Impacto de la modalidad de contratación: servicios ocasionales, en las instituciones del Sector Público. Caso SETEC

La normativa laboral ecuatoriana, en el propósito de flexibilizar la gestión pública y por tanto, el cumplimiento de los objetivos nacionales, establece un conjunto de modalidades de contratación que pueden ser aplicadas por las unidades que administran el talento humano en las distintas instituciones del Estado; siendo una de éstas, la contratación bajo la modalidad de servicios ocasionales. Esta modalidad de contratación mantiene entre sus principales características, que los servidores pueden permanecer un máximo de dos años en la institución, y que la normativa permite una terminación unilateral de sus contratos laborales. Al respecto, el presente estudio plantea una medición del impacto que tienen estas limitaciones en la gestión de las instituciones del Estado, aplicando para el efecto, distintos métodos de investigación en pro de constatar la incidencia que tiene esta modalidad de contratación en la gestión de su talento humano, en factores tales como; su cultura organizacional, su clima laboral, el nivel de rotación de su personal y los subsistemas del talento humano relacionados; enfocando finalmente el análisis del impacto, en la incidencia que tiene la contratación ocasional en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para aplicar el contexto establecido para la investigación, la institución pública que ha sido tomada como referencia para el presente estudio, es la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional SETEC, institución que mantiene una significativa proporción de su personal, bajo esta modalidad de contratación. Habiéndose analizado las distintas teorías relacionadas al comportamiento del talento humano en el ámbito laboral y relacionado su incidencia en la gestión pública institucional; la investigación contribuye con múltiples hallazgos y planteamientos, que además de medir la incidencia del servicio ocasional, establece conclusiones que incitan a medir con mayor profundidad su impacto en otras instituciones estatales, tomar atención en variables en las que se ha encontrado falencias y evaluar experiencias de otros países; en el propósito de generar conciencia respecto a posibles reformas legales que potencien al personal ocasional, en factores tales como su estabilidad, su motivación y su eficiencia.

Avaliação da política pública de acessibilidade no período de 1992 a 2002 na Cidade do Natal

Este estudio tiene como objetivo evaluar los avances y límites de las políticas de accesibilidad en la ciudad de Natal. Se investigan las políticas publicas municipales de accesibilidad implantadas en los diez años subsecuentes, a partir de la sanción de la Ley Municipal de Accesibilidad Nº 4.090 del 03 de junio de 1992, que torna obligatorio la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con discapacidades en los lugares de circulación de peatones y edificios de uso público de la ciudad. Accesibilidad, en los proyectos de arquitectura y urbanismo es la condición esencial para asegurar a cualquier ciudadano su derecho a ir y venir con seguridad, dignidad y autonomía. Esta investigación se concentra en los barrios de: ciudad alta, Petrópolis y Ribeira, ya que esta área, en el período ya mencionado, fue la que tuvo una mayor concentración del presupuesto de inversiones públicas municipales de la ciudad de Natal, en la eliminación de barreras arquitectónicas en vías urbanas. El método adoptado fue el hipotético deductivo, a partir de la formulación de dos hipótesis de trabajo: la primera, una divergencia entre los objetivos propuestos por la Ley Nº 4.090 y sus aplicaciones prácticas y, la segunda, de las diferencias que existen en el grado de entendimiento del concepto de accesibilidad, para eso, se realizó una colecta y análisis de datos tanto empíricos como teóricos. Este estudio también retrata en el año de 2004, con el uso de la técnica de la fotografía, la realidad actual de la ciudad sirviendo como un parámetro comparativo con los proyectos asociados a la Coordinación para integración de las personas con discapacidades. Se utiliza la técnica de entrevista con especialistas en accesibilidad envueltos a lo largo del proceso de implantación de las políticas públicas en la ciudad de Natal, durante los años mencionados, obteniendo así un testimonio sobre las directrices adoptadas en ese período, con base en la legislación vigente. En la investigación documental y fotográfica se realiza una evaluación de la dimensión real de lo propuesto y ejecutado en un periodo de diez años, y se concluye sobre todos los avances y retrocesos de las políticas de gestiones públicas adoptadas con relación a la accesibilidad en la ciudad de Natal

De las telecomunicaciones a las TIC: Ley de TIC de Colombia (L1341

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Reglas fiscales en Argentina: el caso de la ley de responsabilidad fiscal y los programas de asistencia financiera

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Análisis de tenencia y uso de la tierra en dos comunidades campesinas en Cochabamba, Bolivia, en relación a la Ley INRA

La Reforma Agraria del 1953 trajo un nuevo régimen y nuevas políticas agrarias que estaban dirigidos a la modernización de Bolivia, y logró la abolición de las formas de servidumbre a las que estaba sometida la población indígena originario campesina. Sin embargo, a más tardar en los años 70, quedó claro que la Reforma Agraria no pudo cumplir con las expectaciones de la población indígena campesina, y que no hubo voluntad política de implementarla. Entre los numerosos déficit de la reforma, destacan la continua inequidad en el acceso y en la distribución de la tierra; la creación de nuevos latifundios de carácter capitalista en el oriente y de minifundios en el altiplano y valle; la inseguridad jurídica; la sobreposición de derechos; y una institucionalidad pública desacreditada. En el marco de cambios políticos en todo Latinoamerica en los años 90, se introdujo una serie de reformas que reconocen el carácter multi-étnico y pluricultural del país. La Ley INRA (Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria) del 1996 trajo un reconocimiento formal de los sistemas de tenencia de la tierra indígenas bajo el patrocinio del neoliberalismo. Un eje central de la ley es el saneamiento de la propiedad agraria. Después de una década de vigencia, la ley resultó ser insuficiente, el saneamiento burocrático, lento, costoso y con resultados no muy satisfactorios. En 2006, el gobierno de Evo Morales modificó la ley mediante la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Desde entonces, el proceso de saneamiento ha avanzado significantamente en las tierras bajas y el altiplano norte, mientras en Potosí, Tarija, Oruro y Cochabamba el proceso sigue siendo lento. Eso tiene que ver con las particularidades históricas, culturales, sociales, económicas y ecológicas de las diferentes regiones de Bolivia, cuales la Ley INRA no logra a captar. La presente tesis tiene como objetivo analizar las formas de tenencia y uso de la tierra y las instituciones sociales mediantes las cuales estos están reguladas en dos comunidades del Valle de Cochabamba. Las sistemas de tenencia de la tierra elaboradas por las familias campesinas luego se analizaron en relación a la Ley INRA. El área de estudio es localizado en el municipio de Sipe Sipe, provincia de Quillacollo, departamento de Cochabamba. La población consiste de campesinos perteneciendo al grupo etno-lingüistico quechua, cuya subsistencia depende de la producción agropecuaria y, en la mayoría de los casos, del trabajo asalariado. Las comunidades están situadas total- o parcialmente dentro del Parque Nacional Tunari. La ley del parque del 1991 expropia a las personas que viven dentro de los límites de este. Sin embargo, hasta hoy no ha sido implementada, excepto en 1% de la superficie total; las dos comunidades hasta ahora no han sido afectadas. Las dos comunidades de estudio han desarrollado una compleja combinación de propiedad familiar y propiedad comunal, que tiene su raíz en el sistema de haciendas, la forma predominante de tenencia de la tierra en el departamento de Cochabamba hasta la Reforma Agraria. El acceso al territorio comunal y el uso de los recursos naturales es gestionado por un sindicato agrario y una variedad de instituciones sociales. Se analizaron las estrategias de hogar de seis familias de Link’u comparandolas con las demás datos obtenidos. En Lap’iani, la comunidad menos accesible, las familias dependen de gran parte de la producción agropecuaria, mientras en Link’u, que está localizado cerca del pueblo de Sipe Sipe, la mayoría de las familias combina la agricultura con el trabajo asalariado. En ambas comunidades, la educación formal de los hijos y la migración temporal o permanente constituyen pilares fundamentales de las estrategias familiares. En Link’u se ha mostrado un proceso de urbanización que se expresa en un plan de desarrollo futuro que prevée la transformación de la zona periurbana de la comunidad en propiedad familiar o área urbana. Estos cambios en las estrategias de las familias y de la comunidad pueden explicarse por condiciones dinámico socioeconómicas, ecológicas y político-administrativas. Los resultados de la investigación muestran que los campesinos en las comunidades de estudio diversifican sus estrategias de vida para enfrentar al minifundio. Estas estrategias consisten en la producción agropecuaria en diferentes pisos ecológicos (control vertical de la ecología), la educación, la migración, la integración al mercado, el trabajo asalariado, y, en el caso de Link’u, en la propiedad individual de la tierra. El sistema de tenencia de la tierra es marcado por la interlegalidad o el bricolage de leyes formales y normas consuetudinarias. La Ley INRA desempeña para ambas comunidades un papel marginal. Se mostró que el sistema de tenencia y uso de la tierra es complejo, flexible y persistente. Combina diferentes tipos de propiedad y permite diferentes formas de organización dependiendo del área (rural/urbana).

“Realidad o Utopía" : : ley de ordenamiento territorial

La lógica del mercado y al cambio de modelo de desarrollo en América Latina, en el intento de poder competir a nivel mundial, ha agudizado las disparidades y el deterioro ambiental. La presión que ejercen las grandes empresas y ciertos grupos con poder, el enquistamiento de una estructura administrativa que puja por mantener esquemas tradicionales ya perimidos y la falta de planificación impiden atender uno de los problemas claves que plantea la economía en el territorio, el de la concentración y los desequilibrios territoriales. Surge entonces el Ordenamiento Territorial como alternativa válida para atenuar estos procesos y dar respuesta a la sociedad. El caso que se presenta pone en el tapete muchos de estos temas que hoy preocupan y puede servir como experiencia transferible y aplicable a otras realidades que buscan consolidar un desarrollo local sustentable. El ante-proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo para la provincia de Mendoza, República Argentina, es un instrumento elaborado en el año 2006 por el sector académico-científico que desde una visión interdisciplinaria incorpora fundamentos técnicos y aportes de los actores sociales involucrados. La metodología aplicada permite consensuar por la sociedad en su conjunto los principios que sustentan la Ley, determinar la aplicación de ciertos instrumentos para efectivizar acciones en el territorio y definir una forma innovadora de hacer política, gestionar y planificar el uso del suelo. La propuesta considera al Ordenamiento Territorial como una política de Estado que debe propiciar condiciones de gobernabilidad. Sus principios y normas priorizan la equidad y el bienestar general por encima de los intereses particulares así como también el respeto de los valores y costumbres de la sociedad. Surge de un proceso participativo y sus principios y fines responden a los problemas actuales. Incorpora una serie de instrumentos debidamente jerarquizados conforme a las competencias jurisdiccionales y existencia de distintas escalas geográficas, como también, instrumentos jurídicos y prácticas administrativas innovadoras que permiten la resolución de conflictos territoriales. Identifica además recursos financieros para implementarla y prioriza el fortalecimiento de los mecanismos de control para un funcionamiento más ágil y eficaz de la gestión pública. Sin embargo existen riesgos vinculados a la voluntad política y el poder económico que pueden impedir que esta utopía se transforme en realidad. Solo la participación social es la que puede lograr vencer los intereses en juego y conseguir la aprobación de la Ley. Si esto se consigue se habrá dado un paso muy importante a ser imitado, sin lugar a dudas, en otros lugares de Argentina y América Latina.

Ley 26.529/09: Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud

http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/Residencias/biblio_12/pdf%20Comun/ley_26529_salud_publica.pdf

Manual de procedimientos para el manejo sanitario de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE): según Ley 18.987 del 17.10.2012

El presente Manual promueve la implementación, en el marco de la Ley 18987, de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones específicas. Esta ley, junto con la 18426, busca asegurar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población y garantizar el derecho a la procreación consciente y responsable. Su propósito es bregar por la sistematización de prácticas que aseguren la calidad de atención, el trato digno y el respeto a derechos en la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Se enmarca en los avances en la atención de la salud sexual y reproductiva, con perspectiva de derechos y género, en particular vinculada a la disminución de riesgos y daños del aborto inseguro y a las consecuencias del embarazo no intencional ni planificado, al descenso de la mortalidad y morbilidad de las mujeres, - ya avanzada en el país mediante la instrumentación de la Normativa “Medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo”.

Entre el estigma y la ley. La interrupción legal del embarazo en el DF

Este artículo se origina en una investigación llevada a cabo mediante metodologías cualitativas de las ciencias sociales. Su objetivo es compartir algunos de los avances del estudio realizado en una clínica del Gobierno del Distrito Federal para explorar los efectos de la implantación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el personal que proporciona este servicio sanitario. Se subraya que además de disminuir los riesgos en la salud de las mujeres, la ILE con misoprostol impulsó un cambio de actitud de muchas usuarias, lo que expresa una disminución de los efectos negativos provocados por el estigma, aunque se sigue detectando la persistencia del estigma en las opiniones del personal sanitario. El fortalecimiento personal de las mujeres que se someten a este procedimiento legal se debe a que llevan a cabo el ejercicio pleno de un derecho.

La autorización de las expresiones fúnebres andinas en los cementerios públicos de la Ciudad de Buenos Aires : Reflexiones acerca de una ley anhelada

Las regulaciones estatales que afectan a los migrantes internacionales no se limitan a aquellas explícitamente destinadas a controlar su desplazamiento y/o inserción en la sociedad de destino, sino que incluyen intervenciones sobre diferentes ámbitos de su existencia. Aún cuando no sean formalmente migratorias, estas políticas merecen ser incluidas en los estudios de los procesos migratorios para comprender mejor las múltiples características que asume su tratamiento por distintas agencias y niveles del Estado. En esta presentación analizaré el proceso que llevó a la inclusión de un artículo en la Ley N° 4977/2014 que autoriza las ceremonias fúnebres realizadas principalmente por la colectividad boliviana en los cementerios públicos de la Ciudad de Buenos Aires cada 2 de noviembre. Puntualmente me interesa ubicar este acontecimiento en el contexto de disputas ocurridas durante cerca de una década respecto de los usos "correctos" de los cementerios porteños, y reflexionar acerca de mi propia participación como antropóloga-asesora en la redacción de este artículo. Mi objetivo último es deshilvanar parte de la trama de políticas "no migratorias" que inciden en la legitimidad de los migrantes regionales en la esfera pública

Discursos, violencias y políticas de televisión : La construcción de subjetividades defensivas hacia jóvenes en conflicto con la ley penal

En nuestras sociedades contemporáneas, analizar los discursos sobre el delito, las juventudes y el castigo supone adentrarse en la indagación de los medios de comunicación como dispositivos de control social, que operan en la construcción de temor y presionan en la agenda política. Entre fines de 2009 y principios de 2011, los noticieros de televisión masiva enfatizaron el problema de la inseguridad ciudadana a partir de un encadenamiento de casos del nosotros jerarquizados en la agenda pública. La historia de Santiago Urbani, un robo atribuido a dos adolescentes de 16 y 17 años que conllevó la muerte del joven de Tigre, se presenta como un índice de época que permite analizar los patrones de saber y las formas de subjetividad que habilitaron la legitimación de demandas punitivas hacia las juventudes en los discursos de América Noticias, Visión 7, Telefé Noticias, Todo Noticias y Canal 5 Noticias. Retóricas impolíticas de justicia y seguridad, enunciados victimizantes e imágenes de conmoción social fueron algunos de los elementos que actuaron como mecanismos de regulación sociopolítica certificando la exclusión del microdelincuente al interior de un orden social desigual

Bibliotecarios, Tecnologías de la Información, Matemática, y la Ley del 90-10

Fil: Archuby, César Orlando. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.