1000 resultados para Estado e Sociedad


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Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

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Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

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El objetivo es analizar algunos de los factores por los cuales los diálogos Sur. Sur no logran articular una posición común frente al Norte, partiendo de la hipótesis de que dichos factores son los múltiples intereses particulares de tipo económico por parte de los países del G 77

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El Estado como institución político-jurídica, así como las estructuras de poder y organización social, han sufrido grandes transformaciones en el mundo contemporáneo, producto de discusiones y tendencias como la globalización, la reconfiguración de la legitimidad de las instituciones burocráticas, el establecimiento de estándares, políticas y prácticas de calidad internacional, el impacto de las crisis de la hacienda pública, entre otros factores que influenciaron la creciente intervención de los particulares y sus mecanismos de regulación en la gestión de los asuntos públicos. El Estado Colombiano no ha sido ajeno a tales situaciones, y la creciente injerencia del sector privado en lo público, se ha visto representada en la expedición del régimen legal de las Asociaciones Público Privadas (Ley 1508 de 2012), en virtud del cual los particulares estructuran, ejecutan y desarrollan proyectos conjugando el ánimo de lucro con la promoción del interés general. De conformidad con lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo sistematizar y analizar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el régimen de las Asociaciones Público Privadas, así como abordar reflexiones sobre la transformación del Estado y el papel de los particulares en el ámbito de lo público.

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La Fundaci??n Europea Sociedad y Educaci??n, a trav??s de su Instituto de Estudios Educativos y Sociales, organiz?? en julio de 2004 un curso de la Universidad Complutense en El Escorial. Esta obra recoge las conferencias pronunciadas en este curso titulado Educaci??n, diferencias e identidades en las sociedades democr??ticas. Aproximaci??n al tema desde una educaci??n en libertad. En total se impartieron doce conferencias agrupadas en seis ??mbitos tem??ticos: la educaci??n en democracia; diferencias y similitudes en los sistemas educativos europeos; el marco constitucional europeo del derecho a la educaci??n; estado y sociedad ante la educaci??n obligatoria; ciudadan??a, pluralismo y cohesi??n social; y la financiaci??n de la educaci??n.

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Reflexión sobre cuáles deben ser las relaciones de la Iglesia y el catolicismo con la sociedad civil y cómo armonizarlo en el plano espiritual y temporal. Se analizan las relaciones entre Iglesia y Estado , el concepto de democracia y sus variedades, las reglas de gobierno de cada sociedad, el derecho y la moral, y otros sistemas sociales incompatibles con la Iglesia, como el liberalismo que se considera una forma de escepticismo.

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El noventa y ocho es la culminación de una situación crítica que España venía arrastrando desde hace años atrás. Fue el elemento que logra concienciar a España de que existe crisis y es necesaria una renovación y emprender una nueva etapa. Pero junto a este pesimismo existe una concentración de toda una pléyade de figuras relevantes que han hecho hablar de una Segunda Edad de Oro o más concretamente, de una Edad de Plata de la cultura española. Lo que traduce la existencia de dos Españas: una vital y otra oficial. La España vital obstaculizada por la España oficial, no tenía entonces sitio en la historia ni posibilidad de acceder a ese saber que sólo algunos conocían. Joaquín Costa, con su regeneracionismo, plantea la modernización de España a través de la educación y de que el estado se ponga a la altura de Europa. En cuanto a modernidad se tiene la seguridad de que el alejamiento de España de Europa es lo que ha motivado y ha impedido la modernización de España y la realización de esos importantes signos de modernidad que fueron la revolución burguesa y la revolución industrial. Esta separación explica que a España no el fueran las cosas tan bien como a otros países de su entorno que dieron respuestas a los retos que presidieron el desarrollo económico, el cambio social y la relación entre estado y sociedad. Tras el desastre pareció que nada cambiaba en nuestra sociedad; no hubo quiebras legales, ni políticas; la monarquía no sufrió quebranto alguno, el Congreso y Senado siguieron funcionando; no hubo revolución, ni golpe de Estado. Este fue el problema del noventa y ocho; Esta inanidad se prolongó a grandes rasgos hasta 1931 contribuyendo a la deslegitimación de un régimen a cuya permanencia ni siquiera ayudó la dictadura de Primo de Rivera y el protagonismo militar. El noventa y ocho trajo consigo la remoción de las actitudes y de las conciencias a las que puso frente al debate de España y su modernidad. Un debate del que la educación formaba parte esencial y en el que al estado correspondió un papel protagonista.

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Incluye Bibliografía

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Contrario a lo postulado en foros y debates, el estudio hipotetiza que, al menos para el caso de Chile, el quiebre institucional del régimen democrático se debe fundamentalmente a la pérdida de los consensos básicos entre los civiles respecto a cómo debe organizarse el Estado, la sociedad, la economía, la política y las relaciones entre tales sub-sistemas.

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La idea del marketing público se genera durante el siglo XX estableciendo un intercambio entre Estado y Sociedad. La Administración Pública diseña programas, bienes y servicios, como contraparte, los ciudadanos ofrecen apoyos mediante impuestos y costos de desplazamiento, tiempo y oportunidad. El marketing universitario, propone un intercambio entre las universidades y los alumnos para satisfacer las demandas de conocimiento y formación técnica-profesional. La problemática abordada en esta propuesta es la satisfacción de necesidades públicas a través del marketing público y, en este contexto, el marketing universitario y las demandas de conocimiento de la sociedad.

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El mundo actual con su impronta neoliberal legitima (naturalizando la pérdida de protecciones y las desigualdades) nuevos modelos de ciudadanías restringidos (Svampa, 2005) cuyo sustento, a la vez, está dado por nuevas condiciones de acceso a bienes y servicios sociales básicos según la lógica de mercado. Estas últimas, también naturalizadas, responsabilizan a los sujetos en cuanto a las condiciones de posibilidad de acceso, no-acceso a tales bienes. Generando, además, nuevas necesidades que redefinen los límites de la inclusión/exclusión. En relación a dicha dicotomía, es a partir de la implementación del modelo neoliberal, que la cuestión social de la seguridad-inseguridad pasa a hegemonizar la relación entre Estado y sociedad. Ante esto, se establece una distinción entre ciudadanos- consumidores y no-ciudadanos-delincuentes-enemigos. (Daroqui, 2009) En este marco, se implementan, predominantemente, políticas públicas preventivas/de riesgo/de control desde la lógica estigmatizante de la ?minoridad?(los excluidos), financiadas por organismos internacionales. Así, desde una perspectiva de DD.HH., nos centraremos en el análisis de éstas políticas impulsadas en Latinoamérica y específicamente en Argentina; teniendo en cuenta que, las juventudes se han convertido en un colectivo en situación de vulnerabilidad social. Del mismo modo analizaremos y cuestionaremos el concepto de ciudadanía e intentaremos poner en discusión nuevos modos de entenderla

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El trabajo estudia, de modo comparado, dos proyectos para la agricultura brasileña, elaborados por dos de las sociedades que representaron a los agrónomos entre 1930 y 1961: la Sociedad Brasileña de Agronomía (SBA) y la Sociedad Paulista de Agronomía (SPA). El análisis de los periódicos de estas agremiaciones ofrece información sobre las principales gestiones, reivindicaciones y prácticas emprendidas por cada una de ellas. También brinda elementos para reconstruir la acción de sus cuadros dirigentes, la cual se considera aquí como instrumento y vehículo representativo de los distintos proyectos. Mientras los dirigentes de la SBA - simultáneamente diplomados por la Escuela Nacional de Agronomía, funcionarios del Ministerio de Agricultura y directores de la Sociedad Nacional de Agricultura - defendían el incentivo estatal a la diversificación productiva y la promoción gubernamental de nuevos productos agrícolas orientados a la exportación, los agrónomos de la SPA, más directamente articulados con la gran burguesía industrial paulista, proponían claramente, ya en la década de 1940, la industrialización de la agricultura brasileña, mediante la propaganda de insumos industriales agrícolas y la implantación de la industria de tractores en el país.

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El trabajo estudia, de modo comparado, dos proyectos para la agricultura brasileña, elaborados por dos de las sociedades que representaron a los agrónomos entre 1930 y 1961: la Sociedad Brasileña de Agronomía (SBA) y la Sociedad Paulista de Agronomía (SPA). El análisis de los periódicos de estas agremiaciones ofrece información sobre las principales gestiones, reivindicaciones y prácticas emprendidas por cada una de ellas. También brinda elementos para reconstruir la acción de sus cuadros dirigentes, la cual se considera aquí como instrumento y vehículo representativo de los distintos proyectos. Mientras los dirigentes de la SBA - simultáneamente diplomados por la Escuela Nacional de Agronomía, funcionarios del Ministerio de Agricultura y directores de la Sociedad Nacional de Agricultura - defendían el incentivo estatal a la diversificación productiva y la promoción gubernamental de nuevos productos agrícolas orientados a la exportación, los agrónomos de la SPA, más directamente articulados con la gran burguesía industrial paulista, proponían claramente, ya en la década de 1940, la industrialización de la agricultura brasileña, mediante la propaganda de insumos industriales agrícolas y la implantación de la industria de tractores en el país.

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El mundo actual con su impronta neoliberal legitima (naturalizando la pérdida de protecciones y las desigualdades) nuevos modelos de ciudadanías restringidos (Svampa, 2005) cuyo sustento, a la vez, está dado por nuevas condiciones de acceso a bienes y servicios sociales básicos según la lógica de mercado. Estas últimas, también naturalizadas, responsabilizan a los sujetos en cuanto a las condiciones de posibilidad de acceso, no-acceso a tales bienes. Generando, además, nuevas necesidades que redefinen los límites de la inclusión/exclusión. En relación a dicha dicotomía, es a partir de la implementación del modelo neoliberal, que la cuestión social de la seguridad-inseguridad pasa a hegemonizar la relación entre Estado y sociedad. Ante esto, se establece una distinción entre ciudadanos- consumidores y no-ciudadanos-delincuentes-enemigos. (Daroqui, 2009) En este marco, se implementan, predominantemente, políticas públicas preventivas/de riesgo/de control desde la lógica estigmatizante de la ?minoridad?(los excluidos), financiadas por organismos internacionales. Así, desde una perspectiva de DD.HH., nos centraremos en el análisis de éstas políticas impulsadas en Latinoamérica y específicamente en Argentina; teniendo en cuenta que, las juventudes se han convertido en un colectivo en situación de vulnerabilidad social. Del mismo modo analizaremos y cuestionaremos el concepto de ciudadanía e intentaremos poner en discusión nuevos modos de entenderla