Policy processes and collective action in water reforms: the cases of Nicaragua and Suriname

Las reformas de agua en países en desarrollo suelen llevarse a cabo junto con cambios institucionales más profundos o, incluso, acompañadas de cambios constitucionales o de régimen político. Por lo tanto, los marcos institucionales adaptados a países gobernados sujetos al estado de derecho pueden no ser apropiados para contextos gobernados fundamentalmente, al menos en sus inicios, por instituciones informales o poco maduras. Esta tesis toma las reformas de agua como punto de partida y pretende contribuir a la literatura mediante una serie de análisis empíricos tanto del ámbito general como del plano individual o sujeto personal de la política del agua. En el ámbito general, el foco se pone en los factores que explican el fallo de la acción colectiva en dos contextos diferentes: 1) en la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua y 2) en el mantenimiento y revitalización de las instituciones de riego en Surinam. En el plano del individuo, la investigación se centra en las decisiones de los usuarios de los recursos y analiza el papel crítico de las variables sociales para la gestión de los recursos comunes. Para ello, el método de investigación utilizado es mixto, combinando el análisis de entrevistas, encuestas y experimentos. En el ámbito general, los resultados muestran que las principales barreras para la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua podrían tener su reflejo en el lenguaje de la Ley y, por tanto, en la forma en la que se definen y configuran las instituciones incluidas en dicha Ley. Así, la investigación demuestra que la implementación de políticas no puede ser estudiada o entendida sin tener en cuenta tanto el diseño de la propia política como el marco socio-ecológico en el que se enmarca. El contexto específico de Nicaragua remarca la importancia de considerar tanto las instituciones formales como informales en los procesos de transición política. A pesar de que las reformas de agua requieren plazos largos para su implementación, el hecho de que exista una diferencia entre las reglas tal cual se definen formalmente y las reglas que operan en la realidad merece una mayor consideración en el diseño de políticas basadas fundamentalmente en instituciones formales. En el ámbito de la conducta individual, el análisis de la acción colectiva ofrece una serie de observaciones empíricas interesantes. En el caso de Nicaragua, los resultados indican que la intensidad de las relaciones sociales, el tipo de agentes dispuestos a proporcionar apoyo social y el nivel de confianza en la comunidad son factores que explican de manera significativa la participación en la comunidad. Sin embargo, el hecho de que la gestión colectiva de riego se produzca, en la mayoría de casos, en torno a lazos familiares sugiere que las variables de capital social críticas se definen en gran medida en la esfera familiar, siendo difícil que se extiendan fuera de estos nexos. El análisis experimental de los resultados de un juego de uso de recurso común y contribución al bien público muestra que las preferencias pro-sociales de los individuos y la heterogeneidad del grupo en términos de composición por sexo son factores que explican significativamente los resultados y las decisiones de apropiación a lo largo del juego. En términos del diseño de las políticas, es fundamental tener en cuenta las dinámicas de participación y uso de los recursos comunes de manera que los niveles de cooperación puedan mantenerse en el largo plazo, lo cual, como se observa en el caso de Surinam, no es siempre posible. Finalmente, el caso de Surinam es un ejemplo ilustrativo de los procesos de acción colectiva en economías en transición. El análisis del fallo de la acción colectiva en Surinam muestra que los procesos políticos vinculados al período colonial y de independencia explican en gran medida la falta de claridad en las reglas operacionales y colectivas que gobiernan la gestión de los sistemas de riego y drenaje. Los resultados empíricos sugieren que a pesar de que la acción colectiva para la provisión de los servicios de riego y drenaje estaba bien establecida bajo el régimen colonial, la auto-organización no prosperó en un contexto dependiente del apoyo externo y regido fundamentalmente por reglas diseñadas al nivel competencial del gobierno central. El sistema socio-ecológico que se desarrolló durante la transición post-colonial favoreció, así, la emergencia de comportamientos oportunistas, y posteriormente la inoperancia de los Water Boards (WBs) creados en la época colonial. En este sentido, cualquier intento por revitalizar los WBs y fomentar el desarrollo de la auto-organización de los usuarios necesitará abordar los problemas relacionados con los patrones demográficos, incluyendo la distribución de la tierra, el diseño de instituciones y la falta de confianza en el gobierno, además de las inversiones típicas en infraestructura y sistemas de información hidrológicos. El liderazgo del gobierno, aportando empuje de arriba-abajo, es, además, otro elemento imprescindible en Surinam. ABSTRACT Water reforms in developing countries take place along deeper institutional and even constitutional. Therefore, institutional frameworks that might result in positive outcomes in countries governed by the rule of law might not fit in contexts governed mainly by informal or immature institutions. This thesis takes water reforms as the starting point and aims to contribute to the literature by presenting several conceptual and empirical analyses at both general and individual levels. At the general national level, the focus is on the factors explaining failure of collective action in two different settings: 1) in the implementation of the new Nicaraguan Water Law and 2) in sustaining and revitalizing irrigation institutions in Suriname. At the individual level, the research focuses on the actions of resource users and analyzes the critical role of social variables for common pool resources management. For this purpose, the research presented in this thesis makes use of a mixed-method approach, combining interviews, surveys and experimental methods. Overall, the results show that major barriers for the implementation of the new Nicaraguan Water Law have its reflection on the language of the Law and, therefore, on the way institutions are defined and configured. In this sense, our study shows that implementation cannot fruitfully be studied and understood without taking into account both the policy design and the social-ecological context in which it is framed. The specific setting of Nicaragua highlights the relevance of considering both formal and informal institutions when promoting policy transitions. Despite the unquestionable fact that water reforms implementation needs long periods of time, there is still a gap between the rules on paper and the rules on the ground that deserves further attention when proposing policy changes on the basis of formal institutions. At the level of the individual agent, the analysis of collective action provides a number of interesting empirical insights. In the case of Nicaragua, I found that the intensity of social networks, the type of agents willing to provide social support and the level of trust in the community are all significant factors in explaining collective action at community level. However, the fact that most collective irrigation relies on family ties suggests that critical social capital variables might be defined within the family sphere and making it difficult to go beyond it. Experimental research combining a common pool resource and a public good game in Nicaragua shows that individuals’ pro-social traits and group heterogeneity in terms of sex composition are significant variables in explaining efficiency outcomes and effort decisions along the game. Thus, with regard to policy design, it is fundamental to consider carefully the dynamics of agents' participation and use of common pool resources, for sustaining cooperation in the long term, which, as seen in the case and Surinam, is not always possible. The case of Suriname provides a rich setting for the analysis of collective action in transition economies. The analysis of decay of collective irrigation in Suriname shows that the lack of clear operational and collective choice rules appear to be rooted in deeper political processes that date back to the colonial period. The empirical findings suggest that despite collective action for the provision of irrigation and drainage services was well established during the colonial period, self-organization did not flourish in a context governed by colonial state-crafted rules and mostly dependent on external support. The social-ecological system developed during the post-colonial transition process favored the emergence of opportunistic behavior. In this respect, any attempt to revitalize WBs and support self-organization will need to tackle the problems derived from demographic patterns, including land allocation, institutions design and government distrust, in addition to the typical investments in both physical infrastructure and hydrological information systems. The leadership role of the government, acting as a top-down trigger, is another essential element in Suriname.

The European Union's promotion of regional economic integration in Southeast Asia: Norms, markets or both? Bruges Political Research Paper No. 25/May 2012

The EU‘s external action includes a preference for regional interlocutors and a tendency to promote regionalism. This work concentrates on the southeast Asian area and it aims at investigating the nature of EU‘s promotion of ASEAN regional integration. The EU‘s ideas and practices of regionalism as well as the single market experience influence the EU‘s international action. The power deriving from the EU‘s institutionalized market is used by the Union in a normative way to diffuse the EU‘s ideas and principles, advance the EU‘s interests and spread its model of economic integration through political dialogue, development cooperation and preferential trade arrangements. This action seems to result in a certain diffusion of the EU‘s ideas and practices in southeast Asia as well as in a subsequent reappropriation and redefinition of external inputs by ASEAN.

The Theory of Interhybridity: Socio-political Dimensions and Migration Experiences of Post-communist Western Balkan States

The Western Balkans integration within the EU has started a legal process which is the rejection of former communist legal/political approaches and the transformation of former communist institutions. Indeed, the EU agenda has brought vertical/horizontal integration and Europeanization of national institutions (i.e. shifting power to the EU institutions and international authorities). At this point, it is very crucial to emphasize the fact that the Western Balkans as a whole region has currently an image that includes characteristics of both the Soviet socialism and the European democracy. The EU foreign policies and enlargement strategy for Western Balkans have significant effects on four core factors (i.e. Schengen visa regulations, remittances, asylum and migration as an aggregate process). The convergence/divergence of EU member states’ priorities for migration policies regulate and even shape directly the migration dynamics in migrant sender countries. From this standpoint, the research explores how main migration factors are influenced by political and judicial factors such as; rule of law and democracy score, the economic liberation score, political and human rights, civil society score and citizenship rights in Western Balkan countries. The proposal of interhybridity explores how the hybridization of state and non-state actors within home and host countries can solve labor migration-related problems. The economical and sociopolitical labor-migration model of Basu (2009) is overlapping with the multidimensional empirical framework of interhybridity. Indisputably, hybrid model (i.e. collaboration state and non-state actors) has a catalyst role in terms of balancing social problems and civil society needs. Paradigmatically, it is better to perceive the hybrid model as a combination of communicative and strategic action that means the reciprocal recognition within the model is precondition for significant functionality. This will shape social and industrial relations with moral meanings of communication.

EU Trade Actors after Lisbon: Enhanced Negotiations or Business as Usual? Brugges Political Research Paper No. 32, November 2013

As seen by the launching of trade negotiations with Japan and the United States, the European Union has shifted gears in order to achieve amplified benefits in bilateral trade agreements. The entry into force of the Lisbon Treaty brought the European Parliament and the European External Action Service into the picture as new actors in trade negotiations. The question arises if the new framework of trade negotiations is better off than the pre-Lisbon era. By applying Veto Players theory to the Central American Association Agreement and Principal-Agent theory to the Ukrainian Association Agreement, two results were concluded. First, the participation of the European Parliament as a veto player has decreased the effectiveness of trade negotiation. Second, the participation of the European External Action Service has shown the contrary, namely an increase of effectiveness in trade negotiations.

Who calls the shots in the committees of the new European Parliament? CEPS Special Report No. 97, 21 November 2014

This CEPS Special Report analyses the composition of the 20 committees in the new European Parliament and how representative they are of the 28 member states, identifying which policy areas or committees are of particular interest to MEPs from certain countries. It also examines the allocation of committee chairs and party coordinator positions to assess whether the country of origin matters and if so, why. The study reveals that in general the countries’ share of representatives in the committees is very similar in most of the cases to their representation in Parliament. Still, some policy areas have a special relevance for some countries and attract their MEPs in larger numbers. Due to the procedure used in the allocation of the committee chairs, which favours the largest political groups and the largest national parties within them, MEPs from larger member states tend to hold most of these coveted positions. The internal process followed by the political groups in appointing their coordinators in the respective committees is predisposed towards MEPs with seniority, experience and good connections. All in all, the strategic relevance that national parties attach to these positions makes a difference.

Renewal through international action? Options for EU foreign policy. CHALLENGE EUROPE Issue 22 - Challenges and new beginnings: Priorities for the EU’s new leadership. September 2014

The time has come for the EU to become more curious of the world around it, open and receptive to different ideas, and more articulate and thoughtful about its own. This is a somewhat anthropomorphic description of what would be needed to 'mature' into a global actor. The EU has promoted and managed globalisation while pretending that its political dimension would not require attention. This has led to it punching below its weight globally. Now it is abundantly clear that the systemic weaknesses of globalisation require international action and that the management of internal affairs cannot be divorced from the external context: decision time has come.

The EU-Ukraine Action Plan on Visa Liberalisation: an assessment of Ukraine's readiness. OSW Commentary No. 45, 2011-01-17

The Action Plan on visas adopted during the recent EU-Ukraine summit is a success for Ukraine. It is the first time that Kyiv has succeeded in obtaining a definition of the conditions and criteria whose fulfilment will enable Ukraine to apply for the lifting of EU visas for its citizens. Ukraine's strong point has been its political will; the lifting of this visa regime has been a priority for all Ukrainian governments since 2005. Since Viktor Yanukovych became president, Ukraine has adopted or prepared key legal acts that brought it nearer to European standards in the area of border and migration management. One of Kyiv's strengths is also its relatively well reformed and efficiently managed border service. Moreover, illegal transit migration via Ukraine is decreasing, and fewer Ukrainians are trying to enter or stay in the EU illegally. Also, Kyiv has efficiently implemented the EU-Ukraine readmission agreement. The hardest task for Ukraine will be to meet the EU’s expectations concerning values, the condition of Ukrainian democracy, and the rule of law. Corruption remains the main barrier to Ukraine's development and modernisation; the courts are weak and the judicial system inefficient. The main undertaking of the new migration service that is being formed at the moment will be to create a civil system of registration, monitoring and regulating the stays of foreign nationals. This may prove difficult, as the supervisory authority (the Ministry of the Interior) remains an unreformed, police-type bureaucratic institution. Ukraine is lagging behind countries such as Russia, Belarus and Moldova when it comes to the introduction of biometric documents. Another problem is the lack of an electronic information system on foreign nationals, visas and border crossings which would be accessible to all the relevant services and institutions. For these reasons, the complete abolition of visas seems to be a longterm perspective, especially considering that many EU countries, which themselves are faced with the problem of migrants’ integration, are rather sceptical about the further liberalisation of movement of people with their eastern neighbours. In the immediate future, if Ukraine meets some of the requirements set by the EU, it will be able to seek the extension of the visa facilitations that have been in operation since 2008.

Integrating Europeans: The Political Economy and Social Aspects of Europeanization. ACES Working Papers (Curriculum Development), 2012

This course, then, investigates the effects of integration on European citizens as well as the duality of the EU as a competitive and social model. It is sensitive to the involvement of social groups, protest, and domestic politics in the study of market integration. Some of the questions we explore are: What are the effects of regulatory policy-making on social actors, how do such actors’ strategies and behaviors change as a consequence, and how to they overcome their collective action problems? Why is it that the logic of integration has at times followed a logic of “permissive consensus” while at other times it has been described as a “constraining dissensus”? What is the importance of discourse in domestic politics in order to articulate and legitimate Europeanization? How do European identities change as a consequence of policymaking as well as of protest? To what extent do ordinary Europeans matter in terms of accepting and opposing the project of European integration, how do European citizens in core and peripheral EU states experience Europeanization, and how is their involvement in the integration project to be conceptualized?

American Attitudes on European Political Integration — The Nixon-Kissinger Legacy. IES WORKING PAPER 2/2007

This paper concentrates on the Nixon-Kissinger view of European political integration. In contrast with the mainstream position of the American Administrations during the 1950s and 1960s, Kissinger was convinced that by encouraging European unity, the United States was in fact creating its own rival. The start of a new system of European foreign policy cooperation in 1970 was seen by Kissinger as a particularly important example of Europe’s attempt to challenge the American hegemony. Kissinger emphasized the need to maintain Western Europe in a subordinate role. Three main lines of action were pursued to keep the development of the European Community under control: maintaining bilateral contacts with key European allies, requesting a seat at the Community's decision-making table, and linking "obedient" European behavior to American military presence in Europe. The legacy of this policy still seems to influence the current American policy on the European Union. The Nixon-Kissinger term was, however, detrimental to rather than conducive of harmonious transatlantic relations. Tendencies to emulate it should therefore be discouraged.

One year after the Youth Guarantee: Policy fatigue or signs of action? EPC Policy Brief, 27 May 2015

In April 2013, the EU Council called on EU member states to establish Youth Guarantee (YG) schemes, ensuring that “all young people under the age of 25 years receive a good-quality offer of employment, continued education, apprenticeship or traineeship within a period of four months of becoming unemployed or leaving formal education”. Implementation was meant to start more than a year ago, but political interest seems to have waned a bit. Is a ‘policy fatigue’ contaminating youth employment policies across the EU? Have some timid signs of economic recovery led to youth unemployment being less urgent or are we witnessing the usual policy developments whereby grand EU statements are worn down by political realities and resistance on the ground? In this Policy Brief, Claire Dhéret and Martina Morosi assess the implementation of the Youth Guarantee and provide suggestions on how to renew a sense of enthusiasm for such an ambitious tool across Europe.

Light and shadows in Europe’s new Action Plan for Capital Markets Union. ECMI Commentary No. 40/5 October 2015

The European Commission’s Action Plan consists, in a nutshell, of a short list of technical proposals and a longer one of (rather general) potential actions. Overall, the plan indeed proposes to achieve some short-term objectives, such as a reduction of listing costs for SMEs, but it lacks long-term vision. The plan bundles actions under rather generic objectives of long-term finance or cross-border investing. Improving the informational infrastructure (e.g. accounting standards, company data) and cross-border enforcement of rules is left to vaguely defined future actions, but these constitute the core of the capital markets infrastructure. Without a well-defined set of measurable objectives, the whole plan may lose political momentum and become an opportunity for interested parties to cherry pick their pet provisions. Building a single market, i.e. removing cross-border obstacles to capital circulation, is too challenging a task to simply appear as one of many items on a long list of general objectives, which incidentally do not include institutional reform. The ultimate risk is that the Commission may just miss a unique opportunity to revamp and improve the financial integration process in Europe after almost a decade of harmful financial retrenchment.

What drives the European Parliament? The Case of the General Data Protection Regulation. Bruges Political Research Papers 47/2015.

This paper evaluates which factors influence the European Parliament’s decision-making, based on a case study: the 2012 proposal for a General Data Protection Regulation. Following a ‘competitive testing’ approach, six different hypotheses are successively challenged in order to explain why the EP adopted a fundamental rights- oriented position. The first three factors relate to the internal organization of the EP’s work, i.e. the role played by the lead committee, by the rapporteur and by secretariat officials. The last three factors are external-related, i.e. lobbying activities, outside events and institutional considerations. Based on the empirical findings, it is argued that even though the EP’s position is due to a range of various factors, some of them prove to be more relevant than others, in particular the rapporteur and lead committee’s roles. New institutionalism theories also provide a comprehensive explanation for the EP’s willingness to achieve a fundamental rights oriented outcome.

Administration et réseaux d'action publique

Archive institutionnelle de l'Université de Genève - Institutional Repository of the University of Geneva

EU and Swiss regulatory action on Nanomaterials

Dannie Jost lectured on EU and Swiss regulatory action on nanomaterials as one of 16 speakers at the interdisciplinary seminar for young scientists was aimed at doctoral students from NRP 62 "Smart Materials" and NRP 64 "Opportunities and Risks of Nanomaterials".

Translation of documents presented by William R. Hearst before the Special Committee appointed pursuant to S. Res. 7, a resolution relative to the alleged payment of large sums of money by the government of Mexico to influence the official action of certain United States Senators.

David A. Reed, Chairman.