976 resultados para Tierras-Tenencia-España
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Segunda fecha tomada de colofón
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Certifica la copia Bartolomé Muñoz, hecha a partir de la copia fechada en Madrid, 1749, certificada por Miguel José de Aoiz
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CCBE. S. XVI,
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Determination of Rare Earth Elements (REEs) in the waters and sediments of El Hito Lake and its drainage basin was carried out. Distribution maps for REEs concentrations show increasing values in the lake sediments from the center to the eastern edge reaching 166.5 mg/kg. In the drainage basin, higher values were observed with a maximum of 350.9 mg/kg in the southern part. Concentrations in the water were considerably lower with a maximum value of 1.3 µg/L. Ce, La and Nd were the most abundant elements. When normalized REE concentrations against NASC (North American Shale Composite), a positive anomaly of Eu in the water and of Nd in the sediments (lake and basin) was observed. The (La/Gd)NASC and (La/Yb)NASC ratios determined the predominance of light REE (LREE) over medium (MREE) and heavy REE (HREE). Key-words: Rare Earth Elements, lacustrine sediments and water, Eu anomaly, sulfates RESUMEN: Se llevó a cabo el estudio de Tierras Raras (REEs) del agua y los sedimentos de la Laguna de El Hito así como de su cuenca de recepción. Los mapas de distribución de las concentraciones de REE en los sedimentos de la laguna mostraron valores crecientes desde el centro hacia el margen este alcanzando 166.5 mg/kg. En la cuenca se midieron valores más elevados llegando hasta 350.9 mg/kg en la mitad sur. Los valores en el agua fueron notablemente inferiores, con un máximo de 1.3 µg/L. El elemento más abundante fue el Ce seguido del Nd. Se normalizaron las concentraciones de REEs frente a las del NASC (North American Shale Composite), observándose una anomalía positiva de Eu en el agua, así como de Nd en los sedimentos (laguna y cuenca). Mediante los índices (La/Gd)NASC y (La/Yb)NASC se determinó el predominio de las REEs ligeras (LREEs) frente a las medias (MREE) y pesadas (HREE).
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Resumen: Analizamos el problema de las apropiaciones ilícitas de tierras en el término jurisdicional de la ciudad de Córdoba a fines de la Edad Media, centrando la atención en la villa de Las Posadas y en los procesos judiciales.
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p.155-171
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Las relaciones entre España y el Norte de África se han convertido en eje principal de la agenda política del gobierno Español. La cercanía geográfica y los intereses comunes, han hecho de España una Nación flexible respecto a sus vecinos, los cuales tras una marcada desigualdad interna, prevén la evolución de sus países y de su sociedad en las prometedoras tierras españolas. La migración magrebí, a pesar de ser una constante preocupación para el gobierno español, ha tenido varios intentos de limitarse por medio de las políticas fronterizas y de extranjería, sin embargo, las necesidades tanto de España como del Magreb, llevan a mantener una cordialidad que no permite la proclamación de unas políticas eficaces y contundentes respecto a la migración y las consecuencias que ésta conlleva.
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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.
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Antes de que Colombia fuera país, ya existían disputas, enfrentamientos e injusticias en torno a la estructura de acceso, tenencia y usufructo de la tierra. Tal situación engendró tensiones espaciales, que se pueden abordar y caracterizar a partir de un marco teórico sobre neoinstitucionalismo político. Con lo anterior en mente, el objetivo de ésta investigación , fue el de determinar la manera en que las dinámicas entre tensiones espaciales históricas como instituciones, delinearon el contexto del cual surgió la Ley 1448 de 2011 (Restitución de tierras y reparación de víctimas del conflicto armado) y la intervención e incidencia que ésta pretende, en la coyuntura actual.
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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.
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La situación del país por más de un siglo y medio, con respecto a la concentración y uso de la tierra, no ha permanecido inmóvil ante la mirada desobligante de los gobiernos y de la sociedad civil. El campo colombiano podría ser uno de los motores de la economía del país, puesto que ha pesar de la rápida urbanización, el campo es un factor de gran importancia para Colombia; sin embargo la estructura económica que se mantiene aun en estos tiempos es la del capitalismo dominante, al lado de grandes acumulaciones de tierra subutilizadas. Esta Monografía se dedico a realizar una documentación de las leyes que enmarcaron la colonización y el conflicto que han ocurrido en Colombia desde 1850, con el fin de presentar algunas soluciones al drama de la tierra, debido a que las conclusiones de este análisis, confirman la hipótesis de que la concentración de la tierra es la causa fundamental del conflicto colombiano. El problema acá planteado tiene sus orígenes en la formación de la República, y ha evolucionado a los largo del tiempo sin ninguna solución. El estudio de las Reformas Agrarias y de algunos decretos y leyes relevantes, demuestran la incapacidad de los gobiernos y de los congresistas, para cerrar la brecha existente entre campesinos y latifundistas. De esta forma haciendo un análisis por la historia de nuestro país, nos encontramos ante una realidad cada vez más compleja a la que se enfrenta la población campesina, pero que debe interesar a la nación entera, en tanto que este tema tiene que ver con asuntos económicos, políticos, ecológicos, entre otros, de cuya solución depende en gran parte el futuro de nuestro país.
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El interés de esta monografía es analizar el diseño y la formulación de la Política Pública de Restitución de Tierras del Gobierno de Juan Manuel Santos. En particular, se busca establecer los aciertos y los desaciertos de dicho proceso para evidenciar que si bien la Restitución de Tierras propuesta por el Gobierno fue creada con el propósito de superar las desigualdades asociadas a la tenencia de tierras en Colombia, su formulación ha sido insuficiente para responder a las demandas de las víctimas del conflicto armado. Para tal fin se utilizan los dos modelos para el análisis de políticas públicas propuestos por la Universidad de Rosario como la herramienta teórica principal que permite entender cómo se llevo a cabo la formulación de esta política pública.