1000 resultados para Gobiernos progresistas


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OBJETIVO: Identificar las tendencias y los efectos de la descentralización en las políticas de financiamiento de la salud en México. MÉTODOS: La población de estudio incluyó cuatro estados seleccionados bajo criterios técnicos: diferente desarrollo socio-económico; implementación de la descentralización; base de datos sobre información económica; confiabilidad y validéz de las bases de datos; y apoyo de un equipo interdisciplinario de investigación. Las técnicas de recopilación de información se basaron en entrevistas a profundidad con personal clave y análisis de documentos y bases de datos sobre los presupuestos estatales en salud para el período 1990-2000. RESULTADOS: El modelo de análisis propuesto permitió identificar las tendencias y efectos de la descentralización sobre las principales fuentes de financiamiento en salud: Hogares, Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. Hay evidencias de niveles de efectividad muy variada en cuanto a los cambios en las políticas de financiamiento, particularmente en lo que se refiere a las tendencias en los montos económicos por tipo de fuente de financiamiento. CONCLUSIONES: Hay estados donde los hogares, los municipios y el mismo gobierno estatal han hecho efectivo un incremento importante en el financiamiento de la salud, pero también hay Estados donde continúa la dependencia económica del nivel federal y donde Hogares, Municipios y Estados no están dispuestos ni capacitados para asumir responsabilidad económica en materia de salud.

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O empreendedorismo social tem vindo, nas últimas décadas, a ser denominado como um novo paradigma determinante para o funcionamento da economia, em grande parte, porque a economia social tornou-se basilar na sociedade, por um lado, pelo crescimento exponencial da exclusão social, elevado desemprego e envelhecimento da população e, por outro, devido às dificuldades orçamentais dos governos. O empreendedorismo social, utilizado por Instituições Particulares de Solidariedade Social sem fins lucrativos, procura resolver problemas sociais de forma inovadora e sustentável, com a finalidade de dar resposta aos grandes desafios sociais da atualidade, através da ação social na prevenção e no apoio nas diversas situações de fragilidade, exclusão ou carência humana, promovendo a inclusão, a integração social e o desenvolvimento local. O objetivo fundamental do presente trabalho, pretende verificar até que ponto as IPSS podem ser definidas como empreendedores sociais, através da prestação de serviços, nas variadas áreas à população local, de forma a alcançar o valor social. Neste estudo enveredou-se pela metodologia qualitativa, utilizando o método do estudo de caso único, recorrendo ao questionário como instrumento de recolha de dados numa instituição particular de solidariedade social do concelho da Maia. Deste estudo foi possível concluir a IPSS tem uma proximidade às populações, através das diversas valências vocacionadas para a resolução de problemas sociais emergentes, promovendo a inclusão a integração social, e alcançar o valor social. Assim, consideramos a IPSS estudada como sendo parte integrante e promotora do empreendedorismo social.

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De acordo com a informação fornecida pelo Instituto Nacional de Avaliação (2012), Espanha participou nas edições de 1990, 2006 e 2011 do PIRLS e nas edições de 1995 e 2011 do TIMSS. Por outro lado, em 2009, o nosso país participou pela primeira vez no Estudo Internacional de Civismo e Cidadania (Instituto de Avaliação, 2010). Finalmente, Espanha participa no Programa para a Avaliação Internacional dos Alunos (PISA). Conjuntamente com essas avaliações internacionais, tanto a nível estatal como regional, foram implementadas outras provas externas. Esta tendência foi reforçada e alargada pela nova Lei Orgânica para a Melhoria da Qualidade Educativa (LOMCE), aspeto que será analisado nesta apresentação. A proliferação destas práticas pode ser analisada a partir de diversas perspetivas. Nesta apresentação faz-se uma aproximação sustentada em numerosos escritos recentes (Pérez y Soto, 2011, Perrenoud, 2008; Stake, 2006, etc.), que alertam sobre o impacto dos sistemas de avaliação nas práticas de ensino. Por outro lado, a partir desta abordagem crítica, defende-se que as evidências sobre o que estas contribuem para a melhoria da educação não parecem ser tão abundantes.

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OBJETIVO: Analizar cambios organizacionales, políticos y económicos resultantes de la descentralización del sistema de salud en la población sin seguridad social en México. METODOS: Se visitaron tres estados del país seleccionados por el número de habitantes en condición de pobreza, el partido político en el poder y la etapa de implementación de la descentralización (la primera fue en 1984 y la segunda en 1997). Se realizaron entrevistas durante 2007 con informantes clave de los servicios de salud de los gobiernos estatales, personas que acudieron a consulta en los servicios estatales de salud y líderes comunitarios. Los datos fueron analizados desde una perspectiva antropológica y económica. RESULTADOS: La descentralización ocurrió de forma heterogénea en cada estado, observándose una transferencia de responsabilidades de la federación a los estados, más no así una ruptura con la dependencia del nivel central - federal. Las reformas impulsadas desde el nivel federal para crear un esquema fundamentado en principios de subsidiaridad financiera y democratización en salud enfrentan retos políticos y organizacionales para su consolidación. CONCLUSIONES: El enfoque antropológico muestra la relevancia de considerar factores organizacionales, políticos y económicos como parte del proceso de descentralización.

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O presente artigo intenta plasmar o uso da moção de censura enquanto instituto de controlo político do Governo na actividade parlamentar portuguesa das últimas três décadas. Da análise às diversas legislaturas e sessões legislativas dos vários governos constitucionais sistematizam-se aqueles mecanismos de controlo com referência à responsabilidade política do Governo.

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Gelpi adopta un concepto amplio y multidimensional de la educación permanente, en el que integra, entre otras, la educación de jóvenes y adultos. Para el autor, la educación permanente es en simultáneo, “[…] un concepto, una política, una práctica, un objetivo, un método”, comprendiendo la educación formal, no formal, la autoformación y el aprendizaje institucional, la educación a distancia y la educación presencial, la formación inicial y la formación continua, estando presente en todas las edades, tiempos y lugares, en el trabajo y en el no-trabajo (Gelpi, 1998: 125). Debería, por lo demás, entenderse no como una definición estable, más o menos cristalizada, sino como una realidad en permanente mutación – al igual que el mundo social -, hasta para conseguir evitar que la naturaleza “revolucionaria” del principio de la educación permanente pudiese venir a quedar reducido a un campo de prácticas “conservadoras” y meramente utilitaristas, coartado por agencias, gobiernos y empresas de una forma ambigua o incluso reduccionista (Id., ibid.: 125-126). Esta advertencia representa bien el eje de la concepción gelpiana de la educación permanente, por un lado de gran amplitud pero, por otro, rechazando cualquier apropiación de tipo pragmatista y fragmentario. En Gelpi, la multidimensionalidad de la educación y de la formación acepta la “pluralidad de las competencias” pero, exactamente por esta razón, rechaza verse limitada a las competencias profesionales, única forma de abrir espacio a las “competencias sociales, culturales, estéticas, efectivas y físicas que resultan indispensables para los individuos trabajadores-ciudadanos” (Gelpi, 2009: 133).

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El proyecto se lleva a cabo utilizando el modelo investigativo del “observatorio urbano”. Los mismos surgen como instrumentos de “UN-Hábitat” (Programa de Naciones Unidas), para impulsar el proceso de desarrollo urbano sostenible. Son organismos que se encargan de recolectar, clasificar y procesar información estadística para generar indicadores y parámetros a las condiciones urbanas de las ciudades. Para desarrollar el observatorio se efectúa el estudio de variantes e invariantes del paisaje urbano en el Programa 12.000 viviendas “Nuevos barrios”, del Gobierno de la provincia de Córdoba (financiado por el BID para la erradicación de Villas de Emergencia localizadas en zonas de riesgo). Barrios inaugurados en el año 2004 en la ciudad de Córdoba Capital. El propósito es analizar las transmutaciones producidas desde su apertura a un corte temporal realizado durante el año 2008 (cuatro años más tarde de su habilitación). Este proyecto pretende desarrollar un proceso metodológico para la tipificación de modalidades y formas de ocupación y construcción espontánea del paisaje, en función de tres líneas de estudio (Morfología, Tecnología y Sustentabilidad). Son objetivos esenciales de este proyecto: comprometerse con la situación de los grupos marginados y vulnerables de la sociedad; ayudar a los gobiernos locales a mejorar la recolección, el análisis y el uso de la información en la formulación de políticas urbanas más eficaces; contribuir a la teoría del diseño del Paisaje Urbano, desde un enfoque intradisciplinar; y desarrollar la formación de recursos humanos

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A partir de la hipótesis según la cual en muchos campos de la realidad cordobesa primaron accionares y resultados que, si bien se adecuaron a las correspondientes a nivel nacional, mostraron también un alto grado de originalidad, el objetivo fundamental de este proyecto es avanzar en el conocimiento de la evolución política, económica y social de la provincia de Córdoba entre 1946 y 1976 -tres décadas del pasado cordobés reciente de las cuales la historiografía sólo ha abordado algunos aspectos, potenciando el fenómeno peronista y descuidando, en general, etapas en que éste fue oposición o estuvo proscrito- y comprobar la originalidad o no de las políticas públicas locales estableciendo en qué medida replican las nacionales, o fueron rearticuladas y redescritas en función de la realidad local. Con ese fin y a través de una amplia compulsa de fuentes oficiales y privadas, éditas e inéditas, se analizarán las políticas públicas, su incidencia en los grupos sociales participantes y diferencias con los proyectos homogenizadores implementados por gobiernos nacionales democráticos o de facto y la cultura, prácticas políticas y legislación, con las interpretaciones y orientaciones que generaron, para conocer el grado de comprensión que de ellas tuvo el común de los actores sociales; la evolución del empleo industrial en las ramas que atrajeron los mayores contingentes de mano de obra, las condiciones de vida material y el papel del Estado en la determinación de las mismas; la política energética, en relación con la creación de organismos públicos, al avance del proceso de electrificación, al esfuerzo por crear una infraestructura en cuanto a generación y transmisión de energía y al papel de las cooperativas eléctricas en la distribución y comercialización, sobre todo en las áreas rurales; el desarrollo industrial en general y relacionando la demanda de fuerza motriz con la evolución de la oferta de energía eléctrica; los instrumentos utilizados por el Estado con fines de promoción tanto industrial como del cooperativismo eléctrico; y, finalmente, y como una cuestión de particular interés la escritura de la historia a través de las prácticas y de los discursos de los historiadores, centrando la atención en la producción referida a la provincia de Córdoba.

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El proyecto es la primera de tres etapas previstas para determinar factores críticos que inciden en el desarrollo local y regional integrado en la Provincia de Córdoba. Las poblaciones del interior de la Provincia de Córdoba, con exclusión de la Capital y de las principales ciudades del interior, han padecido los procesos de concentración geográfica del ingreso, la riqueza, los presupuestos oficiales y las migraciones. Muchas veces librada a su suerte, la sociedad civil de estas comunidades desarrolló y capitalizó una red de instituciones que prestan los servicios que el Estado no cubrió. Los gobiernos locales, a la vez, intentan, con éxitos limitados, detener el procesos de descapitalización social -financiera y humana de sus comunidades. Las empresas, con ciclos recurrentes de crecimiento y decrecimiento vinculados a los mercados, se debaten en la búsqueda de los escasos recursos, financieros y humanos, que les permitan consolidar un desarrollo a mediano y largo plazo. Juntos tienen, especialmente en la región pampeana de la Provincia, una nueva oportunidad de hacerlo. Según nuestra hipótesis, incidirían en estos procesos como factores críticos: 1. Aspectos exógenos que descapitalizan las comunidades como los tributarios (impuestos y gasto geográfico), financieros (colocaciones y préstamos), educativos (migración de los miembros más capacitados), sanitarios (por la concentración de las prestaciones de mayor complejidad), y de prestación de servicios públicos (por las mayores tarifas y menores prestaciones) de las empresas de capital concentrado. 2. Aspectos endógenos que producen des-economías, ineficiencias y desaprovechamiento de los recursos (humanos, productivos, tecnológicos, organizativos y financieros) locales y regionales, como: la falta de un proyecto local y/o regional común; dinámicas no participativas; insuficiencia, dispersión y desconocimiento de información clave para la planeación; diferencias personales y conflictos de roles; carencia de cadenas productivas integradas verticalmente El proyecto propone como objetivos: 1. Identificar y, en la medida de lo posible, cuantificar los factores críticos exógenos y endógenos para el desarrollo local y regional integrado; 2. elaborar sobre esta base modelos de desarrollo, proyectos interinstitucionales y propuestas de cadenas productivas que disminuyan los problemas y potencien las oportunidades de las comunidades regionales estudiadas

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A partir de un amplio acuerdo entre los gobiernos locales de todos los partidos políticos y el gobierno provincial, el 22 de diciembre de 2004, la Legislatura de Córdoba sancionó la Ley orgánica de regionalización provincial Nº 9206. Con el desarrollo como fin, la Ley Nº 9206 supuso dos innovaciones trascendentes: por una parte, la creación de 26 nuevas regiones a razón de una por cada departamento existente y, por la otra, el reconocimiento de Comunidades Regionales a integrarse por decisión autónoma de los municipios y comunas (gobernadas por los Intendentes municipales y Presidentes comunales de cada región). En el 2005, se integraron 212 municipios y 152 comunas (es decir el 85% del total provincial) en 23 Comunidades Regionales que, además, acordaron sus prioridades de gestión regional y un Indicador de Desarrollo Regional, mediante la asistencia técnica del Programa de Fortalecimiento Institucional de Municipios (PROFIM) de la UCC. Sobre esas bases, en el 2006; las universidades cordobesas (mediante convenios con el Gobierno provincial) asesoraron a 17 Comunidades Regionales en el diseño de políticas de desarrollo. Esta investigación problematiza la regionalización en Córdoba, analizando críticamente sus avances y demoras, desde su puesta en marcha (diciembre de 2004) hasta el recambio de autoridades (diciembre de 2007) con el propósito de recomendar correcciones.

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Este proyecto pretende establecer las características generales de la distribución territorial del gasto discrecional por parte del Gobierno de la provincia de Córdoba desde el año 1998. La hipótesis general es que esta distribución está sometida tanto a una lógica electoral como a la influencia de las redes sociales que vinculan a los Gobiernos locales con el Gobierno provincial. Ambos factores, a su vez, están condicionados por las características de los contextos institucionales que regulan el sistema político, las diferentes áreas del gasto provincial y el acceso a las redes de interacción social. Como una de las hipótesis específicas, plantea que el carácter particularista o universalista de la distribución registra la influencia de la visibilidad del origen del gasto. De este modo, siguen un criterio universalista los gastos con un origen “visiblemente” provincial y un modo particularista los gastos cuyo origen provincial se hace opaco o poco visible. La otra hipótesis específica plantea que la distribución particularista emplea criterios de discriminación que favorecen a los municipios de mayor tamaño y a aquellos donde los resultados electorales son más reñidos, dada las características que tiene en la provincia la representación regional.

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Las potencialidades de la gestión local están condicionadas por el modo con que las jurisdicciones “mayores” distribuyen sus recursos entre las jurisdicciones “menores”. Concentrando nuestra atención sobre Córdoba en los últimos diez años, nos preguntamos por los factores políticos que inciden sobre el modo en que el Gobierno de la provincia distribuye el gasto público entre las diferentes jurisdicciones locales. Más concretamente, nos preguntamos por la existencia de modalidades “particularistas” (esto es, con un sesgo partidario electoral) en la distribución del gasto en sus diferentes áreas, y por las razones que pueden explicar estas modalidades si existieran. Nuestra hipótesis más general sostiene que esta distribución está afectada básicamente por: 1) el cálculo electoral – en el nivel de elecciones provinciales tanto legislativas como ejecutivas. 2) el nivel de acceso, por parte de los gobiernos locales, a las redes de decisión del Gobierno de la provincia. Ambos factores, a su vez condicionados por las características de los contextos institucionales que regulan el sistema político, las diferentes áreas del gasto provincial y el acceso a las redes de decisión. Nuestras hipótesis específicas, por su parte, remiten a las características que adquiere esta distribución territorial de acuerdo con los siguientes factores: 1) La visibilidad del origen provincial de los gastos: cuanto “más visible” el gasto menos particularista la distribución en la medida que la visibilidad incrementa los costos electorales del particularismo; 2) El desempeño electoral previo del partido del gobierno provincial: la distribución particularista se orientará hacia los distritos “propios” pero sin distinguir dentro de ellos entre “marginales” – donde el partido del gobierno ganó por un escaso margen y “leales” – donde el partido del gobierno ganó por amplio margen-, en la medida que el gobierno da prioridad a la maximización de los votos provinciales – legislativos o de gobernador – antes que a retener o adquirir nuevos distritos locales; 3) la capacidad de los intendentes de interesarse en las redes personales y políticas que conducen el flujo de recursos: cuanto mayor la inserción de los intendentes en las redes de decisión, mayor el beneficio que obtienen de la asignación de los recursos, suponiendo constantes los factores anteriores. Los dos objetivos generales son establecer: 1) la incidencia del cálculo electoral sobre la distribución del gasto del Estado provincial entre los municipios de la provincia; 2) el efecto sobre esta distribución del modo y los recursos a través de los cuales los Gobiernos locales acceden a las redes de decisión del Gobierno Provincial.

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Las (des)igualdades, sus orígenes y sus efectos han sido desde siempre una preocupación para la construcción de una política democrática, e incluso una prioridad, al menos así declarada, en las agendas de los Estados. El presente proyecto hace foco en aquellas leyes y políticas públicas que buscan intervenir en el particular campo de las desigualdades emergentes de los usos sociales y económicos del territorio y de los recursos naturales. Actualmente, las provincias de Catamarca, Córdoba y La Rioja, son tres escenarios escasamente estudiados en los que se han puesto en cuestión y desatado conflictos alrededor de la actividad minera y las normativas que la regulan. Precisamente es el objetivo de este proyecto analizar la definición de políticas públicas como momentos de visibilización de posiciones y discursividades en conflicto y entender la formulación de políticas públicas como instancias en que los gobiernos institucionalizan una definición sobre la (des)igualdad. Para ello desplegamos tres ejes de indagación: el análisis del dispositivo de regulación materializado en las decisiones gubernamentales; el esclarecimiento de las disputas entre distintos ámbitos institucionales; y el análisis de las prácticas de resistencia frente a las regulaciones instituidas. Para ello diseñamos una estrategia analítica diferenciada, donde para los primeros dos objetivos se utilizará la recolección documental (normativa) y las entrevistas en profundidad y el análisis de contenido como herramienta de análisis; y el tercer objetivo se ejecuta mediante la recolección de documentos producidos por las organizaciones y las entrevistas en profundidad y el análisis de discurso como técnica de interpretación.

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La presente investigación busca identificar los distintos estilos y estrategias comunicativas llevadas adelante por los gobiernos provinciales de Córdoba (en los casos de incendios), San Juan (en los casos de terremotos) y Santa Fe (en los casos de las inundaciones), con el objetivo de la prevención de los riesgos y la mitigación de los desastres naturales. Las características crisis-propensas de las instituciones gubernamentales, sumada a la fuerte presión de la opinión pública en los períodos de desastres, obliga a los gobiernos a tener una comunicación estratégica ante los medios de comunicación y ante la opinión pública con el objetivo de mostrarse activo en la solución de dichos problemas. Esto implica tener la capacidad de comunicar las políticas públicas de reducción de riesgos, pero también sortear con éxito los procesos comunicacionales de atribución de responsabilidad durante los momentos críticos de los desastres. Por medio del análisis de casos se pretende describir las distintas estrategias comunicativas de los gobiernos provinciales, tanto en su fase preventiva de los riesgos, como durante las crisis desatadas por la presencia de los desastres, y su articulación y cooperación con los actores privados y sociales que participan de dichas políticas públicas.

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La literatura que señala las limitaciones de los gobiernos locales y los estudios sobre la coordinación hacen evidente dos problemáticas de gran trascendencia que se encuentran actualmente en debate: por un lado, la definición y redefinición de las escalas apropiadas en asuntos que implican externalidades entre territorios con diversas unidades político-administrativas y, por otro lado, la manera en que la coordinación-conducción socio-política resuelve lo común en marcos de interdependencia entre actores con autonomía relativa. Los resultados comunes (entendiendo por esto la situación generada por las políticas y las no-políticas) devienen de decisiones colectivas tomadas en los procesos de coordinación-conducción socio-política mediante múltiples y coexistentes relaciones de cooperación, conflicto e indiferencia entre actores interdependientes. En espacios de interdependencia inter-local la resolución de múltiples problemáticas comunes requiere de relaciones de coordinación intergubernamental, horizontal y vertical, y con la sociedad civil. Las regiones metropolitanas resultan ser espacios que muestran de manera muy clara las situaciones de interdependencia y la necesidad de cooperación, principalmente entre unidades gubernamentales, por lo que se convierten en un objeto de estudio apropiado para indagar la problemática de la interdependencia y la coordinación. En atención a este asunto el objetivo de este plan de trabajo es observar y analizar la coordinación-conducción socio-política en las regiones metropolitanas de Córdoba y Rosario en la actualidad.