1000 resultados para POLÍTICAS PÚBLICAS - COLOMBIA


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Esta monografía analiza la situación de la explotación sexual comercial de niños y niñas en Bogotá, sus causas socio-económicas y culturales, las políticas públicas desarrolladas en el distrito capital, y los avances y limitaciones de éstas para mitigar esta práctica.

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En los planes de ordenamiento físico de Bogotá desde finales desde la dácada de los 90, se han dado iniciativas de política que buscan fomentar la movilidad no motorizada. El segumiento de estas políticas entre 1995 y 2007, lleva al interrogante de sí se trata de un discurso político o de una estratégia institucional para crear alternativas de movilidad.

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Una de las dificultades que enfrentan las grandes urbes, es manejar todo aquello que resulta del consumo diario de su población como lo son los residuos sólidos. Frente a esto los gobiernos, en su voluntad por transformar comportamientos, determinan las reglas de juego introduciendo políticas públicas que permitan modificar situaciones percibidas como insatisfactorias y problemáticas. Muchas veces aunque exista un universo normativo este no logran materializarse, evidenciando una brecha entre lo que se supone deben hacer los ciudadanos y lo que realmente hacen. Por lo anterior, involucrar los hábitos, concepciones e imaginarios colectivos en el análisis de la incidencia del comportamiento ciudadano en la implementación de la política pública en Bogotá en materia de residuos sólidos permite indagar sobre los hábitos y prácticas ciudadanas y su incidencia cuando de implementar una política pública sobre residuos sólidos se trata.

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Primera conferencia. Bibliotecas y Repositorios Digitales: Gestión del Conocimiento, Acceso Abierto y Visibilidad Latinoamericana. (BIREDIAL) Mayo 9 al 11 de 2011. Bogotá, Colombia.

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La participación de las mujeres en la esfera pública y el pleno uso de sus derechos no ha sido gran relevancia a través de los años. Esto, ha llevado a que las mujeres se organicen con el fin de buscar soluciones que ayuden a tratar los problemas que enfrentan tanto en la arena pública como en la privada.

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La implementación de la estrategia de Municipios Saludables, o Entornos Saludables, requiere de la correcta interrelación del contexto político, económico, cultural, ambiental y social. Es decir, de visión multifactorial, intersectorial y transdisciplinar en pro de garantizar empleo, educación, recreación y acceso a los servicios de salud, entre otros, que finalmente propiciarán ambientes saludables reflejados en desarrollo y bienestar colectivo. El presente documento pretende estructurar el conocimiento de la política pública saludable bajo la mirada, el significado y la comprensión del concepto de salud desde la propuesta estratégica de los Entornos Saludables; retoma los postulados acerca de los determinantes de la salud para llegar al abordaje conceptual de las políticas públicas desde un enfoque multisectorial e interdisciplinar, que finalmente se logran comprender y articular a través del estudio de los referentes políticos y normativos de las políticas publicas y los entornos saludables.

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El trabajo analiza desde una perspectiva crítica la cuestionable eficacia de las políticas públicas territoriales relativas a la población afrocolombiana y en particular la situación de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó-Curvaradó, desde la teoría de la captura del Estado. En este sentido explica la manera cómo han evolucionado las relaciones entre el Estado y los afrocolombianos como sujetos colectivos de derechos. Plantea, además, que la ineficacia de estos instrumentos tiene conexión con lo que se denomina "captura conceptual del Estado".

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Este estudio de caso hace principal énfasis en las estrategias de inclusión contenidas en la Política Pública de Mujer y Género y la Política Pública de Juventud con el fin de identificar su efectividad dentro del contexto Distrital y Local. Dicha identificación se realiza a través de la revisión de los programas específicos ejecutados entre 2006 a 2010, contenidos en los planes de desarrollo Distritales y Locales dirigidos a los grupos poblacionales específicos mujeres y jóvenes en el espacio público de la ciudad de Bogotá. Acto seguido, se centra la atención en el objeto de análisis de este trabajo, el Parque Lineal El Virrey Norte, en donde se establece la existencia o inexistencia de acciones concretas de inclusión social de carácter Distrital para contrarrestar el fenómeno de segregación socioespacial existente en la capital desde hace varios años, como se señala al inicio del trabajo. Finalmente, se analizan las Encuestas Bienales de Cultura de los años 2007 y 2009 realizadas por el Observatorio de Culturas con el objeto de comparar las tendencias existentes en la ciudad y en la localidad Chapinero, donde se localiza el espacio público significativo analizado en este estudio de caso, de las mujeres y jóvenes directamente relacionadas con inclusión social.

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El presente trabajo tiene como objetivo analizar la política pública de reintegración para grupos armados insurgentes, desde un enfoque diferencial de género. En este enfoque la investigación destaca el rol de madre cabeza de familia excombatiente.

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La presente monografía intenta mostrar la incidencia del uso del enfoque de política pública (PP) en los resultados obtenidos tras la formación de la Ley 608 de 2000, principal instrumento para la reconstrucción del Departamento del Quindío después del terremoto del 25 de enero de 1999. Se identifican dos grandes enfoques de formación política para clasificar el caso: representativo-positivista y participativo-constructivista. La hipótesis inicial versa acerca de la implementación de la Ley que permitió la recuperación económica del Departamento, pero ella fue insuficiente. Así, la aplicación de los enfoques de PP permiten identificar las fallas y falencias durante el proceso de formación de la Ley estudiada.

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Con la adopción de la constitución de 1991 se avanzó en la descentralización que hasta entonces había sido un proceso lento en Colombia y se instauro una de las estructuras m·s descentralizadas de AmÈrica Latina. Este proceso se caracteriza por tres componentes: el polÌtico, el fiscal y el administrativo. El primero de ellos se da mediante la elecciÛn de alcaldes y gobernadores; el segundo con la transferencia de aproximadamente el cincuenta por ciento de los ingresos corrientes del estado a los municipios y departamentos; y, el tercero con el traspaso a los gobiernos locales de las polÌticas sociales en salud, educaciÛn, agua potable, saneamiento b·sico, recreaciÛn, cultura y deporte.

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En el caso concreto objeto de esta investigación, se busca que a partir de evaluar el legado al que estuvo sujeto el gobierno distrital bogotano, para enfrentar los retos del tema de la movilidad y el transporte por la ciudad. La gestión de la administración distrital a partir de los resultados obtenidos en los años 2004 y 2005 bajo el mandato de Luis Eduardo Garzón, da un resultado parcial y medible a futuro, sobre la utilidad de las medidas tomadas para lo concerniente al manejo del transporte público y privado en la ciudad y además su repercusión en la movilidad urbana en la ciudad. Dado esto el impacto, tanto positivo como negativo, determina una propuesta desde la visión política del tema, hacia donde deberán ir enfocados los proyectos, o si más bien deben seguir el curso que está n tomando pero sirviéndose de aspectos alternos relacionados con el tema que se han dejado de tratar, al no ser importante su pertinencia.

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El interés de este trabajo es determinar si Invest in Bogotá puede considerarse un instrumento de Buen Gobierno. Se analizará cómo desde la perspectiva del Análisis de Políticas Públicas, puede evaluarse la agencia, desde su formulación hasta su implementación, revisando los momentos y actores claves que participaron en este proceso, para el periodo 2006-2010. Lo anterior se realiza para establecer si la agencia responde a las lógicas de Buen Gobierno, entendido como la efectividad de los gobiernos para dar respuesta a sus gobernados y la consecución de alianzas público privadas en beneficio de lo colectivo, gobernabilidad democrática y gobernanza respectivamente. Como resultado de este ejercicio se determinó que la agencia puede considerarse, parcialmente, como un mecanismo de Buen Gobierno debido a que los beneficios no siempre son direccionados hacia el bien común.

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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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Uno de los objetivos de la línea de Teoría y Práctica de las Políticas Públicas (TP3) es el análisis de las políticas públicas como objeto de estudio en sí mismo. En América Latina los estudios sobre este tema están más concentrados en el análisis práctico que en el académico, dejando de lado la posibilidad de teorizar y crear nuevos modelos que puedan ser replicados dentro de nuestros estudios de caso a nivel académico. Por ello, la tendencia ha sido la de copiar las teorías, enfoques y modelos propios de la escuela anglosajona (principalmente de Estados Unidos y Reino Unido), limitando nuestra capacidad de comprensión con respecto a nuestros fenómenos políticos, económicos y sociales. Por esta razón, durante el primer semestre de 2015 se creó el Semillero de Políticas Públicas con el fin de reflexionar sobre los vacíos que existen en la comprensión y el análisis de las políticas en Colombia y en Latinoamérica, para luego dar paso a la construcción de respuestas pertinentes. Esta publicación es el resultado de nuestra primera iniciativa como Semillero, la cual consiste en recoger las principales herramientas analíticas en el estudio académico de las políticas públicas, explicar sus postulados fundamentales, identificar sus fortalezas y debilidades y, finalmente, aplicar estas herramientas a un caso dentro del contexto colombiano.