El delito de peculado bancario en el Ecuador y su aplicabilidad en la crisis financiera de 1998

Motiva la elaboración de la presente Tesis, la necesidad del estudio del Peculado Bancario como figura jurídica del Derecho Penal Económico y su relación con los acontecimientos suscitados en la más reciente crisis financiera ecuatoriana iniciada en el año 1998. Es necesario distinguir para el análisis de este tema, el contexto de una tendencia de liberalización de los mercados y la actividad financiera en toda América Latina y obviamente en el Ecuador, proceso en el que se inscribió la legislación nacional reformada en agosto de 1994 con la aprobación de una LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, en sustitución de la LEY GENERAL DE BANCOS existente hasta entonces. Dicha Ley General de Instituciones del Sistema Financiero estableció desde luego un avance importante en la actualización de la legislación bancaria del país a los concepto flexibles de banca múltiple, que como tales pretenden la creación de un verdadero “sistema financiero” en el país, a través de la autorización a las instituciones bancarias de una amplia variedad de servicios financieros en beneficio de los usuarios, acordes con la dinámica actual de la actividad financiera y la complejidad que supone el ejecutar distintos procesos relacionados con diferentes prestadores de servicios. Este concepto laudable en principio no excluye sin embargo la intencionalidad última de todo proceso de liberación que es el mayor desmantelamiento posible de los mecanismos de control, fiel a su premisa teórica de que todo control supone restricción y conculcación de los intangibles atributos de la libertad económica y su congénere más cercana, la libertad de empresa, así como una intromisión del Estado en el principio superior de autonomía de la voluntad y libertad de contratación, todo esto con el corolario de que así mismo, todo mecanismo de control e intervención por parte del Estado se halla dotado de un agregado ineludible de corrupción. Acogiendo estos criterios vio la luz la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y se estableció una permisibilidad que la experiencia ha demostrado resultó ser inconveniente y aún peligrosa para la estabilidad no solo del sistema de pagos, sino de la propia economía y que derivó en el libertinaje de los administradores de las instituciones financieras, con las dolorosas consecuencias que son de todos conocidas. De este libertinaje financiero se siguió que muchos administradores bancarios fueron encausados penalmente por la presunta comisión de delitos bancarios, cuya regulación, vale anotar, al momento de la crisis resultó insuficiente, insuficiencia que se explica desde luego, por esta flexibilización de controles que inspiró la nueva legislación bancaria.

El procedimiento de subasta inversa ecuatoriano en comparación con otros procedimientos de contratación pública; y, con la legislación peruana y argentina

La contratación pública es una institución jurídica del Derecho Administrativo, que establece los medios o mecanismos de contratación para satisfacer el interés público y las necesidades colectivas. Existen un sinnúmero de mecanismos o procedimientos de contratación pública, los cuales son regulados por cada legislación aplicable, muchos ellos son generalmente reconocidos en la doctrina y en las legislaciones especialmente de nuestra región. Dentro de estos procedimientos, los más comunes en las diversas legislaciones, son los de Subasta Inversa y Licitación. La Subasta Inversa es un procedimiento precontractual de contratación pública para la adquisición de bienes o servicios, a través de una negociación de precios entre proveedores preseleccionados debidamente calificados, los cuales pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos, siendo adjudicado el que oferte el precio más bajo. Procedimiento recientemente incorporado en nuestra normativa. Sin embargo, de ser nuevo este procedimiento de contratación, en nuestra legislación, doctrinariamente es tan antiguo como los contratos administrativos. De ahí su importancia de análisis y estudio, principalmente en su origen, definición, procedimiento y aplicación. Para analizar, esta figura jurídica es necesario determinar su procedimiento y compararlo con otros procedimientos, principalmente con el procedimiento regla de contratación “La Licitación”, tanto doctrinariamente con las legislaciones similares de la región, en especial con la argentina y peruana.

El proceso monitorio como medio para otorgar al derecho de crédito, tutela efectiva y la necesidad de su introducción a nuestra legislación

Este trabajo analiza el proceso monitorio como mecanismo para revestir al derecho de crédito de tutela efectiva, así como la necesidad de su introducción a nuestra legislación, considerando que el mismo ha fluido con gran éxito en la legislación moderna, en especial en la europea; por lo tanto se ha partido de un análisis constitucional de la tutela efectiva con relación al derecho de crédito en especial en nuestro país, pasando por un estudio de nuestro vigente sistema procesal civil para el cobro de deudas dinerarias. Se estudia al proceso monitorio en su concepto, naturaleza jurídica, clases, características, objetivos y finalidades, así como los elementos formales para su procedencia; se concluye que esta figura jurídica constituye una respuesta eficaz para garantizar el derecho de crédito, tanto más que desde hace algunos años se ha visto la posibilidad de su introducción, como es al caso, a través del proyecto del Código de Procedimiento Civil del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, y actualmente a través del proyecto propuesto por el Consejo de la Judicatura a través del Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA); de todo lo cual se establece la gran vitalidad de esta nueva institución y por lo tanto como verdadera tutela judicial para el derecho de crédito, siempre que se aplique en debida forma los principios de debido proceso, lealtad y buena fe procesal.

El recargo tributario

La presente investigación analiza la naturaleza jurídica del recargo tributario en el Ecuador, establecido en el Art. 90 del Código Orgánico Tributario reformado por el Art 2 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, sancionada por la Asamblea Constituyente de Montecristi el 29 de diciembre de 2007. La investigación pretende definir claramente cuál es la naturaleza de esta figura jurídica, para lo cual se desarrolla en tres capítulos; en el primero se refiere a la teoría y conceptos para lo cual analizamos al recargo como sanción, al recargo como instrumento financiero y al recargo desde una posición mixta. En el segundo capítulo se plantea el desarrollo normativo, explicando en primer lugar, los principios del artículo 300 de la Constitución, a fin de identificar aquéllos que se cumplen y cuáles se transgreden. También, se describe la facultad determinadora de la Administración Tributaria y su relación con el recargo, además se presenta el análisis normativo comparativo con las países de la Comunidad Andina. Terminamos con la revisión de la actuación de la administración tributaria, de los Tribunales Distritales de lo Fiscal, de la Corte Nacional de Justicia, y de la Corte Constitucional en relación al recargo tributario a la luz de casos específicos.

La acción colectiva frente a la compra de renuncias obligatorias (Actualidad)

El presente artículo se centra en el análisis de reacciones de los movimientos sociales frente a una violación masiva de derechos humanos cometida en contra de funcionarios públicos del Estado Ecuatoriano al amparo de una figura jurídica implementada mediante decreto ejecutivo denominada “compra de renuncia obligatoria”. La autora deja abierto el debate sobre las acciones o la falta de acción colectiva que se traduce en la poca efectividad de mecanismos para oponerse a medidas tan drásticas como la implementada por el gobierno ecuatoriano.

La prejudicialidad en la instauración del sumario administrativo en el delito de peculado

Las acciones u omisiones de los servidores públicos, en el ejercicio de sus actividades dispuestas en la Constitución y la Ley, producen consecuencias jurídicas tanto en la función jurisdiccional, como en el desarrollo administrativo del Estado. Uno de esos ejemplos, se presenta cuando el dependiente de la Administración Pública incurre en el delito de peculado, este ilícito debe ser perseguido y provoca el surgimiento de responsabilidad penal, pero además genera responsabilidad administrativa, que accesoriamente, por una disposición constante en la Ley Orgánica del Servicio Público, que dispone la existencia de la primera, antes de resolver la segunda, generan la figura jurídica de la prejudicialidad. Nuestro estudio entonces, en el primer capítulo, se enfoca a determinar la definición de la prejudicialidad, problema jurídico del cual se derivan otras aristas, como la teoría de división de funciones y la cosa juzgada. Asimismo, veremos si mediante el recurso extraordinario de casación se la ha tratado en el Ecuador, si existen sentencias respecto al tema, para finalmente complementar con el análisis teórico jurídico que nos evidencia las corrientes existentes y la clasificación de la misma. En el segundo capítulo, ya más concretamente, veremos cómo afecta la prejudicialidad al sumario administrativo en el delito de peculado y las garantías del debido proceso perjudicadas por el mismo procedimiento, estableciendo a través de la jurisprudencia y de la legislación comparada, temas propios del derecho administrativo sancionador. Finalmente, al generarse responsabilidades penal y administrativa en el delito de peculado, producto de la prejudicialidad enunciada, consideramos necesario el distinguir al menos someramente que son cada una de ellas y sus diferencias.

La administración de los bienes minerales como fuerza motriz del desarrollo social (Tema Central)

The mineral sector has an extreme strategic relevance for the social and economic development of any country. Therefore, proper management of existing mineral resources in a given area is closely linked to the full exercise of sovereignty. Thus, in pretending to guarantee efficient control of resources, the majority of the countries classify mineral resources as state property; however, because of the high cost and the risk involved, the economic exploitation of these resources is more efficient when driven by private initiative. Hence, the basic resource exploitation model is a modern legal concept in which the control over resources belongs to the State, but the direct economic exploitation of this heritage belongs to some individuals according to law and by offering the necessary social and economic counterparts.

Interpretación y aplicación de la sentencia C-577 de 2011 frente al matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia

En Colombia el reconocimiento de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgenero e Intergenero (LGBTI) encuentra su punto de partida en la Constitución Política de 1991. Durante los primeros años de su vigencia hasta el 2007, la Corte Constitucional como órgano encargado de su interpretación, definió los derechos individuales de las personas LGBTI a partir de principios como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la prohibición de discriminar y el pluralismo. Con la expedición de la sentencia C-075 de 2007 inicia una nueva fase en la movilización de esta comunidad; por primera vez se le reconocen efectos jurídicos a las uniones conformadas por personas del mismo sexo, declarando sus derechos en la esfera de pareja, pero limitándolos al negar su estatus de familia. En el año 2011 el estudio de las parejas de personas de igual sexo dentro del ordenamiento jurídico colombiano cambia radicalmente. Mediante la sentencia C-577 de 2011, el alto tribunal declaró que estas uniones constituyen una forma de familia y por lo tanto tienen derecho a formalizar su vínculo mediante una figura jurídica de orden contractual que les brinde un margen de protección más amplio que el de la unión marital de hecho. El acceso al matrimonio civil igualitario por parte de las parejas integradas por personas del mismo sexo constituye actualmente uno de los temas más debatidos en Colombia. La discusión es significativa porque confronta el modelo tradicional de familia, pareja y matrimonio asociado con la heterosexualidad y la reproducción; adicionalmente evidencia los límites que configuran la noción de lo humano, del sujeto de derechos y de la igualdad como principio condicionado a cualidades de orden mayoritario.

Microempreendedorismo e microcrédito: utilização da conjoint analysis para análise da percepção de preferência de consumo de microcrédito pelos microempreendedores

O microcrédito tem sido usado como uma forma de incentivar pequenos empreendedores a fazerem seus negócios crescerem, e a oferta desses pequenos empréstimos tem aumentado muito nos últimos 15 anos principalmente por conta de marcos legais e políticas públicas que tem desenvolvido esse mecanismo financeiro. Nessa seara o aparecimento da figura jurídica do Microempreendedor Individual (MEI) em um contexto de formalização de microempreendedores informais mostrou-se um caso clássico de oportunidade para o desenvolvimento da oferta do microcrédito produtivo orientado. Diversos produtos de microcrédito têm sido oferecidos aos microempreendedores, porém não é claro quais são as preferências dos empreendedores por diferentes produtos de microcrédito. Este trabalho avança esse conhecimento, apresentando uma conjoint analysis que revela a percepção de microempreendedores por diversas características de programas de microcrédito.

El contrato territorial en España : Régimen jurídico y grado de implementación

El contrato territorial es una figura jurídica de aparición reciente destinada a promover el desarrollo sostenible del medio rural. Mediante él, se busca concretar el potencial de una explotación agropecuaria para proveer ciertas funciones sociales y ambientales (no tradicionales) tendientes a un desarrollo rural sostenible. A cambio de estas externalidades positivas, la explotación agropecuaria es compensada. En España, el contrato territorial ha surgido a la luz de dos ámbitos programáticos diferentes: al amparo de la legislación comunitaria europea y de las normas dictadas en su consecuencia a nivel nacional por un lado, y al abrigo de normas estrictamente de origen nacional, por el otro. Por el momento, sólo seis Comunidades Autónomas se han animado a implementarlo; sin embargo, de cara al nuevo Real Decreto 1336/2011 que regula las bases comunes del contrato territorial se espera mayor coherencia, eficiencia y utilización en el uso de esta herramienta

El contrato territorial en España : Régimen jurídico y grado de implementación

El contrato territorial es una figura jurídica de aparición reciente destinada a promover el desarrollo sostenible del medio rural. Mediante él, se busca concretar el potencial de una explotación agropecuaria para proveer ciertas funciones sociales y ambientales (no tradicionales) tendientes a un desarrollo rural sostenible. A cambio de estas externalidades positivas, la explotación agropecuaria es compensada. En España, el contrato territorial ha surgido a la luz de dos ámbitos programáticos diferentes: al amparo de la legislación comunitaria europea y de las normas dictadas en su consecuencia a nivel nacional por un lado, y al abrigo de normas estrictamente de origen nacional, por el otro. Por el momento, sólo seis Comunidades Autónomas se han animado a implementarlo; sin embargo, de cara al nuevo Real Decreto 1336/2011 que regula las bases comunes del contrato territorial se espera mayor coherencia, eficiencia y utilización en el uso de esta herramienta

El contrato territorial en España : Régimen jurídico y grado de implementación

El contrato territorial es una figura jurídica de aparición reciente destinada a promover el desarrollo sostenible del medio rural. Mediante él, se busca concretar el potencial de una explotación agropecuaria para proveer ciertas funciones sociales y ambientales (no tradicionales) tendientes a un desarrollo rural sostenible. A cambio de estas externalidades positivas, la explotación agropecuaria es compensada. En España, el contrato territorial ha surgido a la luz de dos ámbitos programáticos diferentes: al amparo de la legislación comunitaria europea y de las normas dictadas en su consecuencia a nivel nacional por un lado, y al abrigo de normas estrictamente de origen nacional, por el otro. Por el momento, sólo seis Comunidades Autónomas se han animado a implementarlo; sin embargo, de cara al nuevo Real Decreto 1336/2011 que regula las bases comunes del contrato territorial se espera mayor coherencia, eficiencia y utilización en el uso de esta herramienta

Contratos de derecho privado

El texto contiene, en la parte general, las herramientas necesarias para que los estudiantes de un curso de contratos, y los demás operadores jurídicos, puedan abordar el análisis de cualquiera de las figuras, típicas o atípicas, que se admiten en el ordenamiento jurídico colombiano. En la segunda parte, siempre con fundamento en la primera, se aborda el estudio de seis contratos, relacionados todos con la figura jurídica de la representación: el Mandato, civil y comercial, la Comisión, la Preposición, la Agencia Comercial, el Corretaje y la Consignación o Contrato Estimatorio. El texto, tanto en la parte general como en la parte especial, se ha estructurado con fundamento en la legislación colombiana, teniendo en cuenta el contenido temático de los cursos de Contratos de las diferentes Facultades de Derecho y desde la experiencia docente del autor.

La exigibilidad del control de convencionalidad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el principio de subsidiariedad en el ordenamiento jurídico colombiano

92 p.

O contrato de factoring: caracterização, regime jurídico e análise de questões práticas

Na presente dissertação, conforme resulta do título, propomos investigar sobre a forma como o contrato de factoring se manifesta no nosso ordenamento jurídico, visto tratar-se de uma figura jurídica com uma enorme importância para a obtenção da liquidez da tesouraria, principalmente para as Pequenas e Médias Empresas (PME). Para obtermos o resultado pretendido, iremos realizar a nossa investigação com recurso à doutrina mais relevante, ainda que seja parca em sintonia com o caráter recente da figura, à legislação nacional aplicável ao contrato de factoring, bem como à análise jurisprudencial. Portanto, tendo em conta a escassez de fontes sobre a matéria em questão e as lacunas existentes na lei sobre esta matéria, propomos dar o nosso contributo para fomentar o estudo da figura em análise, visto que está em causa um dos produtos financeiros que muito tem contribuído para o aumento do Produto Interno Bruto (PIB). Para o efeito, procuraremos caracterizar esta figura contratual de cariz financeiro, com origens além-fronteiras, olhando para a sua génese histórica, analisando as suas diversas modalidades e comparando-a com as figuras afins, para depois nos focarmos no seu regime jurídico e refletirmos sobre algumas questões levantadas por este contrato no domínio insolvencial, tributário e internacional.