Estado experimentó una normalización de la política que irrigó múltiples campos de acción estatal, entre ellos el de la descentralización, fenómeno que se había visto afectado por el régimen fujimorista y las restricciones a las autonomías de los territorios bajo el argumento de la garantía de la seguridad.

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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.

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Uno de los objetivos perseguidos en los Consejos Comunales de Gobierno, celebrados por la administración de Álvaro Uribe Vélez en Colombia (2002-2010), fue la promoción de la participación ciudadana. Partiendo de la ambigüedad de lo que este objetivo puede significar o perseguir, nos propusimos hacer una revisión inicial de estudios que han analizado y avanzado en la teorización de diversos ejercicios de participación ciudadana en Colombia y en el mundo, así como del concepto de ciudadanía activa, el cual ha sido desarrollado por diversas tradiciones de pensamiento en contextos diversos, incluidos los escenarios de participación ciudadana. Para el análisis de los Consejos Comunales de Gobierno -ejemplo del tipo de participación que se promovió por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez-, nos concentramos en tres aspectos: una exposición general de la institucionalidad desarrollada para la participación ciudadana en Colombia; la caracterización del gobierno bajo el que se promovieron estos consejos; y el análisis del diseño institucional particular a estos. Teniendo en cuenta el carácter de la política de participación impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la tradición institucional para la participación en Colombia, y el particular desarrollo de éstos consejos, se formulan al final unas reflexiones y recomendaciones con respecto a las iniciativas de gobierno para la participación ciudadana.

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Actualmente se estima que más de 160.000 niños en todo el mundo son diagnosticados de cáncer cada año y esta cifra podría ser considerablemente superior debido que los datos en su mayoría son imprecisos (1), hay un gran número de niños que junto con sus familias deben hacer frente a las implicaciones del diagnóstico de cáncer o enfermedad terminal, del tratamiento y el pronóstico. En Colombia se viene practicando en los servicios de pediatría, sin embargo no se realiza bajo un protocolo establecido El objetivo de este trabajo fue realizar una búsqueda sistemática de Guías de Práctica Clínica en Cuidados Paliativos Pediátricos basadas en la evidencia en el mundo y evaluarlas mediante preguntas clínicas preestablecidas, y bajo la metodología GLIA indicada por el ministerio de protección social, teniendo en cuenta la realidad colombiana y los principios de accesibilidad, calidad y eficiencia consagrados en el Sistema General de Seguridad Social de Salud de Colombia, con el fin de identificar la mejor Guía de Práctica Clínica (GPC) para la población de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá – Colombia. Como resultado de la búsqueda se obtuvieron 32 GPC en Cuidados Paliativos de los cuales 8 guías se relacionaban con la población objeto y solo 5 de las guías respondían a las preguntas clínicas. El informe se elaboró según la metodología PRISMA con el fin constituir una base de datos para posteriores estudios, realización de guías o la adaptación de guías basadas en la evidencia.