865 resultados para Criminal justice system-Empowerment


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Los crímenes sexuales en general, y la violación en particular, suelen concebirse como una situación que involucra únicamente a dos personas: la víctima y su atacante. Sin embargo, los expedientes judiciales vinculados a estos delitos muestran un universo complejo de actores, que no ;se agota en aquel binomio. El presente trabajo se enfoca en algunas de esas ocasiones donde aquella lógica se demuestra incorrecta, mostrando cómo la justicia lidia con aquel desafío desde el discurso jurídico, analizando imágenes y concepciones que abogados y médicos expresan, afirman ;o discuten en relación al comportamiento esperado de hombres y mujeres, así como la situación de la justicia frente a crímenes que se alejan de la "normalidad" reconocida

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La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.

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Los crímenes sexuales en general, y la violación en particular, suelen concebirse como una situación que involucra únicamente a dos personas: la víctima y su atacante. Sin embargo, los expedientes judiciales vinculados a estos delitos muestran un universo complejo de actores, que no ;se agota en aquel binomio. El presente trabajo se enfoca en algunas de esas ocasiones donde aquella lógica se demuestra incorrecta, mostrando cómo la justicia lidia con aquel desafío desde el discurso jurídico, analizando imágenes y concepciones que abogados y médicos expresan, afirman ;o discuten en relación al comportamiento esperado de hombres y mujeres, así como la situación de la justicia frente a crímenes que se alejan de la "normalidad" reconocida

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La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.

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The World Bank's legal and judicial reforms programs have expanded considerably since it began to address the issue of governance in the early 1990s. Initially the Bank focused on legal reforms for inducing private investment. Currently, its legal assistance extends to include the criminal justice sector. Such activities cannot be directly construed from its Articles of Agreement. This paper will discuss how the Bank interpreted its Articles in order to ligitimize its expanding activities. The Bank has manoeuvred itself into the criminal justice sector by skillfully changing its concept of development without deviating from its mandate. The change can be described as an 'evolution' which has allowed the Bank to identify any area as target for its development assistance.

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La consolidación del «nuevo Estado» franquista conllevó la elaboración de una doctrina y una legislación penal que permitiera reprimir a los enemigos políticos de la dictadura, así como conseguir el control de la sociedad. Este estudio analiza la criminalización de la desviación social durante la posguerra. La criminalización es la selección de un grupo de personas, a las que el poder del Estado somete mediante la coacción punitiva de sus acciones. En este proceso de «construcción social» del delito, destacó la categorización del «otro» como un enemigo peligroso y dañino moral y socialmente, también en la justicia común en España.

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Summary. The EU’s attempts to adopt an EU-wide instrument on the right to access to legal aid in criminal proceedings have not been successful so far. The important issue was originally part of Measure C of the Roadmap for criminal procedural rights,1 but due to political difficulties legal aid was dropped from the agenda. However, on a different plane agreement was reached on this topic as the United Nations General Assembly (UNGA) has adopted the world’s first international instrument dedicated to access to legal aid in December 2012.2 This policy brief argues that the EU should carry on in the ‘spirit’ of these recent developments and adopt a directive providing suspects and defendants with access to legal aid. 1 Council Resolution of 30 November 2009 on a Roadmap for strengthening procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings, OJ C 295/1, 4 December 2009; hereafter will be referred to this Council Resolution as the ‘Roadmap’; for further information see M. Jimeno-Bulnes, ‘The EU Roadmap for Strengthening Procedural Rights of Suspected or Accused Persons in Criminal Proceedings’, 4 EUCrim (2009), 157-161. 2 United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, A/Res/67/187, 20 December 2012; from here on will be referred to this as the ‘Resolution’.

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This paper examines the EU’s counter-terrorism policies responding to the Paris attacks of 13 November 2015. It argues that these events call for a re-think of the current information-sharing and preventive-justice model guiding the EU’s counter-terrorism tools, along with security agencies such as Europol and Eurojust. Priority should be given to independently evaluating ‘what has worked’ and ‘what has not’ when it comes to police and criminal justice cooperation in the Union. Current EU counter-terrorism policies face two challenges: one is related to their efficiency and other concerns their legality. ‘More data’ without the necessary human resources, more effective cross-border operational cooperation and more trust between the law enforcement authorities of EU member states is not an efficient policy response. Large-scale surveillance and preventive justice techniques are also incompatible with the legal and judicial standards developed by the Court of Justice of the EU. The EU can bring further added value first, by boosting traditional policing and criminal justice cooperation to fight terrorism; second, by re-directing EU agencies’ competences towards more coordination and support in cross-border operational cooperation and joint investigations, subject to greater accountability checks (Europol and Eurojust +); and third, by improving the use of policy measures following a criminal justice-led cooperation model focused on improving cross-border joint investigations and the use of information that meets the quality standards of ‘evidence’ in criminal judicial proceedings. Any EU and national counter-terrorism policies must not undermine democratic rule of law, fundamental rights or the EU’s founding constitutional principles, such as the free movement of persons and the Schengen system. Otherwise, these policies will defeat their purpose by generating more insecurity, instability, mistrust and legal uncertainty for all.

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"March 1970."

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"March 1996."

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