882 resultados para Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas
Resumo:
En la Argentina de finales de siglo xx, el crecimiento de las redes de comunicación e información se tornó amplio y acelerado, con diversificación y expansión geográfica de los servicios. En la transformación, se registró la progresiva masificación de Internet, que favoreció nuevos desarrollos locales, vinculados fundamentalmente con el software. Estos cambios acaecieron con la Reforma del Estado en los años 1990 y la revolución tecnológica digital, que dieron renovado impulso a las demandas de las empresas de servicios privatizadas y a la expansión del sector financiero. En ese contexto, el Estado actúa fundamentalmente como "garante" y promotor de vínculos entre actores privados. El sector de tecnologías de información y comunicación se posicionó en el mercado externo a partir del siglo xxi. Desde entonces, el Estado elabora instrumentos que proponen diversos incentivos para el desarrollo de las redes y tecnologías de la información y comunicación. A partir del estudio de las políticas públicas de promoción o regulación del sector, este trabajo indaga la expansión de las redes técnicas y los servicios
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Tomando la perspectiva de la ecología política, el artículo analiza los conflictos socioambientales que contextualizaron la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba (Ley 9814/2010). Se caracterizan los actores sociales en disputa y sus lógicas e intereses en juego, y se analizan los argumentos que justificaron las posiciones que asumieron durante el conflicto que precedió a la sanción de la ley. Se identifican las alianzas generadas a fin de constituir grupos de interés para accionar políticamente en la arena legislativa, y se contextualiza la disputa local/provincial en el modelo agropecuario dominante a nivel nacional/global. El trabajo concluye que la ley expresa una alianza de poder consolidada históricamente entre los sectores hegemónicos de poder económico y político local, quienes usan y construyen el marco institucional del Estado en su propio beneficio sin importar los costos ambientales y sociales. Esta alianza contribuye a debilitar las demandas y derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, desconoce los procesos de participación ciudadana y compromete la oferta futura de servicios ambientales por parte del bosque nativo
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Con el presente trabajo se da continuación a la línea de investigación iniciada en 2010, con el convenio entre el Departamento de Interior del Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila y el Instituto Vasco de Criminología / Kriminologiaren Euskal Institutua (programa de investigación sobre percepción de inseguridad y mapas de criminalidad). Esa línea de investigación ha dado lugar a dos publicaciones (Varona 2011; 2012), básicamente centradas en las posibilidades de los diagnósticos o auditorías locales de seguridad, como herramientas de análisis criminológico, siguiendo los modelos establecidos por instituciones y organismos internacionales. La investigación que introducimos sobre el municipio de Irún se basa en las conclusiones de dichas publicaciones. Conviene advertir, sin embargo, que no se trata de una mera réplica del estudio de Barakaldo desarrollado en 2011. Atendiendo a las recomendaciones internacionales sobre la flexibilidad de las auditorías locales de seguridad, hemos tratado de aprender de las potencialidades y límites del trabajo anterior para presentar otro distinto en contenido y estructura -manteniendo pero depurando objetivos-, que resulte interesante y útil a los posibles y variados destinatarios de estas páginas. Cada uno de ellos puede, por tanto, acudir directamente y de forma independiente, a los capítulos más relevantes en cada caso y a sus correspondientes anexos que, aunque hacen más voluminoso el trabajo, permiten fundamentarlo correctamente y facilitar al lector la búsqueda de documentos en los que desee profundizar, incluyendo aquí también los recursos bibliográficos más recientes.
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[Tesis] ( Maestría en Ciencias Penales) U.A.N.L.
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N/D
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El presente documento hace una revisión de la literatura reciente (últimos 15 años) que vincula la acción colectiva con las políticas públicas. En particular se observan dos tendencias, de un lado, la defensa a la lógica de la acción colectiva señalando el tipo de incentivos que se deben crear para propiciar la cooperación y eventualmente tener resultados de políticas públicas, y aquellos que piensan que la acción colectiva depende de elementos psicológicos y sociales que no siempre garantizan una cooperación constante y que dificultan predecir lo que puede suceder en términos de políticas públicas. Al final se concluye que, si bien la lógica de la acción colectiva contribuye al análisis de las políticas públicas, aún falta un mejor entendimiento de las razones que motivan o frenan la cooperación y la manera como esta se construye en función de un problema colectivo que se puede o no convertirse en una política pública.
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Este documento tiene el propósito de analizar el documento de Fedesarrollo: "efectos económicos y sociales de la regulación sobre la industria farmacéutica colombiana: el caso de los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad de los secretos empresariales y las buenas prácticas de manufactura" Zuleta and Junca (2001), tanto en sus aspectos conceptuales y metodológicos, como de resultados. El estudio se centra en tres aspectos esenciales: la exigencia de estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia (ByB) relacionados con la obtención-renovación de los registros sanitarios por parte de la industria farmacéutica; el secreto empresarial relacionado con la calificación de la información que sustenta los registros, y la aplicación de las medidas relacionadas con con las buenas prácticas de manufactura (BPM)
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En la América Latina de la transición entre siglos la noción/valor de “desarrollo” está fuertemente cruzada y oscurecida por diversos factores: uno de ellos es la articulación de la liquidación del modelo de ‘desarrollo’ de postguerra (Segunda Guerra Mundial) con el ingreso a un modelo de crecimiento económico (Consenso de Washington, primera y segunda fase) que cuestiona tanto la base social y humana como administrativa y geográfica del ‘desarrollo’. Este factor de oscurecimiento acentúa su incidencia porque el modelo de crecimiento, determinado por la acumulación a escala global o mundial, suele ser utilizado como conduciendo al ‘desarrollo’. Sin embargo, aquí el último término no hace relación directa (algunos dirían que ni siquiera indirecta) a la calidad de la existencia humana de las poblaciones involucradas en la acumulación de capital a escala global. La ‘modernización’ eventual de estas poblaciones no es sinónimo de una mejoría en su calidad de vida, sino básicamente de su inserción, privilegiada o no, en los circuitos de la economía transnacionalizada. Esto quiere decir que el crecimiento/’desarrollo’ sigue una teleología no alternativizable, lo que le confiere un carácter saturante o totalitario.
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Las políticas públicas, independientemente de su objeto, ejercen influencia sobre la realización de los derechos humanos y están llamadas a traducir las vindicaciones de los derechos humanos en reglas operacionalizables y en prácticas sociales que le permitan a los Estados cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia. Los derechos humanos, a su vez, están llamados a inspirar las políticas públicas y requieren acciones afirmativas de los Estados, y por ende, políticas públicas que favorezcan su reconocimiento, respeto y realización. En este marco de ideas, el presente artículo se propone ilustrar la relación entre los derechos humanos y las políticas públicas a través de la presentación de algunas propuestas para incluir el enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas y para elaborar políticas públicas en materia de derechos humanos. El artículo concluye con la presentación de los principales desafíos frente a la plena realización de los derechos humanos a través de las políticas públicas en la época contemporánea.
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Esta presentación pretende abordar la relación de las políticas públicas con los derechos humanos en el área del sistema penitenciario focalizando en el problema de los hijos de mujeres presas. La prisión y la privación de la libertad de un niño es una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Las consideraciones a seguir tienden a propiciar un debate público y contribuir para la formulación de políticas públicas en defensa de los derechos de los niños nacidos en la cárcel. El primer paso para la formulación de políticas públicas de atención a los derechos del niño y del adolescente consiste en realizar el diagnóstico de una situación, delimitando y especificando el problema y poder definir directrices generales. El segundo momento consiste en la fundamentación teórica de la problemática abordada. Será, por lo tanto, presentada la realidad de los niños encarcelados, para en seguida realizar una reflexión teórica a partir de los derechos humanos de los niños, de la conceptualización del Estado de Derecho y de las consideraciones sobre el sistema carcelario.
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La presente investigación tiene como propósito determinar el rol del juez en el control constitucional de las políticas públicas referentes a derechos del buen vivir o derechos económicos, sociales y culturales. Para ello se ha enmarcado la primera fase de este trabajo en el análisis del Estado de Derecho y su evolución al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la exigibilidad de los derechos económicos sociales y culturales, el derecho a la igualdad y no discriminación y el principio de no regresividad. En la segunda parte se desarrolla el contenido del buen vivir o sumak kawsay, la comparación entre los derechos económicos sociales y culturales reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los derechos del buen vivir de la Constitución ecuatoriana. Adicionalmente se analizan los mecanismos de planificación previstos en la Constitución para la consecución del Buen vivir y las garantías constitucionales útiles para la exigibilidad de dichos derechos. Finalmente se analiza, desde varias perspectivas, el rol del juez o jueza frente a políticas públicas de derechos del buen vivir o DESC que vulneren lo establecido en la Constitución. En este punto se examinan distintitas visiones: la visión tradicional, la visión activista y la visión intermedia que combina varios postulados de las dos anteriores.
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En este trabajo se hace un análisis de los primeros años del VIH/Sida en Cartagena (Colombia) y la manera en que esta se constituyó en una nueva forma de control sobre el cuerpo y la sexualidad, en especial sobre la homosexualidad masculina. A través de la revisión de la prensa de la década de 1980 evidenciamos las fuertes representaciones e imaginarios que vincularon al Sida con la homosexualidad, y la manera en que esto generó nuevas formas de discriminación y exclusión para este grupo poblacional, toda vez que se estableció la heterosexualidad como la única posibilidad de protegerse de la avanzada del VIH/Sida. Con las entrevistas realizadas a hombres homosexuales que vivieron este periodo, se pudo conocer el impacto de estas representaciones e imaginarios en sus subjetividades. El testimonio de las personas de carne y hueso que vivieron estos años revelan que el andamiaje mediático sobre el Sida se naturalizó y llegó a hacer parte de la cotidianidad; el estigma y el miedo que rondaba a los hombres homosexuales en los 80’s hizo que el ocultamiento y la vergüenza fuera la primera respuesta ante el boom mediático del Sida. Solamente muchos años después estos hombres tomarían la palabra, llevando la problemática del Sida a la esfera de lo público y desde una perspectiva de derechos en la ciudad.
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Los sectores de las telecomunicaciones y de la radiodifusión y televisión en el Ecuador, se encuentran regulados y controlados a través de dos normas jurídicas distintas, cuya naturaleza responde a las particularidades propias de cada una de estas actividades. Esto ha ocasionado que la regulación de estos servicios se encuentre sometida a diferentes organismos de regulación, que los derechos y obligaciones que los proveedores deben ejercer y cumplir sea disímil y muchas veces contradictoria entre sí, que su prestación sea autorizada a través de diferentes instrumentos jurídicos de jerarquía y naturaleza distinta, que el acceso, interconexión e interoperabilidad de la red, sea para el caso de telecomunicaciones obligatoria, mientras que para el caso de las redes de radiodifusión y televisión se encuentren restringida. Esta realidad no ha permitido el desarrollo adecuado, dinámico y acorde a la actual situación tecnológica y de mercado, de una regulación que fomente el aparecimiento de servicios convergentes de voz, datos y video; realidad que se presenta día a día en la industria de telecomunicaciones. En razón de lo cual, en la presente tesis, se ha planteado la necesidad de reformular los lineamientos generales y las políticas públicas existentes en los sectores involucrados para viabilizar el aparecimiento, regulación y control de los servicios convergentes de voz, datos y video. Con este objeto se ha formulado una propuesta jurídica – regulatoria que busca reformular los lineamientos generales y las políticas públicas existentes, con el propósito de que estos abonen al desarrollo y provisión de los servicios convergentes. Pero es evidente que a más de la reformulación de los lineamientos ya existentes es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad del sector, de sus actores y de la normativa marco que regula la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión.
Resumo:
Incluye Bibliografía
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