1000 resultados para Economía y política


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Fil: Codaro, Laura. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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En este trabajo se presentan las metodologías docentes y, de forma específica, los sistemas de evaluación que se han aplicado en asignaturas de Política Económica durante el curso 2011-2012 por los miembros de la red en titulaciones de Economía, ADE y DADE de la Universidad de Alicante. Los resultados obtenidos con las metodologías utilizadas en este curso han servido de base para el diseño de herramientas de evaluación que serán utilizadas a partir del curso 2012-2013 en las titulaciones de grado que incluyen asignaturas de Política Económica. Del análisis de los resultados obtenidos se observa cómo la evaluación continua favorece una mayor regularidad en la asistencia de los alumnos tanto a las clases teórico-prácticas como a los exámenes. La aplicación de metodologías basadas en la cooperación entre alumnos mejora los resultados globales del aprendizaje. La existencia de diferentes metodologías permite analizar qué herramientas son las más adecuadas en función del perfil del alumno. Éste varía en función de la titulación elegida y, aunque los contenidos son similares, existe la posibilidad de adaptar las metodologías docentes a dichos perfiles para que el alumno maximice las habilidades y competencias incluidas en las guías docentes.

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La creciente literatura sobre el “giro a la izquierda” en América Latina ha dejado en un llamativo descuido el tratamiento de los factores políticos involucrados en la política económica de los gobiernos de la así llamada Nueva Izquierda latinoamericana. En este proyecto, sobre la base y la crítica de los escasos estudios sobre la temática, nos proponemos abordar la economía política de aquellos gobiernos a partir de una estrategia comparativa de tres casos que consideramos paradigmáticos: Chile, Argentina y Bolivia. Apoyándonos analíticamente en las nociones de coaliciones y de manejo de coaliciones, desarrollamos las hipótesis de que: 1) los gobiernos de la Nueva Izquierda responden a tres tipos diferentes según las características originales de su coalición de apoyo; 2) que los gobiernos tienden a implementar políticas económico-sociales compatibles con estas características cuya “cara izquierda” puede ser incompleta si tales características así lo exigen, y 3) que el mantenimiento, los cambios y eventual crisis de estas políticas se relaciona con los desequilibrios propios de cada tipo de gobierno y el intento de reequilibrio por parte de este a través del manejo -decisiones económicas y políticas orientadas a producir redistribuciones de recursos y a incentivar la continuidad o cambio de comportamientos económicos y políticos, respectivamente- de su coalición de apoyo. Con la guía de estas hipótesis procedemos, siguiendo la estrategia de process tracing, a la especificación de los mecanismos involucrados en los procesos de cada caso seleccionado con el fin de avanzar en el desarrollo de una teoría tipológica.

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En el contexto de profundización democrática de los últimos 30 años en América Latina, adquieren cada vez mayor relevancia las instituciones políticas de la democracia. Entre estas, las elecciones periódicas y libres tienen una importancia crucial como mecanismo agregador de las preferencias individuales y como mecanismo disciplinador de los representantes electos (mecanismo de accountability). El financiamiento de campañas electorales puede, sin embargo, introducir distorsiones significativas que tengan efectos sobre quienes efectivamente resultan electos y sobre el grado de competencia electoral efectivo. Intereses especiales y sectoriales juegan un rol clave en este proceso por cuanto sus motivaciones para contribuir a las campañas partidarias frecuentemente son lobbísticas y no ideológicas. De este modo, la elección de políticas por parte de los representantes electos puede estar condicionada a los intereses sectoriales y no reflejar los intereses generales, generando y/o profundizando asimetrías socio-económicas. El objetivo general de esta investigación es contribuir al estudio teórico y empírico de la relación entre dinero y política en el caso de Argentina. Más concretamente, se investiga la relación entre el financiamiento de campañas, los resultados electorales y la elección de políticas para el período 2003-2011. Estudiar estas relaciones involucra examinar los efectos políticos --resultados electorales- y económicos --elección de políticas- asociados. Utilizando una novedosa base de micro-datos, podemos analizar estas relaciones y adicionalmente las implicancias que los cambios en el diseño institucional poseen sobre aquellas variables. Finalmente, se avanzará en la construcción de modelos que tengan en cuenta la interdependencia entre las variables. Este proyecto constituye el primer intento de abordar la relación entre el dinero y la política a través del estudio del financiamiento de campañas electorales desde un enfoque teórico-empírico exhaustivo. Las contribuciones originales previstas son: la formulación de un modelo teórico de economía-política que intenta explicar las relaciones y los canales entre el financiamiento de campañas políticas, los resultados electorales y la elección de políticas; el estudio de la relación empírica entre estas tres variables nterdependientes usando una base de datos única en su tipo; un avance en relación al impacto de las reformas institucionales sobre los resultados políticos y económicos.

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En la filosofía política pueden distinguirse dos grandes corrientes de pensamiento que son las teorías liberales, humanistas, y la Real Politik a la que podemos calificar de antihumanista. De esta última y, particularmente, del trabajo de Carl Schmitt, ha surgido el concepto de excepción para designar el elemento constituyente de la comunidad política, que resulta ser solidario del concepto de lo político como relación amigo-enemigo. En este trabajo se busca articular el concepto de excepción a los desarrollos de la teoría psicoanalítica del sujeto en tanto que determinado por el significante y, haciendo alusión a la falta estructural que define la cadena significante, se mostrará cómo lo político se constituye en relación con lo imposible y con el carácter de excepción que tiene el sujeto, en tanto en cuanto éste existe en el síntoma que lo separa de la comunidad política al tiempo que es resorte del lazo social. Con estos elementos de fondo, se adelantará una crítica al concepto de lo político que ha desarrollado el liberalismo, para lo cual se abordarán algunos representantes del pensamiento liberal que exponen los conceptos que definen a esa corriente de la filosofía política.

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

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Este documento busca dar respuestas a los interrogantes que surgen una década después de definida la Ley 388 de Ordenamiento Territorial y el desarrollo de los programas de vivienda de interés social a nivel de las entidades territoriales. En Colombia, el proceso de descentralización ha sido visible en sectores como educación y salud, sin embargo, la vivienda no ha tenido un desempeño continuo que permita dar cuenta de la descentralización en vivienda. Esto teniendo en cuenta que aspectos como el mercado, el suelo y la voluntad política son decisivos para profundizar en este aspecto.

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Los procesos de integración económica han puesto en evidencia que la separación tradicionalmente hecha entre las políticas comercial y de competencia no sólo es ficticia, sino que mantenerla es simplemente contradictorio con la realidad de la economía internacional. En la medida en que los mercados domésticos se han abierto al comercio internacional, se ha considerado que las políticas de competencia pueden hacerse redundantes, ya que la competencia extranjera tiende a garantizar que dichos mercados tienen un nivel adecuado de contestabilidad. Sin embargo, como se muestra en este documento para el caso del sector agrícola, en estas circunstancias, la política de competencia adquiere un nuevo e importante papel que cumplir. Acá se discute la relación general entre el sector agrícola y la política de competencia, en un contexto de relativa liberalización comercial. Se sostiene que es necesario aplicar la política de competencia al sector, ya que esto garantiza las mejores condiciones posibles para incentivar los procesos de cambio tecnológico, indispensables para desarrollar una agricultura dinámica. Igualmente, se afirma que es indispensable una aplicación rigurosa de la política de competencia que, teniendo en cuenta las particularidades de la estructura de mercado de los sectores vinculados a la agricultura hacia adelante y hacia atrás, garantice que el más competitivo sector agrícola no sea sujeto de prácticas anticompetitivas por otros agentes. Esto puede incluir la instauración de algunas excepciones puntuales para el sector, con relación a la política de competencia,

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El enfoque de la sociología política facilita el análisis del potencial y las limitaciones educativas que contribuyen al desarrollo de los países de Latinoamérica. Pero primero deberíamos analizar el papel del estado a la hora de determinar le tipo de desarrollo que tendrá lugar y quienes se verían beneficiados por dicha política social. En Latinoamérica el estado está condicionado por las políticas neoliberales a excepción de Cuba, tanto sociales como económicas, que siguen los países de la región con el fin de tener acceso al capital y a los mercados internacionales. Actualmente los organismos de ayuda internacional, los gobiernos nacionales y las demás organizaciones, reconocen la necesidad de alcanzar un consenso respecto a un modelo de desarrollo nacional y un nuevo sistema educativo. Llegar a este acuerdo es vital si es que los sistemas educativos han de desempeñar su papel de preparar a los individuos para que ejerzan sus derechos ciudadanos dentro de una democracia y proporcionarles los conocimientos y técnicas adecuadas para contribuir a lograr un desarrollo económico sostenido que beneficie a todos. Pero es poco probable llegar a este consenso si en educación previamente no se ha logrado un acuerdo nacional sobre el modelo económico de desarrollo Este, debería preservar las autonomías y soberanía de cada país para desarrollar la política económica y social que aconseje su historia y su dinamismo socio-cultural. Es más se debe interesar por sectores informales de la economía, los llamados sectores pobres, y proporcionarles empleo a casi la mitad de la masa laboral en muchos países de América Latina.

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Se pretende conocer a fondo un territorio concreto de Castilla y León perteneciente a la provincia de Burgos, La Bureba, en los años de las Restauración en el ámbito de la política, la economía y la enseñanza. Para la realización de la investigación se manejan distintos paradigmas, en los que se utilizan técnicas correlaciónales, descriptivas, comparativas y experimentales propias del método cuantitativo del paradigma positivista. El método cualitativo se utiliza a través del paradigma interpretativo, y la reflexión sobre el contexto histórico-social perteneciente al paradigma crítico. Se ha obtenido información de bibliotecas y archivos municipales de Burgos y La Bureba, donde se han hallado libros, manuscritos, actas, prensa y legajos, pasando por registros procedentes de la Cámara de Comercio, Cámara Agraria o Arzobispado y hasta de las bibliotecas virtuales Cervantes y Dialnet Unirioja. Se han utilizado fuentes secundarias orales, entrevistando o manteniendo conversaciones con personas mayores de la zona, hijos e hijas de los protagonistas que han acercado al tejido social, humano, educativo y productivo de La Restauración desde una óptica Subjetiva. A través de la investigación se puede afirmar que en el periodo de la Restauración en la provincia de Burgos y concretamente en La Bureba, se encuentra en fase depresiva, de atraso con respecto al resto de los territorios que conforman España. Los sectores que se hallan en condiciones de intervenir en innovación y abrir nuevas vías para el desarrollo económico se retraen, salvaguardando una forma de vida cómoda y decadente cuyos resultados son una cultura burguesa dominante, amparada y propiciada por la iglesia, la milicia y la burocracia, y una emigración rural masiva que no encuentra las ventajas de la industrialización y el desarrollo económico. La vida política es un rápido suceder de acontecimientos, a los que la sociedad burgalesa responde con la inmutabilidad parlamentaria: las mismas familias que acumulan poder económico, ostenta los cargos disponibles para la provincia, haciendo suyo el realizar político y teniendo en sus manos el devenir de la cultura y la educación. La educación no se desarrolla como hubiera sido de esperar ante los elevados índices de escolaridad, ya que el abandono de la escuela en edades tempranas se hace necesario para la mayoría de las familias, de ahí los intentos de llevar a cabo una instrucción de adultos. El salario de los maestros es tan bajo que apenas les permite sobrevivir hasta 1901 donde el Conde Romanones siendo Ministro de Instrucción Pública los incluye en los Presupuestos Generales del Estado, lo que viene a aliviar y dignificar la situación de estos profesionales.

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Establecer una nueva consideración de las leyes de instrucción, al situarlas entre su reconocimiento constitucional y las leyes de libertad de imprenta, pilares fundamentales de un estado de derecho. Por otra parte, reconocer los medios de que se ha valido el Estado para conseguir el control ideológico de la sociedad, su evolución y repercusiones. Por último, destacar la escasez económica del estado para lograr sus objetivos: conseguir una instrucción general obligatoria, uniforme y gratuita. Las fuentes utilizadas para la elaboración de este trabajo han sido tres: en primer lugar, las Leyes, Decretos y Circulares aparecidas en la Gaceta de Madrid -actual Boletín Oficial del Estado-; en segundo lugar, las recopilaciones Legislativas de Alcubilla, a partir de 1868, y las de Aranzadi, desde 1930; por último, los anuarios editados por los Ministerios correspondientes, como pueden ser los de Gobernación y Fomento, Corporaciones Locales o Comunidades Autónomas. Conceptos relacionados con la enseñanza, tales como general, uniforme, gratuita, escuela pública y escuela privada, con previa o sin previa censura y religión, formarán un todo interrelacionado a partir de la Constitución de 1812 y de su Ley de Instrucción, siendo habituales en las Constituciones posteriores y en las Leyes de Instrucción y de libertad de expresión. La relación entre nación e Instrucción ha sido tan estrecha en las Constituciones y Leyes de Instrucción que los fines de la educación coincidían con los del engrandecimiento y progreso de esa misma nación. El término uniforme, referido a la enseñanza, se encuentra en todo momento hasta nuestros días, excepto en la legislación de 1869. La relación de la edad y los niveles educativos ha estado más supeditada a la economía y a la edad laboral que a la atención y consideración del ritmo desigual de aprendizaje de los niños.

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El artículo es un análisis de la crisis económica que mira hacia sus efectos sobre las relaciones de clase social. Se comprueba que la desigualdad ha crecido de manera importante en Norte América y Gran Bretaña en la época neoliberal, y se sugiere que, desde la perspectiva del consenso político actual, la tendencia se agudiza. El posible efecto sobre el orden social poscrisis y su impacto sobre la política, están en discusión.

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