936 resultados para ECONOMETRÍA - RESPUESTA PARCIAL


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El tratamiento del VIH/sida, como problemática que ocupa a la salud colectiva, requiere nuevas perspectivas teóricas para su análisis. Objetivo: reconstruir algunas matrices imaginarias, configu- radoras de la infección de VIH, vinculadas con prácticas normativas y con la formación del saber clínico, visibilizar consecuencias de estos procesos y articular estas matrices con las problemáticas de discriminación y estigmatización que pesan sobre el diagnóstico. Materiales y métodos: se efectuaron entrevistas en profundidad a jóvenes entre 18 y 35 años y a profesionales de la salud dedicados al tratamiento del VIH/sida de hospitales públicos de las ciudades de Santa Fe y Paraná (Argentina). Resultados: el discurso biomédico –nodal en tanto exigencia de la norma y garante del ejercicio de normalización de los individuos y de las poblaciones a partir del binomio normal/ patológico– incide en la apropiación de la diagnosis y la convivencia con la infección. Conclusión: a partir de los resultados, es posible comprender los procesos de estigmatización y discrimina- ción como mecanismos privilegiados de estas instancias normativas que median la configuración discursiva del VIH. A su vez, se advierte que el rechazo prevalente en jóvenes a realizarse las pruebas diagnósticas, como las dificultades de acceso a los servicios de salud, es consecuencia de los procesos indicados.

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Objetivo: Medir y comparar el comportamiento agudo de la presión arterial (TA), la frecuencia cardiaca (FC) y la percepción subjetiva del esfuerzo físico (PSE) durante un circuito de pesas de resistencia variable (CRV) versus ejercicio aeróbico submáximo en cicloergómetro (EA) en hipertensos estados I y II.Métodos: Se evaluaron 21 individuos (8 hombres y 13 mujeres) hipertensos controlados de estados I y II (15 activos y 6 sedentarios, 56±5.9 años). Todos recibieron inducción sobre calentamiento, manejo de escala de PSE, técnica respiratoria y uso de máquinas de pesas durante el ejercicio. Con intervalos de una semana se sometieron a una sesión de CRV en seis estaciones al 50% de 1RM, y a una sesión de EA a intensidades de 70%-80% de la FCmax, en intervalos de una semana. Durante ambas sesiones se realizaron mediciones de FC, PA y PSE.Resultados: Se aplicó una Prueba t pareada para comparar las respuestas a ambos tipos de ejercicio. Se encontró un incremento menor de la FC (p<0.001), PA sistólica (p<0.005) y PSE (p<0.005) durante el CRV. La elevación de la PA diastólica fue mayor con las pesas, pero no significativa (P=0.139). Los sedentarios mostraron incrementos mayores. Entre cada estación de pesas el comportamiento de las variables fue similar (P>0.05).Conclusión: El estudio evidenció que la respuesta cardiovascular aguda y la PSE de hipertensos durante un CRV fueron similares a las observadas con EA. Se observó que la respuesta presora al circuito de pesas fue menor en pacientes con entrenamiento aeróbico previo.

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El ejercicio físico de intensidad moderada a exhaustiva genera diferentes tipos de respuestas en un individuo, dichas repuestas dependen del tipo y la duración del ejercicio y de si son agudas o crónicas. A nivel funcional afecta los diferentes sistemas corporales, pero dentro de los relativamente menos tenidos en cuenta está el hematológico. De este último la literatura refiere cambios en el volumen sanguíneo, en la actividad y poblaciones de glóbulos blancos, así como modificaciones en la inmunidad celular y humoral, y en el conteo y forma de las plaquetas. Así mismo, y como resultado de estos cambios, también se ha podido determinar cómo el ejercicio modifica desfavorablemente el tiempo de vida de los eritrocitos generando una aparente anemia, que ha sido materia de amplia discusión y que puede, dentro de múltiples factores, estar asociada a hemólisis, la cual a su vez se relaciona con diferentes factores dentro de los que se destacan mecanismos como el osmótico o el estrés oxidativo; sin embargo, lo cierto es que todos estos eventos están fuertemente relacionadas entre sí y pueden determinar y redundar en un menor rendimiento en el practicante de una determinada actividad física, y por supuesto de un deportista.

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En este artículo se analizan los procesos de transformación y renovación urbana en el centro histórico de Bogotá, vinculados con la relocalización de poblaciones vulnerables que habitan esta zona, considerada como violenta y de alta pelivgrosidad. Estas acciones de la administración distrital se están ejecutando a partir de las premisas del urbanismo moderno que dictan reglas higiénicas para combatir los tugurios. La coyuntura actual de los barrios San Bernardo y Voto Nacional, que presentan un alto deterioro arquitectónico y que van a ser sometidos a un proceso de renovación enmarcado en el megaproyecto Ciudad Salud, nos ofrece un escenario privilegiado y una oportunidad única para el análisis de este fenómeno. Estos procesos que buscan modernizar la ciudad y combatir la criminalidad y la delincuencia deben ser estudiados críticamente. Así, desde una perspectiva antropológica, se busca esclarecer los significados sociales de estos procesos de renovación.

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Este Proyecto tiene como objetivo principal desarrolar un mayor grado de autonomía personal en aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, que no presenten graves deficiencias motóricas, mejorando su condición física, su desenvolvimiento en el medio y su autoestima. Estos objetivos se desarrollan en torno a los siguientes ejes: 1.- Familiarizarse con el medio acuático. 2.- Respiración. 3.- Flotación. 4.- Propulsión. 5.- Coordinación de movimientos. El lugar de realización ha sido la piscina municipal de Laredo, el número de profesores implicados ha sido: 2 maestros de Pedagogía Terapéutica, 1 Logopeda, 1 Fisioterapeuta y 1 Ate. La metodología ha sido individualizada, partiendo de una valoración inicial del nivel de cada uno. Los alumnos van pasando por diferentes fases y van tomando conciencia tanto del agua, como de su propio cuerpo dentro del agua. La experiencia se ha llevado a cabo a través de los talleres flexibles de la tarde y se ha realizado con un grupo de 17 alumnos dos días a la semana.

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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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El proyecto de Código de Ética Judicial, que emerge de la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2004) y promueve una reforma judicial, es analizado desde un diagnóstico que enfatiza el carácter cultural de causas sistémicas de la crisis político-económica de diciembre 2001 en Argentina, donde la matriz institucional y los mecanismos de selección/financiamiento de los partidos políticos destacan la presencia de “clientelismo” y “corrupción”, determinando –con la “anomia social”– la llamada “corrupción gris”. Tales variables definen un patrón cultural de “labilidad” en los límites entre lo permitido-no permitido y lo ético-no ético.Desde los años noventa, la tendencia a judicializar el conflicto político, y una Magistratura con ausencia de debate interno y de activismo judicial, tornaron oportuno analizarla desde cinco ejes temáticos: 1) el debate orgánico dado en la Magistratura; 2) el marco general legislativo; 3) la Magistratura como exponente de valores culturales; 4) la transferencia de responsabilidades del ámbito político al judicial; 5) la mediatización de la labor del juez.De las conclusiones deviene crucial este enfoque que indaga las características de esta herramienta que la propia corporación judicial le propone a la sociedad: el Código de Ética Judicial.-----The Code of Judicial Ethics bill, which has emerged from the Argentine Supreme Court call in 2004 and which promotes a judicial reform, will be analized here from a point of view emphasizing the cultural nature of the general cause of the political and financial crisis that took place in December 2001 in Argentina, where the institutional matrix and the political parties’ mechanisms for selecting candidates and raising funds for campaign financing show that there exists a kind of ‘clientism’ and ‘corruption’, which brings about –within a state of ‘social anomy’– the so-called ‘grey corruption.’ These variables define a cultural pattern which is characterized by a ‘general state of uncertainty’ when it comes to deciding what is allowed or not allowed, and what is ethical or unethical.The tendency present since the nineties to judicialize the political conflict, together with a judiciary where there is neither internal debate nor judicial activism, have both made it appropriate to analize this matter from five points of discussion: (1) the internal debate in the judiciary; (2) the general legislative framework; (3) the judiciary as an exponent of cultural values; (4) the handing over of responsibilities from the political sphere to the judicial one; and (5) the media interfering with the judge’s work.From the resultant conclusions, we will infer that this approach becomes crucial, an approach that looks into the features of this tool that the judiciary itself proposes to the society: the Code of Judicial Ethics.

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El interés de esta monografía es analizar la influencia que la configuración de un dilema de seguridad en Suramérica entre Chile, Venezuela y Colombia durante el periodo 1998-2008, tuvo en la formulación de la Estrategia Nacional de Defensa de Brasil de 2008. Se analiza cómo el cambio en la estructura de poder regional y en la distribución relativa de capacidades producto de las acciones de estos actores, afectó la definición de los lineamientos y acciones estratégicas de la Estrategia Nacional de Defensa, en tanto Brasil buscaba consolidar su papel como potencia en Suramérica. Teniendo en cuenta el realismo defensivo como marco explicativo y su enfoque en temas asociados a la seguridad, se realiza un análisis que permita comprender la situación suramericana descrita y el alcance de la teoría como herramienta analítica.

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El autor, director de un centro de estudios secundarios expone los ejes del proyecto llevados a cabo para dar una solución al creciente número de alumnos que no acaban la enseñanza obligatoria. La característica más destacable de su experiencia fue el compromiso de la institución con las necesidades de los alumnos a través de los siguientes ejes. Disponer de una organización flexible y con voluntad integradora. Optar decididamente por la orientación y la inserción de los alumnos. Facilitar la formación profesional como alternativa educativa.

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De allí, que sea necesario analizar por qué las enfermedades infecciosas pueden constituir una amenaza a la seguridad desde un concepto más amplio como lo es el de la seguridad humana. Esta perspectiva permite ir más allá de la amenaza pura del bioterrorismo para dar cabida a los riesgos naturales

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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.

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Resumen basado en el de la revista en catalán. Este artículo forma parte del monográfico 'Construir coneixements matemàtics'