815 resultados para Política de recursos naturales
Resumo:
A lo largo de la historia, el hombre ha luchado por los recursos naturales. En el pasado, su lucha era por el agua y el suelo fértil, sin embargo, hoy en día, las naciones están luchando por el petróleo como la principal fuente de energía. En 1973 el reajuste internacional de los precios del petróleo, obligó a los países que dependen de su importación y que lo utilizan como fuente importante para la generación de energía y para el transporte, a declarar una crisis energética debido a su alto costo. Como consecuencia, se iniciaron investigaciones de desarrollo tecnológico con miras a la búsqueda de diferentes tipos de energías alternativas económicas, con énfasis en la búsqueda de combustibles líquidos obtenidos de fuentes renovables que pudieran sustituir al petróleo. Una de las soluciones consistió en utilizar el alcohol carburante como combustible para los motores de explosión interna. Esta idea fue aplicada con total éxito en Brasil a finales de 1973, aunque este producto ya se usaba como combustible a principios del siglo pasado, pero perdió su importancia debido a los precios del petróleo relativamente bajos por entonces, y su utilización, por tanto, disminuyó notablemente. El uso del alcohol carburante (etanol) no es nuevo en la industria. Desde hace ya varias décadas se ha utilizado alcohol carburante para diferentes funciones; Henry Ford, en los Estados Unidos, inició la producción de su más famoso automóvil, conocido como “modelo T”, carro que utilizaría el alcohol carburante como único combustible. La refinación del petróleo y la invención de la gasolina reemplazó el alcohol por su bajo costo, dejando en un segundo plano la utilización del etanol. Actualmente se está presentando una problemática en Colombia debido a que el precio de crudo se ha elevado, produciendo efectos adversos en la economía nacional. El Gobierno, consciente de está situación, ha buscado posibles salidas ante una crisis de desabastecimiento de petróleo que obligaría al país a importar petróleo para surtir la demanda interna, generando altos costos de importación y produciendo un aumento de precios para los consumidores finales Otro factor relevante para el análisis de la producción del alcohol carburante en Colombia es el relacionado con el agro y la producción de materia prima para obtener el etanol. En esta medida, el agro colombiano podría beneficiarse de la producción de alcohol carburante a través de una mayor demanda de productos tales como caña de azúcar, yuca, remolacha, entre otros, traduciéndose en un aumento de la producción. Esto generaría mayores ingresos económicos para los productores, contando además con las ventajas derivadas de la actualización tecnológica. A través del mercado de las energías renovables, Colombia puede posicionarse como un potencial exportador de alcohol carburante para el mundo, lo que le permitiría generar mayores recursos y un mayor flujo de divisas para la economía nacional. Si se tienen en cuenta otros factores tales como las ventajas que permite la posición geográfica del país para el comercio de mercancías a nivel internacional, Colombia podría establecerse como un líder a nivel internacional en la producción y comercialización de alcohol carburante. Las relaciones internacionales de Colombia con el mundo están afectadas de manera especial por el comercio. En esta medida, a través del mercado de las energías renovables, el país puede establecer acuerdos comerciales que beneficien a Colombia en el campo tanto político como económico. Es a través de este importante mercado que el país podría contar con un importante elemento de negociación en foros internacionales relacionados en la materia.
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Esta monografía busca analizar cómo la normatividad forestal en la región de la Orinoquia, específicamente en el municipio de la Primavera, Vichada, puede convertirse en un factor generador de condiciones favorables para el desarrollo regional. Inicialmente, en el proyecto de la investigación, se propuso realizar el análisis a partir de la Ley General Forestal, pero en el transcurso del trabajo fue necesario replantear este foco de estudio, porque esta fue declarada inexequible por la Corte Constitucional Colombiana. Sin embargo, este viraje no afecta, sustancialmente el trabajo, ya que el propósito, más general, de la Ley era ordenar y agrupar las distintas medidas, instrumentos y disposiciones sobre el sector forestal que estaban dispersos en leyes anteriores, decretos reglamentarios y planes específicos formulados desde 1959 en adelante, por lo tanto al desaparecer la Ley, se regresa a la situación anterior, sin que desaparezcan los aspectos puntuales para el análisis, como son: la regulación de todas las actividades relacionadas con plantaciones forestales. La conservación y el manejo sostenible de bosques naturales y el establecimiento de varias plantaciones forestales. El otorgamiento del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), mecanismos de financiación, créditos, estímulos, incentivos, exenciones y garantías a la inversión. Las competencias para los diferentes entes e instituciones locales, regionales y nacionales.
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Breve descripci??n de la normativa de pesca en el parque nacional del archipi??lago de Cabrera (Baleares) y de las artes de pesca tradicional permitidas bajo esta normativa.
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Esta monografía busca estudiar y evaluar la efectividad del Mecanismo Financiero del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. El estudio se centra en la efectividad que dicho mecanismo ha tenido en Colombia, como país en desarrollo que ha obtenido algunos beneficios del mismo desde 1994, cuando se hizo Parte del Protocolo y hasta 2004, período en el cual, se ha implementado este instrumento en el país para contribuir a la solución mundial al problema del agotamiento de la capa de ozono, a través de la eliminación del consumo de las sustancias químicas que producen ese efecto y alentando la conciencia ambiental.
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El agua esta presente en el 70% de la superficie del planeta Tierra y de ella depende la vida de la gran mayoría de organismos que en él existen, incluidos entre ellos la raza humana. Nuestro cuerpo, además, esta compuesto en un 70% de este líquido. Sin embargo, debido al progreso industrial y al calentamiento global, entre otros factores, las fuentes hídricas se han visto afectadas considerablemente, lo que ha generado preocupación mundial sobre el manejo y la gestión del recurso. Desde el punto de vista jurídico, el agua, es uno de los recursos naturales de más trascendencia y actualidad, por su constante deterioro y sus múltiples usos. Esto se debe a que el recurso hídrico es el elemento principal para el desarrollo de la vida, y el hombre se ha encargado de aminorar la existencia de este líquido, acabando con las fuentes hídricas sin conciencia del daño ambiental que produce con sus actos u omisiones.
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Colombia como país en vía de desarrollo, enfrenta una crítica situación ambiental que pone en riesgo la salubridad de su población y el aprovechamiento de sus recursos naturales. Incluso, se estima que nuestro país es uno de los menos preparados para resolver esta problemática, especialmente al considerar que el Estado no cuenta con los recursos económicos e institucionales requeridos para proveer las herramientas necesarias que permitan ejecutar una política ambiental responsable en materia de atención y prevención del medio ambiente. Ésta situación se agrava en el contexto jurídico y económico de Colombia, toda vez que se observan las condiciones que se han plasmado en la comunidad internacional respecto del tema ambiental. Así, en los diferentes instrumentos jurídicos internacionales se ha introducido la idea imperante de que las políticas ambientales deben plantearse y ejecutarse en forma íntegra en la medida que asegure la persecución del llamado desarrollo humano sostenible.
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A través de la política ambiental del país, guiada por los principios constitucionales que rigen el tema ambiental, se han concebido unos instrumentos de punición, reparación y mitigación para contrarrestar los daños ambientales producidos por el hombre. Entre otras normas, el artículo 80 de la Constitución Política, le impone al Estado, representado por las autoridades ambientales, el deber de mitigar, sancionar y exigir la reparación de los daños causados al ambiente, debido a que los recursos naturales renovables le pertenecen a la nación, forman parte del patrimonio natural y aseguran el desarrollo sostenible, la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los colombianos.
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Desde la década de 1990 la región del Pacífico colombiano vive un proceso inédito de agudización del conflicto armado interno. Algunos estudios han descrito este hecho como una consecuencia no intencionada del reconocimiento de las poblaciones negras de la región como grupos étnicos propietarios de los territorios en los que habitan. En este artículo me pregunto de qué forma resultaron modificadas las dinámicas de conflicto en la subregión del Bajo Atrato chocoano (1985-2005) en Colombia, si esto se vincula con la explotación de sus recursos naturales, en particular la palma de aceite y cuál fue el papel que jugó en estas dinámicas el cambio en el régimen de propiedad de la tierra. Para responder a estas preguntas me baso en los estudios sobre la economía política de los conflictos armados e introduzco el concepto de órdenes de extracción con el fin de analizar las acciones de los actores del conflicto, los empresarios de la palma, el Estado como agente regulador y las poblaciones negras. Mi conclusión principal es que el cambio en la estructura de propiedad de la tierra no fue causa del conflicto y que el tipo de actor involucrado es una variable relevante.
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La alta riqueza natural de Canadá ha hecho que el tema ambiental tenga un rol importante en las agendas tanto del orden nacional como del internacional y ha sido además objeto de múltiples estudios académicos y de preocupaciones netamente civiles en torno a las problemáticas que se presentan. La situación no es lejana a la que se presenta en Colombia, considerado uno de los países más ricos del mundo en materia de recursos naturales, pero que requiere conocer cada vez más experiencias que le permitan dilucidar soluciones para las problemáticas ambientales que enfrenta, si se tiene en cuenta, además, la situación de conflicto existente que amenaza de forma considerable la seguridad ambiental.
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La especialización en Derecho Ambiental y la Línea de Investigación en Derecho Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario presentan la publicación Ciudades ambientalmente sostenibles, con la cual pretenden aportar elementos al conocimiento y a las posibles soluciones de los conflictos ambientales existentes en nuestro país. Este proyecto obedece al interés que tienen los investigadores, profesores y estudiantes del programa de Especialización en Derecho Ambiental en seguir cooperando, a través de la investigación y el conocimiento, en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos, mediante la identificación de las problemáticas e impactos ambientales que se presentan en los centros urbanos, los cuales e han venido incrementando con el crecimiento de las ciudades. La importancia del tema planteado en esta publicación obedece a la necesidad de contar con políticas públicas en la materia y con procesos de planificación urbana que involucren de manera transversal la variable ambiental, dado que la población que se concentra en las urbes y el proceso de industrialización terminan por generar cambios en los hábitats y afectan los recursos naturales y el ambiente. el crecimiento rápido de las ciudades compromete el suministro de recursos para garantizar la seguridad alimentaria, cambia el uso del suelo, disminuye la biodiversidad, genera desechos en grandes cantidades e implica la concentración de contaminables como consecuencia de los vertimientos y de las fuentes fijas y móviles, como elementos inherentes del sector productivo y el transporte urbano.
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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.
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Este proyecto responde a un momento histórico de gran importancia, que por supuesto no pudo ser más oportuno. Colombia celebra en el año 2006 los quince años de la promulgación de su Constitución Política, y los cambios de trascendentales surgidos a partir de su aplicación has sido prolíficos, Particularmente, el tema ambiental ha sobresalido dentro de las grandes transformaciones del país, y por ello no en vano hoy se afirma que tenemos una verdades Constitución ecológica. De igual forma, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemora los die años de la creación de la especialización en Derecho Ambiental, y tal coincidencia histórica fue una motivación adicional para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida en este decenio, una evaluación de la gestión ambiental colombiana y de sus distintos impactos en una sociedad que cuenta hoy en día con herramientas constitucionales legales para la defensa de sus derechos e interese colectivos. La Universidad del Rosario ha sido parte de esta evolución, desarrollando un rol activo con el cual se han abierto espacios de discusión y de proposición de alternativas, herramientas y experiencias en pro de la protección integral de la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana. Así, se ha constituido como facilitadora del proceso de la formación de los nuevos actores y ha tenido gran posicionamiento en procesos de participación y de estructuración de proyectos institucionales ambientales.
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El uso de seguro de medicamentos, dentro del proceso de atención en salud, ha tomado importancia a nivel nacional e internacional al evidenciarse el aumento de incidentes y eventos relacionados con los medicamentos, que involucran desde el procesos de adquisición, pasando por la prescripción médica, la dispensación, la administración de medicamentos, hasta llegar a la utilización en los pacientes y cuidadores. El uso adecuado de medicamentos es una de las metas de seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud, en las cuales trabaja todos los días el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, y en el caso específico de medicamentos lo hace a través de su Programa de Farmacovigilancia haciendo seguimiento y clasificación de los casos reportados, donde para los años 2012 al 2013 se observan avances considerables y la consolidación de estrategias que mejoran el uso del medicamento, que se da con una inducción adecuada a cada uno de los funcionarios que intervienen en este proceso y a la educación permanente de colaboradores, pacientes y sus cuidadores. El propósito de este estudio fue analizar los datos encontrados en las bases de del programa de Farmacovigilancia en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt en los años 2012-2013, estableciendo variables, comparando los resultados, determinando el estado actual y de ser posible establecer lineamientos de mejora al mismo
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La seguridad ambiental es una temática de interés tanto a nivel nacional como internacional, debido a que las problemáticas ambientales traspasan las fronteras de los Estados y No diferencian la condición de país desarrollado o en desarrollo.
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El principal problema del agua radica en que la demanda sigue creciendo y la oferta, tanto en calidad como en disponibilidad, no esta en capacidad de atender las exigencias de las diferentes necesidades humanas y del ambiente.