La Legitimidad de la Deuda Externa Pública en el Ecuador para el período comprendido entre 1994-2006

La deuda como una obligación moral contraída por un deudor y ofertada por un acreedor está sujeta a las condiciones originariamente pactadas y a la vertiginosa dinámica del mercado financiero internacional. Según esta perspectiva, el capítulo I desarrolla aquellos conceptos claves que conforme al derecho público permitan a los poderes del Estado determinar el carácter lícito o ilícito de la deuda externa. A lo largo del capítulo II la experiencia del caso ecuatoriano se entremezcla entre la visión jurídica y el análisis económico de la deuda externa pública a partir de 1994 hasta el 2006. Los mecanismos financieros implementados para extinguir las obligaciones y transformar la deuda comercial en títulos valor en los noventa dieron un tratamiento diferenciado al capital y a los intereses, con la finalidad de influir sobre la capacidad de pago del país. Sin embargo, la declaración de una moratoria unilateral se hizo presente en 1999 en medio de la más profunda crisis financiera del Ecuador. Fortaleciendo así la idea de que el endeudamiento de un Estado no era cuestión de liquidez sino de solvencia. La renegociación de la deuda por los Bonos Global se produce en medio de condicionamientos favorables para los acreedores. De ahí que en este tramo han surgido las principales causales de ilegitimidad de la actual deuda. En el sentido más amplio de la legitimidad de la deuda pública externa es tratado en el capítulo III. El destino real de los créditos otorgados se confronta con el fin social de los mismos. La ciudadanía en la mayoría de los casos desconoce el real origen de la deuda pública e ignoran el contexto de su legítimo otorgamiento. Pese a ello su pago se ha convertido en una obligación ineludible en el escenario de sus relaciones internacionales y de los acuerdos alcanzados sobre derechos fundamentales. Para finalizar, el manejo de los recursos públicos es analizado con un claro ejemplo: La ejecución del proyecto de riego Carrizal - Chone adjudicada a la constructora Norberto Odebrecht y expulsada el 23 de septiembre del 2008. ¿Cómo proceder? Para ello se propone, en el capítulo IV, a la auditoría pública de la deuda externa como un instrumento facultativo de los poderes públicos que se afianza en el derecho nacional. Se realiza una propuesta metodológica integral entre lo económico y lo jurídico que permita develar una base moral y legítima de los acrecentados pasivos históricos de un estado. Unas breves conclusiones cierran el análisis de aquello que no se adecua con la ley o lo legítimo; y de aquello que no se adecua con la moral, los derechos humanos, la equidad y la justicia, es decir lo ilegítimo de una deuda externa pública.

Teoría de la interpretación y legitimidad del Tribunal Constitucional (Tema Central)

En este artículo se reflexiona acerca de la posibilidad de establecer la existencia, en la actividad hermenéutica de los Tribunales Constitucionales, de unas directrices o guías interpretativas que una vez especificadas puedan ser utilizadas como parámetro para controlar la juridicidad de la reconducción de la vida constitucional efectiva a las reglas de la Constitución. Todo ello pasando, en primer lugar, por el estudio de dos problemáticas: el papel de la jurisprudencia en el sistema de fuentes y los criterios de interpretación como instrumentos aptos para impedir o facilitar que dicha jurisprudencia pueda ser considerada fuente del Derecho, y, en segundo lugar, de los diferentes instrumentos hermenéuticos que se configuran como enlace entre disposición y norma y sus resultados interpretativos. Todo para llegar a demostrar que la utilización de los diferentes criterios de interpretación no puede ser evaluada por medio de un parámetro externo, como el de la teoría dogmática de la interpretación, sino que ellos se controlan por sí mismos, es decir, que el único control posible es un control de coherencia de su aplicación.

Transformación de la legitimidad política en las autoridades indígenas del Municipio de Turco (Departamento Oruro-Bolivia) entre 2007 – 2010

La presente investigación titula la “Transformación de la legitimidad política en las autoridades indígenas del municipio de Turco (departamento, Oruro-Bolivia) entre 2007 – 2010”. Lo cual aborda las nuevas formas de legitimación en las que están inmersos las autoridades aymaras y su relación con las autoridades del municipio, donde se expresa la combinación de legitimidad, entre la gestión comunal de la autoridad aymara con la gestión estatal ejercida por el municipio. Sin embargo, yendo más allá de esas afirmaciones encontramos, un conjunto de factores internos y externos que han transformado la naturaleza interna del ayllu. Donde el hilacata como autoridad del ayllu, sus responsabilidades se van ampliando hacia otros ámbitos, como ser, proyectos de desarrollo, fiscalización, etc. Los conflictos sobre la posesión legítima de la tierra surgen a raíz de que muchos poseedores, comunarios, no viven en el ayllu como ocurrían antes, sino muchos emigraron hacia las áreas urbanas. Además otro elemento que coloca en entredicho a la autoridad aymara es la valoración diferenciada a su trayectoria política. Las autoridades que provienen del ayllu tienden a gozar de mayor reconocimiento, que aquellas autoridades residentes que retornan de las ciudades. Lo cual significa para los comunarios, desconfianza, y menor grado de legitimidad política. En relación a los factores externos, encontramos la actitud de algunas autoridades residentes que tienen dificultades en mantener un diálogo con los comunarios. Además se observa la misma realidad en los comunarios residentes que con su ausencia influyen en la agudización de tensiones por la posesión legítima de la sayaña. Ante este panorama la legitimidad de la autoridad aymara tiene que ver con la combinación entre un ejercicio comunal y estatal.

Justicia constitucional, la legitimidad y ejercicio de las garantías. El caso de la acción de protección en el nuevo constitucionalismo ecuatoriano

El énfasis en la justiciabilidad de los derechos de los ciudadanos es una característica central del nuevo constitucionalismo latinoamericano y particularmente de Ecuador con su nueva Constitución de 2008. Este texto busca problematizar el asunto de la legitimidad de los sistemas de justicia constitucional en relación con la efectividad de los derechos. Se busca primeramente, examinar teóricamente el papel de la Acción de Protección (AP) como garantía jurisdiccional principal en el marco del reforzado sistema de justicia constitucional ecuatoriano actual. Luego, mediante una revisión de ciertas evidencias empíricas, se explora en qué medida la AP puede devenir en una forma de legitimación de la justicia constitucional al convertirse en un mecanismo de poder ciudadano y de vinculación entre el juez constitucional y la ciudadanía, cuando es implementada de forma efectiva.

Lucio Gutiérrez y el fracaso de un proyecto autoritario: reflexiones sobre la crisis de legitimidad política en el Ecuador

Entre noviembre de 2004 y abril de 2005, el Ecuador se encontró en una situación similar a la que vivió el Perú a inicios de los años noventa. Esta situación podría caracterizarse como un intento, por parte de un Ejecutivo elegido democráticamente, de constituir un régimen autoritario y concentrador de todos los poderes. Distinto a la experiencia peruana, este proyecto se valió de una mayoría legislativa y de esa forma utilizó al Congreso para el asalto institucional del país. Además, el proyecto de institucionalización autoritaria de Lucio Gutiérrez apenas tuvo vigencia inicial por unos meses y, más aún, terminó en la destitución inconstitucional del Ejecutivo, la depuración y expulsión de un buen número de legisladores y, lo más grave, la destrucción casi total de la débil institucionalidad democrática ecuatoriana.

La elusión tributaria: entre la legitimidad e ilegitimidad y sus consecuencias

El presente trabajo tiene como propósito definir a la elusión tributaria ilegítima como un fenómeno que merece regulación normativa, incluso de carácter penal por tratarse de una circunstancia que perjudica los ingresos del Estado en desmedro de la capacidad de redistribución de la riqueza y de la máxima de solidaridad entendida en el marco conceptual constitucional actual. En el contenido de esta obra se podrá encontrar un análisis crítico de la elusión en sus versiones legítima e ilegítima; su distinción con la evasión; habrá una propuesta de conceptos propios al respecto, así como la descripción de las circunstancias y condiciones que caracterizan a estos fenómenos desde la óptica jurídica tanto doctrinaria como normativa. Por otro lado, se tratará de modo específico la posibilidad de tipificar penalmente el accionar elusivo ilegítimo para lo cual se indicarán las categorías dogmáticas del tipo penal al respecto de manera que se comprenda la necesidad de su regulación y la forma de determinar su existencia a fin de establecer sanciones por su comisión. Finalmente, se hará un recuento de las consecuencias de la ilegitimidad en la elusión fiscal y se enmarcará su eventual regulación de acuerdo con los principios del Derecho Tributario y las experiencias de varios ordenamientos jurídicos comparados.

La letra pequeña del contrato social. Legitimidad del poder, resistencia popular y criminalización de la defensa de los derechos

«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.

Legitimidad fiscal y consolidación democrática en América Latina

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Los dilemas de la legitimidad política

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Los dilemas de la legitimidad política

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Estado, política social y crisis de legitimidad

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Roles sexuales, comunicacion entre esposos y legitimidad

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Legitimidad del uso de la anticoncepcion

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Legitimidad religiosa y crisis social : estado, sociedad y expresiones religiosas en la Argentina del siglo XXI

Para entender la relación entre religión y política en Argentina, necesario reconocer las tendencias de justificación sagrada en los imaginarios religiosos. En este sentido, la legitimidad religiosa es construida sobre la crítica de la política neoliberal y sus consecuencias en la vida social (pobreza, exclusión, marginalidad). La presencia católica, las manifestaciones protestantes, y la crítica de otros grupos religiosos (por ejemplo, la crítica del rabino Alejandro Bloch) tienen en común una profunda objeción al neoliberalismo.