518 resultados para CONFLICTO ARMADO - ERITREA


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En el primer capítulo se hará un resumen de la participación de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Luego se mencionara cual era la situación interna de Colombia durante el periodo que participó en el Consejo, con el fin de entender en los capítulos siguientes las posturas que tomó el país en los debates que realizó el Consejo. A continuación, se explicará que sucedía al interior del Consejo de Seguridad con respecto al contexto internacional de ese momento. En el segundo capítulo se indicará brevemente cuáles eran los conflictos en la agenda del Consejo, de manera que el lector pueda comprender las intervenciones de Colombia a la luz de su situación, de su política exterior, y de su constante interés por lo humanitario. Por último, en el tercer capítulo se explicará las razones por las cuales Colombia se concentró en los asuntos humanitarios y no en los aspectos políticos y militares de la agenda del Consejo. A manera de terminar de documentar el interés del país por lo humanitario, se exponen sus intervenciones en tres asuntos humanitarios presentes en la agenda y se analiza cada una de ellas.

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Teniendo en cuenta aspectos socio-económicos como la desigualdad social (entendida como el desequilibrio en la distribución del ingreso), el conflicto armado en zonas rurales y urbanas y bajo esquemas exiguos de la globalización en las organizaciones colombianas, se puede inferir que la realidad de las empresas de nuestro país es compleja de definir. Existe un sin fin de variables que pueden afectar el curso de la actividad empresarial en el tiempo; entre ellas podemos resaltar aspectos macroeconómicos y socio-políticos como la inflación, la tasa de cambio, el crédito público y privado, la inversión, los tratados comerciales, la lucha entre clases políticas y sociales, entre otros temas que alteran la coyuntura global. A partir de esto, surgen cuestionamientos que muchos empresarios y analistas han tratado de resolver. ¿Cuáles son aquellos factores que determinan la permanencia de una compañía en el tiempo? “¿Cómo medir la perdurabilidad empresarial?"1. Preceptivamente, en su gran mayoría, los factores de medición se establecen cualitativamente, aspecto que no es negativo porque inicialmente se deben establecer de esta forma. Sin embargo, no existe un complemento cuantitativo idóneo que permita contrastar las derivaciones del factor cuantitativo con la perspectiva resultante de la medición cualitativa.

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.La intención con la presente monografía es la de ofrecer algunos conocimientos e incentivos para que la sociedad civil juegue un papel relevante de responsabilidad frente al conflicto armado Colombiano. El propósito fundamental de este trabajo monográfico es el de ofrecer elementos teóricos básicos para construir una red única nacional, que en conjunto con la comunidad internacional, debilite al principal actor armado ilegal del conflicto: Las FARC. A sabiendas de que el conflicto interno colombiano es demasiado complejo, y existen otros traumas humanitarios además del secuestro y otros grupos violentos que aún tienen actividades, se ha decidido un enfoque centrado en las FARC que, no obstante, serviría para aplicaciones a otros contextos o grupos nocivos.

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La investigación se centra en analizar la intervención progresiva de los actores externos en los procesos de paz en Colombia. La metodología a desarrollar pasa principalmente por dos momentos, en un primero momento se centra en realizar un acercamiento teórico que incluye varios capítulos del texto y en un segundo momento se requerirá de un ejercicio comparativo entre los procesos de negociación llevados a cabo entre el ELN y el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), así como entre y las FARC-EP en similares periodos de tiempo. Es ahí donde se enmarca la creación y actuación del denominado Grupo de Países Amigos y   2Facilitadores para el proceso Gobierno – ELN, en el año 2000 y de la Comisión de Países Facilitadores para el Proceso de Paz entre el Gobierno y la FARC-EP (abril de 2001). De esta manera el lector encontrará en el documento 4 capítulos. En el primer capítulo se realizará un abordaje teórico donde se hará énfasis en el concepto de las nuevas guerras y la intervención de países en conflictos internos, bajo el lente de las Relaciones Internacionales. Una vez dilucidados tales aspectos, en el capítulo dos se revisarán los principales antecedentes de la participación de países externos dentro de los procesos de paz en Colombia en el período comprendido entre 1982-1998, de la misma manera, en el capítulo tres encontrarán una breve descripción de los procesos de paz entre el gobierno colombiano y los dos grupos guerrilleros. Posteriormente el texto se concentra sobre el periodo del presidente Pastrana (1998-2002) y la creación de las figuras de negociación reseñadas. Finalmente se plantean las conclusiones.

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Actualmente nuestro país padece una de las expresiones más dramáticas de violencia como es el Desplazamiento Forzado, resultado del conflicto armado interno, las nuevas dinámicas del enfrentamiento y la disputa por un control territorial. Este fenómeno ha ahondado en la exclusión social: aumentando los niveles de pobreza, la informalidad laboral, la continua violación de los derechos fundamentales, la falta de garantía en los derechos prestacionales, entre otras manifestaciones.

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El siguiente estudio busca contextualizar el fenómeno del desplazamiento en Colombia, entendiendo los orígenes del fenómeno en las variables claves del sistema, pasando por todos los cambios tanto de actores como de agentes que se han presentado a través de tiempo; y a partir de esto se tomará la información adecuada para aplicar las herramientas de prospectiva propuesta por Michael Godet; para así determinar los escenarios posibles del desplazamiento en Colombia, proponiendo finalmente en uno de éstos un planteamiento productivo para esta fuerza laboral. Después de entender históricamente los factores más relevantes de este sistema se realizó la aplicación de la herramienta MICMAC

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Este trabajo es una colección de perfiles y crónicas sobre personas que tienen tres cosas en común: son víctimas de la violencia colombiana, el hecho de ser víctimas los afectó profundamente, y decidieron continuar con sus vidas pese a ello.

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The Colombian government thinks that accepting that there is an internal armed conflict in the country implies recognizing international personality o the groups in arms against the legitimate government. This article intends to demonstrate that this is not true and that, being terrorist groups, cannot be recognised as belligerents.

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Este artículo examina la cuestión de los niños soldados en el Derecho Internacional. Después de haber hecho algunas observaciones preliminares sobre el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario sobre la protección de los derechos de los niños que se encuentren en un conflicto armado, el artículo revisa la prohibición del reclutamiento de los menores y la responsabilidad penal personal de los que los reclutan. También, será analizada la jurisprudencia sobre el reclutamiento de los niños. En la cuarta parte del artículo, se dará cuenta de la hipótesis de los menores autores de crímenes internacionales y se considerarán los enfoques de la justicia retributiva y de la justicia restaurativa

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The armed conflict in Colombia, which has generated over three million internally displaced persons, has dramatic humanitarian consequences and raises serious issues regarding the protection of displaced peoples’ rights. The underlying reasons for the displacement often lie in the dynamics associated with territorial control and land seizures undertaken for strategic, military or purely economic purposes. Domestic and international legal provisions have established the victims’ right to the restitution of their homes and property as the “preferred remedy” in cases of displacement. However, policies dealing with displacement, both those of the Colombian government and of several international institutions, fail to take this sufficiently into account. A comprehensive reparation policy for victims must necessarily entail the reversion of lands, territories and goods seized in Colombia under the pretext of the internal armed conflict.

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This article reviews the evidence collected by diverse national and international organizations regarding the relationship between sexual violence against women, forced displacement, and dispossession in the context of the Colombian armed conflict. To this end, it uses the concept of “sexual violence regimes” to highlight that the endspursued by sexual violence are not always exhausted by simple consummation (that is, the act of sexual violence itself), but depending on the context, can be connected with broader strategic goals of armed actors. At the same time, this document admits the difficulty of proving this relationship with respect to judicial procedures, and thus sets out the possibility of creating a rebuttable presumption, in the framework of “unconstitutional state of affairs” created by judgment T-025 of 2004, that alleviates the burden of proof of the victims, and serves as a catalyst to promote new genderbased mechanisms of reparations.

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En el año 2011, después de cuatro años de cabildeo y forcejeo político, Colombia aprobó la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas. Los objetivos perseguidos por esta ley son bastante amplios, en la medida en que pretende ser una regulación comprensiva para enfrentar los efectos que el conflicto armado ha infligido en la población civil. En este sentido, la ley incluye las reformas legales que fueron consideradascomo necesarias para restablecer el estado de derecho a través de la proteccióny cumplimiento de los derechos de las víctimas. Actualmente, el gobierno, la sociedad civil y la academia se han enfocado en el análisis de los dilemas y grandes temas dela ley. Sin embargo, esta nueva regulación, con sus 208 artículos, es más amplia y compleja, razón por la cual es indispensable hacer un análisis más detenido de sus múltiples provisiones. Una de estas, que parece no haber llamado la atención y que, por lo tanto, no ha sido objeto de estudio pormenorizado es el artículo 46. A primera vista, este parece estar encaminado a reforzar la investigación y juzgamiento de las personas jurídicas relacionadas con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el contexto colombiano. Este texto examina específicamente los alcances reales y dilemas del artículo, y propone algunas soluciones para llenar la laguna que existe actualmente en el país en la materia.

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This article offers a theoretical interpretation of the dispositions on land restitution contained in the famous “Victims’ Bill”, which was debated in the Colombian Congress during the year 2008. The bill included specific mechanisms aimed at guaranteeing the restitution of land to victims of the Colombian armed conflict. At the time, the bill was endorsed by all the main political actors in the country –notably the government and the elites that support it, on the one hand, and victims’ and human rights organizations and other opposition groups, on the other–. The fact that the restitution of land to victims of the Colombian armed conflict was being considered as a serious possibility by all political actors in the country seemed to indicate the existence of a consensus among actors whose positions are ordinarily opposed, on an issue that has traditionally led to high levels of polarization. This consensus is quite puzzling, because it seems to be at odds with the interests and/or the conceptions of justice advocated by these political actors, and because the restitution of land faces enormous difficulties both from a factual and a normative point of view, which indicates that it may not necessarily be the best alternative for dealing with the issue of land distribution in Colombia. This article offers an interpretation of said consensus, arguing that it is only an apparent consensus in which the actors are actually misrepresenting their interests and conceptions of justice, while at the same time adopting divergent strategies of implementation aimed at fulfilling their true interests. Nevertheless, the article concludes that the common adherence by all actors to the principle of restorative justice might bring about its actual realization, and thus produce an outcome that, in spite (and perhaps even because) of being unintended, might substantively contribute to solving the problem of unequal land distribution in Colombia. Even though the article focuses in some detail on the specificities of the 2008 Bill, it attempts to make a general argument about the state of the discussion on how to deal with the issue of land distribution in the country. Consequently, it may still be relevant today, especially considering that a new Bill on land restitution is currently being discussed in Congress, which includes the same restitution goals as the Victims’ Bill and many of its procedural and substantive details, and which therefore seems to reflect a similar consensus to the one analyzed in the article.

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How do we justify the practice of corrective justice for losses suffered during armed conflicts? This article seeks to show the force and relevance of this question, and to argue that, in cases of massively destructive wars, social justice should gain priority over corrective justice. Starting from a liberal Rawlsian conception of the relationship between corrective and social justice, it is argued that, paradoxically, the more destructive a war is, the less normative force corrective rights have and the higher priority policies of social justice, which guarantee basic rights to all citizens, should have.