1000 resultados para Contratos - Aspectos jurídicos


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La presente tesis tiene por objeto el análisis de la interpretación prejudicial en base a los ordenamientos jurídicos comunitarios con énfasis en la correlación existente con el derecho de los Estados miembros. El estudio principal, se basa en la estructura jurídica de la figura legal, y entiende sus relaciones, puesto que el derecho interno no puede abstraerse de la realidad jurídica comunitaria y, conforme esta perspectiva, le interesa incorporarse a la dinamia que presenta el desarrollo de la normativa supranacional. Para alcanzar este paradigma, los países han sabido crear comunidades políticas que los representen y busquen una sincronización de su colectivo social, ubicando mecanismos que les permita armonizar su desarrollo conjunto, siendo una de las herramientas para este propósito, las disposiciones legales comunes. Este ordenamiento normativo común, que se encuentra interrelacionado con un proceso de aproximación entre legislaciones, conlleva a que el derecho interno necesariamente se vea influenciado y advierta directrices respecto de ámbito y de acción. Los aspectos referidos se ven desarrollados en tres capítulos, el primero, por el cual se introduce a un estudio, que partiendo de una generalidad, enmarca su realidad jurídica dentro de los ámbitos previstos para su desarrollo, el segundo, que agrupa los principios básicos para el ejercicio del derecho comunitario y desarrolla sus implicaciones normativas y un tercero que sustenta los efectos de la aplicación de la interpretación, sin desconocer la vasta experiencia que ha desarrollado a partir de su vigencia.

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La nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, establece nuevos procedimientos con una visión totalmente diferente a los procesos de contratación pública que las entidades del sector público realizaban, esto impone nuevas perspectivas orientando al sector público a un sistema transparente, eficiente y dinámico de contratación. Se plantea así mismo como excepción la posibilidad de que las entidades del sector público se presenten como proveedoras del Estado, aparte de ser contratistas, estableciendo para este tipo de contrataciones un procedimiento especial que se lo realiza a través de la contratación directa, estos son los llamados contratos interadministrativos. En este trabajo se hace un análisis de cada uno de los aspectos relacionados con el procedimiento aplicable a los contratos interadministrativos, desde la generación de la necesidad por parte de la unidad requirente de la entidad contratante, que es el momento en el que inicia el proceso precontractual, pasando por la suscripción del contrato y su ejecución hasta llegar a las posibles controversias que pudieran surgir durante la ejecución y que en este caso serían controversias entre dos entidades del sector público, y finalmente las causales que se pueden aplicar en el caso de los contratos interadministrativos. Este trabajo pretende establecer si las condiciones y normas que se aplican a los contratistas privados, son también aplicables en los contratos interadministrativos considerando que se trata de una entidad del sector público como contratista, o existen diferencias que deben ser tomadas en cuenta al momento de contratar.

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El presente trabajo de investigación busca recomendar los aspectos generales, jurídicos y técnicos para la propuesta de Regularización de los Locutorios Multimarca en la ciudad de Quito, sabiendo que esta modalidad de comercialización del servicio de telefonía pública ha tenido un considerable crecimiento, y teniendo en cuenta que la regulación vigente ha provocado varios inconvenientes de control y desarrollo en este tipo de establecimientos.

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La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en el mes de agosto del año 2008, meses antes de que sea expedida la actual Constitución de la República del Ecuador, lo que ha hecho que existan ciertas incongruencias entre los dos cuerpos normativos. Múltiples problemas se han suscitado desde que esta ley entró en vigencia, debido en gran parte al profundo desconocimiento que existe sobre la materia de parte de todos quienes pasaron a integrar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Es por ello que hemos entendido necesario hacer un breve análisis de uno de los aspectos más relevantes de la materia, como son los actos administrativos emanados de las entidades contratantes: sus elementos, características y naturaleza jurídica; así como los mecanismos con los que cuentan las entidades y los particulares para dejarlos sin efecto por diversos motivos, y los medios con los que cuentan los administrados para defenderse en caso de que vean vulnerados sus intereses o el interés colectivo. Adicionalmente hemos pensado pertinente analizar un caso práctico y su desarrollo dentro del ordenamiento jurídico vigente, a fin de entender mejor el proceder de los oferentes, entidades y autoridades de control.

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Casi siempre, cuando nos referimos a la Convención de Viena, de 1980, sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías o CISG (Convention for the International Sale of Goods) por sus siglas en inglés, entendemos que se trata de un importante acuerdo que aporta un contexto imparcial en las relaciones comerciales internacionales y se convierte en el principal ordenamiento aceptado y elegido como ley aplicable para regular la contratación comercial privada. Esta obra nos acerca a conocer y diferenciar las posibilidades de interpretación de los términos que, sin determinación, se utilizan en la CISG y, en forma singular, en la mercadería. La autora se refiere a la concepción jurídica del tema y sus connotaciones doctrinarias, jurisprudenciales y formales; analiza y determina la proyección del término “mercadería”, y lo sitúa en el contexto de su verdadero y efectivo uso en las relaciones comerciales. Finalmente, concluye en que la indefinición del término puede originar controversias, y advierte posibilidades de solución. Una obra sugerente, de fácil acercamiento a y comprensión de un tema, al parecer, difícil o, cuando menos, de determinada complejidad.

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La Constitución del Ecuador (2008) otorga al Estado la potestad de planificar el desarrollo del país y ejercer un rol protagónico como agente dinamizador de la economía. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir en la economía es la creación de empresas públicas como instrumentos de política.1 Para lograr estos cometidos, el Estado tiene en sus manos –a través de estas personas jurídicas- la responsabilidad de ejercer como prestador de servicios públicos y ejecutor de obra pública. También está habilitado para intervenir en el desarrollo de otras actividades económicas, generalmente de tipo comercial, sobre las cuales la doctrina y academia ecuatoriana muy poco se han referido. La Ley Orgánica de Empresas Públicas prescribe cuál es la naturaleza jurídica de las empresas públicas, pero deja de ser tan explícita cuando se refiere a la determinación de los actos, hechos y contratos que aquellas expiden, ejecutan o celebran, cuando no estén relacionados con la construcción de obra pública e infraestructura. Estimamos que esta indeterminación, efectivamente, puede producir inseguridad jurídica o violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva de los administrados. El análisis al giro específico del negocio de las empresas públicas nos permite entender el régimen particular de los actos, hechos y contratos que se deriva de la actividad que realiza el Estado cuando asume el rol de proveedor de bienes y servicios de carácter comercial. Este análisis admite que existe una cierta oscuridad en la actual legislación sobre estos regímenes de contratación. El estudio abordará una breve reseña histórica que distingue los diferentes tipos jurídicos que precedieron a las hoy denominadas empresas públicas (EP) en el Ecuador, procurando identificar los momentos político-económicos que dieron origen a dichas figuras jurídicas. Finalmente, examinaremos el régimen de solución de controversias aplicable, en el giro ordinario y específico del negocio de las EP, en consideración a que el administrado debe contar con las herramientas jurídicas que posibiliten hacer efectiva la garantía de sus derechos constitucionales, especialmente, los derechos a la seguridad jurídica, de impugnación y de la tutela judicial efectiva.

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El objetivo central de este trabajo es analizar los efectos de las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo con el principio de autonomía de la voluntad de las partes. En el primer capítulo se desarrollan criterios doctrinarios sobre el contrato administrativo, analizando sus principios, elementos, formación y características, entre éstas, las cláusulas exorbitantes. Así mismo, en este apartado analizamos desde el punto de vista doctrinal a las principales cláusulas exorbitantes y el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en los contratos en general. En el segundo capítulo nos adentramos en los efectos de las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo, y en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Concluimos el trabajo con un análisis que tiene el propósito de dilucidar que las cláusulas denominadas por la doctrina como exorbitantes, en el fondo obedecen a los acuerdos objetivos de las partes, por tanto con la estipulación de aquellas no se transgrede el principio de la autonomía de la voluntad.

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El ordenamiento jurídico del Ecuador ha previsto dos mecanismos jurídicos para garantizar el cumplimiento de la sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero, aquel vinculado al ámbito administrativo, ha sido asignado al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, mediante el Decreto Ejecutivo No. 1317, en su calidad de ente coordinador de la ejecución de estas sentencias internacionales. El segundo mecanismo, aquel vinculado al ámbito jurisdiccional, fue incorporado en la Cons titu ción de 2008, en su artículo 93, como el medio para garantizar el cumplimiento de las sentencias dictadas por organismos internacionales de derechos humanos, cuya resolución corresponde a la Corte Constitucional del Ecuador. Esta obra analiza el rol del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en su actividad administrativa como ente coordinador de la ejecución de sentencias internacionales, y también estudia, desde la óptica del derecho procesal, la acción por incumplimiento, en lo relacionado a su naturaleza jurídica y a los aspectos procesales que la componen, para finalmente colocar en consideración del lector una propuesta de reforma normativa a la acción por incumplimiento de sentencias internacionales establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales.

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Este trabalho buscou analisar a utilização da cláusula de exclusividade no aprovisionamento inserida por operadora de telefonia celular no Estado do Rio Grande do Sul em contratos de credenciamento de canais de distribuição caracterizados por redes de lojas de varejo multimarcas, utilizando-se nesta análise de conceitos de marketing e jurídicos, procurando na literatura das duas ciências as assertivas que embasassem suas conclusões. Todos os aspectos disponíveis na literatura, utilizáveis a juízo do autor para justificar os prejúizos sofridos pelas operadoras entrantes no mercado relevante retro referido foram abordados, de forma a dar sustenção às premissas de conclusão do trabalho. Preocupou-se este trabalho também em demonstrar a importância do Marketing como ciência complementar do Direito, especializado na obtenção de dados e métricas capazes de alicerçar as decisões a serem proferidas pelos profissionais do Direito na solução de práticas alegadamente restritivas à concorrência ou colusórias. A demonstração se faz através da busca dos conceitos que espelhem a realidade dos mercados e fatos econômicos que clamam pela incidência de normas jurídicas, conceitos estes que explicam o uso do poder nos canais de distribuição analisados na ótica do marketing, bem como no conflito dentro destas estruturas organizacionais de mercado, que medidos, na forma sugerida no trabalho, se constituem em preciosa referência a ser utilizada pelo direito, para declarar se determinada prática é legal ou ilegal. Todos os aspectos disponíveis na literatura, que seriam utilizáveis a juízo do autor para justificar os prejuízos sofridos ou eficiências ganhas pelas operadoras que atuavam ou pelas que estavam entrando ou viriam a entrar no mercado analisado, foram abordados, algumas vezes de forma até bem sucinta. Para tanto, foram analisadas as condições de mercado, a posição dominante, o mercado relevante, para definir se era todo o Estado, ou se algum dos municípios, a eficiência alcançada na transação resultante da inserção da cláusula de exclusividade, as práticas utilizadas nos países com alta industrialização e por conseqüência envolvidos em mercados bem mais sofisticados e complexos para resolver problemas equivalentes, e, até mesmo, considerados os custos da operadora entrante em desenvolver alternativas comerciais aos canais obstaculizados, para avaliar a capacidade de resposta eficiente ao problema e custos atinentes ao desenvolvimento destas alternativas. Ao final, procurou-se dar uma conclusão ao trabalho, utilizando-se as métricas indicadas, de forma a concretizar a possibilidade de utilização do marketing como uma das mais eficientes ciências para metrificar coerentemente o suporte fático sobre o qual devem incidir os juízos de valor a serem emitidos pela ciência do Direito.

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De 2002 a 2006 a moeda nacional brasileira, o real, vem sofrendo crescente valorização, tendência que afeta negativamente o setor exportativo no Brasil. Este trabalho refere-se o impacto desta valorização numa indústria específica do setor de exportação, a de turismo receptivo. São destacados os modelos de contratos atuais e analisada a proposição de um novo modelo de contrato, fechado em moeda nacional para as vendas internacionais, visando minimizar o risco cambial inerente à atividade. Os resultados indicam que a adoção deste novo modelo contratual eliminaria o risco cambial da parte da cadeia de distribuição situada no território nacional, trocando este por risco de demanda em função da flutuação do preço para o cliente final.

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Neri e Xerez (2003) discutem a racionalidade econômica para o desenvolvimento de um sistema de metas sociais a partir de variantes estáticas do modelo agente-principal. Este sistema atua como forma do governo federal aumentar a eficiência na utilização dos recursos sociais transferidos para os municípios. O presente trabalho desenvolve algumas extensões deste modelo com diferentes possibilidades de renegociação ao longo do tempo assim como a presença de choques. Demonstramos num contexto dinâmico com contratos completos que a melhor forma de aumentar a eficiência alocativa dos fundos transferidos seria criar mecanismos institucionais garantindo a impossibilidade de renegociações bilaterais. Esse contrato ótimo reproduz a seqüência de metas e transferências de vários períodos encontrada na solução do modelo estático. Entretanto, esse resultado desaparece quando incorporamos contratos incompletos. Nesse caso, as ineficiências ex-ante criadas pela possibilidade de renegociação devem ser comparadas com as ineficiências expost criadas por não se usar a informação nova revelada ao longo do processo. Na segunda parte do artigo incorporamos a incidência de choques aleatórios. Mostramos que, quando os resultados sociais não dependem somente dos investimentos realizados pelo município, mas também de fatores estocásticos, o contrato estabelecido entre governo federal e municípios, deve estipular metas mais altas de forma a prevenir a ocorrência de estados ruins da natureza. Além disso, contratos lineares nesse tipo de situação são pró-cíclicos, reduzindo as transferências governamentais justamente quando o município sofre um choque negativo. Para evitar esse tipo de situação, mostramos que o estabelecimento de contratos que utilizam mecanismos de comparação de performance entre os municípios elimina o efeito pró-cíclico, garantindo aos municípios uma transferência fixa quando eles investem na área social.

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A partir de um estudo exploratório sobre o comprometimento organizacional, o trabalho destaca os desafios colocados para as intervenções de mudança na realidade não só organizacional como pessoal. Enquanto estratégia de estudo do comportamento humano no trabalho, tem-se, no conceito de comprometimento, um elo para se estudar tambem o comportamento das organizações. Destarte, é apresentado o contrato psicológico - o elemento mediador da relação indivíduo-organização, com base nos fatores organizacionais e pessoais que determinam o comportamento organizacional. Sua análise é baseada em pesquisa bibliográfica, bem como complementada com pesquisa de campo. A proposição de contrato psicológico como condicionante permite situar o processo de construção de comprometimento organizacional tendo em vista que ele predispõe, de alguma forma, o indivíduo para se comportar segundo padrõesinternalizados, conforme seu cálculo de motivação e seu processo de tomada de decisões no que se refere à mudança e ao desenvolvimento organizacional. O trabalho conclui que comprometimento organizacional apresenta uma anatomia e em uma fisiologia que fazem emergir contratos psicológicos sadios ou patológicos.

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Considero os diversos aspectos que norteiam o sucesso em uma negociação, focando as negociações que envolvem parceiros de cultums distintas. Aborda a importância crescente que as transações internacionais estão tendo no contexto mundial e algumas teorias comportamentais paro obter maior eficiência quando se está negociando com pessoas de culturas distintas. Apresenta exemplos e teorias paro que ocorra a negociação racional, implicando em ganhos substancias paro ambas as partes. Refuta o conceito de que paro uma das partes obtenha sucesso em uma negociação, a outra parte necessariamente tenha que arcar com prejuízos.

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Nos Estados Unidos, o mercado de “Venture Capital” se desenvolveu como um importante intermediário nos mercados financeiros, provendo capital para empresas que em outra situação teriam dificuldades na atração de financiamento. Essas empresas são tipicamente pequenas e jovens, cercadas por altos níveis de incerteza e grandes diferenças de conhecimento entre os empreendedores e os investidores. Diante dessa realidade, o mercado de “Venture Capital” desenvolveu procedimentos contratuais que estão bastante adaptados aos ambientes caracterizados por incertezas e assimetria de informações entre principais e agentes. O ponto central nesse conflito está em como se desenhar um contrato financeiro que seja capaz de separar os direitos de controle e os direitos sobre os fluxos de caixa entre empreendedores e gestores de fundos. Nos Estados Unidos o instrumento financeiro que desempenha com sucesso essa separação entre os direitos de controle e os direitos sobre os fluxos de caixa é a Ação Preferencial Conversível. O propósito desta dissertação é entender e analisar os aspectos contratuais envolvidos nas operações de “Venture Capital” e “Private Equity” nos Estados Unidos e confrontá-los com a realidade brasileira através da análise de investimentos dessa natureza ocorridos no Brasil. Pretende-se analisar como se dá o processo de contratação financeira no Brasil e os instrumentos financeiros utilizados para separar os direitos de controle e os direitos sobre os fluxos de caixa.

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O texto trata da oferta pública de alienação de controle, atualmente prevista pelo artigo 254-a da lei societária n. 6404/76, e regulada pela instrução cvm n. 361. Trata da questão sobre “a quem deve pertencer o ágio pago pelo poder de controle”, elencando fundamentos jurídicos invocados por autores estrangeiros e nacionais, e fundamentos econômicos levantados e demonstrados em pesquisas empíricas, por autores estrangeiros. Ao final, busca demonstrar que, em alguns aspectos, o fundamento econômico se sobressai quando a questão é vista por empresários que buscam capitalizar-se via mercado de capitais e, para tanto, oferecem a seus investidores normas tidas como “boas práticas de governança corporativa”.