908 resultados para Evaluación de políticas


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El sistema de salud de Costa Rica se vio afectado por la crisis  económica que atravesó el país a finales de los setenta y principios de los ochenta, lo cual implicó una reforma basada en las políticas promovidas por el Consenso de Washington tomando en cuenta las particularidades históricas y sociales que tenía el país. De esta  manera, la reforma pasó por dos fases: una, en los ochentas, caracterizada por los esfuerzos de estabilización financiera que buscaban evitar la quiebra del sistema de seguridad social, pero sin provocar un deterioro en los positivos pero frágiles avances hacia launiversalidad de los años anteriores. Y otra, que se inicia en los noventa, más bien enfocada a la reforma propiamente dicha del  sistema de salud, buscando adecuarlo a las nuevas realidades del entorno pero, de nuevo, sin sacrificar la visión original de un  sistema de salud que buscaba ser integral.

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El texto que aquí se presenta es el resultado del trabajo llevado a cabo por el Grupo de Investigación sobre Análisis y Evaluación de Políticas de Cooperación al Desarrollo del Instituto Hegoa (UPV/EHU). El punto de partida del mismo es la preocupación por la todavía escasa fundamentación teórica de la cooperación descentralizada, pese a la importancia adquirida por la misma en algunos casos como el español. Desde esas premisas, se presenta un marco de referencia para el examen de dicha cooperación descentralizada, en base al cual se plantea asimismo un sistema de indicadores que pueda facilitar los procesos de análisis y evaluación de las políticas puestas en marcha en este ámbito.

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La cooperación Internacional para el desarrollo ha jugado un papel determinante en las dinámicas de desarrollo de los países de África, sin embargo, las organizaciones internacionales que la promocionan tienen el riesgo de ser sesgadas por influencias de Estados que patrocinan la Cooperación Internacional, hecho que genera, irremediablemente, injerencia política; esto se puede ver reflejado en la ECOWAS y sus programas energéticos.

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Este libro es el resultado del compromiso de la Asociación Colombiana de Universidades, (ASCUN), desde su mesa de Políticas Culturales que lidera la Universidad del Rosario y de las Instituciones de Educación Superior que la integran, con la construcción participativa y consensuada de una política cultural para las Universidades del Distrito Capital. Esta publicación registra los enfoques y posiciones de los expertos académicos que participaron en el foro "¿Por qué una Política Cultural en las Universidades", realizado el 8 de septiembre de 2009. De igual forma se pretende establecer unos lineamientos políticos que sirvan de apoyo a la gestión cultural que se realiza en las universidades e invitar al mayor número de instituciones a que se unan al trabajo que se adelanta desde dicha mesa. La Universidad tiene el carácter de creación cultural y, como lo señala Germán Rey, es uno de los "diversos lugares sociales para la construcción, para el debate social, para la gestión y para la evaluación de las Políticas Culturales".

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Monográfico con el título: 'Evaluación de políticas educativas'. Resumen basado en el de la publicación

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Monográfico con el título: 'Evaluación de políticas educativas'. Resumen basado en el de la publicación

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Monográfico con el título: 'Evaluación de políticas educativas'. Resumen basado en el de la publicación

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This paper identifies relevant criteria for evaluation of participatory budgeting and participatory institutions that are currently adopted by governments of both Brazil and elsewhere, highlighting the importance of a comprehensive assessment that integrates all these criteria. Finally, it is recommended to pay special attention to assessing the desirability of these institutions, which are not always positively for theories on democracy

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Ante la severidad de la pobreza imperante en América Latina, los mandatarios de los países de la región, en una reunión en el año 2000 (Cumbre del Milenio) organizada por las Naciones Unidas,acordaron como prioridad inmediata la reducción de la pobreza extrema a nivel mundial. El gobierno del presidente Abel ha sido parte de este compromiso dando prioridad al combate a la pobreza mediante sus “políticas sociales”, por ello pretendemos en nuestro trabajo realizar una evaluación de la estrategia propuesta por el mismo, con el fin de ver si se han cumplido o no los objetivos y las metas propuestas en el “Plan Nacional de Desarrollo” y “Plan Vida Nueva”.

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La dotación de vivienda a los habitantes de un país es uno de los principales medios por los cuales los gobernantes tratan de mejorar el bienestar social. Por medio de ello se garantiza a los ciudadanos una vida más digna y segura, a la vez que se crean  encadenamientos sociales y productivos que mejoran, directa e indirectamente, el bienestar general de la sociedad. Dentro de losencadenamientos sociales se puede nombrar: mayor belleza urbana, disminución de robo y delincuencia, disminución de personas desahuciadas, entre otros. Por ejemplo, el hecho de poseer casa propia y en condiciones dignas, abre un gran número de posibilidades y  portunidades a las personas, pudiendo con ello optar por mejores puestos de trabajo.

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La educación y el conocimiento son elementos fundamentales del desarrollo económico y social de un país. A través de ellos se pueden crear oportunidades de movilidad y ascenso social, además tiene la capacidad de forjar ciudadanos, construir ciudadanía y consolidar la democracia, así como atender los requerimientos productivos actuales y futuros, tanto en el contexto nacional como internacional.

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Podría afirmarse que en los últimos años prácticamente todas las propuestas de reforma penal que han salido del despacho de un ministro de justicia se han centrado en el endurecimiento de la ley. Habiendo alcanzado ya los límites de la cadena perpetua, podría pensarse que esta dinámica puede estar llegando al final de un callejón que en la actualidad no tiene salida conocida para nuestros gobernantes. Sin embargo, aún queda recorrido en la línea actual: prisión perpetua no revisable, medidas de seguridad postdelictuales, penas infamantes, penas corporales, etc., y, además, la evolución de la política criminal comparada nos proporciona ejemplos de otros ámbitos a los que acudir para buscar nuevas formas de punición. A pesar de ello, la doctrina penal y criminológica no ha sido capaz de ofrecer alternativas convincentes para el poder político en esta reciente era punitivista que culmina con la reinstauración expresa de la cadena perpetua, lo que indica que tal vez haya que afrontar el futuro con una estrategia diferente. En el ámbito académico y profesional relacionados con la política criminal, ya se empiezan a ver indicios de esta nueva estrategia, como el papel jugado recientemente por algunos de ellos como grupo de presión experto. A mi juicio, a estas labores de presión externa han de añadirse otras que incidan, no solo en los contenidos de la política criminal, algo fundamental, sino también en el continente. En tal línea se enmarca este trabajo, en el que pretendo discutir en parte cómo se aborda la política criminal en nuestro país pero, sobre todo, cómo podría hacerse de una forma que, previsiblemente, pudiera dar unos resultados mejores. Mi objetivo es llegar en ello a cierto nivel de detalle, proponiendo quién debería hacerlo, cuándo y de qué manera. Defenderé la idoneidad que, en mi opinión, tienen los conocimientos relacionados con la evaluación para la mejora de la política criminal. Resulta cada vez más evidente que los aspectos jurídicos de la política criminal pueden beneficiarse profundamente de otros conocimientos y no es casualidad que, en nuestro país, algunos de los académicos interesados en esta materia hayan dado firmes pasos para adentrarse en disciplinas más o menos alejadas del Derecho, como la Economía, la Criminología o la Ciencia Política. Efectivamente, el estudio de las decisiones públicas que rigen la creación de políticas penales requiere de una aproximación holística, única forma de comprender las dinámicas que las condicionan. Se puede optar por atender aspectos específicos, como el estudio de los actores que participan en las políticas, por ejemplo, pero sin el conocimiento de otras fases previas y posteriores o de las competencias de los diferentes órganos e instituciones públicas que participan en el proceso, difícilmente se podrán interpretar correctamente los hallazgos. Este trabajo pretende contribuir a completar un mapa que nos permita a entender y manejar mejor las dinámicas que gobiernan la política criminal española, para lo cual propondré reformas específicas gracias a las cuales las instituciones de nuestro país estarían, creo, en una mejor posición para afrontar los retos de naturaleza criminal.