La reinserción social de los adolescentes infractores en Paraguay desde una perspectiva de derechos humanos

En la República del Paraguay el sistema penitenciario soporta graves deficiencias, y antes que cumplir con el objetivo de reinsertar a la sociedad a las personas infractoras, va perfeccionándose una verdadera escuela de la delincuencia. Los organismos encargados del sistema son teóricamente los correctos, pero la función que realizan no se ajusta a las necesidades reales de las cárceles en nuestro país. Es necesario tomar en cuenta que los adolescentes infractores precisan tener un lugar respetable dentro de la sociedad, donde se puedan desempeñar honradamente para no volver a delinquir. Trataré de demostrar los límites en relación a los mecanismos de protección por parte del Estado Paraguayo para fomentar la reinserción social de los adolescentes infractores en el país y los factores que llevan a dicho grupo a reincidir en prácticas delictivas cuando recuperan la libertad. Investigaré si efectivamente el Estado Paraguayo está cumpliendo con las normativas o lineamientos internacionales referentes a la reinserción de adolescentes infractores. Considero que será fundamental determinar la importancia que tiene la reinserción de estos adolescentes, en el sentido de que, en un futuro inmediato o mediato, formarán parte de la sociedad en la que vivimos, donde deberán interactuar socialmente, ejerciendo sus derechos de ciudadanos, para lo cual deberán estar preparados a fin de que ejerzan una participación responsable y comprometida en los distintos aspectos de la vida comunitaria; por lo cual, considero que deben tener una nueva oportunidad de adaptación, para que logren ser ciudadanos comprometidos con la sociedad a la que pertenecen.

Derechos humanos y democracia: Complementariedades y tensiones

Democracia y Derechos Humanos son dos dimensiones relacionadas entre si de muy diversas formas. Pueden ser vistas como complementarias, pero también como realidades en fuerte tensión y hasta contradicción. En cuanto realidades complementarias, puede plantearse, aunque no sin discusión, que sólo procesos democráticos de decisión pueden legitimar políticamente estos derechos. Por tanto tales derechos, o al menos su vigencia, surgirían de la deliberación y el consenso de los afectados e interesados. Pero a su vez, los derechos también pueden ser vistos como condiciones indispensables para el ejercicio democrático. Así, libertades como las de pensamiento, expresión, reunión o asociación serían requisitos ineludibles no sólo para que pueda existir democracia sino para que ésta a su vez cree condiciones de justicia social. En cuanto realidades en tensión, los derechos humanos pueden ser vistos como límites a la democracia, especialmente si ésta última se entiende como voluntad política de la mayoría. Los derechos humanos, al expresar valores fundamentales quedarían sustraídos de las esferas tanto del mercado como del poder, integrando una zona de lo que no se discute. Los derechos humanos, en tal sentido erigirían, frente a estas mayorías coyunturales, vallas en principio infranqueables de defensa de las minorías y de los individuos frente a la mayoría. Estos derechos vienen a constituir lo que Ferrajoli ha llamado una democracia sustancial, esto es un sistema en el cual los principios formales de la democracia política sobre quién y cómo se decide, es decir el principio de soberanía popular y la regla de mayoría, quedan subordinados a principios sustanciales expresados en los derechos constitucionales, es decir subordinados a lo que no es lícito decidir y a lo que no es lícito no decidir.

La (in) justicia penal en la democracia constitucional de derechos

Si uno mira el funcionamiento del sistema penal de cualquiera de nuestros países, se va a encontrar con una realidad realmente desgarradora. ¿Es casual que la mayoría de gente que habita en nuestras cárceles sea pobre? ¿Existe alguna explicación y justificación para este fenómeno social? ¿Tiene relación la organización social y política con el funcionamiento del sistema penal? ¿Cómo se caracteriza a un derecho penal consistente con estado constitucional de derechos? Para abordar estas preguntas, en un primer momento y a lo largo de este ensayo, utilizando fuentes confiables y objetivas, se demostrará que quienes son víctimas del sistema penal son las personas más pobres. En un segundo momento se realizará un análisis doctrinario sobre este fenómeno y se pretenderá demostrar que no existe justificación razonable, desde algunos parámetros (la democracia, la igualdad, la proporcionalidad y la justicia,) para tolerar tanta violación a los derechos humanos, para concluir sobre su inaceptabilidad de este patrón estatal tolerado socialmente dentro de un marco constitucional de derechos. Finalmente, después de tanta crítica, se presentarán algunas pautas para pensar en un derecho penal distinto. Para efectos de este ensayo, justicia penal y sistema penal se utilizarán indistintamente. Se entenderá como tales el conjunto de elementos que la conforman y la manera de operar actualmente, que es un modelo basado en el encierro como idea central y en formas represivas de manifestación. Entre los elementos, tenemos al derecho penal, configurado por las leyes penales, procesales y de ejecución de penas; a los actores en sus distintas agencias, incluido políticos, policías, militares, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias; y a los momentos por los que atraviesa una persona sometida al derecho penal, que van desde la detención, pasando por el proceso y terminando en el encierro.

Alfredo Pareja Diezcanseco: historia, identidad nacional y democracia (Del Historiador y el Ensayista)

El autor comenta la vocación de historiador de Alfredo Pareja Diezcanseco, resaltando sus fortalezas: la narratividad de los textos y la presentación humana de los personajes. Menciona, asimismo, que su límite radica en haber renunciado expresamente a los instrumentos metodológicos de análisis, lo que conduce a una interpretación maniquea sobre un tema central de la historia reciente del país, la polémica liberal-conservadora. Por otro lado, el autor resalta la vocación democrática de Pareja Diezcanseco. Su defensa de la soberanía nacional y la democracia lo ubican entre los forjadores de la nación ecuatoriana, por su preocupación en reflexionar sobre la identidad, sobre el mestizaje y su función en la construcción del país, su insistencia en la defensa y consolidación de la democracia se radicalizaron con el tiempo, como lo muestran su crítica de las dictaduras, su defensa de las garantías políticas, y sus postulados de cierta reforma social.

Los partidos políticos como instituciones de democracia en el Estado de Derecho ecuatoriano

La presente investigación sobre “Los partidos políticos como instituciones de democracia en el Estado de Derecho ecuatoriano” tiene como objetivo principal analizar los derechos y atribuciones concedidos dentro de los parámetros legales para con los partidos políticos que simbolizan el Estado de la modernidad, señalando de esta manera que el derecho opera en los más diversos aspectos de la vida social al igual que la intervención política llega hasta la especificidad de lo jurídico y que cada cual actúa “conforme a derecho”. En el primer capítulo del trabajo se analiza el desarrollo del Estado de Derecho, su definición, su origen y su evolución, los elementos constitutivos del Estado, los principios que definen y caracterizan al Estado de Derecho, así mismo se analiza como segunda parte el tema de la democracia, su concepto, origen y evolución, los principios básicos de la democracia constitucional, las formas de democracia, la democracia y el constitucionalismo, posteriormente y dentro de este mismo capitulo el análisis de los partidos políticos, su concepto, y las diferencias con los movimientos sociales, y sus funciones. El segundo capítulo comprende los partidos políticos legalmente reconocidos en el Ecuador a partir de 1980, la clasificación y juicio crítico de los mismos, clasificación de los partidos políticos ecuatorianos, en base a sus principios en partidos de izquierda y derecha.

Autonomías y democracia en el Ecuador

El presente trabajo está encaminado a establecer que un proceso autonómico de organización y administración del poder estatal, bien concebido y debidamente elaborado, puede contribuir al inicio de un proceso de consolidación y ampliación de la democracia, tan venida a menos en los últimos años, proceso que debe ser enfocado como un camino de mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los ecuatorianos; se divide en cinco capítulos, en el primero estudiamos los supuestos teóricos de las autonomías, Estado unitario versus federal; gobierno centralizado versus gobierno descentralizado, en un inicio se abordan las concepciones de manera general para luego establecer las particularidades de estos conceptos en el Ecuador, también se estudia la naturaleza jurídica y fines de la descentralización, los alcances de los términos democracia y participación social tomando en cuenta criterios doctrinarios. El capítulo segundo, se refiere al análisis de los preceptos constitucionales que se refieren a autonomías y descentralización, sus objetivos y alcances, las competencias que se excluyen en el proceso descentralizador y la distribución político–administrativa en nuestro país. El capítulo tercero aborda los antecedentes del proceso descentralizador, las diversas propuestas autonómicas en el actual debate, la necesidad de establecer consensos, algunas experiencias nacionales e internacionales que tienen estrecha relación con nuestro país, unas porque su engranaje social es parecido al ecuatoriano, como es el caso de Bolivia, y otras por tratarse de un modelo autonómico que funciona con relativo éxito y ha servido como modelo para algunas propuestas de país como el caso español; el capítulo cuarto investiga la relación existente entre autonomías y democratización, plantea como interrogante si la democracia en el Ecuador está en crisis, para luego abordarla como un proceso histórico en construcción permanente, concluyendo con que las autonomías son un proyecto que puede incidir en una mayor participación ciudadana como manifestación de la democracia y el capítulo final plantea las conclusiones y recomendaciones respecto a los procesos descentralizadores y/autonómicos en aras de aclarar la perspectiva futura incierta en la actual coyuntura política ecuatoriana; si este trabajo aporta en algo, tendré la satisfacción del deber cumplido.

Nueva Canción: la crónica de las luchas del movimiento social ecuatoriano

El propósito de esta investigación es adentrarse en la historia de un pasado reciente de los países latinoamericanos y particularmente del Ecuador, a través de la canción social. Quizás el canto es el mejor reflejo de una época marcada por la lucha y la confrontación social. El presente trabajo constituye un primer acercamiento al estudio de la Nueva Canción, género musical que marcó la América Latina de los años sesenta, setenta y ochenta. La Nueva Canción recupera la riqueza de la música popular y de raíz folclórica, con una visión diferente sobre los seres humanos y del mundo que les rodea; música y canto se convierten en mensajeros de una visión ideológica y política que busca transformar la estructura de la sociedad. Obreros, campesinos, estudiantes, indígenas pobladores barriales, son los sujetos de este canto que, de manera vital, expresa el sentir de los pueblos que anhelan justicia social, libertad y democracia. La Nueva Canción nace en las universidades y llega a plazas, fábricas, teatros, campos y ciudades, acompaña a los estudiantes en las movilizaciones; a los obreros y trabajadores en las huelgas y tomas de fábricas, a los indígenas en la defensa de la tierra, a los pobladores que luchan por una vivienda digna; a los candidatos de la izquierda marxista, en la difusión de sus programas de gobierno y propuestas políticas.

El Estado boliviano como Estado Social de Derecho

A partir del concepto de "Estado Social y Democrático de Derecho, este trabajo investigativo pretende establecer cuales son las características, funciones y perfiles constitucionales de esta fórmula encargada de articular las instituciones, normas y políticas de un Estado que se auto define como social, con este fm luego de un breve análisis histórico del concepto de Estado, se pasa a establecer las diferencias existentes entre el Estado Liberal y el Estado Social, con sus correspondientes y particulares perfiles, para encarar después el análisis del Estado Social y Democrático de Derecho como la fórmula constitucional acogida por la Constitución del2004 en Bolivia. Partiendo de una clara exposición del régimen económico dentro del cual se desarrollo y se desarrolla Bolivia, el régimen social y sus contradicciones y la diversidad étnica y cultural, este trabajo estudia el contexto histórico-político y económico de Bolivia desde sus origines republicanos, precisando el análisis desde el año 1982, año en el que se reinstauro la democracia en Bolivia, pasando por los sucesos de Febrero y Octubre del 2003, las históricas elecciones del 2005 y la asunción al poder en enero del 2006 del primer presidente indígena, el aymara Evo Morales Ayma. Los importantes sucesos políticos y constitucionales que llevaron a la construcción del nuevo mapa político-constitucional de la actual Bolivia, demuestran que también resulta indispensable realizar un análisis histórico de las reformas constitucionales· mas importantes realizadas en Bolivia, partiendo desde su primera constitución la "Constitución Bolivariana" hasta llegar a las últimas reformas, para terminar haciendo un recorrido a lo largo del actual proceso constituyente boliviano, visualizando además las perspectivas y propuestas de transformación radical del modelo de Estado en Bolivia.

Participación social en el procedimiento legislativo y control previo de constitucionalidad de proyectos de ley

El propósito de esta tesis es aportar elementos para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, como un mecanismo para que el contenido material de los proyectos de ley esté adecuado a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Esta adecuación constituirá una evidencia de la realización de la justicia a través de la creación del Derecho y de la vigencia de una democracia sustancial. En el caso de que el derecho a la participación en el procedimiento legislativo no sea respetado, ni garantizado por el Estado, es necesario institucionalizar un nuevo mecanismo de control constitucional, como el control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley, a fin de que sea la Justicia Constitucional la encargada de dar cumplimiento a la obligación estatal de prevenir violaciones a derechos humanos que pueden derivarse de la expedición de leyes inconstitucionales. Para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo he ubicado diversos elementos histórico-políticos, entre los que destaco los elementos de la democracia de la comunidad originaria, de los Estudios Decoloniales, de los modelos de democracia diseñados por la Teoría Política, que permiten establecer criterios para reformular el marco normativo vigente. Realizo el análisis del caso del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley de Minería, estableciendo las limitaciones que determinaron su impugnación por inconstitucionalidad; y el rol de la Corte Constitucional al resolver sobre el tema. Finalmente, establezco los criterios para el diseño de la institución del control previo de constitucionalidad de proyectos de ley.

Democracia, motín y función policial (Tema Central)

En este artículo se tratará de determinar si la historia que se vivió en el Ecuador el 30 de septiembre de 2010 puede considerarse como “motín”, “un intento de golpe de Estado” o una “propuesta laboral”. Por otro lado se habla sobre la democracia, referida a la participación activa del ciudadano, como también de las instituciones públicas y privadas que deben encontrarse en estricto apego a los derechos fundamentales. En virtud de la antes mencionada democracia, se consigue el “orden público”, en el que la función policial es de gran importancia, debido a que ella tiene la misión de buscar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos.

Democracia procedimental con enfoque intercultural. Una asignatura pendiente para el Estado de Derechos (Tema Central)

El presente trabajo pretende evidenciar cómo la democracia de los estados plurinacionales, como Ecuador, si bien ha realizado avances importantes en cuanto a la universalización de la participación política dentro de un sistema democrático, ni siquiera se ha planteado la posibilidad de pluriculturizar los mecanismos por los que se manifiesta la voluntad popular. el hecho de contar con un único sistema electoral, estatal y construido a partir de un enfoque formalista de democracia liberal, como regla de la mayoría, puede producir efectos de participación en desventaja en relación a sectores sociales cuyas tradiciones y formas de participación política son distintas pero no por ello, menos democráticas, si las comparamos con el sistema electoral estatal, de ahí que, el autor plantea esta inquietud como una provocación al debate académico y social sobre el tema.

Democracia profunda: mirada militante de una construcción política alternativa

Partiendo de algunas apreciaciones acerca del impacto del neoliberalismo en la subjetividad poblacional, aboga por el reconocimientos de los referentes de lo humano para la formulación de políticas alternativas. Enfatiza en la necesidad de mejorar la eficacia de la izquierda en base a la aproximación entre el hacer y el pensar, entre lo inmediato. y lo promisorio y utópico. Critica los excesos y, distorsiones, del historicismo especulativo apartado de la experiencia y sentir populares. Bosqueja propuestas de política referidas al trabajo, el consumo, la cultura, la organización, la solidaridad, la conciencia, la libertad, la afectividad. Finalmente, revisa la cuestión del poder y la democracia, despojándolos de su visión reduccionista.

La participación social en el procedimiento legislativo

Analiza la garantía extrainstitucional de participación de las personas y grupos sociales en el procedimiento legislativo para exigir, mediante la deliberación, la adecuación material de los proyectos de ley a la Constitución y a los estándares del corpus iuris de derechos humanos. Presenta el tratamiento adoptado por la Asamblea Nacional a las observaciones sociales a proyectos de ley, concluyendo que no se han generado espacios verdaderamente democráticos y que el procedimiento no está reglado integralmente por lo que no se garantiza, en la práctica, que la decisión de incorporar o no las observaciones sociales sea debidamente motivada por parte del legislador.