837 resultados para CONTRATOS ADMINISTRATIVOS


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Esta investigación consta de dos partes perfectamente delimitadas, la primera parte consiste en estudiar, analizar y proponer los conceptos sobre delegación y concesión de obra pública. Planteados los conceptos, se realiza una diferenciación entre lo que se denomina concesión como acto administrativo y concesión como contrato administrativo, se estudia la naturaleza jurídica del contrato de concesión y cuales son sus clases, para de esta manera determinar el objetivo y la forma de extinción de la concesión de obra pública. Finalmente se determinará cual es el marco jurídico del contrato de concesión de obra pública en nuestro país y la forma como el Estado a través de la Administración Pública y Seccional hace efectiva la contratación de la concesión, es decir, del proceso precontractual y contractual de las concesiones en el país. En la segunda parte de este trabajo se enmarca doctrinariamente, que es y como se aplica la teoría de la imprevisión. Se realiza así mismo una diferenciación de esta figura jurídica con otras como: renegociación contractual, teoría del Hecho Príncipe y Fuerza Mayor. Para de esta manera saber adecuadamente en que momento podemos aplicar cada una de estas figuras en los procesos contractuales administrativos. Está visión nos dará una nueva manera de solventar los imprevistos que puedan suceder al momento de contratar una concesión de obra pública.

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El propósito de este trabajo es entender cómo debe aplicarse la seguridad jurídica en la ejecución de los contratos de concesión otorgados a las operadoras de servicios de telefonía para no afectar a características ontológicas del derecho como el ius variandi y a otros valores jurídicos, debido a que considero existe una propensión a interpretar este valor “seguridad jurídica” como sinónimo de inmovilidad del Derecho, lo cual puede afectar otros valores como la justicia y el bien común, los que más bien deben realizarse en virtud de una eficiente aplicación de la seguridad jurídica. Para conseguir este propósito en los cuatro capítulos que conforman el presente documento, se identificará las corrientes de pensamiento que estudian los valores jurídicos y dentro de ellos la seguridad jurídica, se determinará la naturaleza de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telefonía en el Ecuador; se establecerá los efectos del quiebre de la seguridad jurídica en la ejecución de un contrato de concesión; y se estudiará la Confianza Legítima como principio que surge ligado a la materialización de la seguridad jurídica en un Estado Social de Derecho o Constitucional de Derechos, como el modelo actual del Ecuador. El trabajo de investigación se apoya en fuentes documentales provenientes de la doctrina, la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico histórico y vigente.

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Este trabajo tratará sobre el marco jurídico que rige la solución de conflictos de los contratos de concesión a partir de la expedición de la Ley de Modernización del Estado, la misma que trajo algunas innovaciones en materia de contratos administrativos. Analizaremos brevemente el proceso de modernización del Estado Ecuatoriano que avanza lentamente desde el año de 1993. Normas constitucionales, legales y reglamentarias, así como comentarios de valiosos tratadistas ecuatorianos sobre la “modernización” del estado ecuatoriano. Vamos a analizar el Contrato de Concesión desde la perspectiva doctrinal y legal, ya que es el contrato que más ha sido utilizado por el Estado ecuatoriano en los procesos de modernización, para la prestación de servicios públicos. En el desarrollo de este trabajo no se analizará el proceso de concesiones en materia petrolera, minera, telefónica o de cualquier otra índole de una manera específica. No es el objetivo de este trabajo entrar en detalle sobre éstas materias complejas, sujetas a un régimen jurídico propio. En cuanto a los conflictos que se han presentado, hay que analizar cuáles son los mecanismos de solución de controversias previstos en la legislación nacional, que generalmente han sido jurisdiccionales, existiendo una serie de cambios de la competencia para conocer de estos procesos entre las Cortes Superiores y los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, existe una reciente práctica para la solución no jurisdiccional de los conflictos de estos contratos, donde podemos destacar a la Mediación y a Arbitraje, que tienen su base normativa tanto en la Constitución como en la Ley especial de la materia, por lo que este trabajo analizará también la aplicabilidad de estos procedimientos para la solución de conflictos.

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En este trabajo se analizará el incumplimiento contractual dentro de la Contratación Pública , para lo cual se deberá tener claro lo que es un contrato, lo que es un contrato administrativo, los elementos y principios que rigen la contratación. Por último, centraré mi estudio en el tema principal de esta monografía, estableciendo lo que es el incumplimiento contractual, el incumplimiento del contratista y de la administración, para poder llegar a establecer por último la responsabilidad del Estado en el retardo de la entrega de la obra pública que se va a derivar del incumplimiento contractual.

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El capítulo VIII de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General trata sobre los procedimientos, requisitos y documentos a suscribir para la formalización de las modificaciones que en la ejecución del Contrato Administrativo deba realizarse, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual. Entre las causas principales para la modificación de los Contratos Administrativos, se encuentran entre otras, las producidas por fuerza mayor o caso fortuito, imprevistos de orden técnico, económico. Las cláusulas exorbitantes con que cuenta el Contrato Administrativo otorga a la Administración, entre otras, la potestad de modificar unilateralmente las condiciones del contrato, dar directivas a su contratista, declarar extinguido el contrato por sí y ante sí, imponer sanciones contractuales. Los documentos accesorios que los contratantes suscriben para dejar constancia de las modificaciones realizadas en el Contrato Administrativo principal, son los denominados contratos complementarios, órdenes de cambio y órdenes de trabajo, los cuales deben reunir ciertos procedimientos y requisitos normados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

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O estudo discute a repartição de riscos entre o setor público e o setor privado em contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/93. Na primeira parte, ressaltam-se os novos paradigmas do Estado e as evoluções do direito administrativo no Brasil. Na segunda parte, descreve-se o modelo tradicional de contratação pública no Brasil. Na terceira parte, discute-se a constitucionalidade da repartição objetiva de riscos em contratos administrativos. Na quarta parte, delineiam-se as diretrizes a serem seguidas pelo administrador público na repartição de riscos, segundo ditames de eficiência.

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O presente trabalho investiga os impactos das licitações do tipo menor preço, realizadas por meio de Pregão eletrônico, no desempenho das execuções dos contratos contínuos, efetivados pela Superintendência de Administração da AGU em Pernambuco - SAD/PE -, no período de 2006 a 2010. Teve como proposição a premissa de que a contratação do tipo menor preço pode, em função de suas próprias características, estimular uma redução excessiva nos preços ofertados pelos licitantes e originar contratações com valores muito baixos que interferem de forma negativa no desempenho da prestação dos serviços, gerando infrações contratuais e diminuindo a vida útil dos contratos contínuos. A aparente economia, consequência da acirrada competição nos leilões invertidos, que caracterizam a modalidade licitatória Pregão, em médio e longo prazo, pode ser questionada. Os resultados confirmaram a proposição, evidenciando um percentual de 55% dos contratos, oriundos de Pregão eletrônico, com infrações e 31%, rescindidos unilateralmente por descumprimento de cláusulas contratuais. Foi identificada uma relação, de força moderada, inversamente proporcional entre a economia inicial gerada na licitação e o tempo de execução dos contratos, sugerindo uma tendência no sentido de que - quanto maior a diferença entre o valor referencia e o contratado na licitação, menor o tempo de execução do contrato, pois, parte das contratações muito abaixo do preço de mercado, geraram contratos com pequena vida útil e com muitas infrações. As análises dos dados apontam para a necessidade de se relativizar a adoção da modalidade licitatória Pregão, repensando-se a sua indicação para serviços continuados

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Os contratos de infraestrutura, atualmente, são cada vez mais complexos, seja pelas estruturas de financiamentos, complexidade das obras ou ainda pela participação de inúmeros agentes na relação contratual. Para disciplinar essas relações, especialmente no tocante à alocação eficiente de riscos, foi trazida para nosso sistema contratual a cláusula cruzada de não indenizar. Essa ferramenta surgiu em relações de cooperação entre nações, enquanto que, no contexto de aplicação dos contratos complexos, essa ferramenta passou a ser utilizada em relações sinalagmáticas. Nesse estudo, serão avaliadas as características da cláusula cruzada de não indenizar frente a esse novo cenário de aplicação, especialmente considerando os efeitos de coligação contratual e a necessidade de preservação dos princípios gerais garantidos pelo Código Civil, bem como serão avaliados alguns modelos contratuais que comportariam essa cláusula e as possíveis consequências (positivas e negativas) de sua utilização.

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Esse estudo objetiva compreender como são tratados os problemas de agência nos contratos de gestão com as Organizações Sociais de Saúde pelo Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, realiza-se a revisão da literatura permitindo a construção da fundamentação teórica, referente à Nova Gestão Pública e ao paradigma pós-burocrático da contratação de parcerias pela esfera pública, identificando problemas na contratualização com foco nos problemas de agência. O contexto de estudo descreve, com base em pesquisa documental, o campo de análise da dissertação, a contratualização com Organizações Sociais pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. A análise dos resultados na perspectiva da teoria da agência, aplicada ao conteúdo do contrato de gestão e aos eventos do contexto de estudo, leva à conclusão de que a Secretaria de Saúde adota na delegação da gestão, de forma padronizada, salvaguardas contratuais que incorporam grande número de contingências, identificadas como problemas de agência, e exerce forte pressão como principal da relação, impondo custos de obrigação aos agentes e suportando custos de monitoramento e custos residuais. Privilegiam-se mecanismos de governança consistentes, apostando em sistemas de informação e no controle e acompanhamento permanente dos contratos por estrutura organizacional dedicada, com o monitoramento do comportamento para o alcance de resultado vinculado à remuneração do agente, sem a utilização de incentivos por recompensas. Não há uma substituição do clássico controle de meios pelo controle de fins, apregoado pela administração pública gerencial. Há, sim, um duplo controle, no qual a prestação de contas é uma obrigação e os resultados são um critério de avaliação para o repasse dos recursos e sustentabilidade da parceria, agregando qualidade ao gasto público.

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Este estudo objetiva comparar as estruturas internas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) organizadas para a execução do acompanhamento e controle de contratos de gestão firmados com parceiros privados para prestação de serviços de saúde no estado. As modalidades de contratação abordadas foram: “Gestão Compartilhada”, contratação entre a SES/RJ e empresa privada com base na Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e “Gestão por Organização Social de Saúde (OSS)”, contratação entre a SES/RJ e OSS com base na Lei Nº 6.043 de 19 de setembro de 2011. Visando o cumprimento do marco legal no que tange ao controle dos contratos de gestão, a SES/RJ reformulou estruturas internas, instituindo novas instâncias de acompanhamento de contratos. A premência na implantação dos novos mecanismos de gestão assistencial para atendimento às necessidades de saúde da população fluminense prejudicou a avaliação e possível mensuração de custos de transação. Não obstante os contratos de gestão produzam o bem público maior, qual seja a oferta de serviços de saúde de qualidade à população fluminense, há que se considerar que a eficiência é um princípio expresso na Emenda Constitucional nº 19 de 1998 e deve ser perseguida pela Administração Pública. À luz da Teoria de Custos de Transação, a hipótese deste trabalho é que o Poder Público pode incorrer em perdas desconhecidas com a estrutura de governança de contratos com OSS, se custos de transação não forem mensurados. Para avaliar a pertinência da suposição, é proposta comparação com a estrutura de governança de contratos de Gestão Compartilhada.

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Não é de hoje que o país assiste à descoberta de incontáveis casos de desvios de recursos públicos ou mesmo à má gestão de contratos de obra pública que ocasionam, além de grave prejuízo ao Erário, danos à sociedade, muitas vezes desprovida da utilidade que seria proporcionada pelo pactuado. Essas condutas normalmente são ensejadas por projetos de engenharia que podem ser considerados meras peças de ficção, pois não representam o esforço correto para a execução do bem que se deseja construir. A Lei nº 8.666/93 permite a licitação com base em projeto básico, o que, segundo a atual onda de pensamento brasileira, seja da doutrina, dos órgãos de controle, do Poder Legislativo e até mesmo da mídia, é, de fato, um sério problema a ser enfrentado, pois a sua contratação dá margem a aditivos, entendidos como os grandes vilões das obras públicas. Por isso, o Tribunal de Contas da União vem decidindo no sentido de fortemente restringir a possibilidade de alteração contratual e, além disso, tem capitaneado projetos no Congresso Nacional que visam praticamente à extinção da empreitada por preço unitário, espécie contratual na qual o risco do projeto, ainda sem as definições necessárias, acaba por ser assumido pela Administração contratante, responsável pela elaboração, e não pelo seu executor. Contudo, no caso de obras complexas de infraestrutura, deve-se perquirir se essa postura, que pretende acabar com a margem decisória do gestor público quanto à extensão da incompletude do projeto básico - e, portanto, do objeto do contrato -, merece ser repensada, não com vistas a possibilitar os recorrentes danos, mas no caminho de uma melhor programação das ações estatais. Isso porque nessas hipóteses, a busca por todas as informações necessárias para a confecção do projeto a ser ao final executado, no momento da elaboração do edital, ou é muito custosa ou simplesmente não é possível. Assim, seria mais eficiente a contratação integrada, prevista na Lei do Regime Diferenciado de Contratação, na qual o risco do projeto pode se alocado ao contratado. Ocorre que, como existem restrições, nem sempre é viável esse caminho. Nessa ordem de ideias, deve-se encontrar uma solução para que o tradicional contrato de obra pública supere os seus graves problemas de incentivos. A proposta do presente trabalho é a introdução de um procedimento de tomada de decisão transparente, que confira segurança jurídica e amplo conhecimento da sociedade, além de livre acesso aos órgãos de controle, a partir de critérios não apenas jurídicos, mas econômicos e técnicos.

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Partindo da premissa de que o estabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro inicial em contratos de concessão precisa se utilizar de teorias, conceitos e metodologias de outras ciências que não somente as ciências jurídicas, em especial das ciências econômicas e contábeis, a dissertação identifica as metodologias aplicáveis para a definição do conteúdo material da equação econômico-financeira inicial e as diferentes formas de quantificação dos limites e efeitos da verificação da ocorrência de riscos na alteração do equilíbrio econômico-financeiro original dos contratos de concessão.

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Simon Diaz BLH, XIV, 4507.