Les opinions séparées et leurs répercussions sur l’indépendance du juge international

Différents points de vue pour déterminer la portée du secret des délibérations dans certains tribunaux internationaux ont débouché sur le fait que les juges aient le droit de présenter des opinions séparées; alors que d’autres n’ont pas ce droit. En tenant compte du rôle et des objectifs des missions internationales, les juges devraient avoir le droit de présenter des opinions séparées, de la même façon que dans le système de common law et dans un grand nombre de tribunaux constitutionnels.Cependant, ces analogies ont joué un rôle marginal dans les travaux préparatoires du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale en 1920. D’autant que les Etats ne trouvaient pas  orrect qu’une opinión juridique d’un juge international soit condamnée a l’anonymat comme consequence du principe du secret des délibérations, ceci comme conséquenced’un «technicisme» relatif au fait que ladite opinion était contraire à la position majoritaire de la Cour au moment de voter le projet de la décision.Les règles générales de droit international public garantissent un pouvoir autonome au pouvoir judiciaire international. Selon les règles de procédure des tribunaux internationaux, les juges ont le droit de se prononcer avec une opinion séparée, même si ce droit ne se trouve pas typifié de façon expresse dans le Statut ou dans le traité constitutif de l’organisation. Cette règle est présumée à moins qu’il y ait eu une claire volonté des Etats dans le sens contraire.Le droit relatif aux opinions séparées peut être analysé sous la perspective des juges en tenant compte de leur droit à la liberté d’expression. En ce sens, un juge international peut avoir la liberté pour démontrer, de façon systématique, par le biais d’opinions séparées, les vides argumentatifs de la majorité, en évitant un style qui puissent être offensif envers ses collègues. Cette façon de s’exprimer est considéré inoffensive envers l’autorité judiciaire.Les effets positifs par l’absence, ou l’interdiction, d’opinions séparées, en relation avec l’indépendance des juges internationaux ne sont pas faciles à mettre de côté. Cependant, ce genre des mesures restrictives à la liberté d’expression n’est pas suffisamment effectif ni proportionné pour légitimer l’objectif du juge. Il y a des instruments bien plus effectifs y moins restrictifs qui mènent au même résultat (par exemple, un seul mandat, non renouvelable, des juges nternationaux).

Delimitation of the Right to Life by Healthcare Professionals: Up to what point should the right to life be protected?

This article explores the medical care standard required by law for terminally illpatients and the possibility of limiting therapeutic efforts while respecting the duediligence expected from doctors. To this end, circumstances are identified in whichthe doctor is forced to choose between two possible actions: to guarantee the right tolife by continuing treatment, or to limit the right to healthcare by limiting therapeuticefforts. Two cases taken from English Common Law were reviewed that decided onthe factual problem at hand. In our country, the Constitutional Court established aline of jurisprudence on the role of the doctor in deciding whether or not to continuetreatment for a terminally ill person. Lastly, jurisprudence precedents are presentedalong with a comparative analysis of the solutions given in Great Britain andin Colombia.

Derecho penal y la obligación de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario -especial referencia a la sentencia de la corte constitucional colombiana c-579/13-

En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.

Estudio comparativo entre el sistema probatorio del derecho común Americano y el sistema probatorio del derecho civil Colombiano

Mediante el estudio comparativo entre el sistema probatorio del “Common Law” Americano y el régimen probatorio del “ Civil Law” Colombiano, se pretende dar una perspectiva general del manejo que se le da a las pruebas en dos sistemas jurídicos

Una mirada al papel del precedente judicial y su aplicación por parte de los jueces administrativos y de la administración pública. estudio del propósito de las sentencias de unificación jurisprudencial y del mecanismo de extensión de jurisprudencia, consagrados en la ley 1437 de 2011.

El Ordenamiento jurídico colombiano desde sus inicios se ha enmarcado en la familia jurídica Romano Germánica, donde la Jurisprudencia ocupa un papel secundario en el momento de tomar decisiones por parte de los jueces, fungiendo como un instrumento meramente auxiliar, totalmente opacado por la ley. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con la creación de la Corte Constitucional junto al valor vinculante que se ha dado a sus decisiones, el tradicional sistema de fuentes ha presentado una evolución que lo aproxima al uso de instituciones, como el precedente judicial, que parecían exclusivas del Common Law. De esta manera, lo novedoso del problema de investigación es que la discusión sobre la alteración de la jerarquía de las fuentes del derecho, se aborda desde una perspectiva teórica, pero desarrolla puntualmente, mecanismos como las sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia, que posiblemente dan alcance al concepto de precedente judicial en el Contencioso Administrativo en la práctica.

Análisis constitucional. Una introducción : cómo hacer cosas con la Constitución

La Corte Constitucional colombiana, a través de la interpretación del texto de la carta política, ha hecho invaluables aportes al desarrollo del derecho en nuestro país. Sin embargo, este proceso de definir las palabras de la Constitución requiere la utilización de preferencias valorativas y esto, como es natural, implica un grave riesgo para la seguridad jurídica: ¿hasta dónde puede llegar el intérprete, ¿cuáles son los límites que debe respetar?. Este riesgo incrementa si tenemos en cuenta que buena parte de la doctrina constitucional colombiana contemporánea, llamada por algunos neoconstitucionalismo, ha creado una nueva jerga erudita impenetrable llena de metáforas sofisticadas, razonamientos abstrusos, argumentos con una gran carga emotiva y citas herméticas que, en cierta medida, le han permitido encubrir sus ideas y valoraciones y, de este modo, evitar que sean sensatamente escudriñadas. En un sistema como el colombiano, erigido sobre el principio de frenos y contrapesos entre los distintos poderes del Estado, si el poder político se ejerce a través de la justicia constitucional, en un lenguaje incomprensible y presentado como un argumento de última instancia, todo el equilibrio se viene abajo y, muy pronto, el derecho se convierte en el principal instrumento del despotismo., de Daniel Mendonca, es un libro perfectamente honesto que presenta sus ideas con absoluta claridad y ayuda a trazar los límites entre la discrecionalidad y la arbitrariedad de la interpretación constitucional.

La vinculación de lengua y contenidos en la enseñanza en inglés del sistema jurídico anglo-norteamericano en los estudios de Derecho.

Resumen tomado de la publicación

Motivación de las resoluciones judiciales de casación civil y laboral dentro del debido proceso

Una de las mayores deficiencias que se puede encontrar en muchas de las sentencias dictadas por los administradores de justicia, es su falta de fundamentación que, en la práctica, puede ocasionar serios inconvenientes, ya que se estaría vulnerando varios principios constitucionales. Por ello, con este trabajo se aspira abordar a la motivación de las decisiones judiciales, como un tema de actualidad jurídica, determinando los parámetros, contenidos, características, una comparación con otros sistemas procesales, así como, la forma mediante la cual los órganos de la Función Judicial, especialmente, las Salas de lo Civil y de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia (hoy Corte Nacional), deberían fundamentar sus resoluciones. Para el efecto, se han desarrollado tres capítulos. El primero, relativo a nociones previas sobre las providencias judiciales y la obligatoriedad o no de ser motivadas. El segundo capítulo analiza los elementos claves de la motivación, desde su concepto y fin, su alcance constitucional, las distintas formas de motivar, las venjajas y desventajas, y sus requisitos. Se explica, además, lo que hemos denominado criterios de verdad y validez como fundamentos de la motivación, en el que resaltan los principios lógicos de la sentencia, y la relación entre la verdad material y la validez formal (razonamiento sólido) que en un ejercicio práctico de lógica jurídica, intenta aportar con elementos para una motivación debida. El tercer capítulo contiene un análisis de derecho comparado de la motivación judicial en los sistemas de los países de la familia romano germánica, con los del common law. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones sostenidas a lo largo de la investigación.

Achieving satisfactory contractual terms for the engineer's role

An international survey of clients, consultants and contractors produced wide-ranging data on the views of users of the FIDIC form of contract. The purpose of the survey was to elicit views on a range of issues, prior to revising the model form, to ensure that the contract drafters produce a form that is satisfactory for its users. Those questions that focus upon the role of the engineer have been subjected to detailed statistical analysis. The analysis shows that, contrary to popular belief, the views of contract users from common law jurisdictions do not differ from those in civil code jurisdictions. The engineer’s role is not generally perceived as neutral in the contractual relationships between clients and contractors. Contractors would prefer someone other than the engineer to be the first-line settler of disputes in contracts.

Juror stereotypes and blame attribution in rape cases involving intoxicants - The findings of a pilot study

Prior to recent legislative changes, sexual offences were contained in a combination of statutory provisions and common law that was criticized as being ill-equipped to tackle the intricacies of modern sexual (mis)behaviour. This pilot study explored the capacity of these provisions to address the complexities of drug-assisted rape using focus groups and a trial simulation to identify factors which influenced jurors in rape trials involving intoxicants. The findings revealed that jurors considered numerous extra-legal factors when reaching a decision: rape myths, misconceptions about the impact of intoxicants and factors such as the motivation of the defendant in administering an intoxicant. This paper draws upon these findings, focusing in particular on the interaction between juror attributions of blame and stereotypical conceptions about intoxication, sexual consent and drug-assisted rape. The findings of this pilot study form the basis for a larger-scale project (ESRC -funded, commenced January 2004) that examines this interaction in the context of new provisions under the Sexual Offences Act 2003.

The market in freehold land, 1300-1509: the evidence of feet of fines

This article provides time series data on the medieval market in freehold land, including the changing social composition of freeholders, level of market activity, size and complexity of landholdings, and shifts in the market value of land. These are subjects hitherto largely ignored due, in part, to the disparate nature of the evidence. It argues that feet of fines, despite archival limitations, if employed with care and an understanding of the underlying changes in the common law of real property, are capable of providing quantifiable evidence spanning hundreds of years and comparable across large areas of England.

The trial: how procedure shapes substance

The rules and the principles of the common law are formed from the cases decided in courts of common law. The unique nature of the evolution of the common law has long been the subject of study. Less frequently studied has been the impact of procedure upon the development of substantive law. This paper examines how the procedures applicable to the trial of a case can affect the substance of the resulting decision. The focus of the examination is the decision in Bell v Lever Bros [1932] AC 161. While the case has long been regarded as a leading, albeit confusing, contract law case it is also greatly concerned with the conduct of litigation. This paper argues that the substantive decision was largely determined by the civil procedure available. Different rules of civil procedure, it is suggested, would have resulted in a better decision in the English law of contract.

Proprietary estoppel: a functional analysis

This article argues in favour of a functional analysis of proprietary estoppel which focuses on the role of the doctrine in enabling claims to the informal acquisition of property rights in land. The article shows that adopting such an analysis both assists our understanding of two recent decisions of the English House of Lords and helps to resolve issues of taxonomy that arise in relation to the doctrine. A functional analysis both unites the sub-categories of proprietary estoppel into a single principle and distinguishes this principle from other types of estoppel claim. It is suggested, however, that the unification of common law and equitable estoppel remains both possible and desirable as long as ‘unification’ is understood broadly and is not confined to the recognition of a doctrine that is identical in its scope and operation in all cases. It is further shown that despite a lack of discussion of the concept in the House of Lords, unconscionability continues to play a key role in proprietary estoppel and therefore in the informal acquisition of property rights. Unconscionability may now benefit from a closer connection with the other elements of claims which should prevent abuse of the concept and allay concerns of ‘palm-tree justice’.

Mens rea in joint enterprise: a role for endorsement?

This paper argues that the problems commonly associated with the joint enterprise doctrine might be alleviated by supplementing the cognitive mens rea standard of foresight with a volitional element that looks to how the defendant related to the foreseen risk. A re-examination of the case law suggests that a mens rea conception of foresight plus endorsement might be within interpretative reach. The paper considers possible objections to such a development but ultimately rejects them. It concludes that it is not necessary to wait for Parliament to put in place reforms: joint enterprise is a creature of the common law, and the common law is able to tame it unaided.