971 resultados para Poder Ejecutivo


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On t.-p. is printed the seal: Ministerio de hacienda é industria. Bolivia.

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Description based on: 1915.

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At head of title: República Argentina.

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El presente trabajo analiza las relaciones entre poder ejecutivo y legislativo en los sistemas presidenciales, concentrándose específicamente en los casos de los primeros gobiernos de Álvaro Uribe Vélez en Colombia [2002-2006] y de Carlos Saúl Menem en Argentina [1989-1995]. Lo hace desde de una perspectiva analítica denominada neomadisoniana. Ubicada bajo el paraguas del neoinstitucionalismo, ésta utiliza como punto de partida el pensamiento de los padres fundadores de la democracia americana, particularmente el de James Madison, concentrándose en el estudio de como los arreglos institucionales constriñen el comportamiento de los actores a través del establecimiento de incentivos mediante los que se distribuyen distintos recursos de poder, proporcionando, además, una estructura estable, aunque no necesariamente eficiente, para la interacción humana. De este modo, el enfoque posee un particular interés por el análisis de la organización de los gobiernos, ya sea en términos de jerarquía o de transacciones entre actores instituciones [poderes ejecutivo y legislativo] que, de acuerdo al caso, gozan de distintos niveles de simetría y, consecuentemente, de capacidad de impactar sobre el proceso de toma de decisiones. Dentro de este marco, se intentarán identificar en el análisis de los casos patrones de regularidad y diferencia en relación a las características asumidas en el proceso de separación de poderes y el efecto que ejercen sobre él los poderes constitucionales y partidarios de los presidentes.

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La institucionalidad ecuatoriana desde su nacimiento como República en 1830, ha sufrido profundas crisis que han motivado cambios y movimientos en el ejercicio del poder entre diferentes actores políticos. En 1979 se reinstaura el modelo democrático, con una proclividad hacia lo confrontacional, que terminó siendo muy costosa. Este trabajo nos permitirá acercarnos a la nueva institución constitucional denominada muerte cruzada, no en abstracto sino en referencia con el contexto nacional e internacional en lo jurídico y político, la procedencia de esta institución, las probables consecuencias de la aplicación de la misma en la actualidad. En el Capítulo Primero, Los cambios no institucionalizados, cuatro casos 1995- 2005, resumimos apretadamente cuatro casos que culminaron con cambios abruptos en las primeras dignidades del país, casos que grafican las complejas relaciones entre Legislativo y Ejecutivo. En el Capítulo Segundo, La muerte cruzada, en un sistema presidencialista, realidad ecuatoriana, breve referencia a los países de la Comunidad Andina, se analiza doctrinariamente los sistemas de gobierno basados en el parlamentarismo y en el presidencialismo, ventajas y críticas a estos modelos, y el mecanismo de pesos y contrapesos y una breve exposición comparada de los controles entre Ejecutivo y Legislativo establecidas en las constituciones de los países andinos. En el Capítulo Tercero, La muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo en la Constitución del 2008, se hace un ejercicio interpretativo a los probables alcances de la figura constitucional estudiada, con relación a las atribuciones de las funciones ejecutiva y legislativa.

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Existen diversas atribuciones constitucionales entregadas al Presidente de la República. La facultad de dictar los reglamentos a las leyes vigentes en el país es una de ellas, y es en donde centraremos un importante análisis, pues, esta potestad constitucional es la generadora de un espacio de acción del gobernante que ha generado cuestionamientos por su ejercicio extralimitado a la prescripción constitucional y la doctrina que al respecto se ha determinado. Es así como el Ejecutivo, al dictar reglamentos a las leyes del Ecuador, ha venido regulando situaciones diferentes a las que en ellas se encuentran prescritas, ejerciendo arbitrariamente su potestad. En consecuencia, la facultad reglamentaria asienta el presidencialismo marcado en Ecuador y debilita la necesaria existencia de pesos y contrapesos en el poder.

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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar la estrategia política del presidente Roberto M. Ortiz durante el período en actividad (1938-1940) para combatir el fraude electoral y normalizar las prácticas electorales e institucionalidad democrática de la Argentina de fines de los años treinta. Se presume que el presidente orientó su proyecto político de una manera aperturista y de diálogo sincero con la Unión Cívica Radical (UCR). Para ello promovió dos estrategias claras: lograr el apoyo de los sectores liberales del Ejército, e intervenir las provincias con prácticas fraudulentas. Su política contra el fraude provocó una situación inédita de erosión de la coalición de partidos oficialistas, base de sustentación del Poder Ejecutivo. Sin apoyo partidario, Ortiz quedó aislado y en clara confrontación con el Senado, dominado por grupos conservadores.

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Resumen: Este artículo intenta teorizar acerca de la dinámica entre los medios masivos de comunicación y los gobiernos de los países latinoamericanos. Si bien en la última década los gobiernos atacaron públicamente a los medios de comunicación, se afirma que no se dio por las razones que dicen, sino más bien por asuntos económicos. Por lo tanto, se ha diseñado un modelo utilizando el método de “principal” vs “incumbente”, donde se alcanzará un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Además de esto, se realiza un repaso por la literatura conocida, y concluye señalando las fortalezas y debilidades del modelo propuesto.

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Introducción: "A comienzos de la década de 1990 la delegación legislativa despertó luego de un prolongado letargo de casi sesenta años. No obstante su importancia como fuente del derecho, desde fines de la década de 1920 el reglamento delegado había vegetado confusamente, junto con el reglamento ejecutivo, bajo el entonces Artículo 86, inciso 2º de la Constitución (actualmente el Artículo 99, inciso 2º), sin que pronunciamiento judicial alguno lograra establecer con claridad las diferencias entre uno y otro. La Corte, rutinariamente, se había limitado a convalidar el obrar del Poder Ejecutivo en ambos reglamentos, apelando a dos reglas muy generales elaboradas –con diferencia de un año– en los casos “A.M. Delfino” y “Administración de Impuestos Internos c/ Chadwick, Weir y Cía. Ltda.”, a los que me referiré en el punto siguiente. Esta inercia jurisprudencial tuvo un cimbronazo en 1993, cuando la Corte resolvió “Cocchia c/ Estado Nacional”, forzando la teoría de la delegación legislativa para declarar la constitucionalidad de un decreto que había derogado un convenio colectivo de trabajo. Aisladamente este caso no hubiera tenido mayor trascendencia, pero en aquel entonces la sensibilidad hacia la hiperactividad presidencial estaba agudizada desde que la Corte, en “Peralta c/ Estado Nacional”, convalidara el llamado “Plan Bonex”, por medio del cual el Decreto Nº 36/1990 había ordenado la devolución de los depósitos bancarios en Bonos Externos con garantía dólar, títulos que todavía no habían sido emitidos..."

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A presente dissertação de mestrado objetivou constituir-se numa contribuição à produção de conhecimento acerca das demandas relativas à questão social que chegam ao Poder Judiciário, tendo em vista o cumprimento de direitos sociais negados no âmbito do Poder Executivo, dentre os quais o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A pesquisa bibliográfica de estudos referentes ao tema da questão social, do direito e do Poder Judiciário constituiu o recurso metodológico utilizado para o alcance do aludido objetivo, tendo fornecido elementos para a reflexão, ainda incipiente no âmbito do Serviço Social, acerca do fenômeno da judicialização. Destarte, acredita-se que o tema aqui proposto adquiriu centralidade nessa discussão, pois o BPC é o único programa de combate à pobreza normatizado como um direito social, e, assim, podendo ser requerido junto ao Poder Judiciário. Pressupunha-se que a judicialização do acesso ao BPC se evidencia a partir das políticas neoliberais de restrição de direitos, que acabaram gerando um confronto entre a Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais. Tal fato foi comprovado na pesquisa dos recursos decididos no ano de 2010 pelos juízes das Turmas Recursais do Tribunal Regional Federal da 2 Região, em que se analisou as seguintes questões: quantitativo de recursos interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e por autores dos processos; quantitativo de recursos decididos nos anos de 2008 e 2009; argumentação, tanto do Instituto Nacional do Seguro Social quanto dos autores, para a interposição dos recursos junto ao TRF; e decisões dos juízes das Turmas Recursais acerca dos recursos interpostos. Neste último aspecto, objetivou-se analisar a interpretação judicial acerca da situação de ausência de direito vivenciada pelo sujeito que pleiteia judicialmente o BPC, considerando que o gerenciamento estatal desse benefício assistencial se assenta na perspectiva de um gerenciamento da pobreza, primando pelo obscurecimento da questão social, em que os problemas vivenciados cotidianamente pelos sujeitos são tidos como problemas individuais, e que possam ser solucionados através da transferência de renda.