Términos económicos y sociales de la Lista Común de Descriptores de la OCDE y su traducción al español = Economic and social terms in the OECD Aligned List of Descriptors and their translation into Spanish

Incluye Bibliografía

Efectos económicos y sociales del huracán César sobre el desarrollo de Nicaragua en 1996

Incluye Bibliografía

Cambio demográfico y desafíos económicos y sociales en el Uruguay del siglo XXI

Los avances en el proceso de desarrollo del Uruguay en las últimas décadas se manifiestan en diversas dimensiones, entre ellas, la caída de la mortalidad y el descenso de la fecundidad, que reflejan la creciente capacidad de los uruguayos de decidir sobre el tamaño de sus familias. Estos cambios afectan la estructura etaria de la población. El Uruguay atraviesa un proceso de envejecimiento poblacional, que continuará en los próximos años y que motiva las reflexiones contenidas en este libro. Estas tendencias demográficas son una buena noticia ya que el envejecimiento de la población uruguaya es un potente indicador de desarrollo. Pero no podemos desconocer que un cambio de tal magnitud plantea importantes desafíos en diversas dimensiones: en el largo plazo —con el horizonte de 2100— la proporción de la población en edades activas caerá, lo que tendrá diversos impactos sobre el mercado de trabajo y las cuentas públicas. En este libro se exploran los efectos potenciales del cambio demográfico sobre la protección social, las demandas de servicios de salud y educación, el funcionamiento del mercado de trabajo y la dinámica macroeconómica, considerando los cambios institucionales y normativos que serán necesarios para responder a esa nueva realidad.

Los derechos sociales en el marco de la política de defensa y seguridad democrática Colombia 2002-2006

Este trabajo obedece a un estudio conceptual que invita a la reflexión acerca de los contenidos de una verdadera política de Defensa y Seguridad Democrática y compone a su vez una invitación a su reformulación hacia el futuro, la cual debería ser enriquecida a partir de una discusión de carácter teórico, en donde se confrontaran las concepciones de Estado Social de Derecho y Seguridad Democrática, teniendo en cuenta las responsabilidades que tienen frente a los DESC, desde la perspectiva de su esencia y obligaciones de carácter nacional e internacional y del papel que debe desempeñar como política pública. En ningún momento ésta investigación debería entenderse como un estudio socio económico de la situación actual del país, ni mucho menos como una crítica ligera que busca un estado ideal nacional, el objetivo de la misma es el de sentar un precedente sobre la importancia y la mora en que se encontraría el Estado colombiano y la Política de Defensa y Seguridad Democrática, frente a los DESC, a partir del señalamiento de la situación de estos derechos en el ámbito colombiano, y que a partir de ello, surja una invitación a la reformulación de los objetivos de la misma política de manera tal que logre superar sus limitaciones y de la misma forma articularse con otras políticas nacionales. Es así, como este trabajo convida al lector a realizar un análisis sobre la importancia de los DESC en el marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática a partir del desarrollo de los tres objetivos de la presente monografía, en donde el primero intentará entender el modelo de Seguridad Democrática como una expresión de la Teoría Liberal, y su rol como política pública; la segunda fase busca establecer una relación entre el arquetipo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y el modelo de Seguridad Democrática, formulado a partir de la Comisión Sudamericana de Paz, el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana y de los Talleres del Milenio; finalmente la tercera fase versará sobre las razones por las cuales el Estado colombiano debería asumir, una posición más contundente como Estado Social de Derecho y actor internacional, frente a sus ciudadanos y la comunidad internacional.

Vigencia y garantía de los derechos colectivos y ambientales en 2009. Petróleo

La política petrolera privilegia los ingresos económicos y margina los derechos ambientales y sociales de la población en las zonas petroleras. Ilustra el análisis de la entrega de licencias que contravienen los derechos establecidos: contrato en el bloque 20 y la explotación en la costa ecuatoriana; a esto se suma los numerosos y graves casos de derrame de petróleo. El gobierno implementa un programa de reparación ambiental y social entre el Ministerio del Ambiente y Petroecuador, pero falta tomar decisiones fuertes para no ampliar más la frontera petrolera y para aplicar verdaderos procesos de reparación integral, tal como lo estipula la Constitución. Es urgente la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1040, que reglamenta la participación social, por ser inconstitucional.

Análisis y perspectivas del ejercicio de derechos colectivos en Ecuador

Analiza las restricciones en el contenido de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas y una limitación permanente y sistemática de su ejercicio, pese a la caracterización constitucional del Estado como plurinacional. Evidencia la ampliación de la frontera extractiva y las pretensiones de desarticulación del movimiento indígena y el irrespeto al ejercicio del derecho a su participación efectiva, con lo que se profundizan las condiciones de exclusión, discriminación y pobreza históricas.

Ejercicio de los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas en Ecuador durante el año 2012

Las tres ediciones anteriores del Informe de derechos humanos del Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) incluyeron artículos específicos sobre movilidad humana, los cuales profundizan en los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas. Estos tres artículos previos, identifican limitaciones recurrentes en el ejercicio de los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas que viven en Ecuador, las mismas que pueden sintetizarse en tres nudos críticos persistentes a los que se da seguimiento en 2012: a) Inadecuación de la normativa y la institucionalidad sobre movilidad humana a los principios y derechos constitucionales y de instrumentos internacionales; b) Prácticas de control migratorio que contradicen la prohibición de criminalización de la migración; y c) Discriminación en el ejercicio de derechos económicos y sociales y limitaciones en la integración de la población inmigrante y refugiada.