1000 resultados para VIOLENCIA - GUATEMALA


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Durante los días 28 y 29 de octubre de 2014, se celebró en Guatemala el Seminario titulado “Acceso al aborto para mujeres sobrevivientes de violencia sexual”. En él participaron un total de cincuenta personas, entre ellas abogadas y abogados de organizaciones de la sociedad civil o litigantes de defensa de derechos humanos, así como activistas que trabajan en la implementación del aborto legal y la despenalización por nuevas causales. El seminario se constituyó como un espacio participativo en el que las y los asistentes informaron sobre la vertiente legal, las estrategias de incidencia y las noticias sobre aborto y violaciones sexuales así como los últimos datos sobre salud pública de sus respectivos países de origen, que sirvió como base para las distintas discusiones en grupo que tuvieron lugar. La metodología utilizada en el encuentro se basó fundamentalmente en presentaciones temáticas seguidas de preguntas, comentarios e intercambio de experiencias entre el público asistente. Asimismo, en discusiones en grupos de trabajo para identificar retos, ventajas y obstáculos comunes. La agenda de trabajo estuvo organizada en cinco partes: la primera giró en torno a la regulación y la implementación de la causal violación, la segunda acerca de las estrategias identificadas e implementadas en países sin causal violación, la tercera examinó las áreas de oportunidad para impulsar el acceso a las causales; la cuarta, el diseño de estrategias de incidencia para países con y sin causal violación, y la última, las diversas oportunidades de colaboración del Grupo Legal de CLACAI.

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Presentación en el Seminario Acceso al aborto para mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Guatemala, el 28 y 29 de octubre de 2014.

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Presentación en el Seminario Acceso al aborto para mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Guatemala, el 28 y 29 de octubre de 2014.

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Del larguísimo conflicto armado interno guatemalteco (1962-1996) sólo un breve período de tiempo concentra los índices más altos de violencia política desplegados por las fuerzas represivas estatales. Este período de tiempo corresponde al gobierno de un militar democráticamente electo (Fernando Romeo Lucas García, 1978-1982) y a las dictaduras encabezadas por José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1985). A nuestro juicio, la comparación de las experiencias represivas latinoamericanas (1964-1990) nos puede dar claves para identificar variables independientes que sirvan para explicar patrones o acontecimientos comunes o contrastantes. Para poder hacerlas comparables hemos utilizado una unidad equivalente, el concepto de dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, como concepto históricamente referido y diferenciado de otras experiencias dictatoriales. Nuestra hipótesis general es que durante el período 1982-1985 se constituyó en Guatemala una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas fundacional de características notablemente similares a las vistas en el Cono Sur. El objetivo de este artículo en particular es principalmente pedagógico: mostrar algunas de las características similares de esa última dictadura militar guatemalteca (1982-1985) en lo que respecta a las formas de legitimación. Trabajaremos algunas poquísimas dimensiones como la legitimidad de origen, la forma de organización del ejercicio del poder político y la legitimidad de ejercicio

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Del larguísimo conflicto armado interno guatemalteco (1962-1996) sólo un breve período de tiempo concentra los índices más altos de violencia política desplegados por las fuerzas represivas estatales. Este período de tiempo corresponde al gobierno de un militar democráticamente electo (Fernando Romeo Lucas García, 1978-1982) y a las dictaduras encabezadas por José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1985). A nuestro juicio, la comparación de las experiencias represivas latinoamericanas (1964-1990) nos puede dar claves para identificar variables independientes que sirvan para explicar patrones o acontecimientos comunes o contrastantes. Para poder hacerlas comparables hemos utilizado una unidad equivalente, el concepto de dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, como concepto históricamente referido y diferenciado de otras experiencias dictatoriales. Nuestra hipótesis general es que durante el período 1982-1985 se constituyó en Guatemala una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas fundacional de características notablemente similares a las vistas en el Cono Sur. El objetivo de este artículo en particular es principalmente pedagógico: mostrar algunas de las características similares de esa última dictadura militar guatemalteca (1982-1985) en lo que respecta a las formas de legitimación. Trabajaremos algunas poquísimas dimensiones como la legitimidad de origen, la forma de organización del ejercicio del poder político y la legitimidad de ejercicio

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Del larguísimo conflicto armado interno guatemalteco (1962-1996) sólo un breve período de tiempo concentra los índices más altos de violencia política desplegados por las fuerzas represivas estatales. Este período de tiempo corresponde al gobierno de un militar democráticamente electo (Fernando Romeo Lucas García, 1978-1982) y a las dictaduras encabezadas por José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1985). A nuestro juicio, la comparación de las experiencias represivas latinoamericanas (1964-1990) nos puede dar claves para identificar variables independientes que sirvan para explicar patrones o acontecimientos comunes o contrastantes. Para poder hacerlas comparables hemos utilizado una unidad equivalente, el concepto de dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, como concepto históricamente referido y diferenciado de otras experiencias dictatoriales. Nuestra hipótesis general es que durante el período 1982-1985 se constituyó en Guatemala una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas fundacional de características notablemente similares a las vistas en el Cono Sur. El objetivo de este artículo en particular es principalmente pedagógico: mostrar algunas de las características similares de esa última dictadura militar guatemalteca (1982-1985) en lo que respecta a las formas de legitimación. Trabajaremos algunas poquísimas dimensiones como la legitimidad de origen, la forma de organización del ejercicio del poder político y la legitimidad de ejercicio

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En los años noventa del siglo XX, un conjunto de circunstancias en el panorama internacional abrieron paso a un nuevo perfil intervencionista de la ONU en la resolución de conflictos armados materializado en marcos de actuación significativamente más amplios y en la extensión a nuevos escenarios de intervención. Estas circunstancias estaban vinculadas fundamentalmente a un nuevo orden internacional salido de la guerra fría que, por una nueva primacía de la democracia y de los derechos humanos frente al principio absoluto de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, favoreció los mecanismos multilaterales de seguridad y de promoción de la paz. Sin embargo, la proliferación de nuevas intervenciones en este ámbito, lideradas por las Naciones Unidas y centradas ya no estrictamente en la contención de la violencia, sino en la transformación y resolución de sus causas, no se mostró siempre eficaz conduciendo frecuentemente a la reemergencia de situaciones de violencia. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad comprobar que estas nuevas intervenciones para la resolución de conflictos armados intraestatales estuvieron inspiradas en un concepto muy propio de los estudios para la paz ofrecido por uno de sus padres fundadores (Johan Galtung) – la paz positiva – y que su impacto y grado de eficacia fueron tan más elevados cuanto el acercamiento a esta nueva propuesta de paz afectó no solamente su narrativa legitimadora, sino también a sus prácticas en el terreno. Quiere igualmente confirmar que dificultades encontradas en el terreno en la puesta en práctica de una paz positiva tienen que ver también con características endémicas de la ONU que, con frecuencia, obstaculizan proyectos de construcción de paz de trazos más locales y sostenibles. Como metodología, optamos por realizar un análisis comparativo de dos intervenciones para la paz lideradas por las Naciones Unidas en dos países – Guatemala y Haití – en donde la ONU asumió, en un primer momento, el rol de mediadora entre las partes respectivas para, posteriormente, implementar la paz salida de cada uno de los procesos de negociación por vía de la instauración de misiones de paz. Para llevar a cabo dicha investigación, aparte del uso de fuentes secundarias disponibles, fueron realizadas entrevistas en el terreno a actores locales e internacionales en los países en cuestión. Además, fue usado un conjunto de índices e indicadores que intentaron añadir un componente de carácter más cualitativo al análisis. Más allá de observar los procesos de paz en Guatemala y Haití a través de lentes internacionales, se buscaron referentes locales para evaluar el impacto de la intervención de la ONU en cada escenario. Verificamos que en Guatemala la propuesta de una paz sostenible facilitada por la mediación de la ONU y la consecuente instauración de la MINUGUA, aunque con sus debilidades propias, fue extensiblemente más eficaz que la alcanzada en Haití, sostenida por un proceso de mediación frágil y por una sucesión de misiones de paz no exitosas, fracaso evidenciado por el regreso a la violencia diez años después. Los resultados de esta investigación plantean que, por haber cumplido más fielmente con los principios de la propuesta de la paz positiva en la resolución de la guerra civil en Guatemala, facilitando un amplio diálogo nacional, integrador y local sobre las causas del conflicto, la ONU permitió generar semillas de paz más sostenibles. Por el contrario, en Haití, las Naciones Unidas, con su estructura rígida y extremamente dependiente de sus Estados miembros, encontraron serias dificultades en atraer a las partes a una solución pacífica sostenible en el tiempo. Más que un interviniente secundario en los procesos en los que actúa, la ONU tiene a su disposición mecanismos y recursos que condicionan con significativa influencia los resultados de paz alcanzados, fenómeno que sugiere la necesidad de una reflexión crítica sobre su intervención en pro de la paz, sus fortalezas y debilidades, de forma que se potencie un desempeño más eficaz de la Organización en la búsqueda de modelos de paz más fecundos y duraderos a largo plazo.

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El propósito del trabajo es exponer de qué manera el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras constituye una amenaza a la seguridad en Guatemala durante el 2000 y 2005. La aproximación conceptual se centrará en las ideas de la Seguridad de Charles-Philippe David, puesto que servirá como herramienta para el análisis de la coyuntura guatemalteca. Así, se pretende dar cuenta del fortalecimiento de actores ilegales de crimen internacional organizado, narcotráfico, maras y pandillas, lo que da lugar al incremento de la violencia armada afectando diferentes esferas como la política, societal y económica.

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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.

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Se analizaron las muertes registradas como homicidio en México de 1979-1992. El estudio se basó en fuente secundaria, siendo las variables analizadas: año, edad, sexo y causa externa de traumatismos y envenenamientos según CIE IX Rev.(E960-E969). Se utilizó un modelo de regresión Poisson para las causas más frecuentes, obteniendo riesgos relativos según edad y sexo. El grupo de referencia fue el de 10-14 años y el sexo femenino. Se registraron 198,485 muertes por Homicidio, con un promedio anual de 14,177 y diario de 39. La principal causa fue ataque con arma de fuego y explosivos(56%). El riesgo relativo más alto fue para el grupo de 35-39 años, con RR 15,4 IC(95%) 14,9-16,0, en comparación al de referencia. El sexo masculino presentó un riesgo relativo 10,1 veces mayor que el femenino, ajustado por edad IC10.0-10.3. Los resultados llaman la atención sobre la necesidad de profundizar y analizar el problema de los homicidios bajo una perspectiva multidisciplinaria.

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OBJETIVOS: Determinar si el embarazo es un factor de riesgo o un factor de protección frente a la violencia doméstica y comparar la prevalencia y severidad de la violencia que sufren las mujeres embarazadas antes y durante el embarazo. MÉTODOS: Encuesta realizada a una muestra de 468 mujeres atendidas en consulta prenatal en su tercer trimestre de embarazo por los servicios de la Secretaría de Salud del estado de Morelos (México). Se exploró violencia emocional, física y sexual. Se construyó un índice para valorar la severidad. Se identificaron las variables más asociadas a la violencia durante el embarazo. RESULTADOS: La prevalencia de violencia total no cambió significativamente antes y durante el embarazo (32%). La prevalencia de cada uno de los tres tipos de violencia se mantuvo asimismo sin cambios. El 27% de las mujeres que tuvieron violencia durante el embarazo no la tuvieron antes del mismo; una proporción equivalente tuvieron violencia antes del embarazo pero no durante el mismo. La severidad de la violencia emocional se incrementó significativamente durante el embarazo (en comparación con el año previo), mientras que la severidad de la violencia física disminuyó. Variables asociadas a la violencia durante el embarazo: violencia en la infancia de la pareja; ; que la mujer haya presenciado violencia en casa durante su infancia; y violencia en el año previo al embarazo. Se presentan diversos escenarios de riesgo útiles para los prestadores de servicios. CONCLUSIONES: La violencia emocional durante el embarazo predomina por encima de la violencia fisica y sexual. Diferenciarlas contribuye a esclarecer la complejidad del fenómeno.

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OBJETIVO: Analizar la percepción de los estudiantes en torno a la violencia intrafamiliar. MÉTODOS: El estudio se realizó mediante una muestra aleatoria representativa (n=5,982) de estudiantes de secundaria y preparatoria de 13 a 19 años de edad en Chiapas y en San Luis Potosí, México, en el año 2003. Los estudiantes respondieron a un cuestionario de autollenado acerca de temas de educación sexual, sexualidad, embarazo y comportamientos de riesgo de los adolescentes y violencia intrafamiliar. Considerando el efecto del diseño muestral, se efectuó un análisis de regresión logística para ver asociación entre características sociodemoeconómicas y el riesgo de sufrir una agresión en el hogar. RESULTADOS: El análisis estadístico multivariado confirma la mayor vulnerabilidad femenina frente a la violencia familiar en ambas entidades federativas (Chiapas: RM=1.87, p=0.01; San Luis: RM=1.53, p=0.00). Asimismo, el que los estudiantes bebieran alcohol (Chiapas: RM=2.52, p=0.00; San Luis: RM=1.93, p=0.00) o consumieran drogas (Chiapas: RM=2.27, p=0.02; San Luis: RM=1.82, p=0.01) resultaron ser las dos variables más importantes que expusieron a los estudiantes a la violencia intrafamiliar. Se mostró que la interacción del consumo de alcohol con la edad de los estudiantes aumentó el riesgo de violencia. Así, los más jóvenes tuvieron un riesgo del 51% en Chiapas y del 73% en San Luis de sufrir una agresión de un familiar que los de mayor edad. CONCLUSIONES: Los adolescentes continúan siendo una de las poblaciones más vulnerables debido a su dependencia física, afectiva, económica y social hacia los adultos a su cargo. Esta encuesta es una de las primeras aproximaciones a la medición de violencia hacia los estudiantes.

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OBJETIVO: Analisar los factores relacionados a la violencia de pareja en mujeres embarazadas. MÉTODOS: Se recolectó la información de 383 mujeres derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que acudieron a control prenatal en cinco Unidades de Medicina Familiar en la Ciudad de México entre septiembre del 2003 y agosto del 2004. Ellas respondieran a un cuestionario de violencia elaborado específicamente para el estudio. RESULTADOS: De las mujeres, 120 (31.1%) reportaron haber estado expuestas a la violencia psicológica y/o física, y/o sexual por parte de su pareja masculina durante el embarazo actual, el 10% reportaron violencia combinada y 21% violencia aislada. La violencia psicológica fue la más frecuentemente reportada (93% del grupo "había experimentado violencia"). Con relación a la percepción sobre la violencia no había diferencias significativas entre los grupos de mujeres con y sin violencia. Solo alrededor de 20% de las mujeres tenían conocimiento sobre los lugares donde atienden a las victimas de violencia. Los factores asociados significativamente a la violencia de pareja en las mujeres embarazadas fueron ser soltera (RM=3.02, IC 95%:1.17;7.83), vivir en unión libre (RM=2.22, IC 95%: 1.11;4.42), antecedentes de violencia en la infancia (RM=3.08, IC 95%:1.62;5.85), consumo de bebidas alcohólicas en la pareja (RM=1.87, IC 95%:1.02;3.42) y presencia de alteraciones emocionales (RM=4.17, IC 95%: 1.12;15.51). CONCLUSIONES: Los resultados refuerzan los hallazgos de otros estudios de que el problema de violencia en mujeres embarazadas en México sigue siendo un problema frecuente.