750 resultados para Violencia - Colombia


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La situación de Derechos Humanos en Colombia es un tema que merece toda la atención del gobierno y de las organizaciones internacionales dedicadas a estudiar y evaluar este tipo de problemáticas. En Colombia, dada su dinámica de construcción social, se han presentado violaciones masivas, generando problemáticas de orden social a gran escala como el desplazamiento forzado. Es mediante esta problemática que se evalúa la violación a los derechos humanos en Colombia, viendo desde allí, sus inicios, el impacto socio-político y las estrategias utilizadas para mitigar y buscar una solución duradera. Este trabajo de grado evaluó la relación que se da entre una organización Internacional como ACNUR y el Estado Colombiano a la luz de la Violación masiva a los derechos de la población civil, analizado concretamente desde el desplazamiento forzado.

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La presente investigación diagnóstica busca presentar los obstáculos y dificultades a los cuales se enfrenta la implementación de la Política Pública sobre Desplazamiento, al incluir un enfoque diferencial que permita garantizar la protección de los derechos fundamentales y colectivos de la población Jitnü, desde una perspectiva intercultural.

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En la presente monografía, el análisis que se adelanta en torno al Programa de Reincorporación a la Vida Civil en materia de inserción económica, más allá de centrarse en estadísticas, toma esos valores como unos indicadores que reflejan el ritmo de una problemática, y los utiliza como referentes para ponderar el margen de acción y la capacidad de respuesta de los otros actores involucrados en el proceso. Ahora bien, la interpretación que se le da a la “materia económica”, obedece principalmente a las salidas que ha brindado el gobierno para garantizar la empleabilidad de los desmovilizados, una vez culminado su proceso de reintegración; en este sentido, para llegar a este punto, en el primer capítulo se describe el funcionamiento del Programa de Reincorporación a la Vida Civil en materia de inserción económica, con el ánimo de conocer y comprender las alternativas planteadas por el gobierno para garantizar dicho fin. En el segundo capítulo, más que comparar el rendimiento del programa de reincorporación en relación con procesos llevados a cabo durante la década de los ochenta y los noventa en Colombia, estos son utilizados como un referente para interpretar los resultados del actual programa de reincorporación a la vida civil en materia de inserción económica, a la vez que se destacan los logros y fracasos de la política pública para garantizar la empleabilidad de los desmovilizados, tomando como referencia los enormes esfuerzos fiscales que el Gobierno nacional ha destinado para dicho fin. Finalmente, el tercer capítulo destaca la responsabilidad de la sociedad en general en el proceso de reintegración, destacando el compromiso que debe asumir el sector empresarial, teniendo en cuenta que así como en algún momento este fue parte del 2 problema, necesariamente tendrá que ser parte de la solución, con el fin de que los desmovilizados encuentren empleos relativamente estables durante su transición, partiendo del supuesto que la empleabilidad de los desmovilizados es un asunto de responsabilidad compartida, que además requiere el apoyo imprescindible de la actuación de los gobiernos locales para gestar el proceso de reconciliación en las regiones.

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La existencia de minas antipersonal es un problema que afecta al mundo de manera general, en la medida que, su producción y uso son las consecuencias de décadas de guerras y conflictos que han condicionado y sobreexpuesto la vida y la integridad de civiles y de combatientes. En Colombia la vigencia en el uso de este armamento de naturaleza no convencional la ha proporcionado la situación prolongada de conflicto armado interno, el cual ha cobrado la vida y el bienestar de miles de personas y familias que han visto como sus sueños, esperanzas o proyectos de vida se han mutilado al caer víctimas inocentes en medio de campos minados. Esta monografía tiene como propósito analizar los alcances y las limitaciones de la Política Nacional Estratégica ejecutada por el Gobierno para contrarrestar el uso de minas antipersonal y la violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos en Colombia.

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El propósito de esta monografía, es mostrar el seguimiento por parte del Estado colombiano de las recomendaciones internacionales de agencias especializadas de Naciones Unidas, que favorecen a la población infantil desplazada. Como se verá, no todos los resultados son positivos. Todavía en muchos aspectos falta trabajo y consistencia. Así mismo, se prevé que una solución total de este flagelo no se verá mientras en Colombia persista una situación de violencia.

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La investigación se centra en analizar la intervención progresiva de los actores externos en los procesos de paz en Colombia. La metodología a desarrollar pasa principalmente por dos momentos, en un primero momento se centra en realizar un acercamiento teórico que incluye varios capítulos del texto y en un segundo momento se requerirá de un ejercicio comparativo entre los procesos de negociación llevados a cabo entre el ELN y el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), así como entre y las FARC-EP en similares periodos de tiempo. Es ahí donde se enmarca la creación y actuación del denominado Grupo de Países Amigos y   2Facilitadores para el proceso Gobierno – ELN, en el año 2000 y de la Comisión de Países Facilitadores para el Proceso de Paz entre el Gobierno y la FARC-EP (abril de 2001). De esta manera el lector encontrará en el documento 4 capítulos. En el primer capítulo se realizará un abordaje teórico donde se hará énfasis en el concepto de las nuevas guerras y la intervención de países en conflictos internos, bajo el lente de las Relaciones Internacionales. Una vez dilucidados tales aspectos, en el capítulo dos se revisarán los principales antecedentes de la participación de países externos dentro de los procesos de paz en Colombia en el período comprendido entre 1982-1998, de la misma manera, en el capítulo tres encontrarán una breve descripción de los procesos de paz entre el gobierno colombiano y los dos grupos guerrilleros. Posteriormente el texto se concentra sobre el periodo del presidente Pastrana (1998-2002) y la creación de las figuras de negociación reseñadas. Finalmente se plantean las conclusiones.

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La presente monografía busca establecer una conexión argumentada entre la expedición de la ley 200 de 1936 y la creación de Autodefensas Campesinas en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Se buscan las razones estructurales por las cuales la sociedad rural se vio abocada a impulsar agrupaciones armadas para defender sus derechos fundamentales, debido a que el Estado demostró ser incapaz de protegerlos mientras que el odio entre clases rurales aumentó conforme se implementaba el capitalismo agrario en el país. Desde la Teoría del Conflicto de Clases Rurales de Jeffery Paige, se explicará la forma en la que se articulan las variables que no permiten una revolución social, pero si propician la aparición de este tipo de grupos campesinos armados e ilegales; que luego se transformarían en “Guerrillas”.

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A partir de un análisis realizado al discurso periodístico del diario El Espectador, en un periodo que abarca del 25 de agosto de 1983 al 2 de septiembre de 1989, del cual se recolectó un corpus textual de noticias, informes especiales, columnas de opinión y editoriales, en este este trabajo de grado se busca demostrar que este diario fue un actor tanto político como social en el conflicto entre las mafias del narcotráfico y el Estado colombiano. Se argumenta que las diferentes acciones realizadas por el periódico, en donde denunciaba y visibilizaba hechos coyunturales del momento, le permitieron convertirse en un grupo de interés que dispuso de toda su variedad y capacidad para influir y alterar el comportamiento de otros actores involucrados en la llamada „guerra contra las drogas‟, durante la década de los años ochenta en Colombia

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a ciencia que estudia los cambios de estado de los sistemas o de los fenómenos es la termodinámica. Este texto hace hincapié en la segunda ley de la termodinámica, que expresa la entropía o el grado de desorden de un sistema. La importancia de esta ley radica en que evidencia la irreversibilidad de los cambios de estado y la naturaleza unidireccional de los procesos termodinámicos, al establecer una línea del tiempo. Este paradigma del conocimiento representa para las ciencias sociales y los estudios políticos un reto en cuanto a la interpretación de fenómenos sociales de alta complejidad, como lo puede ser el desplazamiento forzado y su política pública de atención, pues revela un diálogo entre el paradigma clásico de la ciencia y el paradigma de las ciencias de la complejidad creciente.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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Monográfico con el título: 'Hacia una cultura de paz en la escuela'. Resumen basado en el de la publicación

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Tesis (Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo).-- Universidad de La Salle. Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo, 2014

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Bogotá (Colombia) : Universidad de La Salle. Facultad de Filosofía y Humanidades. Programa de Filosofía y Letras

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Este libro presenta las tendencias más recientes en políticas de seguridad ciudadana y modernización de la policía en el mundo. El interés por estos temas ha sido escaso entre los académicos en América Latina a pesar de la preocupación creciente de sus ciudadanos por los problemas de inseguridad que los aquejan diariamente. La desproporción entre la enorme producción académica mundial en la materia y el interés puntual de un puñado de investigaciones latinoamericanas resulta, al mismo tiempo, sorprendente y poco halagüeña para poder proponer e implementar en el futuro reformas y cursos de acción efectivos. Por esta razón los autores abren con este libro el abanico de opciones y perspectivas en el estudio de la seguridad ciudadana y la policía, contribuyendo con un análisis comparado internacional. Autoridades nacionales y locales, administradores públicos y asesores gubernamentales; profesionales de la seguridad; miembros de los cuerpos de policía; profesores, investigadores y estudiantes en las diversas ramas de las ciencias sociales, la criminología, la equística y la gestión publica y urbana podrán contar con un panorama amplio de los debates y las transformaciones alrededor de las políticas de seguridad ciudadana y el rol de la policía en su desarrollo e implementación.

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Cuando la violencia es usada de manera prolongada y organizada como medio de expresión y oposición en el contexto complejo de los conflictos de una sociedad, produce micro-efectos sicológicos, sociales y materiales sobre aquel que la infringe y sobre quien es ejercida. Este artículo sugiere que además de estos efectos, la violencia es capaz de producir macro-efectos sobre una sociedad, sobre el estado y, más importante aún, sobre la relación y la capacidad de articulación que existe entre ambos. Estos macro-efectos obligan a ampliar, en el análisis y en la práctica, la noción tradicional de los procesos de reconciliación posconflicto, que se concentran en sanar las heridas producidas por la violencia a nivel micro. Se sugiere que es necesario concebir la reconciliación como un proceso más comprehensivo, capaz de contribuir a la consolidación de nociones positivas y constructivas de paz y de crear espacios seguros para que la no violencia se constituya, por fin, en un medio reiterativo de transformación social.