461 resultados para Administración de justicia penal


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El presente trabajo estudia la independencia judicial como pilar del Estado constitucional democrático. No se trata de poner en el debate la necesidad o utilidad de esa independencia (sin duda necesaria e imprescindible) sino los mecanismos que permitan hacerla efectiva. En la actualidad, cuando se reflexiona más bien poco sobre el poder y su funcionamiento, el tema no solo resulta necesario sino ineludible, sobre todo en un escenario donde rige una Constitución que se ha denominado garantista: que tales derechos sean realidad o una «hoja de papel» es cuestión de cómo aseguramos a nuestros jueces el ejercicio de sus funciones; pues no debe olvidarse que juezas y jueces son, ante todo, personas y que, no por hacerse titulares de una potestad pública pierden sus condiciones humanas. El trabajo se limita a un estudio jurídico-dogmático del poder judicial y las garantías necesarias para su independencia. Existen algunas anotaciones históricas que permitirán comprender el origen de las instituciones, así como la utilización de normas (tanto constitucionales y legales) de otros países, cuando ha sido oportuno ilustrar alguna cuestión. En principio, pareciera que no nos ocupamos de los derechos. No obstante, habrá de tenerse en cuenta que jueces independientes frente a todo poder (aunque utópico) resultan imprescindibles, por lo que al reflexionar sobre tales garantías se ha podido establecer que el funcionamiento de un poder judicial independiente, no viene dado sólo por unas concretas normas sobre su reconocimiento sino que exige incluso una filosofía particular desde la cual comprender al poder judicial; normas claras permiten tanto a los jueces como a la ciudadanía confiar en que sus jueces, serán ante todo, aplicadores del derecho más no instrumentos de legitimación del régimen vigente.

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El formalismo establecido por el legislador en la Ley de casación en materia civil ha determinado una serie de requisitos que hacen efectiva la admisibilidad el recurso, su inobservancia puede constituir una consecuencia fatal, que impida su prosecución, frente a lo cual se encuentra la protección constitucional de la tutela efectiva de los derechos humanos. En este contexto este trabajo de investigación pretende demostrar que el recurso de casación en el Ecuador aspira cumplir con sus fines principales de unificación, defensa del derecho objetivo, control de legalidad, reparar los agravios proferidos en contra de las partes e igualmente cumplir con los principios constitucionales de realización de justicia y garantía de derechos. La tesis está dividida en tres capítulos. En el capítulo primero se analiza el rol de la jurisdicción en el Estado constitucional de derechos y justicia: el rol de los jueces en el nuevo Estado, cuya finalidad en esta nueva configuración es la protección real de los derechos fundamentales; la evolución del papel del juez de mero aplicador de la norma a creador de derecho; y en este sentido, identificar las herramientas que le sirven a la jurisdicción para cubrir esa finalidad. El capítulo segundo se refiere al recurso de casación como mecanismo de control de la legalidad, la determinación de la naturaleza jurídica; sus características, especialmente formales, requisitos, objetivos y el principio dispositivo como sustento de la fundamentación. El capítulo tercero comprende el estudio de la casación y sus alcances en el marco constitucional vigente: El principio de la administración de justicia como sistema medio; y, el formalismo del recurso de casación vs. tutela de los derechos fundamentales. Con la construcción de este trabajo se ha intentado presentar propuestas que respondan a los cuestionamientos que, a veces el formalismo del recurso de casación podría mermar el reconocimiento de un derecho fundamental; o que a pretexto de tutelar uno de estos derechos, vulnere el principio de formalismo que rige al recurso, siempre orientando a que la justicia constituye un valor esencial del Estado.

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La justicia en materia tributaria por más de cinco décadas se ha desarrollado de una manera excepcional, manifestamos esto en razón de que los tribunales de lo contencioso tributario actúan como órganos jurisdiccionales de única instancia. Tal excepcionalidad ha restringido el acceso a una segunda instancia, limitando el sistema recursivo con la supresión del recurso ordinario de apelación, contándose únicamente con el recurso extraordinario de casación, el cual no es constitutivo de instancia. Frente tal escenario poco se ha dicho y se ha escrito sobre este modo de sustanciación especial y más que todo excepcional, acuñado como justicia especializada, si bien este trabajo no se pretende desvirtuar la especialidad de la materia tributaria, lo cual no está en tela de duda, lo aquí se interesa analizar es si tal especialidad es suficiente es suficiente para prever un proceso de única instancia. Es así que el presente trabajo investigativo en vista de los objetivos planteados se enmarcara principalmente en analizar la forma en la que se encuentra estructurada la justicia en materia tributaria, partiendo por el procedimiento administrativo, y la instancia jurisdiccional, para así determinar la imposibilidad de concebir a la sede administrativa como instancia jurisdiccional, y la necesidad imperante de implementar la doble instancia en materia tributaria cómo garantía jurisdiccional.

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Con la entrada en vigencia de la Constitución del 2008 en lo concerniente a la organización de la administración de justicia. se dio un giro radical, pues se impuso el nacimiento de una nueva Función Judicial acorde a la nueva concepción del Estado. Este cambio radical daría lugar para que el legislativo dicte una ley que establece los principios, sienta las bases de la organización de los diferentes organismos que integran la Función Judicial, concebida como una unidad, y determina las normas a las cuales han de someter su actuación quienes intervienen en el proceso judicial. El ejercicio de la potestad sancionadora reconocida constitucionalmente y el reconocimiento del poder para el establecimiento de sanciones a determinadas conductas consideradas como lesivas al ordenamiento jurídico, son unos de los asuntos que también se desarrollan en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y es a partir del análisis de esas normas, de la doctrina y la jurisprudencia que pretendo determinar con mi estudio los rasgos esenciales que definen el ejercicio de la potestad sancionatoria disciplinaria del órgano de control de la Función Judicial y establecer si el procedimiento administrativo sancionador previsto en el Código Orgánico funciona en estricta observancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República, particularmente en lo concerniente al principio de proporcionalidad, en cuanto se trata de un principio que permite evitar los excesos o abusos de poder que podrían provenir del empleo indiscriminado de la facultad discrecional atribuida al órgano de control y garantizar que exista una debida proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción impuesta. En otras palabras, el objetivo de esta tesis es realizar un análisis dogmático y normativo del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del órgano de control de la Función Judicial y su sujeción al principio de proporcionalidad. Para tal efecto, he realizado una tarea de recopilación y análisis de algunos textos doctrinarios en materia administrativa, entre los que juegan un rol preponderante las elaboraciones de Carlos Bernal Pulido, Juan Carlos Casaggne, Javier Vidal Perdomo, los mismos que por su precisión técnica, me han proporcionado una clara orientación para mi estudio.

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La presente tesis tiene como propósito contribuir a profundizar en el conocimiento del nuevo sistema de control constitucional, que surge a raíz de la expedición de la constitución del 2008, que clarifica la supremacía constitucional y el mandato de que las normas y los actos del poder público deben imperativamente mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, pues en caso contrario el efecto es que estas carecerán de eficacia jurídica, siendo obligación de las Juezas y Jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicar directamente tales normas constitucionales, además de que la Corte Constitucional, se constituye en el máximo órgano de control interpretación constitucional y de administración de justicia, fijándose exclusivamente este rol en este organismo del Estado, despojándoles a los administradores de justicia de la potestad de ejercer este control constitucional como ocurría con el sistema anteriormente vigente. En camino hacia tal objetivo el trabajo contiene una primera ubicación del tema que esclarece el fundamento jurídico de esta nueva concepción de control constitucional en el marco de la orientación garantista, apoyado con un análisis de temas de derecho comparado, se desarrolla un estudio detallado de la normativa constitucional y legal sobre el tema, ofreciendo una visión general de aspectos sobre la supremacía de la constitución, competencia privativa del órgano de control constitucional, los objetivos, funciones y actos provenientes además del procedimiento y las resoluciones con sus efectos, bajo cuyos contenidos se realiza el análisis de casos que han sido de conocimiento y resolución de la Corte Constitucional en aplicación de la nueva normativa constitucional y legal para arribar finalmente a la estructura de conclusiones que señalan la situación actual del tema constitucional en el país.

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El ordenamiento jurídico del Ecuador ha previsto dos mecanismos jurídicos para garantizar el cumplimiento de la sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero, aquel vinculado al ámbito administrativo, ha sido asignado al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, mediante el Decreto Ejecutivo No. 1317, en su calidad de ente coordinador de la ejecución de estas sentencias internacionales. El segundo mecanismo, aquel vinculado al ámbito jurisdiccional, fue incorporado en la Cons titu ción de 2008, en su artículo 93, como el medio para garantizar el cumplimiento de las sentencias dictadas por organismos internacionales de derechos humanos, cuya resolución corresponde a la Corte Constitucional del Ecuador. Esta obra analiza el rol del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en su actividad administrativa como ente coordinador de la ejecución de sentencias internacionales, y también estudia, desde la óptica del derecho procesal, la acción por incumplimiento, en lo relacionado a su naturaleza jurídica y a los aspectos procesales que la componen, para finalmente colocar en consideración del lector una propuesta de reforma normativa a la acción por incumplimiento de sentencias internacionales establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales.

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Incluye Bibliografía

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A questão agrária do ponto de vista estrutural se insere nas formas combinadas, desiguais e contraditórias do capitalismo. A repressão política manifestada contra os movimentos socioterritoriais será o fundamento de elaboração de nossa argumentação e a preocupação central desta monografia. O ponto de partida de nossa proposição foi caracterizar e dimensionar espacialmente os casos de processos judiciais criminais impostos às pessoas envolvidas no processo de luta pela terra, que integram majoritariamente os movimentos socioterritoriais no Pontal do Paranapanema, dentro do período de 1990 a 2009. Outra análise foi verificar os componentes dos processos judiciais criminais, pesquisando as sentenças finais disponíveis na página digital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como as matérias publicadas sobre os casos e elaborar reflexões sobre esses componentes a partir das leituras geográficas por meio dos conceitos de espaço e território. Desta forma houve o impulso de incorporar a dimensão espacial da repressão política. Consequentemente aprofundamos a análise sobre as sentenças judiciais criminais e procuramos entender a politização do judiciário e sua espacialidade. A compreensão da espacialidade da repressão política na 1ª e 2ª instância dos processos judiciais criminais movidos aos movimentos socioterritoriais constituiu outra passagem importante do trabalho. Conseguimos também ampliar nosso estudo pela comparação da repressão política a partir do estudo dos casos do Pontal do Paranapanema no Brasil e Córdoba na Argentina. Manifestamos também a necessidade de estabelecer diálogo com alguns marcos teórico-metodológico sobre a categoria geográfica território com o intuito de colaborar com o nosso esforço de explicar a repressão política aos movimentos socioterritoriais no Pontal do Paranapanema entre os anos de 1990 e 2009

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[ES] La delincuencia de menores constituye un fenómeno social que sensibiliza y moviliza a la opinión pública y, especialmente, a los medios de comunicación. La prensa, en este sentido, adquiere la responsabilidad de exponer este discurso informativo en sus dimensiones reales y debe hacer todo lo posible, para que los derechos y deberes de los menores infractores sean conocidos y discutidos por el público receptor, y formando de este modo, un auténtico debate público en la agenda política insular. Los acontecimientos o sucesos violentos protagonizados por menores, o en los que estos resultan víctimas, impactan porque generan conmoción social y garantizan la atención mediática. La selección informativa efectuada por los rotativos de tirada provincial ha coadyuvado a construir en la sociedad canaria una percepción deformada sobre el sistema de gestión de la justicia penal juvenil, influyendo sobremanera en actitudes y comportamientos tales como el surgimiento generalizado de las oposiciones vecinales contra la instalación, construcción o reforma de los centros de ejecución de medidas judiciales.

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La obra vincula las instituciones, el orden público y la construcción de una ciudadanía en la Pampa Central con la extensión de propiedades de construcción del Estado que el gobierno federal intentaba concretar en los territorios nacionales -fines del siglo XIX-. Se analizan las instituciones, su constitución, funcionamiento e inconvenientes. Se reconstruyen las relaciones de la incipiente sociedad civil que estaba adquiriendo rasgos de "ciudadanía", pese a la limitación del derecho a la soberanía y representación política, por cuya razón se abocó al reducido poder local, a la conversión del Territorio en provincia y a la presión sobre las instituciones del Estado. Ciertos sectores sociales -vecinos propietarios- participaron en el poder y pudieron incidir en la disposición de un determinado orden público. Se descubre este entramado a través de la cuestión política, la constitución de la esfera pública, el papel de la prensa, y el accionar de sectores gubernamentales y particulares, especialmente en los conflictos sociales. Estas cuestiones se analizan con mayor profundidad en el estudio particular de una institución: la justicia letrada nacional con marcado poder en el Territorio. Se demuestra que esta institución ejerció un papel importante en la extensión de las propiedades que caracterizaron la construcción y consolidación del Estado. El protagonismo judicial a nivel nacional tuvo su correlación en el poder de los jueces y de los juzgados letrados territoriales, basado en: el carácter nacional de estos tribunales, el perfil profesional de sus miembros, una red social y política de los magistrados a nivel nacional y, la debilidad de las demás instituciones del Territorio. Este poder era reconocido y consolidado por la prensa y los vecinos -propietarios, comerciantes y profesionales- interesados en jerarquizar el papel de la justicia.

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La tesis estudia una serie de intervenciones gestadas en el ámbito judicial que se ocuparon de regular la vida de niños y jóvenes acusados de delinquir. Nominados como 'menores', se trataba de un sector de la población que se encontraba fuera de los marcos normativos previstos por la definición moderna de la infancia y la juventud. En este sentido, el objetivo principal de la investigación es presentar una primera aproximación a tres aspectos vinculados a la construcción social de la minoridad en la provincia de Buenos Aires en el período comprendido entre 1930 y 1943. En primer lugar, pensar la transformación de la forma de concebir los delitos cometidos por los niños y jóvenes y de juzgar sus transgresiones, iniciada en la década de 1920 y consolidada en la década de 1930. En segundo lugar, pensar la configuración de ideas punitivas estructuradas sobre la educación como un elemento clave para reemplazar el castigo tradicional para este sector de la población. En tercer lugar, pensar la centralidad conferida a la familia en dichas ideas y en las prácticas judiciales, que la erigían como una estrategia de solución y como la causa principal del peligro diagnosticado

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Esta tesina tiene el objetivo de analizar las relaciones entre los detenidos y la justicia penal en dos cárceles de la provincia de Buenos Aires. Estas relaciones son una dimensión de la vida cotidiana de los detenidos en las cárceles y se condensan en lugares específicos dentro de estas instituciones. Los detenidos encaran relaciones con la justicia penal principalmente a través de escritos, mediante los cuales solicitan a los tribunales en donde se deciden y regulan sus condenas a prisión medidas como el acceso a programas de libertad anticipada. El interés del trabajo está puesto en cómo los detenidos se organizan para producir y circular escritos, acumulan y socializan conocimientos, y despliegan distintas tácticas para encarar esas relaciones. Analizamos cómo los detenidos buscan personalizar las relaciones con la justicia, contra las tendencias a la despersonalización propias de la burocracia judicial. A su vez, describimos cómo sus acciones están dirigidas a activar los mecanismos burocráticos de la justicia para que se resuelva en favor suyo, antes que a suplantarlos o combatirlos. El análisis de estas relaciones entre los detenidos y las burocracias judiciales nos permiten pensar los vínculos entre mucho de lo que sucede en las cárceles y otras instituciones y actores que funcionan por fuera de ella

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El presente trabajo tiene como objetivo analizar las reconfiguraciones de los espacios de lo público y lo privado en la militancia revolucionaria de la década de 1970 en Argentina a partir de cuatro documentos pertenecientes a las organizaciones PRT-ERP y Montoneros. Para ello se partirá de los enfoques que plantean una relación permeable entre las esferas de lo público y lo privado. Este esquema de fronteras difusas permitirá establecer un corrimiento con respecto a los contenidos rígidos que les asigna a esas esferas la doctrina liberal. Para analizar la relación entre militancia revolucionaria y vida privada se tomarán en consideración, por un lado, los documentos La moral y la actividad revolucionaria de Nahuel Moreno y Moral y proletarización de Luis Ortolani de PRT-ERP, agrupados bajo el eje moral revolucionaria y, por el otro, las Disposiciones sobre la justicia penal revolucionaria y el Código de justicia penal revolucionario, ambos códigos normativos de Montoneros, aglutinados bajo el eje justicia revolucionaria

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Tabla de contenidos: Organización unitaria de la Provincia de Buenos Aires. Reorganización de la justicia bonaerense. Jurisdicción y competencia. Intervención de los jueces de paz en los acontecimientos políticos, militares y sociales de la campaña [1821-54]. Los jueces de paz de campaña como agentes electorales. La vida económica en la campaña. Los juzgados de paz de frontera.

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Este artículo se propone analizar la forma en que se implantó la Justicia de Paz en el interior de la provincia de Buenos Aires entre 1865 y 1910, a través del estudio de los sujetos que desempeñaron esa función y los entramados políticos en los que participaron. El mismo se ha realizado a partir del estudio de un Juzgado en particular, como fue el del partido de Tres Arroyos. Por un lado, se reconstruye el perfil de los sujetos que ejercieron el cargo de Jueces de Paz, con la intención de entender las lógicas que guiaron su designación. Para ello, se indaga en la reconstrucción de sus biografías asociadas a los diversos momentos de ocupación e institucionalización local. Posteriormente se identifican dos modos de nucleamiento que sirvieron de base relacional a los individuos del lugar y que permiten completar la explicación generada desde las biografías individuales: una red de tipo iniciática, como fue la masonería; y una red del conservadurismo local, dirigida por poderosos estancieros del lugar. Por último, se observa si esas redes influyeron en la administración de justicia local. Las fuentes utilizadas son diversos álbumes conmemorativos locales, datos censales, periódicos locales, expedientes correccionales tramitados en la Justicia de Paz de Tres Arroyos, el Libro Copiador de Notas del Juzgado y el Libro de Actas de la Logia Hiram de Tres Arroyos.